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Carta al Presidente Vicente Fox
Washington, DC, 9 de marzo de 2001
Su Excelencia Presidente Vicente Fox Quesada
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a S.E. en relación a materias de la mayor importancia en el ámbito de los derechos humanos donde hasta ahora no hemos logrado constatar progresos significativos. En todo caso, quisiera dejar constancia de nuestra convicción acerca de la relevancia que su Ilustrado Gobierno le asigna a estos temas. En efecto, antes de la inauguración presidencial -- con ocasión de la reunión que sostuvimos en Washington junto a varios representantes de la sociedad civil -- S.E. se refirió en términos muy firmes a la necesidad de enfrentar a la brevedad los numerosos problemas de derechos humanos de México. Compartimos la preocupación de S.E. sobre estos temas y estamos seguros de su afán por enfrentarlos. En particular, quisiera referirme a tres situaciones que me parecen paradigmáticas porque reflejan los serios desafíos que su Ilustrado Gobierno ha heredado en materia de derechos humanos.
El caso de los dos ecologistas campesinos, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, encarcelados por supuesta posesión de drogas y armas en 1999, después de protestar el daño ecológico que se estaba cometiendo en su estado natal de Guerrero. En julio del 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que Montiel y Cabrera habían sido detenidos ilegalmente y aparentemente torturados por soldados, y que no estaban en posesión de armas ni drogas cuando fueron detenidos.
Recibimos con satisfacción su promesa reciente de que se estudiaría el caso. Dada la gravedad de esta injusticia, es imperativo que el mencionado estudio se realice a la brevedad y que posibilite la puesta en libertad incondicional y compensación debida a los ecologistas encarcelados injustamente y el castigo a los responsables por estas violaciones a los derechos fundamentales. Sobre este punto es fundamental que su Ilustrado Gobierno examine los problemas endémicos del sistema de administración de justicia de México que ha puesto de manifiesto este caso. Por ejemplo, ¿porqué no fue adecuadamente tratado este caso por el Poder Judicial? ¿Y porqué la Procuraduría Militar ha tardado tanto en iniciar las investigaciones por las violaciones ocurridas cuando los dos ecologistas fueron detenidos? Entendemos que en los próximos dias se presentará un recurso de amparo en defensa de los ecologistas detenidos. Confiamos en que, después de una revisión exhaustiva de los hechos del caso, la Procuraduría General de la República presente una petición de inocencia y facilite de este modo la resolución del caso.
Un segundo caso que nos preocupa es el del General José Francisco Gallardo, encarcelado por expresar sus opiniones sobre las prácticas de derechos humanos del Ejército. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la puesta en libertad inmediata del Gral. Gallardo y una investigación exhaustiva por la violación flagrante de sus derechos. Confiamos en que el Poder Judicial podrá procesar el recurso de amparo presentado por el General Gallardo sin la injerencia de los que han buscado su silencio en el pasado. Entendemos que su Ilustrado Gobierno tiene la intención de prevenir cualquier interferencia de este tipo. Sin embargo, también creemos que su Ilustrado Gobierno puede participar más decididamente en la investigación de lo que llevó a esta terrible farsa judicial y exigir cuentas a los responsables de este asunto.
Por último también quisiéramos reiterar a S.E. nuestra preocupación por las restricciones de visados impuestas a organizaciones de derechos humanos extranjeras. Aunque reconocemos que todo gobierno tiene derecho a regular la entrada de extranjeros a su territorio, consideramos que las restricciones aplicadas por México a ONG internacionales representan un grave obstáculo a nuestra misión de llevar a cabo investigaciones acerca de la vigencia de los derechos humanos. Estas restricciones son tan exigentes, requieren de tanto detalle y establecen un plazo de espera tan largo que obstaculizan la observación de los derechos humanos. En este sentido, nos alegró muchísimo conocer la decisión de su Ilustrado Gobierno en diciembre pasado de terminar con esta política. Sin embargo, desafortunadamente, la nueva política aún no está en vigencia. Los representantes consulares de México todavía no han recibido nuevas instrucciones para el procesamiento de peticiones de visado para ONG de derechos humanos y por lo tanto tienen que seguir la práctica anterior.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta estima y consideración.
/f/
José Miguel Vivanco
cc:
Dr. Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores
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