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V. Las investigaciones de la parapolítica

Si bien las confesiones obtenidas en virtud de la Ley de Justicia y Paz han ayudado a aclarar un poco los delitos y las redes de los paramilitares, los avances más importantes en lo que respecta a develar la influencia de los paramilitares en el sistema político se han alcanzado a través de investigaciones judiciales que se sirvieron de las herramientas comunes del derecho penal. Hoy, más de 30 congresistas colombianos se encuentran detenidos, y varias decenas más están siendo investigados por colaborar con los paramilitares, en lo que se ha llegado a conocer como el escándalo de la parapolítica. El ex director del servicio de inteligencia nacional, así como varios gobernadores, alcaldes y otros funcionarios, también están siendo investigados por actividades similares.

La institución que mas reconocimiento se merece por haber impulsado estas investigaciones es la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que a comienzos de 2005 tomó la iniciativa y comenzó a investigar a los miembros del Congreso por vinculaciones con paramilitares. Durante muchos años, hubo denuncias en Colombia de connivencia entre paramilitares y funcionarios públicos, pero no se habían logrado avances significativos en las investigaciones correspondientes. El inicio de estas investigaciones por parte de la Corte de manera organizada y comprometida es un acontecimiento sin precedentes. Las investigaciones también se vieron favorecidas gracias al trabajo de los fiscales, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, que han revelado una gran cantidad de información sobre las vinculaciones entre los paramilitares y los políticos.

La Fiscalía General de la Nación ha desempeñado una función importante en varios casos clave, aunque a veces ha parecido ser lenta o tímida en su accionar, y ha tomado algunas decisiones controversiales.

Lamentablemente, si bien el gobierno de Uribe ha proporcionado financiamiento a la Corte Suprema para estas investigaciones, a menudo ha tomado medidas que amenazan con socavarlas y que dañan seriamente la independencia del poder judicial. Se ha opuesto a medidas importantes y realmente necesarias de reforma del Congreso destinadas a frenar la influencia constante de los paramilitares. Y recientemente ha propuesto reformas constitucionales que retirarían la facultad de investigar al Congreso de la competencia de la Corte Suprema. De aprobarse, las reformas propuestas podrían ser un golpe fatal para las investigaciones de la parapolítica.

Mientras tanto, parece no haber habido muchos avances en los casos que se encuentran bajo la competencia del propio Congreso. Sólo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar a los ex fiscales generales o a los que se encuentran en ejercicio, al igual que al presidente.295 La mayoría de los integrantes de esa comisión pertenecen a la coalición del Presidente Uribe. Las denuncias de una supuesta relación entre el ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio y los paramilitares se están tramitando ante la Comisión de Acusaciones desde hace años sin que se hayan logrado avances importantes.296 Existen acusaciones recientes contra el Presidente Uribe que también se encuentran dentro de la competencia de la Comisión.

Antecedentes de las investigaciones de la Corte Suprema

Ya en el año 2002, Salvatore Mancuso les dijo a los periodistas que durante las elecciones parlamentarias de ese año los paramilitares ganarían el 30 por ciento de las bancas del Congreso. 297 Y después de las elecciones, Mancuso había hecho alarde de que “la meta original del 35 por ciento ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC”.298 Tres años más tarde, en junio de 2005, el líder paramilitar Vicente Castaño declaró a la revista Semana “tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”.299

Esta serie de declaraciones realizadas por jefes paramilitares impulsaron a la política Clara López Obregón a presentar una denuncia penal solicitando a las autoridades que investigaran la posible infiltración en el Congreso.300 La denuncia terminó en la Corte Suprema, la única autoridad judicial competente para investigar a los congresistas en ejercicio. 301

Meses después, el magistrado Álvaro Pérez comenzó a investigar las acusaciones, y llamó a rendir declaración a Mancuso y a Castaño.

Aproximadamente en la misma época, la analista política Claudia López publicó un estudio de las elecciones de 2002, en el cual describió patrones electorales sumamente atípicos que parecen evidenciar que los paramilitares podían asignar parejas específicas de candidatos (uno para el Senado y uno para la Cámara de Representantes) por cada distrito electoral en el cual ejercían control territorial. En cada caso, descubrió López, la pareja de candidatos respaldada por los paramilitares ganó por mayorías abrumadoras y excepcionalmente atípicas.302

López señaló:

La consolidación política [de los paramilitares] no se hizo impartiendo amables consejos para que la gente decidiera “libremente” como cínicamente lo afirmó Mancuso ante la Corte y los medios. El consejo no se dio a las buenas. No desalojaron a la guerrilla, como lo proclaman orgullosamente, con discursos y palomas, sino equiparando su demencial barbarie. El patrón que parece repetirse es el de entrar con masacres, realizar homicidios selectivos, afianzar control militar, penetrar la política y la economía locales y consolidar su hegemonía política en elecciones, y la económica en múltiples negocios que van desde los recursos de la administración pública, pasando por el chance, la palma, el contrabando de gasolina y el tráfico de narcóticos.303

En el año 2006, se desató un escándalo sobre declaraciones vertidas a los medios por Rafael García, ex director de informática del DAS, quien se declaró culpable de colaborar con los paramilitares. Entre varias acusaciones, García describió en detalle la estrategia de los paramilitares para manipular las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2002 en el Departamento del Magdalena.304 Con el transcurso de los años, García ha brindado importantes declaraciones respecto de este tema que corroboran la investigación de Claudia López y otros estudios.

Mientras tanto, la Corte estaba avanzando con las investigaciones de políticos del estado de Sucre, sacando a la luz pruebas, testigos e información de sus diversas dependencias y de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta ese momento, cada magistrado de la Corte Suprema había realizado las investigaciones por separado. Sin embargo, cuando las pruebas, las denuncias y las revelaciones fueron aumentando, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que para llevar a cabo las investigaciones de manera más efectiva, toda la sala debería investigar en forma conjunta, y encargó a un equipo especial de cinco magistrados auxiliares la sistematización y realización de las investigaciones. Es este equipo el cual ha logrado los mayores avances en las investigaciones.

Además de la declaración de García y el estudio de Claudia López, el equipo encontró otros testigos, grabaciones y pruebas documentales que le han permitido avanzar rápidamente en estos casos. Algunas pruebas se obtuvieron del computador portátil de Jorge 40, que contenía conversaciones grabadas entre paramilitares y políticos. También salió a la luz información sobre una reunión de líderes paramilitares con varios políticos, en la cual los políticos habían firmado un pacto con los paramilitares para “refundar nuestra patria”.305

La función de la Fiscalía General de la Nación

La mayoría de las investigaciones de congresistas fueron iniciadas por la Corte Suprema. Sin embargo, una vez que se les ha iniciado una investigación formal, la los políticos en cuestión en su mayoría optan por renunciar. En esos supuestos, el caso por lo general se ha trasladado a la Fiscalía General de la Nación.306

Además, la Corte Suprema no tiene competencia para iniciar investigaciones que involucren a gobernadores, alcaldes, miembros del Ejército o, en muchos casos, ex congresistas. Por lo tanto, ha quedado a cargo de la Fiscalía General de la Nación la tarea de iniciar e impulsar esas investigaciones.

El record de la Fiscalía ha sido mixto. En algunos casos ha logrado importantes avances. En ocasiones, también ha tomado decisiones difíciles desde el punto de vista político, como la decisión de ordenar la detención del Senador Mario Uribe, primo del Presidente Uribe y su más fuerte aliado político, aunque posteriormente lo liberó. A veces, sin embargo, la Fiscalía ha actuado de manera tímida o de manera lenta.

Puesto que es probable que la mayoría de los casos iniciados por la Corte Suprema contra diversos congresistas terminen bajo la órbita de la Fiscalía, es fundamental que ésta se organice para llevar a cabo las investigaciones de manera efectiva y minimizando los errores.

En las siguientes secciones describimos el estatus de algunos de los casos de más alto perfil manejados por la Fiscalía. También resaltamos progresos en algunos casos y preocupaciones en otros. 

Situación Actual de Casos de Alto Perfil

La investigación de Álvaro Araújo

La investigación sobre el ex Senador Álvaro Araújo reviste especial importancia debido a que su detención provocó la renuncia de la hermana de este, María Consuelo Araújo, quien entonces se desempeñaba como Ministra de Relaciones Exteriores.307 La Corte Suprema inició la investigación de Araújo por supuestamente conspirar con Jorge 40 en relación con las elecciones parlamentarias de 2002, y por el supuesto secuestro agravado de Víctor Ochoa Daza, hermano del entonces Alcalde de Valledupar Elías Ochoa Daza, como parte de una estrategia política más amplia para tomar el control de la costa norte de Colombia, en colaboración con Jorge 40.308 Luego de que Álvaro Araújo renunciara al Senado, el caso fue transferido a la Fiscalía General de la Nación y asignado a una fiscal especializada de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, quienes suelen tener la atribución de investigar a los congresistas luego de que estos renuncian. El 22 de agosto de 2007, la fiscal acusó formalmente a Araújo por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y constreñimiento al sufragante.309

Sin embargo, el 18 de enero de 2008, El Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, hizo lugar parcialmente a una apelación presentada por Araújo, anulando el cargo de secuestro que pesaba en su contra. Mendoza Diago concluyó que la Fiscalía General de la Nación había cometido un error al asignar la investigación por secuestro a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema. El padre de Araujo (también ex congresista) estaba siendo investigado simultáneamente por el mismo secuestro (que presuntamente habrían cometido conjuntamente), pero por otro fiscal. Según Mendoza Diago, las dos investigaciones deberían haberse combinado. Por lo tanto, la investigación sobre secuestro contra el ex Senador fue anulada y derivada a otro fiscal.310 La decisión ha sido controversial entre algunos juristas.  Sin embargo, las acusaciones contra Araújo por concierto y constreñimiento al elector permanecen intactas, y la investigación por secuestro contra tanto Araújo como su padre está ahora en las manos de otro fiscal.  

En Septiembre de 2008, autoridades Venezolanas capturaron el padre del Sen. Araújo, quien además es un ex ministro de agricultura, por el supuesto secuestro, y lo deportó a Colombia.311

La investigación sobre Mario Uribe

El 26 de septiembre de 2007, la Corte Suprema vinculó formalmente al Senador Mario Uribe a una investigación por conspiración con paramilitares. La decisión revistió especial importancia habida cuenta del alto perfil del Senador Uribe. Mario Uribe es primo segundo del Presidente Álvaro Uribe y ambos mantienen una estrecha alianza política desde hace tiempo. Los dos compartieron un despacho en Medellín cuando ejercían la abogacía y fundaron conjuntamente una vertiente del partido Liberal denominada Sector Democrático en la década de 1980. Ambos se postularon para ocupar bancas en el Congreso en 1986; en las elecciones, Álvaro se convirtió en Senador y Mario en Representante. Cuando Álvaro Uribe asumió como gobernador de Antioquia en 1994, Mario fue elegido para el Senado. El movimiento político de Mario, Colombia Democrática, apoyó firmemente la candidatura de Álvaro a la presidencia en 2002. Posteriormente, fue Mario Uribe quien propuso dos de las iniciativas más controvertidas de Álvaro Uribe ante el Congreso: el proyecto de Ley de Alternatividad Penal (antecesora de la Ley de Justicia y Paz) y la enmienda a la constitución colombiana que permitió que Álvaro Uribe fuera reelegido como presidente en 2006.312

El Senador Uribe renunció a su curul en el Senado poco tiempo después de que se iniciara la investigación, por lo que la investigación se transfirió a la Fiscalía General de la Nación, donde fue asignada al fiscal Ramiro Marín. El 21 de abril de 2008, Marín ordenó la detención de Mario Uribe.313 Uribe se enteró de la orden de detención y escapó a la embajada de Costa Rica, donde solicitó asilo político. La solicitud de asilo fue denegada y el 22 de abril Mario Uribe fue detenido.314

Human Rights Watch tuvo acceso a la resolucion mediante la cual el fiscal fundamento la orden de captura de Mario Uribe.  La decisión se basó principalmente en los siguientes hechos y elementos probatorios:

