Carta al Presidente Vicente Fox Quesada

Washington, D.C., 24 de enero de 2001

Su Excelencia Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
México, D.F.

Su Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de instarle a atender los graves problemas de derechos humanos que imperan en el sistema de administración e impartición de justicia de México. Durante varios años, Human Rights Watch ha investigado los sistemas de administración de justicia federal y estatales de México y publicado informes detallados sobre la falta de protección de los derechos humanos dentro de éstos. También hemos mostrado como los agentes del Ministerio Público y los jueces suelen utilizar pruebas obtenidas mediante abusos que incluyen la tortura, las desapariciones temporales, el arresto arbitrario, y la detención prolongada. De este modo, el sistema de administración de justicia no sólo ha tolerado los abusos, sino que los ha fomentado realmente.

Conforme al derecho internacional, el gobierno federal de México tiene la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos, entre ellas las cometidas por funcionarios estatales o municipales. También tiene el deber de investigar y procesar las violaciones, lo que incluye las cometidas durante el gobierno anterior. Un gobierno que no previene, investiga y sanciona los abusos está tolerando en la práctica su comisión. Y la tolerancia oficial de violaciones a los derechos humanos es por sí misma una violación a los derechos humanos.

México ha adoptado importantes medidas para mejorar su historial de derechos humanos. Entre ellas se encuentran la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, la ratificación de múltiples tratados internacionales y la aprobación de leyes sobre derechos humanos tales como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Lamentablemente, estas medidas no han logrado claramente frenar los abusos. Esto ha sido consecuencia, en ocasiones, de la falta de voluntad de los responsables de ponerlas en práctica. Sin embargo, incluso cuando las autoridades han trabajado a conciencia para promover los derechos humanos, han visto sus esfuerzos frustrados, con demasiada frecuencia, por las deficiencias existentes en el sistema de administración de justicia.

Estas deficiencias han de solventarse para que México pueda cumplir sus obligaciones internacionales y combatir el crimen y la corrupción con eficacia. Las normas internacionales, tales como las dispuestas en la Convención contra la Tortura y el Código de Conducta de la ONU para los Funcionarios Encargados de Hace Cumplir la Ley, ofrecen directrices autorizadas sobre cómo resolver estas deficiencias. Partiendo de estas normas, le instamos a que su gobierno adopte las siguientes medidas.

1) Prevenir las violaciones a los derechos humanos:

• Excluir de los procesos judiciales toda prueba que haya sido obtenida mediante violaciones a los derechos humanos. Una regla estricta que excluya dichas pruebas supondría un poderoso incentivo para que la policía y los agentes del Ministerio Público garanticen que no se producen violaciones en el proceso de investigación y procesamiento de un delito. Dado lo difícil que suele ser para las víctimas demostrar la tortura y la coacción, la normativa debe contar con una presunción estatutaria expresa de la coacción con respecto a las declaraciones o las confesiones obtenidas tras una detención prolongada.

• Requerir la presencia de un juez para que cualquier declaración tenga validez legal como prueba. La presencia de un juez minimizaría las oportunidades y las justificaciones de la coacción a los detenidos por parte de la policía y los agentes del Ministerio Público. (Como mínimo se deben adoptar medidas para revisar normas procésales tales como el principio de la "inmediatez procesal," que permite a los jueces no cuestionar pruebas que hayan sido presuntamente obtenidas mediante tortura.)

• Reformar la institución de los abogados de oficio. Todos los ciudadanos ha de tener acceso a un abogado que pueda ejercer eficazmente sus derechos frente a las prácticas abusivas de la policía o los agentes del Ministerio Público. Con este objetivo, se deben tomar medidas para garantizar que los abogados de oficio están equipados, formados, y suficientemente remunerados para asegurar una defensa adecuada de sus clientes. (Asimismo, se deben adoptar medidas para garantizar los agentes del Ministerio Público están equipados y capacitados, y no están sobrecargados con un exceso de casos, para que puedan procesar eficazmente sin recurrir a prácticas abusivas.)