(New York: Human Rights Watch, 2000)

MÉXICO

La situación de derechos humanos

Las graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura y la detención arbitraria, continuaron en México durante el 2000. Frente a los abusos de policías y soldados, los agentes del Ministerio Público y los tribunales no adoptaron en general una postura de defensa de los derechos humanos. La victoria electoral de julio del candidato presidencial de la oposición, Vicente Fox, sembró la esperanza de que el nuevo gobierno, cuya toma de posesión estaba prevista para el 1 de diciembre, se ocupara frontalmente de problemas muy arraigados de derechos humanos. Tras las elecciones presidenciales, quedaban muy pocas dudas de que las reformas para el aumento de la independencia del organismo federal de supervisión electoral habían facilitado considerablemente el ejercicio de los derechos políticos en el país. Sin embargo, la superación de la larga historia nacional de abusos a los derechos humanos y de las deficiencias legales y de otro tipo que contribuyeron a ésta, no sería fácil. Dicha historia era el legado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derrocado después de más de 70 años en el poder, y planteaba un reto formidable para el nuevo gobierno.

Tras ganar las elecciones, Fox parecía mucho más abierto a reformas de derechos humanos que sus antecesores mexicanos. Como muestra de ello, en agosto, se reunió primero con organizaciones locales de derechos humanos y después con grupos de derechos humanos y medioambientales de Estados Unidos, Canadá y Europa. Sus asesores en política exterior sugirieron que, cuando tomara posesión del cargo, su gobierno sería más responsable ante los mecanismos internacionales de derechos humanos que los gobiernos anteriores. Fox prometió también el establecimiento de una "comisión de transparencia" para examinar los excesos cometidos por el PRI, entre ellos los asuntos de derechos humanos.

Durante su campaña electoral, Fox propuso la disolución de la Procuraduría General de la República y el sometimiento de los agentes del Ministerio Público a un control mucho más estricto por parte de los jueces, con el fin de superar las deficiencias de la administración de justicia. También sugirió la creación de una policía de investigación independiente de la Procuraduría General de la República y la transferencia de numerosos tribunales temáticos, entre ellos los encargados de los asuntos laborales, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

Las deficiencias en la administración de justicia fueron de hecho una preocupación importante. Los agentes del Ministerio Público ignoraron con frecuencia los abusos policiales y también fabricaron directamente pruebas, y la supervisión judicial de su trabajo fue seriamente inadecuada. Los tribunales aceptaron pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que incluyó registros ilegales, y los jueces citaron precedentes legales que menoscabaron las garantías de los derechos humanos.

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores fueron dos víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estos dos activistas medioambientales de Pizotla, Guerrero, trabajaban con la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Los soldados los detuvieron en mayo de 1999, y mataron a otro hombre, Salomé Sánchez Ortiz, durante la detención. Los militares los retuvieron ilegalmente durante dos días y los torturaron antes de ponerlos a disposición de los fiscales. El 28 de agosto, un juez de distrito los condenó a diez y siete años de prisión, respectivamente, por delitos relacionados con las drogas y las armas. Los abogados de los acusados alegaron que los soldados habían colocados las armas y las drogas en las que se basaban los cargos contra ellos, una acusación confirmada en un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en julio del 2000. Los soldados obligaron a los activistas a firmar declaraciones autoinculpatorias, que fueron utilizadas contra ellos en el juicio. Cuando se escribió este informe, estaba pendiente la decisión sobre su apelación.

Las deficiencias del sistema judicial se hicieron evidentes tanto en zonas urbanas como rurales. En febrero, la prestigiosa Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un organismo del gobierno municipal, denunció que los fiscales habían tendido una trampa para incriminar al principal sospechoso del notorio caso de asesinato de la figura televisiva Francisco "Paco" Stanley, muerto por disparos en 1999. Los fiscales se negaron a aceptar la recomendación de la Comisión de que se retiraran los cargos contra el sospechoso, e iniciaron en cambio una campaña de intimidación contra la Comisión. Esto provocó a su vez que la Comisión publicara en mayo un informe fuerte en el que acusaba a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de hacer política con las investigaciones judiciales. Según la Comisión, la Procuraduría había abierto cuatro investigaciones "notoriamente infundadas" contra un juez que había fallado en contra del Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

En Chiapas, continuó la violencia entre civiles partidarios del Gobierno y verdaderos o presuntos opositores al PRI. El 3 de agosto, miembros del grupo Paz y Justicia, calificado de "paramilitar" por los defensores locales de los derechos humanos, atacaron la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Yajalón, donde expulsaron a 60 familias, quemaron casas y golpearon a los residentes. Pero, según las informaciones aparecidas en la prensa, los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que había iniciado una rebelión armada en enero de 1994, también cometieron expulsiones forzadas de simpatizantes del PRI residentes en la comunidad de Nuevo Pavo, en el municipio de Ocosingo, el 11 de agosto. Los simpatizantes del EZLN negaron la acusación.