En primer lugar, Salvatore Mancuso declaró, primero en su confesión en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y nuevamente ante la Corte Suprema, que se había reunido con Mario Uribe en dos oportunidades. Durante una de las reuniones, señaló Mancuso, Mario Uribe y Eleonora Pineda (quien se postulaba para ser representante en algunas de las mismas regiones que Mario Uribe, con el apoyo de las AUC) visitaron a Mancuso en la municipalidad de Tierralta, en Córdoba, donde Mancuso se estaba escondiendo debido a las condenas y procesos pendientes en su contra. En su primera declaración, Mancuso dijo que no estaba seguro de la fecha exacta ni el orden en que se produjeron las reuniones; no obstante, finalmente aclaró que la primera reunión había tenido lugar definitivamente antes de las elecciones parlamentarias de 2002. Mancuso declaró que la reunión tuvo un doble propósito: primero, formalizar ante él un acuerdo político entre Uribe y Pineda por el cual ambos se ayudarían para obtener votos en algunas zonas del departamento de Córdoba. Mancuso hace hincapié en que el Senador Uribe no podía no saber que Pineda era candidata de los paramilitares, ya que esa era la razón por la que ambos se habían trasladado hasta Tierralta para visitarlo. Mancuso agrega que durante la reunión el Senador Uribe se comprometió además a apoyar personalmente los intentos de los paramilitares de iniciar negociaciones con el gobierno. 315

Mancuso señala que la otra reunión se produjo cuando el Senador Uribe regresó nuevamente a Tierralta para reunirse con Carlos Castaño; dado que Castaño estaba ocupado en ese momento, le pidió a Mancuso que se reuniera con el Senador Uribe nuevamente para conversar sobre las negociaciones con el gobierno.316

El Senador Uribe afirmó que hubo una sola reunión y que no había sido programada: señala que Eleonora lo había invitado a almorzar con algunos amigos en su vivienda, pero que lo sorprendió y lo llevó al rancho de Mancuso. Uribe también afirma que la reunión ocurrió luego de las elecciones de 2002.  Eleonora Pineda también afirma que la reunión se produjo luego de las elecciones, en 2002, y que no le explicó a Mario Uribe en un primer momento que se encontrarían con Mancuso, aunque alega habérselo informado mientras se dirigían allí. Además, Pineda aclara que mientras se trasladaban para reunirse con Mancuso, en un momento le pidió a Mario Uribe que sus escoltas y otros acompañantes no lo siguieran durante el último tramo del camino.317

El fiscal optó por creer la versión de Mancuso de los sucesos, en vez de las versiones ofrecidas por Uribe y Pineda. Señaló que Pineda era cercana a Mario Uribe (quien le había permitido formar parte de su movimiento político, pese a que claramente estaba al tanto de su vinculación con los paramilitares).318 Efectivamente, Pineda y Rocío Arias, otra congresista, eran defensoras activas y confesas de las posturas de los paramilitares en el Congreso; ambas se han acogido a sentencia anticipada, reconociendo su relación con los paramilitares.319 Sin embargo, Mario Uribe, quien era líder del partido Colombia Democrática, permitió que ambas permanecieran en las filas del partido hasta febrero de 2006, cuando los medios de comunicación de Colombia difundieron la noticia de que autoridades estadounidenses habían advertido que revocarían las visas para Estados Unidos a los líderes de partidos políticos que mantuvieran a políticos vinculados con paramilitares en sus filas.320

Es posible que Pineda también tema declarar. El 5 de octubre de 2007, poco después de que Pineda se declarara culpable, uno de sus hermanos fue asesinado en el estado de Córdoba; de acuerdo con informes de la prensa, miembros del Ejército le dispararon, según ellos porque se trataba de un integrante de un grupo armado y porque había abierto fuego contra ellos. El abogado de Pineda manifestó que el propósito del asesinato del hermano de Pineda era silenciarla.321

Además, el fiscal afirma que existe otro importante elemento probatorio contra Mario Uribe que refuerza la versión de los hechos ofrecida por Mancuso: el inusual y marcado incremento de los votos en favor de Mario Uribe en las elecciones de 2002. Concretamente, el Senador Uribe pasó de obtener 3.985 votos en las elecciones de 1998, a casi triplicar esa cantidad —a 11.136 votos— en las elecciones de 2002. Es entonces cuando, suponiendo la veracidad de la versión de Mancuso, él se habría beneficiado con los votos que le consiguió Eleonora Pineda (con la ayuda de los paramilitares). En las elecciones de 2006, cuando ya había expulsado a Eleonora del partido, sus votos cayeron nuevamente a 3.233.322

Según el análisis del fiscal, los inusuales patrones electorales se advierten con mayor evidencia en los municipios, como Montelíbano, Sahagún, y Planeta Rica, en los cuales Mancuso supuestamente había ordenado a la población que votara por Pineda y Uribe. El fiscal explica que los paramilitares aparentemente dividieron los municipios, y ordenaron que algunos votaran por Uribe y otros por otro candidato —Miguel de la Espriella—, quien también obtuvo una curul en el Senado. Mancuso señaló que De la Espriella se había molestado con Mancuso por haberle ofrecido una parte de sus votos a Mario Uribe, pero Mancuso lo tranquilizó asegurándole que resultaría elegido de todos modos. El fiscal afirma que De la Espriella perdió votos en algunos municipios en 2002, en comparación con las elecciones de 1998, y que Mario Uribe recibió esos votos en su lugar.

El fiscal no aceptó el argumento de Mario Uribe de que el incremento de los votos a su favor respondía a su asociación con el candidato presidencial, Álvaro Uribe, ya que el argumento no explicaría el marcado descenso en los votos que tuvo lugar en 2006 (cuando Álvaro Uribe se estaba postulando nuevamente como presidente, y las encuestas le atribuían una popularidad incluso mayor).323

Además de las acusaciones sobre las negociaciones de Uribe con Mancuso en relación con las elecciones de 2002, los cargos que se imputan al Senador Uribe se basan en las afirmaciones de que el Senador Uribe buscó colaborar con los paramilitares para ejercer presión sobre los terratenientes para que le vendieran o entregaran tierras a bajo precio en 1998. Las acusaciones se fundan en las declaraciones del testigo Jairo Castillo Peralta, también conocido como “Pitirri”. Castillo es un ex paramilitar que operaba en el departamento de Sucre. Luego de abandonar las filas paramilitares a fines de la década de 1990, comenzó a declarar ante los fiscales en relación con diversos casos. Actualmente ha obtenido asilo político en Canadá y ha continuado declarando ante la Corte Suprema y los fiscales en los casos de la parapolítica.

Castillo ha declarado que en 1998 participó en una reunión con Mario Uribe y varios terratenientes, entre ellos Olegario Otero Bula, en Sahagún, Córdoba. Según la declaración de Castillo, Mario Uribe buscaba obtener “tierras baratas” y Castillo recibió la orden de buscar este tipo de tierras, identificar qué personas de la región estaban realizando pagos a los paramilitares y buscar a aquellas personas —como la Sra. Luz Marina Zapa— que no habían querido “pagar la cuota”.324

Castillo señala que otro de los ranchos que estaban en la mira era “La Alemania”, de propiedad de Rafael Zuleta. Sin embargo, según Castillo, él no estuvo de acuerdo en considerar a La Alemania ya que Zuleta había estado cooperando con el grupo; además, Castillo señala que estaba agradecido con Zuleta (quien, según afirma Castillo, le había prestado dinero en diversas oportunidades, varios años antes, cuando Castillo se dedicaba al cultivo de arroz y Zuleta comerciaba con granos). Por consiguiente, Castillo dice que advirtió a Zuleta que podrían llegar a presionarlo en relación con La Alemania.

Según el fiscal, la declaración de la Sra. Zapa es consistente con la de Castillo. Zapa relata cómo en un principio buscó a Castillo para que la ayudara a localizar a su marido, quien había sido secuestrado. Afirma que Pitirri la ayudó en un primer momento. Sin embargo, posteriormente, Castillo comenzó a exigir pagos. Castillo confirma que en un principio iba a ayudar a la Sra. Zapa, pero que luego tuvo que cambiar su actitud hacia ella porque había recibido órdenes de exigirles dinero. Cuando Castillo acudió a recibir el dinero de la extorsión, fue detenido —el fiscal señala que Castillo alega que la detención fue una trampa que le tendió Otero Bula, quien se habría enterado de las advertencias de Castillo a Zuleta—. El fiscal expresa que una vez que Castillo comenzó a cooperar con Yolanda Paternina, fiscal en aquel entonces (quien posteriormente fue asesinada), fue víctima de un atentado contra su vida, por lo que finalmente decidió dejar el país con destino a Canadá.

El fiscal señala que Zuleta reconoce haber conocido a Castillo en la época en que este se dedicaba al cultivo de arroz, pero niega que Castillo le advirtiera sobre los supuestos intentos por lograr que entregara sus tierras bajo presión. Acusa a Castillo de mentiroso, aunque admite haber sido víctima de persecución por parte de los paramilitares y las guerrillas. También reconoce haber vendido el rancho La Alemania en 2003 para “salir de una situación que para mí era demasiado molestosa”. Afirma no haber conocido jamás al comprador, que probablemente no obtuvo un precio justo y que la compra pudo haber estado vinculada con algún grupo armado.325

Algunos meses después de su detención, Mario Uribe fue puesto en libertad una vez más. El Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, hizo lugar a la apelación presentada por Uribe contra la resolución que ordenaba su detención.326 En su decisión, la cual analizó la orden de detención, Mendoza Diago evaluó las pruebas contra el Senador Uribe y llegó a la conclusión opuesta a la que arribó el fiscal.

En primer lugar, Mendoza Diago concluye que la declaración de Mancuso contra el Senador Uribe no es creíble, en razón de sus vacilaciones iniciales acerca de si se había reunido con Mario Uribe en una o dos oportunidades. Mendoza Diago afirma que las declaraciones de Eleonora Pineda sobre la fecha de la reunión (posterior a las elecciones) son más creíbles, ya que no había vacilado; además, señala, Eleonora Pineda fue una creación política de Mancuso, por lo que tendría más motivos para alinearse con Mancuso en vez de con Mario Uribe. Además, Mendoza Diago afirma que Mancuso parecía confundido en cuanto al propósito de la reunión, en tanto Pineda, señala, dejó en claro que el propósito de la reunión era únicamente conversar sobre las negociaciones de los paramilitares con el gobierno.

Mendoza Diago tampoco considera que los patrones electorales constituyan pruebas contundentes contra Mario Uribe. Mendoza Diago advierte que los patrones electorales son claramente “inusuales” y concluye que el incremento probablemente responde a la asociación del Senador Uribe con el Presidente Uribe, así como a un acuerdo celebrado entre el Senador Uribe y un líder político local, quien lo ayudó a conseguir votos.

Por último, Mendoza Diago concluye que la declaración de Castillo es débil y se contradice con la de otros testigos (a quienes Castillo había implicado). El hecho de que la declaración de Castillo sea coherente con la de la Sra. Zapa, afirma, es irrelevante, ya que sólo prueba que Castillo la estaba extorsionando.

Sobre la base de este análisis, Mendoza Diago concluyó que no había pruebas de peso contra Mario Uribe, suficientes para justificar su detención. Por lo tanto, ordenó la liberación de Mario Uribe.327

Luego de la liberación, el fiscal Ramiro Marín, quien había ordenado la detención del Senador Uribe, renunció, diciendo que los medios de comunicación y diversas fuentes de la Fiscalía General de la Nación habían estado atacándolo injustamente por haber impulsado una investigación supuestamente débil.328

El caso contra Mario Uribe no se ha cerrado.  Pero es incierto qué sucederá luego de la decisión del Vicefiscal y la renuncia del fiscal a cargo de la investigación. Es probable que sufra demoras, ya que el nuevo fiscal deberá familiarizarse con el caso.

