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VI. OBSTÁCULOS PARA LA APLICACIÓN JUDICIAL DE LA LEGISLACION LABORAL

Actuamos conforme con la ley, aunque quizás en contra de la justicia. Justo no es. [Los trabajadores] pierden todo derecho.

—Ovidio Ramírez Cuéllar, juez del Juzgado Tercero de lo Laboral de San Salvador.¹¹³

Los procedimientos de los juzgados laborales, en muchos casos, no sólo son más prolongados que los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo sino que incluyen requisitos procesales que pueden resultar excesivamente complicados para los trabajadores que exigen justicia por la violación de sus derechos humanos.¹¹⁴

No se conservan datos de la duración promedio de los casos ante los juzgados laborales de El Salvador, pero las cifras suministradas por los cuatro jueces de juzgados laborales de San Salvador oscilaban entre tres y nueve meses.¹¹⁵ Los casos pueden ser apelados en las cámaras laborales de segunda instancia y, finalmente, en la Corte Suprema de Justicia, un proceso que en la mayoría de los casos lleva al menos un año y medio desde la instancia de presentación.¹¹⁶

Los trabajadores deben presentar un mínimo de dos testigos para defender los casos ante los juzgados laborales. Sin embargo, los trabajadores y los jueces de los juzgados laborales explicaron a Human Rights Watch que puede ser extremadamente complejo hallar testigos deseosos y capaces de testificar.¹¹⁷ Asimismo, un funcionario del Ministerio de Trabajo, comentó, bajo condición de anonimato, “Es difícil obtener pruebas porque los trabajadores no quieren testificar. Temen perder sus empleos.”¹¹⁸ La legislación laboral salvadoreña no establece protección para los “informantes” ni resguarda contra los despidos a aquellos trabajadores que testifican contra sus empleadores. Por lo tanto, un compañero de trabajo debe optar entre presentar testimonio o conservar su empleo.

En al menos un caso, un empleador incluso presuntamente impidió a un empleado que testificara. Según un abogado laboral, una testigo potencial le informó que, a comienzos de 2002, cuando compareció ante los tribunales para testificar a favor de un compañero de trabajo despedido, el director de recursos humanos de la compañía la estaba esperando allí. El director de recursos humanos presuntamente le exigió que se subiera a un taxi o sería despedida, y le pagó al taxista para que la condujera lejos del juzgado. Así ocurrió y el compañero de trabajo en cuestión perdió el caso al faltarle uno de sus testigos. Más tarde, la compañía presuntamente dejó cesante a la testigo potencial.¹¹⁹

En ciertos casos, aun cuando los trabajadores cumplen satisfactoriamente con los procedimientos legales y ganan un juicio, la aplicación del fallo resulta incierta. Por ejemplo, en el caso de Confecciones Ninos, tratado en el capítulo VII más abajo, cinco ex empleados presuntamente ganaron un juicio que obligaba a la compañía a pagarles el 100 por ciento de la indemnización por despido sin causa justa. El empleador alegó que no podía pagar y ofreció doce máquinas en compensación. La sentencia presuntamente fue dictada en el mes de septiembre de 2002 pero aún hacia finales de julio de 2003 la corte no había vendido las máquinas y los trabajadores no habían percibido la suma adeudada.¹²⁰

En otros casos, los trabajadores son incapaces de acceder incluso a la fase conciliatoria preliminar porque los empleadores acusados no comparecen y el juzgado laboral no puede hallarlos para hacerles entrega de la citación judicial correspondiente. Los empleadores cierran sus fábricas y huyen sin cumplir con sus obligaciones legales para con los empleados. Por ejemplo, como se trata más abajo, más de 320 casos fueron presentados ante los juzgados laborales de San Salvador contra Anthony Fashions, que presuntamente cerró sin pagar a los trabajadores las indemnizaciones por despido sin causa justa, aguinaldos anuales, y otras deudas. El dueño presuntamente desapareció y los casos se hallan demorados o son desestimados sin que se les deniegue la posibilidad de una nueva presentación judicial. A diferencia de casos civiles y comerciales,¹²¹ no existe una disposición legal que prescriba el nombramiento de un curator ad litem que represente a los empleadores ausentes en los procedimientos de derecho laboral. Comentando acerca de los estrictos requisitos del servicio procesal en materia laboral, el juez del Juzgado Segundo de lo Laboral manifestó, “Muchas veces [los empleadores] se van y los trabajadores quedan sin indemnización. . . . La reserva laboral es inexistente. . . . La ley laboral debe contemplar una garantía para estos casos para que [los derechos] del trabajador no se vean violados.”¹²²