Agentes policiales de Chiapas también fue víctimas de ataques. El 12 de junio, siete agentes de la Policía de Seguridad Pública fueron muertos en una emboscada en la frontera entre los municipios de El Bosque y Simojovel. El ataque se produjo con motivo del segundo aniversario de una redada gubernamental en un municipio pro-zapatista formado en El Bosque, pero no estaba clara la autoría de los hechos cuando se escribió este informe. En julio, las autoridades detuvieron dos hombres a los que acusaron de posesión de marihuana, participación en la emboscada y simpatizar con el EZLN. Sin embargo, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas, los hombres fueron detenidos ilegalmente y la Policía colocó pruebas para incriminarles. Cuando se escribió este informe, se había puesto en libertad a uno de los detenidos por falta de pruebas.

Tras la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales mexicanas, las elecciones para gobernador, celebradas en agosto en Chiapas, se saldaron también con la victoria del candidato de la oposición, Pablo Salazar. Este cambio sembró la esperanza que pudieran resolverse antiguos problemas tales como el abuso de poder por parte de la Policía, los agentes del Ministerio Público y los tribunales en beneficio de un partido, y que pudiera reactivarse las estancadas negociaciones de paz con el EZLN. Tanto Fox como Salazar dijeron que si el EZLN regresaba de buena fe a la mesa de negociación, apoyarían un acuerdo de paz con el que el gobierno federal anterior se había mostrado reacio, y aceptarían además un repliegue militar.

Los extranjeros siguieron enfrentándose a restricciones para la obtención de visados para realizar tareas de derechos humanos en México. Se exigía que los solicitantes describieran sus planes a los funcionarios consulares con abundante detalle, lo que incluía todos los lugares que iban a visitar. En un avance alentador, los asesores del presidente electo Fox señalaron que los requisitos consulares se rebajarían después de la toma de posesión.

Las autoridades siguieron empleando la expulsión o la amenaza de salida del país contra los extranjeros. Ted Lewis, director del programa de México de Global Exchange, fue expulsado del país antes de las elecciones presidenciales debido presuntamente a que había entrado en el país con pretextos falsos; sin embargo, la justificación oficial estaba repleta de contradicciones. A Kerry Appel, parte de un grupo de extranjeros detenidos en Chiapas a principios del año, le notificaron que tenía que salir del país por haber violado las condiciones de su visado; las autoridades le acusaron de participar en una celebración del sexto aniversario del levantamiento del EZLN. Appel ganó el recurso contra la orden de expulsión en junio, y el juez instó a las autoridades a que documentaran adecuadamente la orden. Según el Centro Fray Bartolomé de las Casas, los funcionarios de migración se limitaron en cambio a repetir las mismas alegaciones y, en septiembre, volvieron a ordenar su salida del país. En una medida contraria, sin embargo, las autoridades migratorias permitieron que Tom Hansen, director de la Red de Solidaridad con México, que había sido expulsado en 1998, regresara al país.

El Gobierno mantuvo algunas restricciones legales sobre la libertad de asociación y el derecho a la huelga de los trabajadores, y los juzgados laborales responsables de conocer los casos de despidos improcedentes y de otro tipo no fueron imparciales. En el Informe del 2000 de la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenciones y Recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a criticar las restricciones legales sobre la libertad sindical y el derecho a la huelga en México. En el informe se condenaba también la práctica constante de exigir a las solicitantes de trabajo la presentación de pruebas de embarazo para poder obtener un empleo, lo cual calificó de violación del convenio de la OIT sobre discriminación en el empleo. (Para más información sobre las pruebas de embarazo, ver la sección sobre Derechos de la Mujer). El acuerdo paralelo de derechos laborales del Tratado de Libre Comercio (TLC) continuó generando escasos resultados con respecto a la promoción de los derechos laborales en México.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, los periodistas también fueron víctimas de amenazas y al menos dos reporteros fueron asesinados durante el año. José Ramírez Puente, un periodista radiofónico, fue acuchillado hasta la muerte en abril en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y Pablo Pineda, del diario de Matamoros La Opinión, fue asesinado ese mismo mes. En ambos casos, el móvil y la identidad de los responsables no estaban claros. El 22 de junio, unos pistoleros abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba al Distrito Federal la presentadora de TV Azteca Lilly Téllez; la periodista salió ilesa, pero el conductor y los guardaespaldas que la acompañaban, debido a las amenazas que había recibido por sus informaciones sobre el narcotráfico, resultaron heridos. Algunos periodistas se enfrentaron también al hostigamiento legal por sus informaciones. Por ejemplo, los fiscales acusaron a Melitón García, del diario de Monterrey El Norte, de falsificar documentos, después de que publicara un reportaje en dos entregas en mayo sobre lo fácil que le había sido obtener una credencial de votante. Según el CPJ, para que existiera delito, el periodista tendría que haber actuado con dolo, algo que claramente no existía en este caso.