Avances iniciales en casos relacionados con el computador de Jorge 40

Como resultado del hallazgo del computador de Jorge 40, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación informa que se han abierto 14 casos, en los cuales 66 personas están siendo investigadas, otras 44 están siendo juzgadas y 2 (incluido el paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio) se han declarado culpables.329

Una de las personas a las cuales supuestamente se está investigando es Javier Alfredo Valle Anaya, ex subdirector del DAS en Santa Marta. Según informes de noticias, el nombre de Valle aparece en uno de los archivos informáticos como “amigo” del grupo paramilitar encabezado por Jorge 40, y Don Antonio también manifestó que el ex funcionario había colaborado con él.330 Los mismos informes indican que es posible que Valle haya estado involucrado en la planificación del asesinato del profesor de sociología Alfredo Correa de Andreis perpetrado por integrantes del grupo de Jorge 40.331

Además, en colaboración con la Policía Judici al, el año pasado la Fiscalía parece haber dado un importante golpe a un grupo paramilitar conocido como “Los 40” que operaba a lo largo de la costa del Pacífico. El grupo, presuntamente liderado por algunos de los secuaces de Jorge 40, desarrollaba actividades de extorsión y una variedad de otras actividades delictivas en Barranquilla y otras ciudades de la costa. En agosto de 2007, la policía arrestó a 50 supuestos integrantes del grupo, incluidos 18 miembros del departamento de policía local, miembros de los servicios de inteligencia local y de la Marina, y dos directores de hospital, que se suman a las 46 personas detenidas anteriormente.332

Atrasos y Situaciones Preocupantes

Demoras para iniciar las investigaciones

En algunos casos, la Fiscalía General de la Nación ha demorado demasiado y de manera inexplicable en iniciar las investigaciones de políticos vinculados con los paramilitares.

Por ejemplo, a comienzos de 2007, la Corte inició una investigación contra el Senador de Magdalena Dieb Maloof y ordenó que fuera capturado.333 Al mismo tiempo, otras fuentes expresaron a Human Rights Watch que la Corte le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara a Jorge Castro Pacheco, quien se había postulado junto con Maloof como suplente para su curul en el Senado.334 La Corte también le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara a los ex congresistas Salomón Saade y José Gamarra, también del departamento de Magdalena.335 La Corte por sí misma no podía investigar a estas personas, ya que en ese momento no estaban en ejercicio, pero la Fiscalía General de la Nación podría haberlo hecho y, efectivamente, debería haberlo hecho.

Castro, Saade y Gamarra habían sido acusados por el testigo Rafael García de participar en el fraude electoral junto con los paramilitares del Bloque Norte en 2002.336 De hecho, las pruebas en contra de Saade, Gamarra y Castro eran, en su mayoría, las mismas que respaldaban la investigación de la Corte en el caso Maloof.337

Pero si bien la investigación de Maloof ya ha culminado con una condena,338 la Fiscalía parecía no avanzar en absoluto en las investigaciones de Saade, Gamarra y Castro.

En octubre de 2007, Dieb Maloof renunció a su curul en el Senado. Fue reemplazado por Jorge Castro, su suplente.339 A comienzos de febrero de 2008, la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Castro, quien al convertirse en congresista entraba en el ámbito de su competencia.340

Cuando Castro renunció a mediados de febrero, la Corte Suprema emitió un comunicado en el cual cuestiona la demora excesiva de la Fiscalía General de la Nación para iniciar la investigación contra Castro.341

Finalmente, en marzo de 2008, un año después de que la Corte instó por primera vez a la Fiscalía General de la Nación a que iniciara la investigación, los fiscales abrieron una investigación formal contra Castro, José Gamarra y Salomón Saade. El Fiscal General Mario Iguarán declaró públicamente que los errores cometidos en el caso se habían corregido y que la fiscal encargada había sido removida de su cargo.342

Por otra parte, la Senadora colombiana Gina Parody envió recientemente una carta a Iguarán solicitándole que la fiscalía actúe con mayor rapidez en la investigación de varios casos en los cuales están involucrados políticos regionales y locales. Específicamente, la Senadora Parody indagó acerca de la investigación de los políticos que firmaron dos pactos con paramilitares, conocidos como los pactos de “Chivolo” y “Pivijay”. Según la carta, pese a que se estima que más de 200 personas firmaron el pacto de Chivolo, los fiscales iniciaron solamente una investigación contra una persona. La Senadora Parody señala que algunos congresistas ya fueron condenados en relación con el pacto de Pivijay, pero “sus socios en las regiones siguen libres y gobernando”. La Senadora Parody también expresó su frustración ante la fiscalía por no responder a sus indagaciones anteriores sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos de 21 funcionarios locales y regionales, ocurridos en la época en que se firmaron los pactos, hace siete años. Manifiesta en la carta que “la parapolítica del Congreso cuyos casos en gran parte lleva la Corte Suprema de Justicia, son sólo una parte mínima del fenómeno de la macrocriminalidad que se tomó las regiones, se está reproduciendo y se quiere perpetuar allí. De nada nos sirve condenar a los congresistas si en las regiones la estructura se mantiene intacta”.343

Iguarán le manifestó a Human Rights Watch que su oficina había logrado importantes avances en investigaciones sobre la parapolítica en Magdalena y el Cesar.  En relación con estos casos específicos, dijo, “me encontré con un expediente empolvado y me lo traje.  Hace seis o siete meses me lo traje y vienen bien, avanzando.”344

La Fiscalía General de la Nación también ha sido lenta en responder a las indagaciones de la Corte Suprema con respecto a otros casos. El 4 de octubre de 2007, la Sala Penal de la Corte le escribió una carta al Fiscal General Mario Iguarán pidiéndole información básica —fiscal asignado al caso, número de caso y estado actual de la investigación— con respecto a 48 investigaciones que la Corte había transferido a la Fiscalía General de la Nación o le había pedido que iniciara.345 Se trataba de investigaciones contra congresistas, gobernadores (incluido el actual gobernador del departamento de Antioquia), alcaldes y miembros del servicio de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas. El Fiscal General no respondió a la carta y el 23 de enero de 2008, la Corte Suprema reiteró el reclamo. 346 De acuerdo con varias fuentes, desde ese momento, la Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas en varios de los casos incluidos en el pedido de información, aunque nunca respondió por escrito la carta de la Corte.347

Los casos contra Noguera

Jorge Noguera fue, en el año 2002, el encargado de la campaña presidencial en el departamento de Magdalena a favor del Presidente Uribe, y luego se desempeñó como director nacional del DAS durante el mandato de Uribe, desde 2002 hasta 2005. A fines del año 2005, se retiró del DAS en medio de un escándalo de corrupción, que culminó con la detención de Rafael García, jefe de informática de dicha institución, quien fue acusado de borrar o adulterar registros públicos, cargos por los cuales fue finalmente condenado.348

Posteriormente, el Presidente Uribe nombró a Noguera cónsul de Colombia en Milán, Italia. Sin embargo, a mediados de 2006, García comenzó a realizar acusaciones públicas en las cuales sostuvo que durante la administración de Noguera, el DAS había colaborado estrechamente con los paramilitares, principalmente con el Bloque Norte de Jorge 40. García dijo, por ejemplo, que el DAS le había proporcionado a los paramilitares una lista de dirigentes sindicales y académicos señalados, que posteriormente fueron amenazados o asesinados. También alegó que Noguera había trabajado en estrecha colaboración con los paramilitares en el departamento del Magdalena para llevar a cabo un masivo fraude electoral para favorecer al Presidente Uribe durante las elecciones presidenciales de 2002.349 Las acusaciones y las pruebas en contra de Noguera fueron tan graves que, en diciembre de 2006, Estados Unidos le canceló a Noguera su visa estadounidense. La Fiscalía General de la Nación ordenó su detención muy poco tiempo después, en febrero de 2007. 350

Tanto Noguera como Uribe negaron las acusaciones inmediatamente después de que se hicieron públicas, y Uribe arremetió de manera agresiva contra los medios de comunicación que habían dado  a conocer las denuncias, acusando a las publicaciones y a los periodistas involucrados de hacerle daño a la democracia.351 De hecho, durante varios meses, Uribe defendió en reiteradas oportunidades a Noguera en declaraciones públicas.352 Recién en febrero de 2007, cuando la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Noguera, Uribe tomo distancia públicamente de Noguera al declarar que “si resulta condenado, mi deber es ofrecerle disculpas al país”.353

Sin embargo, a pesar de que Noguera estaba detenido, su abogado, Orlando Perdomo, pudo ingresar en el Palacio Presidencial en ocho ocasiones a lo largo de seis semanas, entre el 2 de febrero de 2007 y el 16 de marzo de 2007 (anteriormente lo había visitado también en 2006).354 Durante estas visitas, según informes de la presidencia, Perdomo se reunió en algunas ocasiones con el propio Presidente Uribe y Mauricio González, entonces Secretario Jurídico del presidente (y actual magistrado de la Corte Constitucional). El objetivo de todas estas reuniones, según declaraciones públicas, era hablar sobre las condiciones de reclusión de Noguera.355

Con el tiempo, varias de las acusaciones de García fueron corroboradas con otras pruebas. Por ejemplo, se informó que la Fiscalía General de la Nación había obtenido pruebas que indicaban que el primo de Jorge 40, Álvaro Pupo, había visitado a Noguera en numerosas ocasiones en su despacho del DAS (García había declarado previamente que Pupo era el contacto de Noguera con Jorge 40).356 Del mismo modo, los fiscales habrían confirmado la denuncia de García de que durante la administración de Noguera, el archivo del jefe paramilitar Hernán Giraldo fue borrado del sistema informático del DAS.357

Sin embargo, las investigaciones de Noguera llevadas adelante por la Fiscalía General de la Nación también han sufrido una serie de dificultades procesales. Asimismo, una de las investigaciones posiblemente más explosivas —la investigación sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2002— se cerró al poco tiempo de haberse iniciado.

Cargos por concierto con paramilitares

Noguera ya ha recibido sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación por participar en operaciones ilegales con paramilitares de los grupos de Jorge 40 y Hernán Giraldo, alterar registros y por hechos de corrupción.358 A principios de 2008, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra Jorge Noguera por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a sus presuntos vínculos con paramilitares durante su mandato como director del DAS entre 2002 y 2005.359

Sin embargo, los cargos contra Noguera fueron recientemente desestimados y deben volver a presentarse, debido a la decisión del Fiscal General Iguarán de delegar la investigación a uno de sus fiscales, en lugar de impulsarla él mismo.

En marzo de 2007, una jueza del Consejo Superior de la Judicatura, Leonor Perdomo, había ordenado la libertad de Noguera de conformidad con un recurso de hábeas corpus. Perdomo resolvió que por tratarse de un funcionario con fuero, Noguera debía ser investigado directamente por el fiscal general, y que el fiscal general no podía, como lo había hecho, delegar la investigación en otro fiscal.360 Iguarán expresó su sorpresa y desacuerdo. 361 De acuerdo con Iguarán, la apelación fue decidida por el Vicefiscal General, quien resolvió a favor de Iguarán. Por lo tanto, continuó delegando las funciones de investigación a otro fiscal.362

Un año después, sin embargo, Noguera solicitó a la Corte Suprema que se desestimara el caso iniciado en su contra sobre las mismas bases. La Corte Suprema estuvo de acuerdo con Noguera, y en junio de 2008 resolvió que Iguarán no había asumido la investigación directamente tal como lo exige la ley y, por lo tanto, ordenó la libertad de Noguera.363 La Corte notificó a la Comisión de Acusaciones del Congreso a fin de que investigara a Iguarán por omisión de sus funciones al no obedecer las decisiones que le exigían investigar a Noguera directamente.364 La Corte no anuló las pruebas que se habían recabado en el caso, con lo cual Iguarán puede volver a presentar cargos en contra de Noguera.365 Sin embargo, los abogados de Noguera están aprovechando la situación para presentar otros recursos (como el de recusación del fiscal al que Iguarán le estaba delegando las funciones de investigación), y así dilatar más el caso.366

El caso Noguera es complejo y requiere la recopilación y el análisis de una gran cantidad de pruebas. Por lo tanto, es comprensible que el Fiscal General intentara encontrar la manera de delegar la mayor parte del trabajo a otro fiscal que le pudiera dedicar toda su atención al caso. Ademas, Iguarán asegura que la sentencia de la Corte que lo obliga a llevar el caso directamente rompe con la jurisprudencia anterior al respecto.367 Sin embargo, a la luz de lo resuelto por la Corte, que le ordenaba a Iguarán llevar adelante la investigación, seguir delegando la toma de decisiones en otro fiscal pondría en peligro el caso. En una entrevista, Iguarán le dijo a Human Rights Watch que, si bien está en desacuerdo con la sentencia de la Corte, él estaba comprometido a llevar el caso directamente de ahora en adelante.368

Investigación por asesinatos de sindicalistas

Rafael García denunció que durante la administración de Noguera, los detectives del DAS habían entregado una lista de sindicalistas y otras personas a los paramilitares en la costa norte, quienes a su vez atacaron o persiguieron a esos sindicalistas.369 García señaló específicamente que una de las personas que los paramilitares atacaron gracias a la información del DAS era el Profesor de sociología Alfredo Correa de Andreis, quien fue asesinado en 2004.370 De hecho, en los archivos informáticos decomisados a Edgar Ignacio Fierro Flórez había un documento denominado “informes de operaciones” que incluye un informe sobre la ejecución de Correa de Andreis por parte de la “Comisión Metropolitana” del Bloque Norte en Barranquilla.371

La Fiscalía General de la Nación aparentemente está logrando algunos avances en el caso Correa de Andreis. Según los informes de los medios, actualmente está solicitando la extradición de Estados Unidos de Javier Alfredo Valle Anaya, ex subdirector del DAS en Santa Marta, por su supuesta participación en el asesinato.372

No queda claro, sin embargo, hasta dónde han llegado los avances de la investigación con respecto a Noguera mismo o con respecto a los asesinatos de los sindicalistas incluidos en la lista a la cual hizo referencia García. 

