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I. Resumen y recomendaciones

En Colombia, más que en casi cualquier otro país del hemisferio occidental, la violencia ha corrompido y socavado a la democracia. Muchas veces, los asesinatos y las amenazas —en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático— son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país. Esto se manifiesta con mayor evidencia en la relación entre los grupos paramilitares e importantes sectores del sistema político, las fuerzas militares y las elites económicas.

Durante las últimas dos décadas, los paramilitares han devastado gran parte del país. Alegando estar combatiendo a las igualmente brutales guerrillas de izquierda, los paramilitares han masacrado, torturado, “desaparecido” forzosamente y asesinado a incontables hombres, mujeres y niños de manera sádica y cruel. En cada lugar al que han ido, han eliminado a todo el que se opusiera a su control, incluyendo a miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, jueces y otras personas. De manera muy lucrativa, han forzado a cientos de miles de pequeños terratenientes, campesinos, Afro-colombianos e indígenas a abandonar sus tierras productivas. En muchos casos, los paramilitares o sus cómplices se han apropiado de las tierras abandonadas, mientras que las víctimas se han visto obligadas a vivir en la miseria, en zonas urbanas marginales. Es así que Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo, luego de Sudán.  

A la vez que se han alimentado de los ingresos del narcotráfico, la extorsión y otras actividades delictivas, los paramilitares han creado alianzas mafiosas con poderosos terratenientes y empresarios en sus áreas de operación; unidades militares que en varios casos toleraron o incluso colaboraron con los paramilitares; y funcionarios públicos, incluida una gran cantidad de miembros del Congreso, que han recurrido al poder de corrupción e intimidación de los paramilitares para obtener sus cargos.

A través de estas alianzas, los paramilitares y sus colaboradores han adquirido un inmenso patrimonio y una importante influencia política, quebrantado los procesos democráticos y el estado de derecho.

Pero ahora, Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices. En los últimos dos años, varios jefes paramilitares han comenzado a confesar ante fiscales algunos de los detalles de los asesinatos y las masacres que han cometido. También han comenzado a revelar algunos de los nombres de oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad que trabajaban con ellos.  Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha realizado avances sin precedentes en la investigación de la infiltración paramilitar en el Congreso colombiano.

Este informe evalúa los avances hechos por Colombia en el desmantelamiento de la influencia de los paramilitares y en la revelación de la verdad sobre sus delitos y sus redes, así como los límites y obstáculos para continuar avanzando.

Las instituciones de justicia de Colombia han logrado avances históricos contra el poder paramilitar. Sin embargo, estos avances aún son provisorios y frágiles. Son el resultado de una combinación fortuita de factores, como la independencia y el valor de un grupo selecto de jueces y fiscales, una decisión de la Corte Constitucional que creó incentivos para que los jefes paramilitares empezaran a revelar la verdad sobre sus delitos, el accionar de la sociedad civil colombiana y de algunos periodistas, y la presión internacional sobre el gobierno colombiano.

Los avances realizados podrían perderse rápidamente y, de hecho, es posible que ya se estén perdiendo. La reciente extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares —algunos de los cuales habían comenzado a hablar sobre sus redes— aumenta la posibilidad de que sean juzgados por algunos de sus delitos. Sin embargo, también ha interrumpido —esperamos que sólo temporalmente— el trabajo de investigadores colombianos. Hasta el momento, sólo uno de los jefes paramilitares extraditados ha prestado nuevas declaraciones ante las autoridades Colombianas. En Colombia, varios de los casos más prominentes que ha estado investigando la Corte Suprema han perdido ímpetu luego de que los congresistas investigados renunciaran, asegurándose así de que las investigaciones se transfirieran a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en ocasiones ha realizado un trabajo ejemplar y merece recibir apoyo y recursos.  Sin embargo, en algunos casos de muy alto perfil, la Fiscalía parece no haber actuado con la suficiente celeridad para impulsar los casos. La resistencia del gobierno ante iniciativas significativas de reforma del Congreso perpetúa la influencia paramilitar en el sistema político.

