Tras décadas de secretismo y desmentidas oficiales, el gobierno mexicano reconoció públicamente los actos de violencia política perpetrados por las fuerzas públicas de seguridad durante el período de la "guerra sucia," entre los años sesenta y setenta. En noviembre de 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe de 3.000 páginas sobre los abusos oficiales cometidos durante dicho período. El informe se basó mayormente en datos procedentes de los archivos secretos de gobierno sobre más de 500 personas consideradas desaparecidas. La CNDH confirmó que al menos 275 de estos desaparecidos habían sido detenidos, torturados y asesinados por miembros de las públicas de seguridad. El informe también identificó a 74 ex oficiales involucrados en estos hechos de violencia. (La CNDH no hizo públicos sus nombres, aunque elevó dicha información a la Procuraduría General de la República.)
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El gobierno mexicano reconoció públicamente los actos de violencia política perpetrados por las fuerzas públicas de seguridad durante el período de la "guerra sucia."
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El gobierno adoptó importantes medidas para la erradicación de la cultura de secretismo que impidió durante mucho tiempo que pueblo mexicano tomar conocimiento de este tipo de crímenes políticos. En junio, el gobierno de Fox desclasificó ocho millones de páginas de expedientes secretos de los servicios de inteligencia, recopilados entre los años 1952 y 1985. El Presidente Fox también ratificó una ley sobre el libre acceso a la información, previamente aprobada por el Congreso, ordenando a los organismos federales favorecer el principio de publicidad de la información por encima del secretismo y poner regularmente a disposición del público la información relativa a su funcionamiento básico. Dicha ley estableció el carácter "público" de toda información de gobierno y creó una categoría especial para aquella información relacionada a los crímenes contra la humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos, prohibiendo expresamente su ocultamiento por parte del gobierno. La ley también reconoció el derecho de los ciudadanos a solicitar toda información que no hubiera sido publicada oportunamente, asimismo como a apelar aquellas decisiones oficiales que buscaran ocultar documentos de gobierno.
Algunos estados lograron incrementar los niveles de transparencia. En abril, el estado de Sinaloa aprobó una ley estableciendo el libre acceso a la información. Del mismo modo, el gobernador de Michoacán convocó a un grupo de expertos para que debatieran sobre la conveniencia de adoptar medidas similares a las implementadas en el estado de Sinaloa.
El gobierno de Fox se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables de los actos de violencia política ocurridos en el pasado. En noviembre de 2001, tras recibir el informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas, el Presidente Fox anunció la creación de una fiscalía especial para investigar y enjuiciar estos y otros actos de violencia cometidos contra grupos de oposición por las fuerzas públicas de seguridad. El Procurador General encargó la dirección de la nueva fiscalía a Ignacio Carrillo Prieto y anunció que éste recibiría todos los recursos necesarios para poder cumplir adecuadamente con su tarea. Al momento de la redacción de este informe, la fiscalía especial había recibido alrededor de 400 denuncias sobre desapariciones forzadas, así también como 11 denuncias relacionadas con la masacre de Tlatelolco de 1968 y cuatro sobre la masacre del Jueves de Corpus de 1971. En julio y agosto, la fiscalía citó a declarar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez y al ex regente del Distrito Federal Alfonso Martínez Domínguez en relación con este caso. Se trató de la primera vez que un fiscal interrogó a altos cargos oficiales sobre hechos relacionados a estas masacres. Sin embargo, los interrogatorios no arrojaron mayor información debido a que Echeverría Álvarez decidió no responder las preguntas planteadas por la fiscalía especial (recurriendo a su derecho constitucional a no autoincriminarse) y a que Martínez Domínguez negó toda responsabilidad en los hechos arriba mencionados. En noviembre, el ex general Luis Gutiérrez Oropeza también se negó a dar testimonio ante el fiscal especial.
En el mes de septiembre el ejército mexicano anunció que un juez militar había ordenado los arrestos del Brigadier General Mario Arturo Acosta Chaparro, del General Francisco Quirós Hermosillo y del mayor retirado Francisco Barquin, acusándolos de homicidio en un caso ocurrido en los años setenta relativo la desaparición de 143 personas que se encontraban bajo la custodia del ejército. Una condena en alguno de estos casos representaría el primer paso en el reconocimiento oficial de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los abusos contra los derechos humanos cometidos en esa época. No quedó claro, sin embargo, si el ejército tenía la intención de formular cargos contra otros oficiales superiores (dos de los militares acusados, el Brigadier General Acosta Chaparro y el General Quirós Hermosillo, ya estaban encarcelados bajo cargos de narcotráfico). Tampoco estaba claro si los procesos judiciales pendientes ante tribunales militares interferirían o no con el trabajo de la fiscalía especial en estos mismos casos.
