La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
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La Situación de los Derechos Humanos

En contraste con años anteriores, en 1998 no se produjo un único acontecimiento horrible que se convirtiera en el principal problema de derechos humanos en Brasil. En cambio, el año se caracterizó por una serie de incidentes de abuso policial, los continuos disturbios en las prisiones y centros de detención policial hacinados de Brasil, el hecho constante de que no se procesaran enérgicamente los anteriores casos de abusos graves por parte de agentes del Estado, y que el Gobierno no aplicara los principios consagrados en el Programa Nacional de Derechos Humanos, publicado en mayo de 1996.

El asunto de la violencia policial siguió acaparando las primeras páginas de los periódicos mientras agentes en todo Brasil mataban a sospechosos en casos que calificaron de incidentes de empleo legítimo de la fuerza letal. En el área del gran São Paulo, la policía mató a 405 civiles en 1997 y a 197 durante los primeros cinco meses de 1998. En Rio de Janeiro, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el coronel Noaldo Alves Silva, nombrado en abril, siguió promoviendo las políticas sobre sospechosos de su antecesor en el cargo, el general Nilton Cerqueira, que incluían el pago de aumentos salariales y el ascenso por "actos de valor" que, según había demostrado Human Rights Watch, se concedían a los policías por matar a sospechosos, a pesar de la existencia, en muchos casos, de pruebas que desmentían las versiones oficiales de los hechos. Desde 1995, más de tres mil policías militares y más de mil policías civiles han recibido premios económicos al valor; y más de 950 agentes han sido ascendidos por su valerosidad en el mismo período. Un estudio de octubre de 1997 del Instituto de Estudios Religiosos (ISER), destacado instituto de investigación con sede en Rio demostró que, durante ese período, el número de civiles muertos por la policía de la ciudad de Rio se había disparado de 16 a 32 al mes. En junio, tras dos años recibiendo presiones de organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación, la Asamblea Legislativa del Estado de Rio de Janeiro adoptó la medida prometedora de votar para la suspensión tanto de los aumentos salariales como de los ascensos por actos valerosos, invalidando el veto del gobernador Marcello Alencar a la legislación. Aunque llevara un tiempo poder evaluar sus consecuencias, el voto representó una enérgica protesta frente al gobernador y el secretario de seguridad del estado en relación con el terrible historial de homicidios de la policía de Rio. Según las cifras oficiales publicadas en septiembre, en las primeras 40 semanas del año, la policía del estado de Rio mató a 511 civiles, alrededor de unos 60 al mes y casi el doble en proporción a sus compañeros en São Paulo. Aunque menos grave que en Rio, se demostró que el problema de la violencia policial en São Paulo se había minimizado y que las cifras oficiales de la década recogían cerca de un 30 por ciento menos de casos, que los ocurridos realmente; las autoridades reconocieron en abril que no habían incluido sistemáticamente ciertos tipos de asesinatos por parte de agentes.

La policía de São Paulo siguió estando sometida al control de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía (Ouvidoria), que recibió y procesó denuncias de abuso policial, y a otro programa para el traslado a tareas administrativas durante tres meses de los agentes involucrados en homicidios y su evaluación psicológica antes de regresar a las calles. En Rio no existían programas similares. En este sentido, el nombramiento en agosto del viejo activista de derechos humanos José Roberto Rezende para iniciar el trabajo del organismo de control de la policía (Ouvidoria) recién creado en el vecino Minas Gerais constituyó un avance importante.

El estado noroccidental de Alagoas apareció en la prensa nacional e internacional en enero, cuando se descubrió que docenas de agentes de policía estaban involucrados en asesinatos a sueldo, robos de bancos y bandas de ladrones de vehículos. Cabe reconocer que las autoridades estatales y federales adoptaron la medida sin precedentes de detener a más de 30 policías involucrados en la llamada "banda uniformada", entre ellos su líder reputado, el teniente coronel Manoel Francisco Cavalcante, el 16 de enero. En la época en que se produjeron las detenciones, las investigaciones llevaron al descubrimiento de los restos de 32 cuerpos, presuntamente víctimas de los homicidios de la banda. Sin embargo, las investigaciones se estancaron después de las detenciones. En mayo, en una visita por sorpresa de Human Rights Watch y grupos locales de derechos humanos a la morgue del estado, se desveló que se habían enterrado los restos de diez de 12 víctimas antes de que pudieran ser identificadas por medio del ADN y otras pruebas científicas. Mientras tanto, docenas de crímenes atribuidos en los últimos años a la policía de Alagoas siguieron sin condena ni procedimientos judiciales.