Lamentablemente, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe está desperdiciando gran parte de esta oportunidad para desmantelar las mafias paramilitares. Aunque ha habido avances en algunas áreas, algunas acciones del gobierno amenazan con frustrar las investigaciones que tienen más posibilidades de generar cambios.

Las siguientes son algunas de las acciones más preocupantes del gobierno de Uribe:

• En reiteradas ocasiones, el gobierno de Uribe ha atacado a la Corte Suprema y a sus miembros, en lo que cada vez más pareciera ser una campaña dirigida a deslegitimar a la Corte.  
• El gobierno de Uribe se ha opuesto a propuestas serias de reforma al Congreso dirigidas a eliminar y sancionar la influencia paramilitar en el Congreso. 
• Ha propuesto reformas constitucionales que podrían sacar los procesos de lo que se ha llamado la “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema

Si la administración de Uribe continúa por este camino, es probable que los enormes esfuerzos hechos por las cortes y fiscales colombianos para investigar a los cómplices de los paramilitares no logren el objetivo de romper el poder de estas mafias.   Colombia podrá seguir siendo un país democrático desde el punto de vista formal, pero la violencia, las amenazas y la corrupción continuarán siendo herramientas comunes para obtener y ejercer el poder en el país.

El tema de fondo en Colombia va más allá del problema —al que se enfrentan muchos países— de cómo descubrir la verdad y garantizar la justicia por las atrocidades cometidas en el pasado. Lo que está en juego es el futuro del país: si sus instituciones podrán librarse del control de quienes han recurrido al crimen organizado y, a menudo, a terribles abusos de los derechos humanos para asegurarse el poder, y si se les permitirá a las instituciones democráticas del país cumplir sus roles constitucionales sin tener que enfrentarse al miedo, la violencia y el fraude.

Para asegurar un progreso genuino, el gobierno de Uribe debe poner fin a sus ataques contra la Corte Suprema y, en lugar de eso, debe apoyar de manera inequívoca las investigaciones de la parapolítica. También debe tomar medidas decisivas para reformar el Congreso y las entidades ejecutivas en las cuales se han infiltrado los paramilitares. La Fiscalía General de la Nación debería también tomar medidas más enérgicas y coherentes para impulsar las numerosas investigaciones que fueron iniciadas por la Corte Suprema y posteriormente transferidas a su competencia, y para llevar adelante investigaciones de miembros de la fuerza pública, empresas y otros cómplices mencionados por los paramilitares en sus confesiones.

Decisión de la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz: Una nueva oportunidad

En 2002, los líderes paramilitares iniciaron negociaciones con el gobierno colombiano. A cambio de su “desmovilización”, deseaban evitar la justicia por sus atrocidades —lo cual incluía evitar la extradición a los Estados Unidos por supuestos delitos vinculados con drogas— y conservar la mayor parte de sus fortunas y su poder. En los siguientes tres años, miles de personas se “desmovilizaron”, entregaron sus armas y se sumaron a programas de reinserción del gobierno. A menos que ya estuvieran siendo investigados por delitos graves, el gobierno les otorgó indultos por su participación en el grupo.

Para quienes ya estaban siendo investigados o admitieran haber cometido delitos graves, el gobierno de Uribe redactó la Ley de Justicia y Paz de 2005, que establecía que las personas desmovilizadas responsables de delitos graves, incluidos delitos de lesa humanidad y narcotráfico, podrían beneficiarse con penas reducidas de entre 5 y 8 años (y, si se aplicaban nuevas reducciones, esas penas podían ser, en los hechos, de menos de tres años).

