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Encubrimiento e investigación interna

Cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib, el gobierno de Bush reaccionó como muchos gobiernos abusivos a los que atrapan con las manos en la masa: adoptó la estrategia de control de daños. Aceptó que la tortura y el abuso que aparecían en las fotos estaban mal, pero intentó minimizar el problema. Según afirmó, los maltratadores eran un puñado de soldados descarriados, unas cuantas “manzanas podridas” al fondo del barreño. Argumentó que el problema estaba contenido, tanto geográficamente (una sección de la prisión de Abu Ghraib) como estructuralmente (sólo soldados de bajo rango, y no comandantes de rango superior). Mantuvo que el abuso fotografiado en Abu Ghraib y divulgado por todo el mundo no tenía nada que ver con las decisiones y las políticas de los funcionarios de mayor nivel. El Presidente Bush prometió que “los malhechores serían llevados ante la justicia”, pero a principios de diciembre de 2004, nadie por encima del rango de sargento estaba sometido a enjuiciamiento. 

Un elemento clave de esta estrategia de control de daños fue una serie de investigaciones cuidadosamente limitadas—diez hasta ahora. La mayoría de las investigaciones, tales como las dirigidas por el Mayor General George Fray y el Teniente General Anthony Jones, consistieron en el examen por parte de oficiales militares uniformados de la conducta de sus subordinados; estos oficiales carecían de autoridad para investigar a funcionarios superiores del Pentágono. La única investigación con capacidad teórica para examinar la conducta del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus ayudantes superiores—la investigación liderada por el antiguo Secretario de Defensa James Schlesinger—fue designada por el propio Rumsfeld y pareció esforzarse por distanciarse del problema. (En la conferencia de prensa en la que se hizo público el informe de la investigación, Schlesinger dijo que la renuncia de Rumsfeld “daría alas a todos los enemigos de Estados Unidos”.) La investigación de Schlesinger careció de la independencia de la Comisión del 11 de Septiembre, por ejemplo, que fue creada con la participación activa del Congreso de Estados Unidos. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA)—el organismo del gobierno estadounidense del que se cree que tiene detenidos a los sospechosos de terrorismo más importantes—ha eludido el escrutinio de cualquiera que no sea su propio inspector general. Mientras tanto, no parece que nadie esté considerando el papel del Presidente Bush y otros funcionarios superiores del gobierno. 

Cuando un funcionario no identificado del gobierno tomó represalias contra un crítico del gobierno de Bush revelando que su mujer era agente de la CIA—un delito grave porque podría ponerla en peligro—el gobierno acordó, bajo presión, designar a un fiscal especial al que se le ha prometido independencia de la dirección del gobierno. Sin embargo, el gobierno se ha negado a nombrar a un fiscal especial para determinar si funcionarios superiores autorizaron la tortura y otras formas de coacción en los interrogatorios—un delito mucho más grave y sistemático. Como consecuencia, no se está realizando ninguna investigación penal de los métodos abusivos de interrogatorio del gobierno que no esté controlada por el propio gobierno. El aluvión de investigaciones internas no puede ensombrecer la falta de una investigación verdaderamente independiente.