"El Presidente Fox tiene la oportunidad histórica de reformar el sistema de impartición de justicia notoriamente deficiente de México," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Se trata de algo que prometió durante su campaña presidencial y ahora ha llegado el momento de demostrar que iba en serio."

Durante los últimos años, Human Rights Watch ha publicado informes en los que se documenta en detalle cómo se violan los derechos humanos en el sistema mexicano de administración de justicia. Ha mostrado que los agentes del Ministerio Público y los jueces suelen utilizar pruebas obtenidas mediante abusos, entre ellos la tortura, las desapariciones temporales, el arresto arbitrario y la detención prolongada.

"El sistema de administración de justicia mexicano no sólo tolera estos abusos," dijo Vivanco, "sino que los fomenta." En el caso de la reciente condena de los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público del estado de Guerrero utilizaron confesiones inculpatorias firmadas bajo tortura por los dos hombres, detenidos ilegalmente en ese momento. En su informe de 1999, Abuso y desamparo, Human Rights Watch documentaba abusos similares, tales como los padecidos por Juan Lorenzo Rodríguez Osuna, que fue condenado por asesinato en Tamaulipas sobre la base de una declaración de un testigo que se había retractado por haberla firmado bajo tortura y sin la presencia de un abogado.

En la carta a Fox se señalan medidas específicas que podrían adoptarse para resolver las deficiencias de la justicia mexicana. Entre ellas se incluyen la promoción de leyes que:

• excluyan de los procesos judiciales toda prueba que haya sido obtenida mediante violaciones a los derechos humanos;

• exijan la presencia de un juez para que cualquier declaración tenga valor jurídico como prueba;

• promuevan una fuerte supervisión independiente de los centros policiales y de detención;

• establezcan la jurisdicción civil sobre los casos en los que personal militar haya violado los derechos humanos de civiles;

• establezcan mecanismos para que el gobierno federal controle las prácticas de los estados.

Conforme al derecho internacional, el gobierno federal de México tiene la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos, entre ellas las cometidas por funcionarios estatales o municipales. También tiene el deber de investigar y procesar las violaciones, lo que incluye las cometidas durante el gobierno anterior. Un gobierno que no previene, investiga y sanciona los abusos está tolerando en la práctica su comisión. Y la tolerancia oficial de violaciones a los derechos humanos es por sí misma una violación a los derechos humanos.