Cierre de la investigación sobre fraude electoral

Sorprendentemente, la Fiscalía cerró rápidamente la investigación que estaba realizando sobre una de las acusaciones más graves que Rafael García había hecho en contra de Noguera: fraude electoral mientras Noguera era gerente regional en el Magdalena de la campaña presidencial del Presidente Uribe.

García brindó una declaración detallada en casos contra congresistas sobre su participación en un fraude electoral de las elecciones parlamentarias de 2002 en el departamento del Magdalena, así como de las elecciones presidenciales de 2002, junto con paramilitares que se encontraban bajo el mando de Jorge 40.

De acuerdo con García, él mismo diseñó una base de datos con información obtenida del censo sobre la población local: “la idea era diseñar un programa de computador que nos listara o nos arrojara los listados de votantes por cualquier criterio, es decir, por puesto, por zona, por mesa, por municipio e inclusive por departamentos”, explicó en su declaración sobre el fraude en las elecciones parlamentarias.373 Ese programa más adelante fue usado por candidatos respaldados por los paramilitares para llevar a cabo el fraude, por ejemplo, haciendo colaborar a los jurados electorales para que marcaran tarjetones por personas de la región que no habían asistido a votar. De acuerdo con García, el fraude fue tan evidente que le preocupaba que se descubriera y que se impugnaran las elecciones.374

Claudia López ha señalado que Departamento del Magdalena tuvo los patrones electorales más atípicos de todos los departamentos en las elecciones parlamentarias de 2002.375

García declara que después de las elecciones parlamentarias, él y otra persona que trabajaba con él recibieron “la orden” de parte de uno de los participantes en el fraude electoral de presentarse en el “comando de la campaña presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez, puesto que la intención era realizar la misma operación para esta campaña, cuando nos presentamos, me encontré con que Jorge Noguera Cotes era el director regional de la campaña en el departamento del Magdalena”. García explica que conocía a Noguera desde hacía muchos años, puesto que habían trabajado juntos en otros contextos.376

García agrega que desde el primer día Noguera “sabía[] por cuenta de quien habíamos llegado… a esa campaña y con que propósito.  De hecho, en la primera reunión… le mostramos a Jorge Noguera …. El programa que listaba las listas de votantes, le[] explicamos como era que se efectuaba el fraude electoral.  Sin embargo [otras personas]  propusieron que para la campaña presidencial se hiciera el fraude en un numero menor de municipios, con el propósito de que las votaciones no fueran tan escandalosas como las que habían sido las del mes de marzo”. García dice que él y uno de sus asociados en el fraude recibieron un pago de aproximadamente 200.000 pesos cada uno, y tenían los gastos de viaje cubiertos, por lo cual “de todo esto debió quedar registro en la contabilidad de la campaña, por lo tanto creo que es fácilmente verificable la presencia nuestra en la campaña”. García agrega que hubo algo de fricción en la campaña, a raíz de lo cual obtuvieron una victoria con un margen menor del esperado. Sin embargo, García señala que “Magdalena fue el único departamento de la Costa Atlántica donde el doctor Álvaro Uribe supero al otro candidato, el doctor Serpa, en las elecciones presidenciales del año 2002”.377

García alega que fue debido a su colaboración en el fraude electoral en las elecciones presidenciales que Noguera luego le pidió ir a Bogotá y desempeñarse como director de informática para el DAS:

Durante los meses en que estuve vinculado a la campaña uribista en el Magdalena, Jorge Noguera se dio cuenta de mi relación cercana con los políticos apoyados por el Bloque Norte; en alguna ocasión me dijo que él no sabía que yo era paraco. Debido a esto, al día siguiente de la elección presidencial de 2002 en la cual el doctor Álvaro Uribe triunfó en primera vuelta, Jorge Noguera me citó en su apartamento

Pese a estas detalladas declaraciones, de acuerdo con registros proporcionados por la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, la investigación de “hechos relacionados con los presuntos fraudes en las elecciones al Congreso y Presidenciales en el año 2002 en el departamento del Magdalena” se cerró el 22 de febrero de 2007.379

El Fiscal General Mario Iguarán comentó a Human Rights Watch que las pruebas simplemente eran insuficientes para justificar que se continuara con la investigación en ese momento, por lo cual los fiscales habían decidido cerrar el caso temporalmente, con la posibilidad de reabrirlo en el futuro.380 Sin embargo, sera muy difícil reabrirlo, ya que la investigación fue objeto de una resolución de preclusión; esto significa que la decisión del fiscal de cerrar el caso tiene efecto de cosa juzgaday la investigación sólo podría reabrirse con grandes dificultades.381

Respuesta del gobierno de Uribe

En respuesta a los escándalos de la parapolítica, el gobierno de Uribe a menudo se ha pronunciado acerca de la importancia de la verdad y ha asignado fondos adicionales a la Corte Suprema para las investigaciones.382 Sin embargo, al mismo tiempo y en reiteradas oportunidades, ha tomado medidas que amenazan con frustrar las investigaciones y dejar sin sanción a los políticos vinculados con los paramilitares. En ocasiones ha proferido ataques públicos agresivos y peligrosos contra la Corte Suprema. Y cuando el gobierno tuvo la oportunidad de garantizar una reforma significativa del Congreso para remover o reducir la influencia paramilitar, optó en cambio por trabar la iniciativa de reforma. El gobierno también ha propuesto una reforma a la Constitución que le quitaría a la Corte Suprema la competencia para iniciar investigaciones contra congresistas en ejercicio, lo cual pondría en aun mayor riesgo las investigaciones de la parapolítica. 

Propuesta de excarcelación de “parapolíticos”

En abril de 2007, el presidente Uribe anunció una propuesta para liberar de prisión a todos los políticos que cumplían condenas por concierto con grupos paramilitares.383 La propuesta tuvo varias versiones a medida que se convirtió en gran tema de discusión pública por parte de Uribe y los miembros de su gabinete durante varias semanas, y el gobierno incluso llegó a anunciar que presentaría un proyecto de ley formal ante el Congreso en mayo o junio de 2007.384

Sin embargo, simultáneamente, la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos estaba adoptando una postura sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el ex candidato a presidente Al Gore habían expresado serias preocupaciones sobre los escándalos de la parapolítica.385 La propuesta de dejar en libertad a cómplices de los paramilitares era un golpe tan obvio a la justicia y a la desarticulación de la influencia paramilitar que seguramente se habría convertido en un importante obstáculo para la ratificación del TLC. En junio de 2007, el gobierno de Uribe simplemente abandonó la propuesta.386

Ataques contra la Corte Suprema

Desde que la Corte Suprema empezó con las investigaciones de la parapolítica, el Presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra la Corte, criticándola públicamente, llamando a determinados magistrados por teléfono, vertiendo acusaciones que han resultado ser infundadas en su contra e incluso denunciando penalmente a miembros de la Corte ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, que es controlada por sus partidarios.

Los primeros ataques se produjeron cuando la Corte resolvió, en julio de 2007, que el paramilitarismo no era un delito “político” al que se le podía aplicar el indulto. El presidente Uribe criticó públicamente y de manera agresiva la decisión, acusando a la Corte de tener un “sesgo ideológico”.387 Desde entonces, los ataques han continuado.

El escándalo de Tasmania

A comienzos de octubre de 2007 —pocos días después de que la Corte anunciara el llamado a indagatoria del Senador Mario Uribe— el Presidente Uribe comenzó a realizar declaraciones públicas en las cuales acusaba a la Corte Suprema de conspirar en su contra. 388 Concretamente, Uribe señaló que le preocupaban acusaciones hechas contra el Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez por el paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, quien estaba preso. En una carta firmada por Tasmania y dirigida al presidente un mes antes, el 11 de septiembre, se manifestaba que el Juez Velásquez le había ofrecido beneficios a Tasmania y a su familia a cambio de implicar a Uribe en el intento de asesinato contra el ex jefe de Tasmania, el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’.389

Sin embargo, tanto el contenido de las declaraciones de Uribe como el momento en que estas fueron expresadas hicieron sospechar que en realidad se trataba de un intento por intimidar y socavar la credibilidad de un investigador clave en las investigaciones de la parapolítica.

Velásquez goza de amplio reconocimiento por su larga trayectoria a cargo de importantes investigaciones sobre temas difíciles. Según informaron fuentes del sistema judicial, a Velásquez le corresponde gran parte del mérito de haber iniciado las investigaciones de la parapolítica, y de haber organizado el equipo de investigadores dentro de la Corte Suprema que impulsó dichas investigaciones. Así es que los medios de comunicación suelen referirse a él como “el investigador estrella del caso de la parapolítica”. Al momento en que Uribe realizó las declaraciones, Velásquez estaba coordinando al equipo de investigadores a cargo de las investigaciones de la parapolítica en la Corte.390

Velásquez efectivamente se había reunido con Tasmania en Medellín el 10 de septiembre. Luego se supo que el presidente se enteró de inmediato de la reunión por su hermano Santiago Uribe, quien supuestamente es amigo cercano y vecino del abogado de Tasmania, Sergio González.391 El Presidente Uribe había llamado al Magistrado Velásquez el mismo día que se envió la carta, el 11 de septiembre, para preguntarle acerca de lo dicho por Tasmania, pero hizo pública la carta recién casi un mes después. El gobierno de Uribe explicó que esperaron para hacer pública la carta a que el Presidente recibiera la confirmación del DAS con respecto a la autenticidad de la huella dactilar y el número de cédula de ‘Tasmania”.392

De acuerdo con Velásquez, cuando Uribe lo llamó la noche del 11 de septiembre, Velásquez le explicó abiertamente que, efectivamente, se había reunido con Tasmania el día anterior, pero que no se había mencionado al presidente y que, de cualquier modo, como magistrado de la Corte Suprema, no tiene competencia para investigar al presidente, lo cual es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.393 Las declaraciones de Velásquez fueron corroboradas por la fiscal de Medellín, Ana Elena Gutiérrez, quien era responsable de investigar a Tasmania y participó en la entrevista junto con el Juez Velásquez.394

El 18 de junio de 2008, Tasmania se retractó públicamente de sus acusaciones contra Velásquez y dijo que la carta había sido parte de un montaje para desacreditar al magistrado. Dijo que el montaje fue impulsado por su abogado Sergio González y un importante narcotraficante conocido como Juan Carlos Sierra, ‘El Tuso’, quien también era cliente de González y quien, de acuerdo con los medios de prensa, supuestamente habría tenido algunos negocios de tierras con el Senador Mario Uribe.395

De acuerdo con la revista Semana, El Tuso le habría ofrecido una importante suma de dinero a Tasmania si desprestigiaba la imagen de Velásquez; sin embargo, la extradición de El Tuso a Estados Unidos en mayo de 2008 impidió completar el pago, y Tasmania se retiró del pacto.396 Desde entonces, tanto Tasmania como el jefe paramilitar “Ernesto Báez” han dicho que el hermano del Presidente, Santiago Uribe, y su primo, Mario Uribe, estaban de algún modo involucrados en un plan para deslegitimar las investigaciones de la Corte Suprema sobre el escándalo de la parapolítica.397

En una declaración grabada y realizada en presencia del Juez Velásquez, Tasmania declaró que tenía mucho miedo de ser asesinado, que había firmado la carta dirigida al Presidente Uribe sin comprender su contenido y que, a cambio de hacerlo, su abogado le había dicho que recibiría una vivienda para su madre y algo de dinero, y que se le permitiría ingresar al proceso de la Ley de Justicia y Paz. Tasmania también dijo que Sergio González le había dicho que Mario Uribe y Santiago Uribe lo ayudarían.398

Luego de la retractación de Tasmania, la Fiscalía General de la Nación cerró su investigación sobre Velásquez, y ordenó que se investigara a Tasmania, Sergio González y a un ex paramilitar, Eduin Guzmán, por el montaje.

