Es esencial que el gobierno investigue las alegaciones de que el personal de policía del centro de detención estuvo implicado en el ataque, y que esté al tanto de reportes de incitación a la violencia por partidos políticos. Con la tensión de violencia étnica tan alta, fallar en enfrentar todos estos factores sería terrible Sidney Jones, Directora Ejecutiva de la División de Asia de Human Rights Watch

El 25 de octubre, veinticinco tamiles fueron asesinados por un grupo de cingaleses en un centro de detención en Bandarawela. Varios de los muertos habían sido detenidos bajo sospecha de pertenecer al LTTE. Después de la masacre, el presidente Kumaratunga ordenó a dos policías de alto rango que comiencen la investigación del hecho.

"Recibimos con satisfacción la pronta respuesta del presidente Kumaratunga en cuanto a la importancia dada al hecho. Esperemos que la investigación tenga una eficacia similar," dijo Sidney Jones, la directora de la división de Asia de Human Rights Watch. "Es esencial que el gobierno investigue imparcialmente las alegaciones de que el personal de policía del centro de detención estuvo implicado en el ataque, y que esté al tanto de reportes de incitación a la violencia por partidos políticos, antes y después de la masacre. Con la tensión de violencia étnica tan alta, fallar en enfrentar todos estos factores seria terrible".

Un abrupto aumento de tensiones en la comunidad ha surgido después de los ataques, con algunos ciudadanos de Sri Lanka describiendo la situación como la peor en veinte años.

Algunos conflictos étnicos irrumpieron el centro de Sri Lanka después de protestas llevadas a cabo por tamiles en contra de la masacre. Por lo menos cuatro personas murieron y varias fueron heridas en las protestas ocurridas durante los días 28 al 30 de octubre en los pueblos de Talawakale, Ginigathena y Nuwara Eliya.

En Talawakale, manifestantes incendiaron negocios pertenecientes a cingaleses, después que un hombre que se encontraba borracho, repetidamente insultó a los protestantes. Grupos de cingaleses tomaron represalia quemando y saqueando negocios de tamiles. En Ginigathena, miles tuvieron que dejar sus casas luego que un grupo de personas empezó a incendiar negocios del lugar. Otros protestantes tiraron piedras a vehículos en la autopista principal de Nuwara Eliya.

Después de la masacre, la policía detuvo por un corto perÍodo de tiempo a más de 250 sospechosos, pertenecientes al grupo mayoritario cingales. Varios oficiales de policía que se encontraban en el centro de detención durante la masacre también fueron detenidos. Toques de queda han sido impuestos y fuerzas de seguridad han sido mandadas a proteger ciertos pueblos para impedir que más protestas ocurran. Los disturbios marcan por primera vez en la historia de estas provincias cultivadoras de té que las protestas comunales han estallado donde más de 140.000 tamiles de origen hindú viven.

Human Rights Watch también enfatizó que el gobierno debe enfrentar las causas del alzamiento en el centro de detención, incluyendo los factores de detenciones prolongadas sin proceso judicial. Prioritariamente a la masacre, presos en el centro de detención—varios de los cuales podrían haber estado detenidos sin ningún proceso judicial bajo la prevención de acto de terrorismo y otras leyes de seguridad—habían estado protestando las condiciones de detención y supuestamente tomaron a un guarda de rehén. Ante la noticia de peligro de motín, residentes cingaleses comenzaron a amontonarse fuera del centro de detención, y en la mañana del 25 de octubre, tomaron por asalto el lugar. LOS DERECHOS HUMANOS EN SRI LANKA (en inglés) REGRESAR