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Condenada la ejecución en EE UU de retrasados mentales
Se insta a actuar a los poderes legislativos estatales
(Nueva York, 20 de marzo de 2001) — Veinticinco estados de Estados Unidos siguen permitiendo la ejecución de delincuentes con retraso mental y deben aprobar leyes para prohibir esta práctica sin dilación, dijo Human Rights Watch hoy al publicar el primer análisis general desde la perspectiva de los derechos humanos de dichas ejecuciones.

Ha llegado el momento de que los legisladores declaren ilegal esta crueldad sin sentido.

Jamie Fellner, Consejera Legal de Human Rights Watch


El 27 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos conocerá los argumentos orales sobre el recurso constitucional de Johnny Paul Penry, que tiene las habilidades mentales de un niño de seis años y medio. La Corte suspendió su ejecución, prevista para el 16 de noviembre de 2000, a la espera de su decisión sobre este recurso. En las últimas cuatro semanas, la Corte ha suspendido también las ejecuciones de otros dos delincuentes retrasados mentales que están cuestionando la constitucionalidad de sus condenas a muerte.

"La ejecución de adultos con la mente de un niño no es más que un acto de barbarie," dijo Jaime Fellner, Consejera Legal de Human Rights Watch y una de las autoras del informe de 50 páginas, titulado: Más allá de la razón: La pena de muerte y los delincuentes con retraso mental. "Las encuestas demuestran que aun la mayoría de los defensores de la pena de muerte están de acuerdo que no se debe ejecutar esa gente. Ha llegado el momento de que los legisladores declaren ilegal esta crueldad sin sentido."

Al parecer, la democracia de Estados Unidos es la única cuyas leyes permiten expresamente la ejecución de personas con esta grave incapacidad mental. Desde 1976, se han ejecutado al menos 35 personas retrasadas mentales en Estados Unidos. Se estima que entre 200 y 300 están actualmente en el corredor de la muerte esperando su ejecución.

Actualmente, se están considerando leyes para prohibir la condena a muerte de retrasados mentales en una serie de estados, entre ellos Arizona, Florida, Missouri, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma y Texas.

In 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la ejecución de personas con retraso mental no era inconstitucional. La Corte concluyó que no existía un consenso nacional contra dichas ejecuciones debido a que sólo dos estados las prohibían. Desde entonces, el número de estados que no permiten la condena a muerte de personas retrasadas mentales ha subido a trece, además del gobierno federal.

En Más allá de la razón se ofrecen numerosos ejemplos de personas que han sido condenadas a muerte a pesar de las profundas limitaciones intelectuales que padecen desde su nacimiento:

  • Cuando Johnny Paul Penry fue condenado por asesinato en Texas, tenía un coeficiente intelectual de entre cincuenta y sesenta y poco (100 es la media), según las diferentes pruebas que le administraron. No sabía leer ni escribir, los días de la semana ni los meses del año o el nombre del presidente de Estados Unidos.
  • Después de que Doil Lane confesase el asesinato de una muchacha, se subió al regazo del agente de policía que le estaba interrogando. Le pidió lápices al juez para poder colorear dibujos durante el juicio.
  • Jerome Holloway, condenado por asesinato en Georgia, tenía un coeficiente intelectual de 49 y no podía decir la hora, recitar el alfabeto o identificar el país donde vivía.
  • El psicólogo que evaluó a Limmie Arthur, condenado por asesinato en Carolina del Sur, le pidió que recitara el alfabeto. Empezó a cantar la canción infantil del ABC, pero sólo pudo llegar a la mitad.

Los delincuentes con retraso mental son especialmente vulnerables a la arbitrariedad y el alto riesgo de error bien documentados en los juicios con pena capital en Estados Unidos, según Human Rights Watch. En Más allá de la razón se documenta cómo las personas retrasadas mentales son incapaces de entender-mucho menos de proteger-sus derechos constitucionales; cómo sus características influenciabilidad y disposición a complacer a los demás les llevan a confesar-aunque sean falso-crímenes capitales; y cómo no pueden entender los procedimientos legales contra ellos y asistir en su propia defensa.

  • Eddie Mitchell, en el corredor de la muerte en Louisiana, renunció a su derecho a permanecer en silencio y contar con la presencia de un abogado durante su interrogatorio policial. Posteriormente, cuando su abogado le preguntó si entendía lo que significaba renunciar a sus derechos, Mitchell simplemente levantó la mano.
  • Antes de su ejecución, Morris Mason pidió consejo sobre lo que tendría que ponerse para su funeral.
  • Earl Washington confesó un crimen que no había cometido después de un largo interrogatorio policial. Los tribunales sostuvieron que había renunciado "conscientemente" a su derecho a no autoinculparse, a pesar de que la capacidad mental de Washington era la de un niño de diez años.
  • Robert Wayne Sawyer, pidió explicar el concepto de "duda razonable" (reasonable doubt), señaló el humo de un cigarrillo aplastado y dijo que cuando el humo paraba era "su razonable fuera" ("it´s reasonable out").

EJECUCIÓN DE UN RETARDO MENTAL (noviembre de 2000)
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