La violencia de los escuadrones de la muerte, caracterizada por la participación policial, siguió en el estado nororiental de Acre y a lo largo de la frontera de Brasil con Paraguay, en el estado de Mato Grosso do Sul. Según el presidente de la Corte Suprema del Estado de Acre, Gercino José da Silva Filho, que ha recibido amenazas de muerte y está bajo la protección de la Policía Federal, tres escuadrones de la muerte compuesto por policía civil, policía militar y conductores de taxis seguían operando en el estado de Acre y habían sido responsables de las ejecuciones de al menos 30 personas en los últimos 11 años, y posiblemente de alguno de los 110 casos de homicidio sin resolver. Entre los últimos crímenes atribuidos a estos escuadrones de la muerte se encuentra el asesinato de Sérgio Rodrigues Soares, de 18 años, ejecutados con 15 disparos el 28 de marzo, y la muerte por disparos a principios de marzo de Francisco dos Santos Rocha.

El Centro de Derechos Humanos Marçal de Souza informó que, en 1997, se habían cometido 129 homicidios con indicios de ejecución en la región de Grande Dourados de Mato Grosso do Sul, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Las organizaciones locales de derechos humanos y las autoridades estatales sospechaban de la participación en muchas de estas muertes de la división especial de operaciones fronterizas de la policía estatal.

La policía siguió practicando la tortura como método habitual de investigación en todo Brasil. La legitimidad y la eficacia del empleo de la tortura se convirtieron en temas de debate en el ámbito nacional en vista de una serie de casos destacados en los que la policía había extraído confesiones de acusados cuya inocencia se demostró posteriormente. El más notable de todos fue el caso de la estudiante de 18 años Ana Carolina da Costa Lino, asesinada brutalmente el 14 de abril en una sección concurrida de Rio, a unos 200 metros de la mansión del gobernador. La presión pública para que se resolviera el crimen -- así como las declaraciones irresponsables del gobernador a la prensa afirmando que no se abriría una investigación policial si los agentes hubieran matado a los responsables en un tiroteo -- provocaron que cinco equipos de policía se dedicaran a investigar el caso. Días después de los hechos, un grupo de detectives presentó a Deílson Santana, un técnico de 23 años, como uno de los atacantes. Según su declaración, poco después de su detención, lo habían trasladado a un área desierta donde la policía le amenazó, le disparó a discreción para aterrorizarle, le golpeó y le colocó una bolsa sobre la cabeza varias veces, llegando casi a asfixiarle. El 21 de mayo, un día después de anunciar que se había aclarado el crimen, la policía admitió públicamente que Santana no estaba relacionado con el mismo y lo puso en libertad tras intentar sospechosamente y sin éxito establecer su participación en otro robo. En julio, Willian Rosa Cinelli, uno de los detenidos posteriormente en relación con el crimen, escapó de su celda en la 26ª Subdivisión Policial, según se informó, después de pagar cerca de 90 mil dólares a la policía.

Durante la investigación realizada a finales de 1997 y 1998, Human Rights Watch recogió numerosos testimonios fidedignos de detenidos en centros policiales, cárceles y prisiones en siete estados de Brasil. Destacaban especialmente los centros policiales en Belo Horizonte (Minas Gerais). En la delegación local de Hurtos y Robos, los detenidos ofrecieron testimonios detallados sobre las sesiones diarias de tortura con electrochoques y casi ahogamiento en un cuarto especial contiguo a las celdas de detención, desde las que se podían escuchar las sesiones de tortura. No es sorprendente que las autoridades impidieran inicialmente el acceso al centro de una delegación compuesta de diputados estatales, un miembro del Consejo de Derechos Humanos Estatal y Human Rights Watch; autorizaron la visita tres días después acatando un orden procesal estatal.

El 27 de mayo, Alcioni Serafim de Santana, un jefe de delegación de la Policía Federal en la división de asuntos internos, murió disparado frente a su casa en São Paulo por asesinos a sueldo, presuntamente contratados por agentes de la Policía Federal a los que Santana estaba investigando por su participación en el contrabando y el tráfico de drogas. El asesinato de Santana provocó la investigación del cuerpo de policía federal -- considerado el más profesional de Brasil -- que demostró que se habían formulado cargos contra 106 agentes de la Policía Federal en Rio y 46 en São Paulo pero ninguno de ellos había sido despedido. Un número no revelado de agentes ya había sido condenado y, sin embargo, seguían en el cuerpo.