Al cerrar el caso, el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán señaló que se había tratado de “una patraña contra la Corte Suprema de Justicia, que incluyó un engaño al Presidente de la República”.399

Pese a las declaraciones de Tasmania, la Fiscalía General de la Nación no ha ordenado que se investigue el rol que pudieron haber tenido Mario y Santiago Uribe en el montaje. En una entrevista con Human Rights Watch, Iguarán expresó que no podía realizarse tal investigación ya que los nombres de Mario y Santiago Uribe no figuraban en el expediente y que, por lo tanto, los fiscales no tenían fundamentos para investigarlos.400 Human Rights Watch no ha tenido acceso directo a las declaraciones oficiales de Tasmania ante los fiscales, que tienen carácter confidencial. Sin embargo, si son ciertos los informes periodísticos que indican que Tasmania efectivamente implicó a Mario y Santiago Uribe frente a investigadores de la Fiscalía, no quedaría claro por qué no se ha iniciado una investigación de tales declaraciones.

Denuncias de difamación contra el Presidente de la Corte Suprema César Julio Valencia

Además de las acusaciones de “Tasmania”, el Presidente Uribe ha atacado en reiteradas oportunidades al Magistrado César Julio Valencia, quien se desempeñó como presidente de la Corte Suprema hasta los primeros meses de 2008, y es miembro de la sala civil de la Corte. Uribe calificó públicamente a Valencia de “farsante” en la radio, en octubre de 2007.401 Y muy poco después de que la Corte abriera investigación formal contra Mario Uribe, el Presidente Uribe no sólo empezó a realizar declaraciones públicas en contra de Velásquez por las acusaciones de Tasmania, sino que además llamó personalmente al Magistrado Valencia desde Nueva York. En una entrevista posterior, Valencia manifestó que durante la llamada, Uribe expresó “su disgusto por algunas decisiones que venía tomando [la sala penal] y, en términos no muy claros, alcanzó a referirme otros hechos relacionados con algunas actuaciones de un magistrado auxiliar”.402 Cuando se le preguntó específicamente si Uribe se “refirió concretamente al caso de su primo”, Valencia dijo “sí”.  Uribe reconoció que efectivamente llamó a Valencia el mismo día de la apertura de la investigación, pero alega que jamás preguntó sobre el caso de Mario Uribe. Después de la entrevista de Valencia, Uribe radicó una denuncia penal contra Valencia por calumnias e injurias.403

La denuncia presentada por Uribe contra el Magistrado Valencia está siendo investigada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de la Nación, conformada en su mayoría por representantes de los partidos de la coalición de Uribe en el Congreso.404

A mediados de 2008, dos funcionarios del gobierno de Uribe anunciaron que iban a presentar más denuncias penales contra miembros de la sala penal de la Corte Suprema. Decidieron radicar las denuncias poco después de que la Corte dictó una sentencia en la cual condenaba a una ex congresista, Yidis Medina, luego de que esta reconociera haber recibido sobornos de funcionarios del gobierno de Uribe para votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.405 De acuerdo con Medina, dos miembros del gabinete de Uribe, Diego Palacios y Sabas Pretelt, se habían acercado a ella y al Congresista Teodolindo Avedaño días antes de una votación crucial sobre la reelección en una comisión que ambos integraban.406 Medina declaró que Palacios y Pretelt le habían prometido dinero y el nombramiento en cargos públicos de varias personas de su entorno, a cambio de su voto a favor del proyecto de reelección.407 Después de la sentencia, en una conferencia de prensa con el Presidente Uribe, Palacios negó tajantemente todas las denuncias vertidas en su contra por la Procuraduría General de la Nación. Manifestó que la Corte había realizado afirmaciones falsas e injuriosas, que denunciaría ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. 408 Al mismo tiempo, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que estaba radicando una denuncia ante la misma Comisión contra los magistrados por presuntos nexos con narcotraficantes.409

Paramilitares en el Palacio Presidencial

La revista Semana ha revelado que el 23 de abril de 2008, Diego Álvarez, el abogado de Don Berna, ingresó al Palacio Presidencial junto con Antonio López (alias “Job”). Job era un socio cercano de Don Berna y, según Semana, era considerado un miembro activo de la Oficina de Envigado, una poderosa agrupación mafiosa en Medellín.410 Efectivamente, Human Rights Watch recibió durante meses información que vinculaba a Job con actividades delictivas, entre ellas presuntos asesinatos, en la Comuna 8 de Medellín.

En el Palacio, Job y Álvarez se reunieron con Edmundo del Castillo, Secretario Jurídico del Presidente, y con César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa de la Presidencia. El Secretario de Prensa Velásquez ha reconocido haberse reunido con Álvarez en dos ocasiones anteriores. Durante la reunión, Job entregó a los funcionarios grabaciones en audio y video que parecían tener el objeto de desacreditar a la Corte y al Juez Iván Velásquez.411

En una de las grabaciones que Job supuestamente les entrego a funcionarios de Palacio el 23 de abril, el abogado Henry Anaya conversa con Álvarez y afirma ser un representante de la Corte Suprema. Anaya propone ayudar a Berna a cambio de información y declaraciones. También parece solicitar dinero. En realidad, Anaya no tiene ningún vínculo formal con la Corte, pese a que se ha reunido con miembros de la Corte en el pasado. Según Semana, “cuando el jefe paramilitar, su abogado y otros... diseñaron la estrategia de hacer grabaciones clandestinas, sabían que una de las formas más eficaces y rápidas de enlodar a la Corte era usando a Anaya. Los hombres de 'Berna' conocían de las buenas relaciones y la amistad que Anaya tenía con algunos magistrados de la Corte y por eso lo contactaron, según le comentó a Semana uno de los hombres artífices del complot”.

Anaya conocía al Magistrado Iván Velásquez, ya que anteriormente le había presentado posibles testigos. A pedido de Anaya y del abogado de Berna, Velásquez asistió a algunas reuniones con ellos, para analizar la posible colaboración de Berna en los casos de la parapolítica. En las reuniones, el abogado de Berna le dijo a Velásquez que su cliente estaba dispuesto a colaborar en algunas investigaciones a cambio de ciertos beneficios. La respuesta de Velásquez en la grabación es tan sólo una explicación de los beneficios legales disponibles.

Inmediatamente después de la reunión, Semana informó que Job realizó diversas llamadas a uno de sus socios y a Don Berna (quien se encontraba en la prisión de La Picota), e informó que todo había salido “muy bien” en la “Casa de Nari” (Casa de Nariño es el nombre oficial del Palacio).

Luego de la publicación del artículo de Semana, el Presidente Uribe señaló que la razón por la que no había prohibido la reunión con el abogado de Berna y con Job era que el Palacio Presidencial estaba dispuesto a recibir la información que cualquier ciudadano tuviera sobre cuestiones de interés público. Además, señala, la Presidencia no denunció la información entregada por Job y el abogado de Berna ante la Fiscalía General de la Nación o ninguna otra autoridad competente debido a que el DAS aún estaba realizando la transcripción de las grabaciones. Además, afirmó Uribe, habían concluido que la información era “irrelevante”. Sin embargo, Semana informa que una fuente en el Palacio Presidencial sí llegó a filtrar supuestas transcripciones de algunas grabaciones a un medio de comunicación.412

Semana indica que tuvo acceso a las grabaciones y a las transcripciones que los funcionarios del Palacio Presidencial filtraron al medio de comunicación.  Según Semana, “a pesar de que las grabaciones tienen pedazos inaudibles, las transcripciones hechas en el Palacio de Nariño tienen partes que no están en los audios. Las transcripciones que Palacio filtró a la prensa tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en las grabaciones”.413

Uno de los hechos llamativos es el momento en que se produjo la reunión. A mediados de abril de 2008, Don Berna declaró por primera vez ante la Corte, y señaló que tenía “conocimiento de algunos vínculos de algunos políticos del país” con los paramilitares, pero pidió que le permitieran reunirse con algunos miembros de su organización antes de ofrecer información pormenorizada. La Corte le concedió esta solicitud, y se organizó una reunión para que Berna hablara con sus socios el 24 de abril, un día después de que Job y el abogado de Berna estuvieran en la Casa de Nariño. Cuando Berna fue llamado a declarar nuevamente ante la Corte a fines de abril, se negó a ampliar sus declaraciones anteriores.414 El orden de estos sucesos despierta interrogantes acerca de por qué, luego de la reunión en la Casa de Nariño, Berna cambió de opinión y decidió no hablar sobre los políticos. Pocos días después, Berna fue extraditado a los Estados Unidos.

Además, en sus declaraciones públicas acerca de la reunión, los funcionarios del gobierno de Uribe no mencionaron durante dos semanas un hecho que fue posteriormente revelado por Semana: que otras dos personas habían asistido a la reunión con Job en la Casa de Nariño. Estas personas eran Juan José Chaux, el entonces embajador colombiano en la República Dominicana, y Oscar Iván Palacio, un abogado ligado a actividades de lobby que había trabajado con el Presidente Uribe cuando este era Gobernador de Antioquia. En un comunicado de prensa, el gobierno de Uribe reconoció posteriormente que Chaux y Palacio también habían asistido a la reunión.415

Corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones del Congreso investigar estos sucesos.  Sin embargo, Job ya no podrá declarar. El 28 de julio de 2008, fue asesinado a balazos por dos hombres mientras se encontraba comiendo en un restaurante del próspero distrito de Las Palmas, en la carretera entre el aeropuerto de Rionegro y Medellín. Según Semana, Job tenía numerosos enemigos —entre ellos, “Don Mario”, perteneciente a un grupo armado rival— y tal vez incluso el mismo Don Berna. Se encontró una carta junto al cuerpo de Job que supuestamente sugiere que Job podría haber estado mintiendo a Berna sobre gastos vinculados con sobornos y pagos a abogados, para engrosar sus propias cuentas.416

Efecto sobre los jueces

La Corte Suprema se ha mantenido firme ante las reiteradas acusaciones y ataques proferidos por algunos funcionarios del gobierno de Uribe. En agosto, emitió un comunicado en el cual expresaba su preocupación acerca de cómo:

De manera recurrente, sistemática e inclusive, orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos, orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o a minar su credibilidad. Y lo más grave de todo esto es que, esas maquinaciones hacen eco o son difundidas por personas que por su investidura están llamadas, como ninguna otra, a cooperar con los jueces, a respaldar sus determinaciones y a velar porque éstas se cumplan, a riesgo de que toda la institucionalidad democrática del País naufrague.417

En un seminario que se desarrolló recientemente, el actual Presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, agregó —en alusión a la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla en 1986 en la que murieron todos los miembros de la Corte de aquel entonces— que “la Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad”.418

Sin embargo, es razonable que los constantes ataques y campañas se hagan sentir sobre los Jueces que tramitan estas investigaciones, muchos de los cuales han transcurrido toda su carrera profesional en el sistema de justicia de Colombia y podrían renunciar a sus cargos con tanta facilidad. En una entrevista concedida recientemente a El Tiempo, el Juez Iván Velásquez se refirió a la posibilidad de renunciar en los siguientes términos: “Ya es bastante. No es justo, no hay derecho a que por un servicio que creo estar prestando adecuadamente, que implica dedicación permanente y que afecta la familia, la vida personal y la tranquilidad, haya una constante persecución, intentos permanentes de ataques”.419

Algunas fuentes cercanas a la Corte Suprema y sus miembros expresaron a Human Rights Watch que los ataques verbales proferidos por el gobierno en varias oportunidades contra los Magistrados han tenido un grave impacto en el bienestar de varios de ellos, quienes actualmente viven con el constante temor de convertirse en las próximas víctimas de acusaciones falsas. Algunos de ellos también temen por su seguridad personal.420 El Magistrado Iván Velásquez ha solicitado medidas cautelares para garantizar su seguridad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.421

Oposición a una reforma eficaz del Congreso

A mediados de 2008, el gobierno de Uribe trabó un prometedor proyecto de ley diseñado para reformar el Congreso y eliminar o reducir la influencia paramilitar.