Human Rights Watch y otras personas hicieron importantes críticas a la ley cuando esta fue aprobada. En su redacción original, la ley carecía por completo de medidas que aseguraran su efectividad. No exigía que los paramilitares rindieran confesiones completas y veraces, ni que revelaran información sobre sus complejas redes delictivas y sus colaboradores en las fuerzas de seguridad pública o en los sistemas políticos que pudiera usarse para desarticular esas redes. Los fiscales sólo tendrían 60 días para verificar lo que los paramilitares decidieran declarar sobre los delitos que habían cometido, antes de acusarlos. Una vez otorgadas, las sentencias reducidas no podrían revocarse, aun cuando se demostrara que los paramilitares habían mentido o cometido nuevos delitos, o que no entregaron los bienes obtenidos de manera ilícita.

Si la Ley de Justicia y Paz se hubiera implementado en los términos de su redacción original, los paramilitares no habrían tenido ningún incentivo significativo para hablar sobre sus crímenes o cómplices, y cualquier investigación de sus delitos se habría cerrado rápidamente.

Todo cambió cuando la Corte Constitucional colombiana revisó la ley a mediados de 2006. La Corte aprobó la ley, pero condicionó dicha aprobación a que se le realizaran varias reformas fundamentales. Como resultado de las modificaciones de la Corte, la Ley de Justicia y Paz ahora exige confesiones completas y veraces, dispone la revocación de las penas reducidas si los paramilitares mienten o no cumplen con una serie de requisitos, y no establece límites en cuanto a los plazos de las investigaciones. La Corte también eliminó disposiciones que permitirían a los paramilitares cumplir penas reducidas fuera de prisión y que reducirían sus condenas a menos de cinco años, al computar el tiempo transcurrido durante las negociaciones como tiempo efectivamente cumplido a efectos de la pena. Incluso sin reducciones adicionales, las penas de cinco a ocho años difícilmente reflejan la gravedad de los delitos, que incluyen algunas de las atrocidades más aberrantes cometidas en la historia de Colombia.

Si bien la ley aún presenta deficiencias, la Corte la transformó en un instrumento que, si se implementa en forma efectiva, podría promover el derecho de las víctimas a la verdad, a obtener reparaciones y a que los abusos no vuelvan a producirse. La ley también podría ser una herramienta útil para desarticular las estructuras paramilitares y poner fin a su influencia en el sistema político y las fuerzas de seguridad públicas.

Confesiones de los líderes paramilitares

La decisión de la Corte Constitucional preparó el terreno para un proceso en el cual los paramilitares que confesaran sus delitos podrían obtener reducciones significativas en sus penas de prisión, lo cual les daría un incentivo para colaborar con los fiscales. Como resultado, durante 2007 y parte de 2008, los fiscales comenzaron a obtener información valiosa de los jefes paramilitares sobre sus delitos y cómplices.

El proceso de las confesiones ha tenido varios problemas graves. Hasta hace poco, el proceso se veía obstaculizado en razón de que la ley sólo dispuso la designación de 20 fiscales a la unidad encargada de realizar los interrogatorios de paramilitares. Debido a la presión nacional e internacional, a principios de 2008, el gobierno proporcionó fondos para una cantidad significativa de nuevos fiscales.

También ha quedado claro que la cantidad de paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz es mucho menor de lo que se creía al principio. Más de 3.000 supuestos combatientes —incluidos varios guerrilleros en prisión a quienes el gobierno ha permitido “desmovilizarse”— han solicitado acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, casi todos aquellos a quienes los fiscales han comenzado a interrogar como parte del proceso han manifestado su deseo de retirarse del proceso y que no desean beneficiarse con la reducción de la pena establecida en la ley. Dado que la mayoría no tiene, en la actualidad, acusaciones pendientes en su contra, es probable que queden libres. No están obligados a brindar información que pueda ayudar a resolver casos de violaciones de derechos humanos, revelar información sobre la red de influencia paramilitar ni ayudar al juzgamiento en relación con los desaparecidos.

Al momento de la redacción de este informe, menos de 300 paramilitares proporcionaban activamente información a través de confesiones.