El 31 de agosto, Carlos Antônio Ruff, ex narcotraficante de 43 años, fue asesinado poco después de aceptar ofrecer información a las autoridades federales sobre 33 agentes estatales y federales de policía de Rio y São Paulo involucrados en el tráfico de drogas. Las investigaciones posteriores a la muerte de Ruff confirmaron la veracidad de sus acusaciones. El fracaso estrepitoso de las autoridades al garantizar la seguridad de Ruff subrayó la necesidad de crear un programa eficaz de protección de testigos a escala federal y en el estado de Rio de Janeiro.

En los casos destacados de brutalidad policial, la impunidad siguió siendo la regla general, con unas cuantas excepciones notables. Más de seis años después de la masacre de 1992 en la prisión Carandiru, en la que murieron 11 presos, no se ha llevado a juicio a nadie, aunque, en marzo, los tribunales ordinarios ordenaron el enjuiciamiento de 85 de los agentes de policía acusados. Tras la condena en noviembre de 1997 del agente de la Policía Militar Arlindo Maginário Filho, en 1998 no avanzó el procesamiento de unos 50 agentes de policía responsables de la masacre de agosto de 1993 de 21 residentes de la favela Vigário Geral. El 28 de diciembre de 1997, Sirley Alves Ferreira, uno de los inculpados en el caso, se escapó de la prisión Ari Franco en el estado de Rio de Janeiro. En abril, un error técnico forzó la anulación del juicio de otros diez implicados.

Un hecho positivo se produjo el 25 de agosto con la dura condena (204 años de cárcel) impuesta al ex policía militar Marcos Aurélio Alcântara, el último inculpado juzgado por su participación en el asesinato en 1993 de ocho niños de la calle en la plaza Candelária, en el centro de Rio de Janeiro. Otro avance importante en la batalla contra la impunidad lo aportó la condena en mayo y la sentencia de 43 años de prisión al agente de policía de Rio Grande do Norte Jorge "el estrangulador" Fernandes, por asesinar a dos personas y herir a otras cuatro en un incidente de marzo de 1995 conocido como la masacre de la favela Mãe Luiza en Natal, la capital del estado. Fernandes era sospechoso de participar en al menos otras docena de asesinatos cuyo juicio está pendiente.

En julio, un tribunal militar de São Paulo condenó a siete de los agentes de policía acusados de participar en las escenas grabadas en vídeo en marzo de 1997, en las que aparecían palizas, extorsión y un asesinato en la favela Naval de Diadema, São Paulo. En agosto, el mismo tribunal condenó a un octavo acusado, Otávio Gambra, el agente que disparó el tiro que mató a Mário José Josino en los incidentes grabados. Todos los acusados recibieron condenas relativamente leves (entre 20 y 45 meses) en el tribunal militar, pero seguían pendientes de juicio, junto con otros dos inculpados, en los tribunales ordinarios por los delitos de asesinato, intento de asesinato y abuso e autoridad.

El grave hacinamiento, la violencia oficial y las terribles condiciones de las prisiones, las cárceles y los centros de detención policial brasileños siguieron provocando motines y rebeliones, varias de las cuales se saldaron con pérdida de vidas humanas. Tras un año con una cantidad de motines sin precedentes (195 tan sólo en los centros de detención y cárceles de São Paulo en 1997), el censo nacional de prisiones de 1997 -- publicado y retirado a principios de 1998 -- demostraba un crecimiento importante en el número de presos y un déficit en la capacidad penitenciaria de 96.010 plazas. Este déficit (2.3 personas recluidas en el espacio previsto para una en el sistema penitenciario) obligó a muchos estados a intensificar su empleo de celdas de detención provisional de la policía como centros de detención a largo plazo. La falta de infraestructura, el hacinamiento extremo y la violencia endémica tanto en los centros policiales como en el sistema penitenciario provocaron motines durante todo el año, varios de los cuales fueron controlados con un empleo excesivo de la fuerza, en ocasiones letal.

El 24 de diciembre de 1997, un grupo de 23 presos del Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS) en Ceará tomaron como rehenes a tres representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y un teniente de policía, e iniciaron un enfrentamiento que duró unas 24 horas. Tras muchas negociaciones -- que incluyeron la liberación del teniente de policía pero no de los civiles -- los presos y los rehenes pudieron abandonar la prisión en cuatro vehículos suministrados por la policía. Poco después de la salida de los vehículos de la prisión, la policía abrió fuego contra ellos, matando a siete presos e hiriendo a dos rehenes. Los presos y los rehenes supervivientes dijeron a Human Rights Watch que la policía había ejecutado sumariamente a al menos dos presos después de que se hubieran entregado.