En contraste con los esfuerzos hechos para esclarecer los actos de violencia política cometidos en el pasado, el gobierno realizó pocos esfuerzos para solucionar los problemas del sistema de justicia mexicano que impidieron que dichos actos y otros abusos de derechos humanos fueran investigados y sancionados. Uno de los problemas más significativos que afectaban al sistema de justicia tenía que ver con el hecho de que se asignara la tarea de investigar y enjuiciar los abusos cometidos por el ejército a las mismas autoridades militares. Cuando, por ejemplo, Valentina Rosendo Cantú, una indígena de Acatepec, Guerrero, denunció que un grupo de soldados la habían golpeado y violado en el mes de febrero, el ministerio publico remitió dicho caso a su homólogo militar. Lo mismo ocurrió con el caso de Inés Fernández Ortega, una indígena de Ayutla, Guerrero, que denunció que un grupo de soldados la habían violado en el mes de marzo.
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El sistema de justicia militar carecía de las cualidades necesarias para investigar y enjuiciar este tipo de casos.
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El sistema de justicia militar carecía de las cualidades necesarias para investigar y enjuiciar este tipo de casos. Se caracterizaba por una falta de la independencia necesaria para conducir investigaciones fiables y por una ausencia generalizada de transparencia. La capacidad de los fiscales militares para investigar los abusos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas se vio adicionalmente debilitada por el temor generalizado hacia el ejército, fenómeno especialmente marcado entre las comunidades rurales, que alimentó las reticencias de víctimas y testigos a proveer las informaciones necesarias para avanzar los procesos. En los casos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, los abogados de derechos humanos encargados de representarlas denunciaron que las autoridades militares no habían dado muestra alguna de estar investigando las presuntas violaciones.
Otros casos destacados de abusos cometidos por miembros del ejército continuaron paralizados en el sistema de justicia militar. Uno de ellos fue el de la causa contra un grupo de soldados que había detenido y presuntamente torturado a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 1999. (Ambos salieron en libertad el año pasado, cuando el Presidente Fox redujo sus condenas.) Los abogados de Montiel y Cabrera informaron que los fiscales militares no habían hecho ningún esfuerzo por avanzar en las diligencias, y que un juez había denegado su petición de transferir el caso a la jurisdicción civil.
Otro caso destacado fue el relacionado a los abusos cometidos por las autoridades militares que encarcelaron al General José Francisco Gallardo en 1993, por criticar públicamente las prácticas del ejército en materia de derechos humanos. Después de que el Presidente Fox ordenara su puesta en libertad en el mes de febrero, el ex general intentó formular cargos contra la cúpula militar que lo había llevado a prisión. Una vez más, el fiscal sometió el caso a la jurisdicción militar, la que no pareció dispuesta a conducir una investigación seria.
El sistema de justicia civil también se vio afectado por la falta de una adecuada supervisión judicial de las prácticas policiales. En julio, la CNDH informó de que las violaciones más comunes a los derechos humanos eran las cometidas por miembros de las fuerzas policiales, entre ellas la detención arbitraria y la tortura. Uno de los casos documentados por la CNDH fue el de la ejecución extrajudicial de tres personas realizada por agentes de la policía judicial, en el estado de Jalisco en el mes de enero. Dichas personas fueron capturadas por miembros de la policía después de que una de ellas matara a tiros a un agente. Los testigos señalaron que los tres individuos fueron ejecutados mientras se encontraban detenidos. En marzo, Guillermo Vélez Mendoza, presunto miembro de una banda de secuestradores, fue detenido por la policía judicial federal y murió poco tiempo después. La Procuraduría General afirmó inicialmente que Vélez había muerto al intentar escapar, pero la investigación de la CNDH concluyó que Vélez había sido víctima de detención arbitraria, abuso de autoridad y asesinato por estrangulamiento. Al momento de la redacción de este informe, los cinco agentes involucrados en el caso continuaban en libertad y se desconocía si serían juzgados o sancionados.