Sin embargo, algunos de ellos han hecho importantes revelaciones. Los líderes paramilitares —en especial, Salvatore Mancuso y Ever Veloza, también conocido como “HH”— han revelado información que podría usarse para ayudar a resolver importantes casos de abusos de derechos humanos, así como información sobre dónde se encuentran los cuerpos de desaparecidos y sobre la colaboración paramilitar con importantes políticos y algunos miembros del Ejército.

A principios de 2008, se informó que otros jefes paramilitares estaban dispuestos a comenzar a revelar importante información. Por ejemplo, en abril de 2008, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna” le dijo a la Corte Suprema que estaba dispuesto a hablar acerca de las vinculaciones de los políticos con los paramilitares. Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, a pesar de su reticencia, iba a tener que dar respuesta a muchas preguntas difíciles debido a que fiscales descubrieron una gran cantidad de archivos informáticos que contenían pruebas relacionadas con sus delitos y sus vínculos con políticos.

Las revelaciones iniciales esperanzaron a las más de 130.000 víctimas de los grupos paramilitares que pretendían participar en el Proceso de Justicia y Paz —brindando información a los fiscales y asistiendo a las confesiones de Justicia y Paz—, con la posibilidad de que, finalmente, podrían comprender qué les había sucedido a ellos y a sus seres queridos, y por qué.

Algunas de las declaraciones de los paramilitares sobre el rol que tuvieron los miembros del Ejército corroboran las evidencias reunidas por Human Rights Watch y por otras personas, y denunciadas durante más de 20 años. El estrecho vínculo entre los militares y los paramilitares en muchas regiones permitía a los paramilitares perpetrar masacre tras masacres casi sin obstáculos y con impunidad.

Por ejemplo, tanto Mancuso como HH declararon que el hoy retirado Gral. Rito Alejo Del Río colaboró estrechamente con los paramilitares mientras estuvo a cargo de la 17° Brigada, ubicada en Urabá, una región al noroeste de Colombia, entre 1995 y 1997. Durante años Human Rights Watch informó acerca de las pruebas contra Del Río, que habían sido suficientemente convincentes como para que el entonces Presidente Andrés Pastrana lo destituyera de su cargo en el Ejército en 1998. El gobierno de los Estados Unidos también había cancelado su visa para ingresar en ese país en 1999. Sin embargo, en 2004 se precluyó una investigación penal sobre Del Río durante el ejercicio como Fiscal General de Luis Camilo Osorio (quien, como lo denunciara Human Rights Watch en su momento, frustró o precluyó varias investigaciones de colaboración entre militares y paramilitares). Las nuevas declaraciones de Mancuso y de HH han llevado a la Fiscalía General a abrir una nueva investigación sobre Del Río.

Mancuso también habló de vínculos con una gran cantidad de políticos, incluidos el actual Vicepresidente Francisco Santos y el actual Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, así como varios congresistas. Otros líderes paramilitares también han hablado de su colaboración con coroneles, miembros del Congreso, terratenientes, empresarios y políticos regionales. HH, en especial, ha realizado numerosas declaraciones sobre los pagos que algunas compañías bananeras multinacionales, como Chiquita Brands, supuestamente habían efectuado a los paramilitares en la costa.

Hasta febrero de 2008, la Unidad Nacional de la Fiscalía para Justicia y Paz había brindado información a otros fiscales para iniciar investigaciones sobre el vicepresidente, un miembro del gabinete, once senadores, ocho congresistas, un ex congresista, cuatro gobernadores, veintisiete alcaldes, un concejal, un diputado, diez “líderes políticos”, diez funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, treinta y nueve miembros del Ejército, cincuenta y dos miembros de la Policía, cincuenta y seis civiles y dos miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano.

Por otra parte, la Fiscalía General de La Nación en ocasiones parece estar avanzando muy lentamente en la investigación de algunos miembros de alto rango del Ejército implicados por los paramilitares. Por ejemplo, aún no iniciado investigaciones formales del General Iván Ramírez y del Almirante retirado Rodrigo Quiñónez por colaborar con los paramilitares, pese a las declaraciones de Mancuso en contra de estos.

