El INS ha abdicado su responsabilidad de proteger a las personas que se encuentran bajo su autoridad. Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch

El INS -- cuyos centros de detención están sobrecargados -- utiliza cárceles comunes para sus detenidos administrativos, incluso tratándose de inmigrantes que no están cumpliendo condena penal. Entre estos se encuentran inmigrantes que solicitan asilo político, personas indocumentadas detenidas por el INS en las calles o durante redadas en sus lugares de trabajo, y otros con antecedentes penales a la espera de su deportación.

"El INS está enviando a inmigrantes a cárceles locales comunes donde no pertenecen," dijo Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch. "Esta práctica viola importantes estándares internacionales y tiene que cesar."

El informe de 84 páginas, Encerrados y Olvidados: Detenidos por el Servicio de Inmigración en las Cárceles de los Estados Unidos, es el resultado de una investigación realizada durante un período de 18 meses que contó con visitas a 14 cárceles en siete estados y entrevistas con más de 200 detenidos del INS. Además, Human Rights Watch ha recibido cientos de cartas y decenas de llamadas telefónicas de detenidos, en las que describen las malas condiciones y los malos tratos en cárceles de todo el país. Los siete estados visitados son: Florida, Illinois, Luisiana, Maryland, Pensilvania, Tejas y Virginia.

Los detenidos denuncian problemas tales como la mala o insuficiente alimentación y problemas más graves, como el incidente de julio de 1998 en los que los guardas de la cárcel de Condado de Jackson en Florida utilizaron bastones y escudos eléctricos para aplicar descargas a los detenidos. Entre otros abusos expuestos en el informe se encuentran: la negación de atención médica adecuada; los traslados frecuentes y sin explicación a otras cárceles; la falta de ejercicio al aire libre; la disciplina excesiva o inapropiada; la convivencia con presos condenados o procesados; y el aislamiento de la familia, los amigos y la asesoría legal por medio de políticas restrictivas de las llamadas telefónicas, la correspondencia y las visitas. "El INS ha abdicado su responsabilidad de proteger a las personas que se encuentran bajo su autoridad." dijo Roth.

El INS, que tiene un costo medio de 58 dólares por detenido al día, gasta cerca de medio millón de dólares cada día para internar a sus detenidos en cárceles locales. Este arreglo supone una fuente considerable de ingresos para los condados locales; algunos de ellos han saldado sus deudas y eliminado algunos impuestos gracias a los ingresos procedentes de la detención de inmigrantes en sus cárceles.

Roth señaló que los inmigrantes detenidos que no pueden ser deportados, debido a que ni sus países de origen ni un tercer país los aceptaría, están en la práctica cumpliendo una sentencia ilimitada. Los inmigrantes de países tales como Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Iraq e Irán pueden estar detenidos durante años sin que resuelvan sus casos. Human Rights Watch entrevistó a varios detenidos que llevaban tres años o más detenidos sin tener una mínima idea si serían puestos en libertad o deportados, y de serlo cuando.

Los solicitantes de asilo político están protegidos por el derecho internacional de los refugiados y merecen un trato especial. Suelen ser víctimas que huyen de gobiernos abusivos, pero al cuidado del INS, se enfrentan a un nuevo tipo de abuso. Dado que los registros de detención del INS no indican qué detenidos son solicitantes de asilo, en la práctica, se les mezcla con otros inmigrantes detenidos y reclusos locales. "En la mayoría de los casos, el INS no debería estar deteniendo a estas personas, mucho menos en cárceles," dijo Roth. "Pero, desde luego, no deberían estar detenidos en centros remotos, donde no pueden tener acceso a la asesoría legal o a los servicios de atención psicológica que requieren," añadió Roth.

Entre las recomendaciones del informe se encuentran:

• Los centros de detención empleados por el INS deben estar diseñados para albergar a personas que no han sido objeto de acusación penal o que estén cumpliendo condenas penales. Por lo tanto, el INS no debe albergar a sus detenidos en cárceles locales ni en ningún otro centro para la detención de presos comunes.
• Por regla general, no se debe detener a los solicitantes de asilo político. El derecho a solicitar el asilo político es un derecho humano fundamental; nunca se debe castigar a los que buscan asilo político en Estados Unidos.
• Dada la carencia de espacio para la detención disponible por parte del INS y el tremendo costo humano y económico que supone contratar cárceles locales, se deben estudiar alternativas a la detención antes de adoptar cualquier decisión final de detener a una persona.
• El INS debe aplicar inmediatamente normas de detención y debe exigir que todas las cárceles con las que mantiene contratos cumplan los requisitos de tratamiento y de condiciones de detención. Las normas deben tener estatus de reglamentos federales.
• Todas las decisiones de detención de inmigrantes deben ser sometidas automática y rápidamente a la revisión de una autoridad competente, judicial o de otro tipo.
• La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debe investigar las denuncias de malos tratos y malas condiciones de reclusión de los detenidos del INS en cárceles locales.
• La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados debe seguir revisando y fortaleciendo sus Directrices sobre la Detención de Solicitantes de Asilo Político.