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Los migrantes fueron especialmente vulnerables a los abusos de los funcionarios del gobierno.
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La CNDH publicó un informe especial sobre los abusos reinantes en el ámbito de las cárceles del Distrito Federal. Dicho informe documentó una serie de prácticas extorsivas de guardias contra presos, así también como el empleo de métodos de reclusión en soledad por períodos indefinidos. El informe también recogió denuncias de que niños internados en centros de detención para menores vivían en condiciones extremas y eran sometidos a palizas y abusos sexuales.
Los migrantes fueron especialmente vulnerables a los abusos de los funcionarios del gobierno. En diciembre de 2001, por ejemplo, un ciudadano dominicano fue salvajemente golpeado, presuntamente por agentes del servicio de inmigración, mientras se encontraba en un centro de detención ubicado en el Distrito Federal. En enero, el servicio de inmigración detuvo en el aeropuerto del estado de Sonora a siete emigrantes mexicanos procedentes de Chiapas, los que aparentemente fueron obligados a firmar una declaración admitiendo, falsamente, que su nacionalidad era guatemalteca. Tras pasar una semana detenidos todos ellos fueron deportados a Guatemala.html">Guatemala. En junio, soldados destacados en Baja California abrieron fuego contra un camión que transportaba cinco inmigrantes mexicanos y 23 salvadoreños hacia la frontera norteamericana. Ocho de ellos resultaron heridos, uno de gravedad.
Los convenios de negociación colectiva firmados entre las direcciones de empresas y los sindicatos afines a éstas continuaron obstruyendo la actividad sindical legítima. Con frecuencia, estos acuerdos no contemplaban prestaciones laborales más allá de los mínimos establecidos en la legislación mexicana, y los trabajadores sólo supieron a veces de su existencia cuando creció el descontento e intentaron organizar sindicatos independientes. Sin embargo, cuando los trabajadores intentaron sustituir los sindicatos que no eran independientes, corrieron el riesgo de perder sus empleos. Por ejemplo, los esfuerzos por formar sindicatos independientes en las fábricas de Piedras Negras, Coahuila, proveedoras de la empresa Alcoa, fracasaron en octubre cuando la dirección despidió a los líderes de los sindicatos independientes, elegidos en marzo en una de las plantas, así también como a los trabajadores de una lista de candidatos independientes que habían anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones sindicales en otra fábrica.
Las leyes mexicanas sobre difamación resultaron excesivamente restrictivas, tendiendo a socavar los niveles de libertad de expresión. Con el fin de paralizar la investigación periodística, los funcionarios públicos y los políticos demandaron a los periodistas que desvelaron presuntos actos de corrupción y malversación de fondos. Además de sanciones económicas, los periodistas mexicanos debieron enfrentar procesos penales por casos de presunta difamación de funcionarios públicos. En abril, por ejemplo, Rosario Robles, ex alcaldesa de Ciudad de México, presentó cargos de difamación contra un periodista del diario Reforma por un artículo en el que se informaba sobre presuntos casos de corrupción ocurridos durante su mandato. El periodista podría recibir una condena de hasta dos años de cárcel. En otro caso ocurrido en octubre, se dictó una orden de detención contra el director y siete corresponsales de un periódico de Chihuahua, acusados de difamación por una serie de artículos que hacían referencia ala conducta corrupta del ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes.
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En febrero, la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, mató a tiros al abogado Mario Escobedo Salazar en circunstancias altamente sospechosas.
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Los miembros de la prensa ocasionalmente fueron víctimas de la violencia de los funcionarios de gobierno. Los corresponsales de prensa denunciaron malos tratos policiales en varios estados-entre ellos Chiapas, donde los agentes de policía presuntamente golpearon a un periodista en marzo, e Hidalgo, donde se informó de que los agentes de policía habían atacado y fracturado la pierna a un operador de cámara en el mes de junio.
México ratificó varios tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en marzo, y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, en abril. Al mismo tiempo se retrasó la ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional después de que el Congreso no aceptara tratar una propuesta del Presidente Fox sobre una enmienda constitucional que eliminaría posibles obstáculos jurídicos a dicha ratificación. Al momento de la redacción de este informe, los líderes del Congreso continuaban debatiendo sobre la conveniencia de redactar su propia enmienda constitucional antes de votar el tratado.