Con un 20 por ciento del Congreso investigado por vínculos con los paramilitares y 33 congresistas ya presos, urgía adoptar alguna medida para restablecer la credibilidad de la legislatura, que a principios de junio tenía un índice de confianza pública del 14,7 por ciento.422

En 2007, la Senadora colombiana Gina Parody propuso el proyecto de ley de la “silla vacía”, diseñado para imponer sanciones a los partidos políticos cuyos miembros fueran detenidos por colaborar con grupos armados ilegales. El punto principal del proyecto consistía en prohibir a los partidos la posibilidad de simplemente reemplazar a los miembros del Congreso detenidos por mantener vínculos con grupos armados ilegales con otros políticos del mismo partido. En otras palabras, si un congresista fuera capturado por vínculos con paramilitares, su silla quedaría vacía; su partido no podría nombrar a un sustituto, como lo hace normalmente.423

El proyecto de ley fue redactado en respuesta a una conclusión clave a la cual arribaron los diversos estudios sobre la parapolítica: que la influencia paramilitar a menudo está vinculada no sólo con un político en particular que llega a un acuerdo con los paramilitares, sino también con el propio partido.424 De acuerdo con el procedimiento habitual, cuando un congresista deja su curul, simplemente es reemplazado por el siguiente nombre en la lista de su partido.425 Por consiguiente, simplemente reemplazar a los congresistas encarcelados por vínculos con los paramilitares con otros miembros de sus partidos que pueden haberse beneficiado de los mismos vínculos, significaba que la influencia paramilitar en el Congreso podía permanecer relativamente intacta.426

Como explicó Claudia López, la reforma de la silla vacía es necesaria porque:

Los partidos son vehículos usados por los paramilitares para promover sus candidatos, porque los partidos, a diferencia de las personas, no tienen costos por aliarse con criminales. Los congresistas pueden terminar en la cárcel, en cambio los partidos siguen recibiendo financiación, publicidad, y manteniendo la misma representación electoral, la obtengan lícitamente o con apoyo de criminales. Es lo que en la teoría económica se llamaría “riesgo moral”.  Sin medidas como la silla vacía y  otras, los partidos seguirán teniendo “incentivos” para correr el riesgo ético de aliarse con criminales porque no sufren ningún costo real. Con la reforma se distribuían los costos de un acto ilegal entre el partido, a quien se le asignaba una responsabilidad política, y al elegido, a quien se le puede imputar una responsabilidad penal. 

Por lo demás, la legislación colombiana le concede a los partidos múltiples ventajas para ser los canales de representación política como por ejemplo que las curules no le pertenece al elegido sino al partido. Si se comprueba que tal representación no se obtuvo  legítimamente, no debe pertenecerle ni a la persona ni al partido.427

Sin embargo, la iniciativa finalmente fracasó tras la fuerte oposición a la reforma por parte del gobierno de Uribe, dado que su mayoría en el Congreso está compuesta, en gran medida, por partidos cuyos miembros están siendo investigados en el escándalo de la parapolítica. 428 Del 20 por ciento del Congreso que está siendo investigado, casi todos son miembros de la coalición de Uribe.429 El entonces Ministro del Interior, Carlos Holguín, manifestó abiertamente que se oponía a la propuesta de reforma de la “silla vacía” porque el gobierno no estaba dispuesto a perder las mayorías en el Congreso. En palabras de Holguín, “la iniciativa pone la composición del Congreso en las manos de un juez”.430

Recientemente, el gobierno de Uribe ha propuesto un proyecto de reforma política que incluye medidas similares a la propuesta de la silla vacía, pero se aplicaría solamente para las vacantes que se den a partir de la fecha de aprobación del proyecto—es decir, a partir del 2009 ó 2010.431 Como consecuencia, no abordaría el problema actual de que los partidos simplemente reemplazan a los políticos que han sido capturados por vínculos con paramilitares con otros miembros del mismo partido.

Según el Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, la medida de la silla vacía no puede aplicarse a los casos anteriores, dado que los que reemplazaron a los congresistas que renunciaron ya adquirieron derechos.432 Sin embargo, esta explicación no da respuesta al contundente argumento de Claudia López de que si un partido obtuvo una curul en forma ilegítima, mediante la cooperación con los paramilitares o por otros medios ilícitos, no tiene derecho a conservar esa curul y, por el contrario, su conducta debe ser sancionada.

Propuesta de reforma judicial

En julio de 2008, el gobierno de Uribe anunció una propuesta para implementar una serie de reformas constitucionales que podrían significar un golpe fatal para las investigaciones de la parapolítica.

Entre las reformas propuestas por Uribe, se incluye una disposición que retiraría la facultad de investigar a los miembros del Congreso de la competencia de la Corte Suprema. En cambio, serían juzgados ante un tribunal local de Bogotá, y la Corte Suprema sólo tramitaría las apelaciones. Posteriormente, se modificó la propuesta para que el juicio esté a cargo de la Sala Criminal de la Corte Suprema y se transfiera la facultad de investigación a la Fiscalía General de la Nación.433

El gobierno ha justificado las reformas propuestas invocando dos derechos básicos del debido proceso: el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial, independiente del órgano que los investiga; y el derecho a la doble instancia.434 Actualmente, la sala penal de la Corte Suprema investiga y juzga a los congresistas. No hay segunda instancia para apelar sus decisiones.

Estos son problemas importantes que se deben abordar. Sin embargo, hay otras soluciones que no pondrían en peligro las investigaciones de la parapolítica y no requerirían retirarle a la Corte Suprema su competencia sobre las investigaciones iniciales.

El Ministro del Interior Valencia Cossio expresó a Human Rights Watch que la propuesta del gobierno se diseñó “en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordena separar el juzgamiento de la investigación”.435 No obstante, la propuesta formulada por el gobierno no es coherente con la sentencia de la Corte, que exhortaba al Congreso colombiano a dictar una ley —sin reformar la Constitución— para que “dentro de la misma Corte Suprema, se separen las funciones de investigación y juzgamiento” de los congresistas.436 Lo mismo podría hacerse con respecto a las apelaciones, dado que la Constitución de Colombia dispone que la Corte Suprema puede dividirse en tantas salas como determine la ley, y se pueden asignar diversas funciones a las salas o jueces específicos. Por lo tanto, en lugar de reformar la Constitución y retirarle a la Corte Suprema la facultad de investigar, el Congreso podría fácilmente sancionar una ley para asignar las funciones de investigación, juzgamiento y apelación a diversas salas o paneles de la Corte.  Por ejemplo, la ley podría asignar las investigaciones a un panel de jueces con competencia para investigar de la sala penal, el juzgamiento a otro panel y la apelación a una sala de apelaciones ad hoc conformada por jueces que normalmente ejercen en la sala civil o laboral de la Corte.

Cuando Human Rights Watch consultó al Ministro Valencia Cossio sobre la posibilidad de resolver el problema en la forma sugerida precedentemente, reconoció que crear diferentes salas y dividir las funciones dentro de la misma Corte Suprema era una opción viable. En sus propias palabras, la propuesta del gobierno “no tiene inamovibles ni dogmas”. Sin embargo, cuando se le inquirió acerca de por qué el gobierno no cambiaba simplemente su propuesta de este modo, señaló que el gobierno ya había hecho su propuesta, y que le tocaba a la Corte hacer una contrapropuesta: “Ellos se han opuesto pero no han propuesto”, manifestó.437

En vista del riesgo de que la propuesta frustre las investigaciones actuales y futuras sobre la parapolítica, el propio gobierno debería reformar la propuesta, en vez de atribuir la culpa a la Corte.

Si estas reformas se aprueban, es posible que afecten no sólo a los casos futuros, sino también a las investigaciones ya iniciadas por la Corte Suprema. Valencia Cossio expresó a Human Rights Watch que la propuesta del gobierno establecería específicamente que las reformas no tendrían efecto retroactivo, por lo que no se aplicarían a miembros del congreso que ya estuvieran siendo investigados por la Corte Suprema. 438 Sin embargo, otros expertos constitucionales consultados por Human Rights Watch advirtieron que muchos acusados invocarían el principio constitucional de la favorabilidad y presentarían apelaciones exigiendo que se les dispense el tratamiento más favorable establecido en las nuevas reformas. 439

Si bien la propuesta ha sido modificada desde que Uribe la describiera por primera vez, al momento de la elaboración del presente informe los aspectos más inquietantes de la propuesta se mantenían vigentes, en tanto comenzaba su tratamiento en el Congreso Colombiano.




295 La Cámara de Representantes tiene la atribución de acusar “al Presidente de la República… a los Magistrados de [los más altos tribunales], y al Fiscal General”; y al Senado le corresponde conocer de estos casos, “aunque [los funcionarios en cuestión] hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos”. Constitución de Colombia, arts. 174, 178.

296 “Osorio Devastó la Fiscalía”, El Espectador, 8 de enero de 2008 http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/judicial/articuloimpreso-osorio-devasto-fiscalia (consultado el 21 de marzo de 2008).

297 Margarita Martínez, “Colombia Paramilitary Boss Speaks Out” [Habla jefe paramilitar colombiano], Associated Press, 13 de febrero de 2002.

298 “Congreso, en la Mira Para”, El Tiempo, 17 de marzo de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1349513 (consultado el 15 de agosto de 2008).

299 “Habla Vicente Castaño”, Semana, 5 de junio de 2005, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=87628 (consultado el 30 de abril de 2008).

300 “Gracias a denuncia formulada por López Obregón, corte llama a declarar a Castaño y a Mancuso”, sin fecha, http://www.claraLópez.net/ClaraLópez/Columnas/nota1.htm (consultado el 18 de marzo de 2008).

301 Entrevistas de Human Rights Watch, Bogotá, diciembre de 2007.

302Claudia López, “Los ‘héroes’ que no se han reinsertado”, Semana, 9 de septiembre de 2005, edición 1239.

303 Ibíd.

304 “¿Cuándo renunciará?” Semana, 8 de abril de 2006, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93809 (consultado el 14 de agosto de 2008).

305 “40 congresistas firmaron compromiso político con Autodefensas, reconoce Miguel de la Espriella”, El Tiempo, 27 de noviembre de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3342872 (consultado el 15 de agosto de 2008); “Así se ‘Tejió El Pacto Secreto de 2001 en Santa Fe de Ralito”, El Tiempo, 21 de enero de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2364267 (consultado el 15 de agosto de 2008).

306 La Constitución de Colombia dispone que la Corte Suprema tiene la atribución de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Sin embargo, si los acusados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, la Corte Suprema sólo podrá seguir investigándolos por las conductas punibles que “tengan relación con las funciones desempeñadas”. Constitución de Colombia, art 235. En la mayoría de los casos en que los congresistas renunciaron, la Corte ha considerado que los delitos investigados no tenían relación con su función pública como congresistas.

307 “Renunció la canciller María Consuelo Araújo, por escándalo de 'parapolítica',” El Tiempo, 19 de febrero de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3444516 (25 de septiembre de 2008).

308 Despacho del Vicefiscal General de la Nación, Expediente S.I. 032: Álvaro Araújo Castro, 18 de enero de 2008.

309 Ibíd.

310 Ibíd.

311 Venezuela dice que la extradición de Araújo a Colombia podría tardar ‘semanas,’ EFE, Sept. 8, 2008. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General Mario Iguarán, 2 de octubre de 2008.