El Gobierno emprendió varias iniciativas positivas en materia de derechos humanos. En junio, ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1954 y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1960. Firmó el Tratado de la Corte Penal Internacional en septiembre. Sin embargo, en octubre del 2000, quedó clara la falta de compromiso del Gobierno con las obligaciones contraídas mediante la ratificación de la convención sobre los refugiados cuando las autoridades deportaron sumariamente al ciudadano cubano Pedro Riera Escalante, un funcionario del Gobierno cubano que había solicitado asilo político en México. Riera Escalante corría un grave peligro en Cuba por su oposición a las políticas gubernamentales, pero México lo envió de regreso a su país, lo que violaba la prohibición de la convención de regresar a refugiados cuando su vida o su libertad corrieran peligro en sus lugares de origen.

En agosto, las autoridades del Distrito Federal aprobaron leyes para el establecimiento del delito de desaparición, una medida que las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, llevaban mucho tiempo reclamando al gobierno central. No se dieron pasos para crear una legislación federal análoga.

A petición del juez español Baltasar Garzón, en agosto, las autoridades detuvieron al ex oficial de la armada argentina Ricardo Miguel Cavallo. Garzón, que había solicitado la extradición del general chileno Augusto Pinochet desde el Reino Unido en 1998, intentaba procesar a Cavallo por los crímenes de genocidio y tortura cometidos cuando servía como presunto torturador en la infame Escuela de Mecánica de la Armada, durante el régimen militar. El Juez Garzón solicitó la extradición de Cavallo a España, pero, cuando se escribió este informe, todavía estaba procesándose la extradición en México. Las autoridades judiciales de Francia también estaban investigando la posible implicación de Cavallo en la tortura y el asesinato de ciudadanos franceses en Argentina.

En agosto, los funcionarios de México anunciaron las detenciones de los generales mexicanos Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quierós Hermosillo, a los que acusaba de tener conexiones con los narcotraficantes. Las organizaciones de derechos humanos apelaron inmediatamente al Gobierno para que ampliara los cargos contra Acosta Chaparro, que había sido relacionado con desapariciones y torturas cometidas en los setenta en el estado de Guerrero, en el sur de México.

La defensa de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos continuaron con su trabajo de denuncias detalladas y cabildeo enérgico, pero se enfrentaron a renovadas presiones de políticos que intentaron acusarles de algunos de los problemas de delincuencia del país, especialmente durante la campaña de las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en uno de los mítines de la campaña, el candidato presidencial del PRI trató de ganarse el voto de los partidarios de la dureza contra el crimen anunciando: "Que se sepa que la ley se hizo para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, no de los delincuentes." Un eslogan similar había funcionado para un candidato del PRI que obtuvo el puesto de gobernador en 1999.

La presión creada no era sólo teórica; contribuyó a la creación de un ambiente hostil con los defensores de los derechos humanos. En junio, las autoridades actuaron en consonancia al parecer con esta desconfianza a los grupos de derechos humanos cuando la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (conocida como la Red) denunció que su oficina del Distrito federal estaba bajo vigilancia. Según la Red, la fiscalía del Distrito desveló posteriormente que agentes del Sistema Nacional de Seguridad (SISEN) habían estado filmando la oficina, aunque las razones para la vigilancia no se comunicaron a la organización. Ese mismo mes, Digan Ochoa del PRODH recibió amenazas de muerte telefónicas. Era la abogada principal de los ecologistas detenidos en Guerrero.

Arturo Solís, director del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (CEFPRODAC), fue también víctima de ataques durante el año. Un funcionario de migración residente en el estado de Tamaulipas, sede del Centro, acusó a Solís de difamación en julio, después de que el CEFPRODAC entregara información a los fiscales federales en junio sobre la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM). Según el Centro, las autoridades no investigaron con detenimiento la alegación de Solís, pero sí dieron curso a la denuncia de difamación. En agosto, el centro recibió amenazas de muerte telefónicas y personas sin identificar mantuvieron vigilada la casa de Solís. Algunos testigos que habían respaldado las acusaciones de Solís se retractaron después de recibir amenazas.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos

En noviembre de 1999, se concentró la atención sobre el alcance total de las violaciones a los derechos humanos en México con la visita al país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson. El gobierno mexicano no consintió la visita por adelantado de un equipo de investigación, lo que limitó el trabajo de la Alta Comisionada a la reunión de información durante sus visitas al Distrito Federal, el estado de Chiapas y el estado de Baja California. No obstante, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG) elaboraron un informe de derechos humanos para la Alta Comisionada, en el que enumeraron los asuntos más acuciantes. Además de los problemas con la administración de justicia, el informe criticaba enérgicamente la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna, la protección inadecuada de los derechos de los pueblos indígenas, la debilidad de los derechos económicos y políticos y los ataques contra defensores de los derechos humanos.