La defensa de los derechos humanos
Los funcionarios del gobierno y los civiles que hicieron frente a los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad corrieron peligro de represalias violentas. Una funcionaria de la comisión de derechos humanos del estado de Baja California denunció que había recibido llamadas amenazantes de miembros de la patrulla fronteriza mexicana (Grupo Beta) cuando comenzó a investigar alegaciones sobre el maltrato recibido por un grupo de 42 emigrantes cerca de la frontera con los Estados Unidos.
En febrero, la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, mató a tiros al abogado Mario Escobedo Salazar en circunstancias altamente sospechosas. Escobedo y otro abogado habían denunciado que llevaban tres meses recibiendo amenazas telefónicas anónimas, en las que se les advertía que los matarían si seguían representado a dos hombres que habían confesado un delito después de que la policía los detuviera ilegalmente y torturara. Justo antes de su muerte, Escobedo se comunicó con su padre desde su teléfono celular y le informó que estaba siendo perseguido por miembros de la policía y que éstos intentaban matarlo. En abril, un juez desestimó los cargos contra siete agentes de policía implicados en este caso, aceptando su alegato de que Escobedo había provocado su propia muerte al abrir fuego contra ellos.
Más de un año después del asesinato a tiros de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrido en octubre de 2001, los investigadores del gobierno todavía no habían resuelto el caso.
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El Presidente Fox canceló una entrevista con el Presidente Bush en protesta por la ejecución de un ciudadano mexicano en Texas.
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El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
En abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, y la Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, firmaron la segunda fase de un programa de cooperación técnica. El programa estaba focalizado en la evaluación de la situación de los derechos humanos en México, el combate contra la tortura y los malos tratos, y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. En julio, ambas partes acordaron la apertura, en México, de una oficina de la ONU encargada de trabajar con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en la preparación de un programa nacional de derechos humanos para abordar estos problemas y otros asuntos relacionados con la administración de justicia.
A lo largo del año, México mantuvo su invitación permanente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que enviara relatores especiales a investigar las condiciones de derechos humanos en el país. En febrero, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes realizó una misión de investigación a México y a Estados Unidos, y concluyó que los inmigrantes sufrían violaciones de sus derechos a ambos lados de la frontera. En abril, el Relator Especial sobre la independencia de jueces y magistrados presentó las conclusiones de su visita de mayo de 2001 a México. En su informe atribuyó la impunidad crónica a una variedad de factores tales como la corrupción dentro del sistema judicial, el hostigamiento y la intimidación contra los defensores de los derechos humanos, y los obstáculos a la comunicación entre los abogados y sus clientes encarcelados.
En agosto, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las personas internamente desplazadas visitó México para examinar la situación de estas personas. Al concluir que las comunidades afectadas carecían de la protección y asistencia adecuadas, instó al gobierno a que promoviera una política nacional sobre el desplazamiento interno.
La Organización de Estados Americanos
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a México a su relator especial sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias para que participara en una serie de "reuniones de trabajo" con funcionarios de gobierno y organizaciones de derechos humanos. La Comisión elevó varias recomendaciones al gobierno mexicano en relación a su manejo de casos específicos de derechos humanos.
La Unión Europea
En mayo, se celebró en Madrid la primera Cumbre entre México y la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Los participantes reiteraron su compromiso con la promoción y la implementación de las disposiciones sobre derechos humanos recogidas en la Carta de la ONU y en tratados internacionales. Los líderes reunidos en Madrid acordaron fortalecer la concertación política y la cooperación económica.
Estados Unidos
En marzo, el Departamento de los Estado de Estados Unidos señaló, en su informe anual sobre los derechos humanos, que los principales problemas de México eran la impunidad y el desapego a la ley, especialmente a nivel estatal. Constató que, mientras el gobierno respetaba muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos, seguía habiendo regiones en las que este asunto era motivo de especial preocupación. A pesar de estas críticas, el gobierno de los Estados Unidos no buscó implementar medidas bilaterales enérgicas tendientes a promover los derechos humanos en México y se concentró, en cambio, en asuntos tales como las relaciones económicas, el control migratorio y el narcotráfico.
Las iniciativas que se habían puesto en marcha para el desarrollo de un programa bilateral sobre inmigración y otros temas-que habían tomado impulso antes del 11 de Septiembre-quedaron casi totalmente abandonadas por la administración Bush en el año 2002. En agosto, el Presidente Fox canceló una entrevista con el Presidente Bush en protesta por la ejecución de un ciudadano mexicano en Texas.
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