312 Sibylla Brodzinsky, “Los escándalos afectan a Uribe en Washington”, El Nuevo Herald, 25 de abril de 2008, http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/story/195721.html (consultado el 25 de septiembre de 2008).

313 Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema, Radicado 11.499-8: Mario Uribe Escobar, Situación Jurídica, 21 de abril de 2008.

314 Nelson Parra, “Senador Mario Uribe fue capturado luego de que Costa Rica le negó asilo”, El Tiempo, 22 de abril de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4114040 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

315 Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema, Radicado 11.499-8: Mario Uribe Escobar, Situación Jurídica, 21 de abril de 2008.

316 Ibíd.

317 Antonio Rafael Sánchez, un periodista que, según Mancuso, se encontraba presente en la segunda reunión con Mario Uribe, declaró que no asistió a dicha reunión. Por el contrario, afirma haber visto a Uribe y Pineda llegar juntos al rancho de Mancuso en 2002 en el momento en que él partía de allí. Sin embargo, el fiscal señala que Sánchez desapareció el día que debía rendir su declaración, y que recién pudo ser entrevistado luego de que los investigadores lo ubicaran esa noche. El fiscal también dice que Sánchez parece querer complacer a todos: concuerda con Mancuso en que se realizó la reunión, pero concuerda con Mario Uribe y Pineda en lo referente a las fechas. Ibíd.

318 Ibíd.

319 “Condenada Rocio Arias”, Semana.com, 16 de julio de 2007, http://semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113636 (consultado el 25 de septiembre de 2008);”Asesinan a Polo Bautista Pineda, hermano de la ex congresista Eleonora Pineda”, El Tiempo, 5 de octubre de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3754278 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

320 “EU mete mano a las listas”, El Tiempo, 3 de febrero de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1904478 (consultado el 25 de septiembre de 2008). Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos negó que se hubieran examinado las listas de los partidos. “E.U. Niega Presión A Partidos”, El Tiempo, 4 de febrero de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1905588 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

321 “Asesinato de hermano de Eleonora Pineda estaría relacionado con sus declaraciones, afirma abogado”, El Tiempo, 6 de octubre de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3755581 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

322 Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema, Radicado 11.499-8: Mario Uribe Escobar, Situación Jurídica, 21 de abril de 2008.

323 Ibíd.

324 Ibíd.

325 Ibíd.

326 Despacho del Vicefiscal General de la Nación, Expediente S.I. 042: Mario Uribe Escobar, 19 de agosto de 2008.

327 Ibíd.

328 “Por qué renuncié”, Semana, 30 de agosto de 2008, http://www.semana.com/noticias-nacion/renuncie/114952.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2008).

329 Carta de Sandra Castro, Directora de la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación, a Francisco Etcheverry, Director de Asuntos Internacionales, en respuesta a las preguntas realizadas por Human Rights Watch, 3 de abril de 2008.

330 “Pedirán en extradición a ex subdirector del DAS en Santa Marta por crimen de Correa de Andreis”, El Tiempo, 23 de abril de 2008, http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-24/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4118617.html (consultado el 28 de abril de 2008).

331 Ibíd.

332 “Los 40 principales”, Semana, 8 de septiembre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=106114 (consultado el 28 de abril de 2008).

333 “Por la para-política, el Senador Dieb Maloof también renunció al fuero parlamentario”, Noticias RCN, 9 de octubre de 2007, http://noticiasrcn.com.co/content/la-pol%C3%ADtica-senador-dieb-maloof-tambi%C3%A9n-renunci%C3%B3-al-fuero-parlamentario (consultado el 21 de marzo de 2008).

334 Entrevistas de Human Rights Watch (nombres reservados), Bogotá, febrero de 2008.

335 Ibíd.

336 “Salomon Saade encabezó lista al Congreso por orden de ‘Jorge 40’, dijo ex jefe de informática del DAS”, El Tiempo, 31 de enero de 2007. “Las nuevas revelaciones de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, sobre la parapolítica”, Cambio, Edición 700, 27 de noviembre de 2006, http://www.cambio.com.co/portadacambio/700/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3381919.html (consultado el 21 de marzo de 2008).

337 Entrevistas de Human Rights Watch (nombres reservados), Bogotá, febrero de 2008.

338 “Cuatro años y nueve meses de cárcel pagará el ex senador Dieb Maloof por parapolítica”, El Tiempo, 15 de enero de 2008.

339 “Senador Jorge Castro renuncia al Congreso”, Noticias RCN, 14 de febrero de 2008, http://noticiasrcn.com.co/content/senador-jorge-castro-renuncia-al-congreso (consultado el 21 de marzo de 2008).

340 “A indagatoria Jorge Castro por parapolítica”, El Espectador, 8 de febrero de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-indagatoria-jorge-castro-parapolitica (consultado el 21 de marzo de 2008).

341 “A indagatoria tres congresistas por parapolítica”, El Espectador, 11 de marzo de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-indagatoria-tres-ex-congresistas-parapolitica (consultado el 15 de agosto de 2008).

342 Ibíd.

343 Carta al Fiscal General Mario Iguarán de Gina María Parody, Senadora de la República de Colombia, 12 de agosto de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-13/texto-de-la-carta-de-gina-parody-la-fiscal-general-de-la-nacion_4443153-1 (consultado el 28 de agosto de 2008).

344 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General Mario Iguarán, 2 de octubre de 2008.

345 Carta al Fiscal General Mario Iguarán de la Sala Penal de la Corte Suprema, 23 de enero de 2008. “Habla la Fiscal Destituida”, El Espectador, 19 de marzo de 2008.

346 Ibíd.

347 Entrevistas de Human Rights Watch (nombres reservados), Bogotá, julio de 2008.

348 “El DAS en el Fogón”, El Tiempo, 17 de octubre de 2005, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1808313 (consultado el 15 de agosto de 2008). “Condenaron al ex jefe de informática del DAS, Rafael García, a 18 años de prisión”, El Tiempo, 24 de octubre de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3297595 (consultado el 15 de agosto de 2008). “Las Pruebas Clave que Llevaron a Juicio al ‘Ventilador’ del DAS”, El Tiempo, 20 de abril de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1993645 (consultado el 15 de agosto de 2008).

349 “La Fiscalía acusa a Jorge Noguera de haber puesto el DAS al servicio de los paras”, Semana, 1 de febrero de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109123 (consultado el 15 de agosto de 2008).

350 “US revokes the visa of former DAS director” [Estados Unidos cancela la visa del ex director del DAS], Servicio de Noticias EFE, 28 de abril de 2008.

351 Frank Bajak, “Colombian president attacks the press,” [Presidente Colombiano ataca a la prensa], Associated Press, April 17, 2008; “‘Uribe Intimida a la Prensa’: Ong”, El Tiempo, 17 de abril de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1989635 (consultado el 15 de agosto de 2008). Human Rights Watch, “Uribe debe cesar ataques contra los medios de comunicación”, 17 de abril de 2006, http://www.hrw.org/english/docs/2006/04/17/colomb13196.htm (consultado el 15 de agosto de 2008).

352 “‘Si Él Se Equivocó, Debe ir a La Cárcel’, Dice Uribe”, El Tiempo, 11 de abril de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1985228 (consultado el15 de agosto de 2008). “Noguera Renunció Tras Cita a Indagatoria”, El Tiempo, 9 de mayo de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2016268 (consultado el 15 de agosto de 2008).

353 “La Captura de Noguera”, El Tiempo, 24 de febrero de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2398163 (consultado el 5 de agosto de 2008).

354 Carta de Mauricio González, Secretario Jurídico de la Presidencia, en respuesta a pedidos de información de un ciudadano, 18 de abril de 2007. Carta de Mauricio González, Secretario Jurídico de la Presidencia, en respuesta a pedidos de información de un ciudadano, 11 de mayo de 2007.

355 Ibíd.

356 “Noguera se Incrustó en las AUC: Fiscalía”, El Tiempo, 11 de marzo de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2412275 (consultado el 5 de agosto de 2008).

357 “Datos Borrados De Un Ex Jefe Paramilitar Enredan A Noguera”, El Tiempo, 24 de noviembre de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2289489 (consultado el 5 de agosto de 2008).

358 Sentencia de la Procuraduría General de la Nación contra Jorge Aurelio Noguera Cotes y Giancarlo Auqué, 14 de noviembre de 2007. La sentencia lo inhabilita a Noguera para ejercer cargos públicos durante 18 años.

359 “Llaman a juicio al ex director del DAS Jorge Noguera por presuntos vínculos con paramilitares”, El Tiempo, 1 de febrero de 2008, http://www.eltiempo.com/justicia/2008-02-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3941487.html (consultado el 18 de marzo de 2008).

360 “Noguera salió pero volverían a capturarlo”, El Tiempo, 24 de marzo de 2007.

361 “Carrerón en la Fiscalía para Devolver a Noguera a la Cárcel”, El Tiempo, 24 de marzo de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2426389 (consultado el 5 de agosto de 2008).

362 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, 15 de agosto de 2008.

363 “Corte Suprema ordena la libertad inmediata para Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS”, El Tiempo, 11 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4253084 (consultado el 5 de agosto de 2008).

364 Ibíd.

365 “Noguera Pide a la Corte Anular Pruebas en su Caso Breves,” El Tiempo, 21 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2983605 (consultado el 5 de agosto de 2008).

366 “Mientras Corte Resuelve Recusaciones, No Despega El Caso Contra Noguera”, El Tiempo, 24 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2987130 (consultado el 5 de agosto de 2008).

367 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General Mario Iguarán, 2 de octubre de 2008.

368 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, 15 de agosto de 2008.

369 Entrevista de Semana con Rafael García, puede descargarse en “¿Cuándo renunciará?” Semana, 8 de abril de 2006 http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93806, (consultado el 20 de marzo de 2008).

370 Ibíd.

371 Fiscalía General de la Nación, análisis interno sobre el Bloque Norte de las AUC, agosto de 2006, obtenido por Human Rights Watch.

372 “Extraditarán a ex DAS por Crimen de Correa De Andreis”, El Tiempo, 24 de abril de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2910160 (consultado el 5 de agosto de 2008).

373 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Acta de la Diligencia de Declaración Rendida por el Señor Rafael Enrique García Torres”, Bogotá, 21 de noviembre de 2006.

374 Ibíd.

375 Correo electrónico de Claudia López a Human Rights Watch, 26 de agosto de 2008.

376 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Acta de la Diligencia de Declaración Rendida por el Señor Rafael Enrique García Torres”, Bogotá, 21 de noviembre de 2006.

377 Ibíd.

379 Carta de Francisco Javier Echeverri Lara, Director de Asuntos Internacionales, Fiscalía General de la Nación, enviada a Human Rights Watch el 6 de mayo de 2008, a la cual se adjunta la carta de Carlos Fernando Espinosa Blanco, Secretario Administrativo, Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, a Francisco Javier Echeverri Lara, 25 de abril de 2008.

380 Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con el Fiscal General Mario Iguarán, 15 de agosto de 2008 y 2 de octubre de 2008.

381 Carta de Francisco Javier Echeverri Lara, Director de Asuntos Internacionales, Fiscalía General de la Nación, enviada a Human Rights Watch, 6 de mayo de 2008, a la cual se adjunta la carta de Carlos Fernando Espinosa Blanco, Secretario Administrativo, Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, a Francisco Javier Echeverri Lara, 25 de abril de 2008. Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con el Fiscal General Mario Iguarán, 2 de octubre de 2008.

382 “‘Ir por la verdad total’ reta Uribe”, El Tiempo, 18 de noviembre de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2282999 (consultado el 15 de agosto de 2008); “Corte Suprema tendrá su propio aparato de investigación para adelantar procesos de ‘parapolítica’”, El Tiempo, 20 de diciembre de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3373284 (consultado el 15 de agosto de 2008). Entrevistas de Human Rights Watch, Bogotá, diciembre de 2007 y febrero de 2008.

383 Entrevista del Presidente Álvaro Uribe Vélez, RCN Radio y La FM, 25 de mayo de 2007, http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2007/mayo/mayo_25_07a.htm (consultado el 21 de marzo de 2008). Carta de Human Rights Watch al Presidente Álvaro Uribe, 6 de junio de 2007, http://hrw.org/english/docs/2007/06/06/colomb16092.htm.