El 5 de febrero, un grupo de unos 30 presos intentó fugarse de la prisión Joâo Chaves en Natal, Rio Grande do Norte. La policía reaccionó al intento de fuga abatiendo con disparos a seis presos aparentemente desarmados, algunos de los cuales recibieron hasta 14 impactos, todos por la espalda. Tres días después, la policía capturó al fugado Moisaniel Oliveira da Silva, al que mató con un disparo en la sien a quemarropa.

La prisión Joâo Chaves había sido objeto de informes sobre la extrema violencia entre presos, presuntamente promovida o al menos tolerada por las autoridades. Entre marzo de 1997 y enero de 1998, diez presos murieron a manos de sus compañeros. En al menos dos de los casos, las autoridades tenían conocimiento de las amenazas que pesaban sobre los presos y, sin embargo, no adoptaron medidas para evitar el asesinato. La violencia entre presos se cobró las vidas de docenas de internos en 1998. Una rebelión de dos días en la prisión Sâo José en Belém, estado de Pará, se saldó con la muerte de tres presos, que, según las autoridades, habían sido asesinados por otros internos. El 29 de mayo, al menos 22 presos murieron durante los enfrentamientos en la prisión Barreto Campelo, en el estado noroccidental de Pernambuco.

Las condiciones de detención de los menores, separados generalmente de los adultos en Brasil, estaban muy por debajo de las normas mínimas. En abril, unos 350 menores recluidos en el centro de detención Moniz Sodré de Rio de Janeiro tomaron como rehenes a tres miembros del personal y empezaron un motín que duró poco más de una hora. Durante la protesta, los jóvenes incendiaron colchones y destruyeron parte del centro. Al mes siguiente, una visita de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados Estatal demostró que no se habían realizado las reparaciones, cientos de menores habían estado durmiendo en el suelo de un gimnasio y muchos de ellos mostraban señales de palizas recientes.

Siguieron siendo generalizados los conflictos violentos por la tierra. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 1997 los conflictos de tierras se cifraron en 658, un ligero aumento con respecto a los 653 registrados en 1996 y un incremento significativo en relación con los 440 de 1995 o los 379 de 1994. Cuando se escribió este informe, no estaban disponibles las cifras de 1998, aunque las informaciones de prensa sugerían el mantenimiento de la tendencia alcista durante el año. El 26 de marzo, dos lideres sindicales de los sin tierra que habían sobrevivido la masacre de abril de 1997 de 19 ocupantes ilegales de tierras en Eldorado dos Carajás, Onalício Araújo Barros y Valentin da Silva Serra, murieron disparados en una aparente ejecución poco después de su expulsión junto con 520 familias de la hacienda Goiás II, en el sur del estado de Pará. Las investigaciones consiguientes establecieron que 11 agentes de policía habían participado en la expulsión y los asesinatos posteriores. Varios de estos agentes también habían participado en la masacre de Eldorado dos Carajás, pero seguían en el servicio activo a la espera del juicio sobre el caso.

Durante agosto de 1998, al menos 19 personas murieron en conflictos rurales, entre ellas varios lideres del movimiento de los sin tierra. En febrero, un grupo de ocho pistoleros y terratenientes encapuchados atacaron a un grupo de trabajadores sin tierra relacionados con una ocupación en el estado de Paraná, matando a Sebastião Camargo Filho e hiriendo a dos trabajadores. En marzo, el cuerpo acribillado con cinco balazos de Adelson Brito, líder de los sin tierra en Barra Mansa, en el estado de Rio de Janeiro, fue hallado a la orilla de la carretera cerca de la hacienda cuya ocupación había organizado.

El número de casos y de personas involucradas en la práctica del trabajo forzado descendió dramáticamente (de 21 casos y 26.047 personas afectadas en 1995, a 19 casos y 2.487 personas en 1996 y a 17 casos y 872 personas en 1997), debido sobre todo a las iniciativas de los equipos federales de inspección laboral en coordinación con la sociedad civil. No obstante, la CPT registró 66 casos de abuso extremo de los derechos del trabajador en 1997, entre ellos el trabajo forzado y la hiper explotación con 25.660 personas afectadas.

