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La Unión Europea

Mientras Estados Unidos va perdiendo credibilidad en materia de derechos humanos, existe una necesidad urgente de asumir la responsabilidad de liderazgo. La Unión Europea (UE) es un candidato obvio, pero su desempeño ha sido inconsistente en el mejor de los casos. A nivel formal, la UE ha adoptado un orden basado en las reglas al afirmar que “el establecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son la mejor manera de fortalecer el orden internacional”. También ha afirmado repetidamente que todas las medidas contra el terrorismo tienen que ser plenamente compatibles con los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales. Y ha respaldado firmemente el naciente sistema internacional de justicia. 

Sin embargo, los propios gobiernos europeos han estado dispuestos a violar normas básicas de derechos humanos—incluso las relacionadas con la tortura. Suecia, por ejemplo, envío a dos presuntos terroristas a Egipto, cuyo gobierno ostenta un historial de tortura sistemática. Estocolmo intentó parapetarse detrás de las garantías diplomáticas del Cairo de que los hombres no serían maltratados, pero dichas garantías fueron ignoradas como era predecible. Alemania, los Países Bajos, Austria y el Reino Unido han devuelto también o intentado devolver a presuntos terroristas o personas que amenazan la seguridad a lugares donde corrían el riesgo de ser torturados. El Reino Unido se niega a descartar el empleo de información extraída mediante tortura en los procesos judiciales; su excusa es que no contrata él mismo la tortura, sino que se limita a recibir pasivamente sus frutos, a pesar de que su relación constante con aliados de los servicios de inteligencia termina por fomentar más tortura. 

Una erosión similar de las normas de derechos humanos que gobiernan la lucha contra el terrorismo puede encontrarse en ciertas prácticas de detención de los miembros de la UE. El gobierno del Reino Unido suspendió el cumplimiento de obligaciones fundamentales de derechos humanos para poder detener indefinidamente sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros sospechosos de actividades terroristas. En España, los sospechosos de terrorismo pueden estar detenidos virtualmente incomunicados durante un máximo de 13 días, sin poder entrevistarse en privado con un abogado. Francia ejerce el derecho de detener sin cargos hasta tres años a los ciudadanos franceses liberados de Guantánamo.

Estas prácticas abusivas comprometen la capacidad de la Unión Europea de cubrir el vacío de liderazgo dejado por la adopción de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington. En un momento que reclama un distanciamiento de las equivocadas prácticas estadounidenses, la Unión Europea parece estar optando por emularlas. Es inmediatamente necesario un nuevo compromiso claro con los principios de derechos humanos para que la Unión Europea sirva de contrapeso efectivo a la influencia insidiosa de Washington sobre las normas de derechos humanos.


<<previous  |  index  |  next>>Enero de 2005