384 “Gobierno reconsideró decisión de proponer excarcelación total para ‘vinculados con paramilitares’”, El Tiempo, 28 de mayo de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3574636 (consultado el 30 de agosto de 2008).

385 “Colombia President Defends His Government: Rights Cases Threaten to Detail Trade Pact” [El presidente de Colombia defiende su gobierno: los casos sobre derechos humanos amenazan con frustrar el pacto de comercio], Washington Post, 5 de mayo de 2007, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/04/AR2007050402186.html (consultado el 4 de agosto de 2008). “Colombia President Denies Ties to Paramilitary Groups” [El presidente de Colombia niega nexos con grupos paramilitares], Washington Post, 2 de abril de 2007, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/20/AR2007042001277.html (consultado el 4 de agosto de 2008).

386 “El Gobierno frena proyecto de ley ante el Congreso para excarcelar a ‘parapolíticos’”, El Tiempo, 4 de junio de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3582432 (consultado el 4 de agosto de 2008).

387 “Uribe acusa a los magistrados de la Corte Suprema de ‘tener un sesgo ideológico’”, Semana, 27 de julio de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105229 (consultado el 4 de agosto de 2008).

388 “La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que ‘no hay complot’ y exige ‘respeto’ a su trabajo,” Semana, 9 de septiembre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106796 (consultado el 23 de julio de 2008).

389 “El Presidente Álvaro Uribe exige investigar el origen de un testimonio de un paramilitar que lo vincula con un asesinato”, Semana, 8 de octubre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106783 (consultado el 4 de agosto de 2008). Si bien el presidente no se refirió a este hecho en su comunicado de prensa, en la carta original Tasmania también manifiesta que Velásquez había intentado implicar al primo directo del presidente, Mario Uribe, en el apoyo a grupos paramilitares en la zona del suroeste de Antioquia. “Carta de Tasmania dirigida al presidente Uribe”, Semana, 9 de octubre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106784 (consultado el 4 de agosto de 2008). De hecho, Tasmania había sido detenido en el  suroeste de Antioquia, uno de los bastiones electorales de Mario Uribe. “La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que ‘no hay complot’ y exige ‘respeto’ a su trabajo”, Semana , 9 de octubre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106796 (consultado el 4 de agosto de 2008). Si bien Tasmania reconoció haber realizado un atentado contra ‘René’ en 2003, manifestó que no tenía nada que ver con el Presidente Uribe. “Abogado de ‘Tasmania’ da detalles de reunión con magistrado que pidió implicar a Uribe en atentado”, El Tiempo, 12 de octubre de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3764422 (consultado el 4 de agosto de 2008). En 2005, si bien se negó a participar en el proceso de desmovilización de su grupo, ‘René’ le había dicho al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, que Uribe había querido asesinarlo. René desacató las órdenes presidenciales en las cuales se exigía que todos los líderes de las AUC se presentaran en la prisión de La Ceja y fue finalmente detenido en junio de 2007. “Quienes son ‘René’ y ‘Tasmania’?” Semana, 9 de octubre de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106789 (consultado el 4 de agosto de 2008).

390 “¿Qué Hay Tras la Denuncia de Palacio Contra Investigador de la Corte?”, El Tiempo, 9 de octubre de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2684362 (consultado el 23 de julio de 2008).

391 “Hermano del Presidente Llevó la Razón de ‘Tasmania’ a Palacio”, El Tiempo, 14 de octubre de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2690503 (consultado el 23 de julio de 2008).

392 “Uribe Contra el Mundo”, Semana, 13 de octubre de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=106879 (consultado el 23 de julio de 2008).

393 “La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que ‘no hay complot’ y exige ‘respeto’ a su trabajo”, Semana, 9 de octubre de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106796 (consultado el 23 de julio de 2008).

394 “La Corte Suprema le dice al Presidente Uribe que ‘no hay complot’ y exige ‘respeto’ a su trabajo”, Semana, 9 de octubre de 2007, disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106796 (consultado el 23 de julio de 2008).

395 “Magistrado Tiene Grabación en la que Ex Paramilitar ‘Tasmania’ Se Retracta”, El Tiempo, 19 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2980689 (consultado el 24 de julio de 2008). “Hermano del Presidente Llevó la Razón de ‘Tasmania’ a Palacio”, El Tiempo, 14 de octubre de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2690503 (consultado el 23 de julio de 2008). “El Montaje”, Semana, 21 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112878 (consultado el 23 de julio de 2008). En una entrevista con los medios, el Juez Velásquez contó que González tenía una oficina en el mismo edificio en el cual se encuentra la oficina de Mario Uribe en Medellín; además, señaló que El Tuso Sierra era pariente de la esposa de Mario Uribe, y que la tía de Sierra era cuñada de Mario Uribe. Cecilia Orozco, “La Fiscalía se quedó a mitad de camino”, entrevista con Iván Velásquez, El Espectador, 9 de agosto de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-fiscalia-se-quedo-mitad-de-camino?page=1 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

396 “El Montaje”, Semana, 21 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112878 (consultado el 23 de julio de 2008).

397 “El ‘Boomerang’ de Tasmania”, Semana, 28 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=113138 (consultado el 23 de julio de 2008).

398 “Cronología de una Retractación,” El Espectador, 12 de julio de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-de-una-retractacion (consultado el 22 de julio de 2008); Cecilia Orozco, “La Fiscalía se quedó a mitad de camino,” entrevista con Iván Velásquez, El Espectador, 9 de agosto de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-fiscalia-se-quedo-mitad-de-camino?page=1 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

399 “Fiscalía Cierra Caso Contra Magistrado Iván Velásquez Por Señalamientos De ‘Tasmania’”, El Tiempo, 1 de agosto de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3037467 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

400 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, 15 de agosto de 2008.

401 “Presidente de la Corte Suprema alista su defensa contra Uribe”, El Espectador, 28 de enero de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-presidente-de-corte-suprema-alista-su-defensa-contra-uribe (consultado el 4 de agosto de 2008)

402 “El Presidente Confundió Mi Cortesía con Mis Deberes”, El Espectador, 14 de enero de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/actualidad/articuloimpreso-el-presidente-confundio-mi-cortesia-mis-deberes (consultado el 23 de julio de 2008).

403 “Álvaro Uribe denunciará por injuria al presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia”, El Tiempo, 18 de enero de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3924893 (consultado el 24 de julio de 2008).

404 “Sin Torcer el Brazo”, Semana, 29 de abril de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111437 (consultado el 24 de julio de 2008).

405 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal, Sentencia dictada en el Caso N° 22453 contra Yidis Medina Padilla, Bogotá, 26 de junio de 2008.

406 Ibíd. “Procuraduría Investiga a Posibles Cómplices de Cohecho”, Semana, 15 de mayo de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111839 (consultado el 23 de julio de 2008). “Tres Años y Medio de Condena a Yidis Medina”, Semana, 25 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112830 (consultado el 22 de julio de 2008).

407 “Procuraduría Abre Pliego de Cargos Contra Ministros Implicados en Yidispolítica”, Semana, 27 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113065 (consultado el 24 de julio de 2008).

408 “Uribe Increpa a Magistrados de la Corte por Supuesta Negligencia”, El Espectador, 27 de junio de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-uribe-increpa-magistrado-de-corte-supuesta-negligencia (consultado el 22 de julio de 2008).

409 “Presentan dos denuncias contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, El Tiempo, 27 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4350867 (consultado el 4 de agosto de 2008).

410 “El Complot de los Paras”, Semana, 23 de agosto de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114756 (consultado el 24 de septiembre de 2008).

411 Ibíd.

412 Ibíd.

413 Ibíd.

414 Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios que solicitaron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva, septiembre de 2008.

415 Presidencia de la República de Colombia, Comunicado de Prensa No. 164, 14 de septiembre de 2008, http://web.presidencia.gov.co/comunicados/2008/septiembre/164.html (consultado el 24 de septiembre de 2008). Semana obtuvo grabaciones de numerosas conversaciones telefónicas entre Job y Chaux que, según la revista, demuestran que luego de la reunión Job se convirtió “una especie de asesor del diplomático en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con el ex comandante paramilitar Éver Velosa, alias H.H.” “Job y el Embajador”, Semana, 13 de septiembre de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=115482 (consultado el 24 de septiembre de 2008).  En una de las grabaciones, Chaux aparentemente menciona haberse reunido en una oportunidad con HH, hecho que Chaux había negado anteriormente. Chaux luego renunció a su cargo como embajador.

416 “La Ultima Carta de Job”, Semana, 2 de agosto de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114145 (consultado el 24 de septiembre de 2008).

417 Corte Suprema de Colombia, comunicado de prensa, August 14, 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=114499 (consultado el  15 de agosto de 2008). 

418 “La estrategia de Palacio”, Semana, 6 de septiembre de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=115254 (consultado el 24 de septiembre de 2008).

419 Martha Elvira Soto y Jhon Jairo Torres, “En renunciar está pensando Iván Velásquez, magistrado 'estrella' de la parapolítica”, El Tiempo, 10 de agosto de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-10/en-renunciar-esta-pensando-ivan-velasquez-magistrado-estrella-de-la-parapolitica_4437692-1 (consultado el 10 de agosto de 2008).

420 Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios que solicitaron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva, Bogotá, septiembre de 2008.

421 Cecilia Orozco, “La Fiscalía se quedó a mitad de camino”, entrevista con Iván Velásquez, El Espectador, 9 de agosto de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-fiscalia-se-quedo-mitad-de-camino?page=1 (consultado el 25 de septiembre de 2008).

422 “Cómo se juega el ajedrez de la Reforma Política”, Semana, 2 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112009 (consultado el 13 de junio de 2008).

423 Proyectos y explicaciones disponibles en http://www.ginaparody.com/temas/senado/proyectos/curules_paras.htm (consultado el 28 de agosto de 2008).

424 “La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política de Antioquia, 1997 a 2007”, Claudia López, en Parapolítica, La Ruta de la Expansión Paramilitar y Los Acuerdos Políticos, Ed. Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio, Bogotá, 2007, pp. 226-232.

425 La Constitución establece que las faltas absolutas o temporales de congresistas, serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.  Constitución Politica de Colombia de 1991, Art. 134.

426 “Y después de la silla vacía, ¿qué?” El Tiempo, 1 de junio de 2008.

427 Correo electrónico de Claudia López a Human Rights Watch, 26 de agosto de 2008.

428 “Más días de agonía para la reforma política”, El Espectador, 5 de juniode 2008, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-mas-dias-de-agonia-reforma-politica (consultado el 23 de julio de 2008).

429 “De la sinceridad al cinismo”, El Tiempo, 3 de junio de 2008.

430 “Pelea por Inhabilidades”, El Espectador, 28 de mayo de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-pelea-inhabilidades (consultado el 4 de agosto de 2008).

431 Ministerio del Interior y de Justicia, Proyecto de Acto Legislativo No. 106 Cámara, 26 de agosto de 2008, arts. 10, 21.  “Buscan solución a los impedimentos para sacar adelante la reformas política y a la Justicia”, El Tiempo, 13 de agosto de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-13/buscan-solucion-a-los-impedimentos-para-sacar-adelante-la-reformas-politica-y-a-la-justicia_4442813-1 (consultado el 13 de agosto de 2008).

432 Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior y Justica de Colombia Fabio Valencia Cossio, Bogotá, 8 de septiembre de 2008.

433 Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Proyecto de Acto Legislativo 07/2008 Senado, 26 de agosto de 2008.

434 Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, “Exposición de Motivos al Proyecto de Acto Legislativo ‘por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones,” 26 de agosto de 2008, pp. 29-30.

435 Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior y Justica de Colombia Fabio Valencia Cossio, Bogotá, 8 de septiembre de 2008.

436 Corte Constitucional de Colombia, Comunicado No. 25: Sentencia C-545/08, 28 de mayo de 2008.

437 Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior y Justica de Colombia Fabio Valencia Cossio, Bogotá, 8 de septiembre de 2008.

438 Ibíd.

439 Entrevistas de Human Rights Watch con expertos en temas constitucionales (nombres reservados), septiembre de 2008.