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo invasiones, con frecuencia violentas, de sus tierras tradicionales por parte de madereros, mineros y otras personas. El 20 de mayo, el líder indígena xucuru Francisco de Assis Araújo fue disparado por un pistolero a sueldo en Pesqueira, en el nordeste del estado de Pernambuco, dentro de lo que parecía un asesinato premeditado. Araújo había liderado una campaña para incrementar el área demarcada como tierra de los xucurus. Unas 181 haciendas habían ocupado las áreas reclamadas por la tribu.

En marzo, las autoridades de la Policía Federal adoptaron medidas para expulsar de Brasil al misionero holandés Winifridus Overbeek sobre la base de la acusación infundada de que Overbeek promovía la invasión de tierras privadas por parte de las tribus indígenas. La reacción de las ONG dedicadas a los derechos indígenas y de la sociedad civil obligó al Gobierno a reconsiderar su decisión y permitir que Overbeek continuara con su trabajo con los indígenas tupiniquimes y guaraníes en el estado de Espírito Santo.

El tema de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar continuó desencadenando revelaciones y la reacción de la sociedad civil en 1998. En febrero se supo que Ricardo Fayad, un médico que supervisó sesiones de tortura de disidentes políticos durante la dictadura, había sido ascendido al puesto de director médico del Ejército. En abril, el presidente Cardoso cedió ante la presión de las organizaciones de derechos humanos y revocó el ascenso de Fayad. La Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones, organismo gubernamental establecido por ley en diciembre de 1995, siguió haciendo responsables a agentes del Estado de muertes en custodia, de las que antes se había dicho equivocadamente que eran el resultado de tiroteos, resistencia al arresto u otros motivos, y autorizó la indemnización a los familiares de las víctimas en un total de 148 casos, de los 234 procesados desde su creación en diciembre de 1995 hasta mayo de 1998. En abril, el diario de Rio O Globo publicó una serie especial de artículos basados en documentos de las fuerzas de seguridad de 1970 a 1981, entregados por la familia del general de infantería Antônio Bandeira. En los documentos se ofrecían detalles sobre la campaña militar para eliminar al movimiento guerrillero de Aragua en los setentas, que demostraban la responsabilidad del Estado en la detención y muerte de personas cuyo paradero había negado constantemente conocer el Ejército. Por ejemplo, en los casos de los lideres izquierdistas Carlos Danielli y Joaquim Câmara Ferreira, en los documentos se establecía que ambos habían sido detenidos y fueron por lo tanto asesinados tras la detención, y no mientras se resistían a un arresto, como habían alegado las autoridades en su momento. Las revelaciones provocaron nuevas peticiones para la entrega de todos los documentos en manos de las autoridades gubernamentales relativos a los abusos de las fuerzas de seguridad y el ejército durante la dictadura (1964-1985).

Durante 1998, importantes medidas establecidas en el Programa Nacional de Derechos Humanos no lograron la aprobación del Congreso federal ni de las autoridades estatales. Cuando se escribió este informe, permanecían estancados en el Congreso las medidas para limitar la competencia de los tribunales militares, la concesión de jurisdicción sobre ciertas violaciones de los derechos humanos a la Policía Federal y a los tribunales ordinarios, la creación de un plan federal de protección de testigos, la revisión del código penal (especialmente los delitos sexuales), el establecimiento de un estatuto para regular las áreas indígenas y docenas de iniciativas similares. Casi ningún estado brasileño estableció mecanismos de control externo de la policía ni redujo el hacinamiento en las prisiones, como recomendaba el programa.

Brasil continuó intentando ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y adoptó medidas iniciales para demostrar un compromiso con las normas internacionales en materia de derechos humanos. En diciembre de 1998, el Gobierno de Brasil firmó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción (Tratado de las Minas de 1997). Sin embargo, cuando se escribió este informe, Brasil todavía no había ratificado el tratado. En julio, Brasil votó a favor del tratado de Roma para el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI). Aunque las informaciones de prensa señalaron la intención del Gobierno de reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, cuando se escribió este informe, las autoridades no habían depositado un instrumento a tal efecto. Durante 1998, el Gobierno demostró una voluntad cada vez mayor de negociar soluciones amistosas en los casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reconoció la existencia de graves violaciones de los derechos humanos, como las mencionadas por este organismo en un informe especial publicado en diciembre de 1997. En septiembre de 1998, el presidente Cardoso emitió un decreto amnistiando a miles de extranjeros que vivían ilegalmente en Brasil.