El informe de 29 paginas, "Justicia en peligro: La primera iniciativa seria de México para abordar los abusos del pasado podría fracasar," examina las deficiencias de la Fiscalía Especial y concluye que su mayor problema ha sido el apoyo inadecuado que ha recibido del gobierno.

El Presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial en noviembre de 2001 para investigar y enjuiciar las violaciones de los derechos humanos ocurridas bajo gobiernos precedentes. Un año y medio después, la Fiscalía no ha producido resultados significativos y hay desalentadora evidencia que demuestra que carece del poder y los recursos necesarios para manejar la difícil tarea que le ha sido asignada.

"Cuando el Presidente Fox fue elegido hace tres años, prometió una nueva era de rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en México," señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch. "Pero a menos que su gobierno empiece a apoyar enérgicamente a la Fiscalía Especial, esa promesa va a ser incumplida."

La administración de Fox ha expresado constantemente su compromiso con la lucha contra la impunidad que ha permitido que atroces violaciones a los derechos humanos en México no hayan sido castigadas durante décadas. Estas violaciones incluyen las masacres de manifestantes estudiantiles en 1968 y 1971 y la tortura, ejecución y desaparición forzada de cientos de civiles durante la "guerra sucia" de la década de los setenta y principios de los ochenta en México.

De acuerdo con el derecho internacional, México tenía la obligación de investigar y enjuiciar estos crímenes, sin embargo, en lugar de promover la transparencia, los organismos oficiales en el pasado cerraron filas para imponer lo que un fiscal calificó como el "gran silencio".

La falta de apoyo del gobierno ha sido evidente en diferentes áreas:

• Recursos limitados: Los investigadores y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial han estado operando sin los recursos materiales y humanos que necesitan, teniendo en cuenta la gran cantidad y la dificultad de los casos que están manejando;

• Acceso limitado a documentos oficiales: El acceso a los documentos desclasificados se ha visto seriamente restringido por la manera en que se administran los archivos del gobierno;

• Cooperación limitada de las fuerzas armadas: Los oficiales de las fuerzas armadas mexicanas no se han mostrado plenamente dispuestos a facilitar la información solicitada por la Fiscalía Especial y han interferido en su labor iniciando sus propias investigaciones y enjuiciamientos paralelos.

Además de estas deficiencias, que merman su capacidad para investigar los abusos cometidos en el pasado, la Fiscalía Especial se enfrenta a importantes barreras legales que podrían limitar su habilidad para enjuiciar a los responsables de los mismos. Los tribunales mexicanos podrían dictaminar que muchos-si no la mayoría-de estos crímenes han prescrito. Ya se ha producido un fallo judicial denegando, por este motivo, la primera y única petición de órdenes de arresto presentada por la fiscalía. El propio Presidente Fox confirmó la existencia de dicho riesgo cuando dijo, en noviembre de 2002, que es probable que muchos de los crímenes que se están investigando hayan prescrito.

La difícil situación de la Fiscalía Especial ilustra un problema más general de la situación de los derechos humanos en el México actual. El informe señala que la Fiscalía Especial es un ejemplo típico de los "medios pasos" que México está implementando en materia de derechos humanos. Su creación representó un significativo avance a favor del rendimiento de cuentas en México, sin embargo, es posible que la creación de una entidad "especial" no haga más que facilitar que las instituciones "tradicionales" del estado puedan eludir su responsabilidad, dijo Human Rights Watch.

"La Fiscalía Especial no puede convertirse en el chivo expiatorio para justificar las fallas del sistema judicial" señaló Vivanco. "Aunque todavía puede tener un importante impacto positivo, éste dependería de un compromiso activo del gobierno y, sobre todo, del liderazgo desde las más altas instancias".

El informe hace recomendaciones diseñadas para salvar la Fiscalía Especial, incluyendo medidas para asegurar que:

• Los investigadores y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial reciban recursos y formación adecuados;

• Los documentos desclasificados estén a total disposición de la Fiscalía Especial, así como del público en general;

• Los oficiales de las fuerzas armadas faciliten toda la información solicitada y dejen de imponer la jurisdicción militar sobre los casos que esté investigando la Fiscalía Especial.

El informe de Human Rights Watch también insta al Presidente Fox a convocar un grupo especial de trabajo compuesto por destacados juristas y representantes legales de los organismos privados y oficiales relevantes que se encarguen de asegurar que se genere un amplio consenso en relación con la naturaleza del problema de la prescripción de los crímenes y las estrategias legales adecuadas que los fiscales pueden adoptar para superarlo.

"El gobierno de Fox ha tomado el tema de los derechos humanos más seriamente que sus predecesores," dijo Vivanco, "sin embargo el cambio real sólo será evidente cuando esté dispuesto a implementar a cabalidad sus propias iniciativas. El momento para hacerlo puede ser ahora o nunca."