Condenada la ejecución en EE UU de retrasados mentales Se insta a actuar a los poderes legislativos estatales (Nueva York, 20 de marzo de 2001) Veinticinco estados de Estados Unidos siguen permitiendo la ejecución de delincuentes con retraso mental y deben aprobar leyes para prohibir esta práctica sin dilación, dijo Human Rights Watch hoy al publicar el primer análisis general desde la perspectiva de los derechos humanos de dichas ejecuciones.
El 27 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos conocerá los argumentos orales sobre el recurso constitucional de Johnny Paul Penry, que tiene las habilidades mentales de un niño de seis años y medio. La Corte suspendió su ejecución, prevista para el 16 de noviembre de 2000, a la espera de su decisión sobre este recurso. En las últimas cuatro semanas, la Corte ha suspendido también las ejecuciones de otros dos delincuentes retrasados mentales que están cuestionando la constitucionalidad de sus condenas a muerte. "La ejecución de adultos con la mente de un niño no es más que un acto de barbarie," dijo Jaime Fellner, Consejera Legal de Human Rights Watch y una de las autoras del informe de 50 páginas, titulado: Más allá de la razón: La pena de muerte y los delincuentes con retraso mental. "Las encuestas demuestran que aun la mayoría de los defensores de la pena de muerte están de acuerdo que no se debe ejecutar esa gente. Ha llegado el momento de que los legisladores declaren ilegal esta crueldad sin sentido." Al parecer, la democracia de Estados Unidos es la única cuyas leyes permiten expresamente la ejecución de personas con esta grave incapacidad mental. Desde 1976, se han ejecutado al menos 35 personas retrasadas mentales en Estados Unidos. Se estima que entre 200 y 300 están actualmente en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Actualmente, se están considerando leyes para prohibir la condena a muerte de retrasados mentales en una serie de estados, entre ellos Arizona, Florida, Missouri, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma y Texas. In 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la ejecución de personas con retraso mental no era inconstitucional. La Corte concluyó que no existía un consenso nacional contra dichas ejecuciones debido a que sólo dos estados las prohibían. Desde entonces, el número de estados que no permiten la condena a muerte de personas retrasadas mentales ha subido a trece, además del gobierno federal. En Más allá de la razón se ofrecen numerosos ejemplos de personas que han sido condenadas a muerte a pesar de las profundas limitaciones intelectuales que padecen desde su nacimiento:
Los delincuentes con retraso mental son especialmente vulnerables a la arbitrariedad y el alto riesgo de error bien documentados en los juicios con pena capital en Estados Unidos, según Human Rights Watch. En Más allá de la razón se documenta cómo las personas retrasadas mentales son incapaces de entender-mucho menos de proteger-sus derechos constitucionales; cómo sus características influenciabilidad y disposición a complacer a los demás les llevan a confesar-aunque sean falso-crímenes capitales; y cómo no pueden entender los procedimientos legales contra ellos y asistir en su propia defensa.
EJECUCIÓN DE UN RETARDO MENTAL (noviembre de 2000) REGRESAR |
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