La Alta Comisionada hizo declaraciones contundentes contra las violaciones a los derechos humanos en México. Por ejemplo, tras un encuentro con supervivientes de la masacre de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, señaló el hecho de que no se castigara a los violadores de los derechos humanos en demasiados casos.

La Oficina de la Alta Comisionada tenía prevista la puesta en marcha en junio de un programa de cooperación técnica con México. La primera parte del programa, cuyo inicio estaba previsto para antes de la toma de posesión de Fox, iba a incluir programas limitados de formación de la policía judicial, la mejora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno federal y el trabajo de fortalecimiento de la capacidad de los grupos de derechos indígenas para trabajar con las Naciones Unidas. La oficina esperaba poner en marcha un programa más ambicioso con el nuevo gobierno. Cuando se escribió este informe, la primera parte del programa de cooperación técnica aún no había comenzado.

Tras la visita de la Alta Comisionada, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Asma Jahangir, publicó un informe sobre su misión de julio de 1999 a México. En el informe se afirmaba que "El Gobierno ha tomado algunas medidas iniciales para garantizar el derecho a la vida de todas las personas," pero se concluía que "por desgracia, estas medidas positivas no han sido suficientes para corregir la situación, pues persisten las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de quienes las cometen."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó dos informes de caso sobre México y admitió dos nuevos casos para su revisión. En su informe sobre el asesinato en 1986 por actores no estatales de Pedro Peredo Valderrama, la Comisión atacó al gobierno mexicano por precisamente el tipo de irregularidades que continuaban plagando el sistema de justicia: órdenes de detención de los acusados que no se ejecutaron hasta 1996, nueve años después de su emisión; uno de los acusados había huido en 1988 con ayuda de la Policía; y un juez había absuelto a dos de los acusados tras cometer una serie de irregularidades tales como la utilización de información que nunca había sido presentada como prueba y la atribución errónea de declaraciones exculpatorias a los acusados.

Otro caso en manos de la Comisión — relacionado con el Brig. Gral. Francisco Gallardo — seguía sin resolverse. El general, encarcelado en 1993 en represalia por su llamamiento a la mejora del respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, se enfrentaba a una condena de prisión de más de 14 años. En 1996, la Comisión pidió su puesta en libertad.

La Unión Europea

El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea entró en vigor en julio, en sustitución de un acuerdo provisional efectivo desde 1999. El acuerdo incluía una cláusula estándar sobre democracia, que fue no obstante objeto de discusiones durante las negociaciones. El Acuerdo Global contaba además con un capítulo sobre el diálogo político y los programas de cooperación-que incluía asuntos relacionados con los derechos humanos.

Por ejemplo, el artículo 39 del acuerdo señala que la cooperación se concentrará principalmente en el desarrollo de la sociedad civil, la aplicación de medidas de formación e información para contribuir al mejor funcionamiento de las instituciones, lo que incluye el terreno de los derechos humanos, y la promoción de los principios de derechos humanos y democráticos. En el Acuerdo no se excluye expresamente el desarrollo de dichos programas con organizaciones no gubernamentales (ONG), pero tampoco se específica que las ONG participarán en dichas actividades.

Estados Unidos

Como ha venido sucediendo en sus informes recientes, el Departamento de Estados de Estados Unidos publicó un informe contundente sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que señalaba: "Entre los continuos abusos graves se encuentran los asesinatos extrajudiciales; las desapariciones; la tortura y otras violaciones; la corrupción policial y su presunta implicación en abusos relacionados con el narcotráfico; las malas condiciones en las prisiones; el arresto y la detención arbitrarias; la prolongada detención provisional; la falta de debido proceso; la ineficiencia y la corrupción judicial; los registros ilegales; los ataques y amenazas contra periodistas; cierta autocensura; los atentados, hostigamientos y amenazas contra observadores de los derechos humanos; la violencia y la discriminación contra la mujer; la prostitución y el abuso infantil; la discriminación contra los pueblos indígenas; la violencia y la discriminación contra las minorías religiosas; la violencia contra los homosexuales; las limitaciones de los derechos del trabajador; el trabajo infantil abundante en la agricultura y la economía informal; y el tráfico de personas."

A pesar de estas críticas, las fuertes medidas bilaterales para la promoción de los derechos humanos se volvieron a quedar aparentemente en un segundo plano para dar prioridad a asuntos tales como las relaciones económicas, el control de la inmigración y el narcotráfico. Durante un encuentro en agosto, el Presidente Bill Clinton dijo al presidente electo Fox que Estados Unidos deseaba ver a su gobierno realizar avances en materia de derechos humanos. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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