Preguntas sin respuesta

Muchos de los jefes paramilitares aún deben llegar a la segunda etapa de sus confesiones, durante la cual, de acuerdo con las reglamentaciones de la Fiscalía General de la Nación, se supone que brindarán información detallada sobre cada delito y sus cómplices. En consecuencia, gran parte de la información que han proporcionado es de carácter general, y aún quedan muchos interrogantes sobre las atrocidades que cometieron, sus relaciones con los militares, los políticos y los sectores económicos, y su financiamiento.

Como se ha documentado en este informe, aún quedan muchas interrogantes importantes sobre la mayoría de las atrocidades cometidas por los paramilitares, incluidas las aberrantes masacres de cientos de civiles en La Rochela, El Aro, El Salado, Chengue y Mapiripán. En esos casos, ha habido pruebas durante años que señalan la participación de miembros de alto rango del Ejército, así como de otras personas, pero sólo unos pocos de ellos han sido juzgados. Por ejemplo:

La masacre de Mapiripán

Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, los paramilitares tomaron la ciudad de Mapiripán, Meta, donde asesinaron aproximadamente a 49 personas. Un juez local declaró haber oído los gritos de las personas que eran trasladadas por los paramilitares hasta un matadero para ser interrogadas, torturadas y asesinadas durante los cinco días que los paramilitares permanecieron en la zona. A pesar de los ocho pedidos de ayuda telefónicos del juez, ni la Policía ni el Ejército reaccionaron hasta que los paramilitares abandonaron la ciudad.

Las investigaciones posteriores sobre la participación de Ejército en la masacre llevaron a la detención del Cnel. Lino Sánchez (ahora fallecido). En 2007, un juez absolvió al Gral. Jaime Uscátegui, entonces comandante de la 7° Brigada del Ejército, por acusaciones de homicidio y secuestro agravado. El juez condenó al informante del caso, el MayorHernán Orozco Castro, a 40 años de prisión, a pesar de pruebas que indicaban que Uscátegui había ignorado las advertencias de Orozco sobre la masacre.

En su confesión, Mancuso declaró que los paramilitares habían hecho arreglos con la Fuerza Aérea para que trasladaran a las tropas paramilitares hasta la región para cometer la masacre. También dijo que Castaño había hecho arreglos con el Cnel. Lino Sánchez, y con un tal “Coronel Plazas” de Inteligencia del Ejército. Sin embargo, Mancuso aún tiene mucho por decir sobre la posible participación de otros miembros de las fuerzas de seguridad pública. Aún debe ser interrogado sobre Uscátegui y sobre la posible colaboración que ofrecieron los militares en los aeropuertos por los cuales viajaron.

La masacre de El Aro

Durante cinco días de octubre de 1997, un grupo de cerca de treinta paramilitares ingresaron en la población de El Aro, en Antioquia, y ejecutaron a 15 personas, entre ellas un niño, incendiaron todas las viviendas del pueblo, excepto ocho, y obligaron a huir a la mayoría de los 671 residentes de la localidad. Posteriormente, se denunció la desaparición forzada de 30 personas.

En su confesión, Mancuso confirmó la evidencia anterior que indicaba que miembros del Ejército colaboraron en la planificación de la masacre. De acuerdo con Mancuso, en 1996 incluso fue a la 4° Brigada a reunirse con el General Manosalva (ahora fallecido), quien le dio información de inteligencia sobre el área, para preparar la masacre. Mancuso también declaró que durante la masacre un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolaba la zona, al igual que helicópteros del Ejército.

Sin embargo, Mancuso no dijo nada (ni tampoco se le preguntó) sobre si el comandante de la 4° Brigada al momento de la masacre en 1997, el Gral. Carlos Ospina Ovalle, sabía o tenía motivos para estar al tanto de la masacre en ese entonces. El Presidente Uribe designó a Ospina para ocupar el cargo de Comandante del Ejército de Colombia en 2002, y posteriormente como Comandante General de las Fuerzas Armadas de 2004 a 2007. Mancuso tampoco ha sido interrogado sobre las recientes acusaciones formuladas por Francisco Villalba, un paramilitar condenado por su participación en la masacre hace muchos años, quien hace poco declaró que él observó que el Presidente Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, y su hermano Santiago Uribe participaron en una reunión para planificar la incursión paramilitar en El Aro.

La masacre de El Salado

El 18 de febrero de 2000, aproximadamente 400 paramilitares uniformados y armados llegaron a la población de El Salado, en del departamento de Bolívar, y procedieron a cometer la que quizás fue la masacre más brutal de la historia del país. Durante los siguientes dos días, aterrorizaron a la población del lugar, sacándolos por la fuerza de sus viviendas y arrastrándolos al campo de fútbol local para luego torturarlos y asesinarlos brutalmente. “Sacaron a mi hija... le dieron un tiro en la cabeza… ella gritó, ella me dijo ‘ay mami’” y le dispararon, contó a Human Rights Watch una madre que logró sobrevivir. Mientras tanto, relató la mujer, los paramilitares mataron a varios de sus amigos y familiares en el campo de fútbol. “Mataron a una prima hermana mía, que… yo la vi morir, que a ella la cogieron y le mocharon… parte de la cabeza con todo y cabello… la amarraron, la ahorcaron, después… la degollaron”. La misma madre pensó que otra de sus hijas, de tan sólo siete años, había logrado escapar con un vecino. Pero tres días más tarde encontró el cuerpo de la niña. “Le pusieron una bolsa en la cabeza y murió ahogada... en una punta de monte”. Teniendo en cuenta las confesiones de los paramilitares, los fiscales calculan que es posible que más de 100 personas hayan sido asesinadas en la masacre.

En su confesión, Mancuso reconoció su participación, la de Jorge 40 y la del entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, en la masacre. También dijo que Castaño “nos dio un número de celular, dijo que era de un general o coronel Quiñónez, que si algo sucedía ese era el contacto para que lo ubicaran a él”. Efectivamente, el oficial militar de mayor rango en esta región era el Cnel. Rodrigo Quiñónez Cárdenas, comandante de la 1° Brigada de Infantería de Marina, que más tarde fue ascendido a general. Human Rights Watch ha denunciado anteriormente que existen indicios que lo vinculan con varias atrocidades cometidas por los paramilitares (incluida una masacre en la población de Chengue, en la misma región que El Salado). Al momento de la redacción de este informe, no se encontraba en curso ninguna investigación contra Quiñónez. Tanto Mancuso como Jorge 40 deben ser interrogados más profundamente sobre esta masacre.

Sin una colaboración más detallada y significativa por parte de jefes paramilitares como Mancuso, Jorge 40 y Don Berna, es posible que nunca se sepa toda la verdad sobre estos delitos y que los responsables continúen ocupando importantes cargos de poder e influencia.

Las extradiciones

En mayo de 2008, las confesiones de muchos de los jefes paramilitares se vieron interrumpidas abruptamente por la decisión del Presidente Uribe de extraditar a casi todos los líderes paramilitares a los Estados Unidos para ser procesados por delitos vinculados con drogas.

La extradición de los líderes paramilitares puede aumentar la posibilidad de que reciban largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico y que lleguen a colaborar con los fiscales de los Estados Unidos y revelar información sobre redes de drogas. Sin embargo, aún es incierto si los jefes paramilitares tendrán un incentivo significativo para hablar sobre sus otros delitos y cómplices. Si no lo hacen, es posible que sus víctimas nunca sepan la verdad o que nunca obtengan justicia. Además, los cómplices de los paramilitares —entre ellos, funcionarios públicos, congresistas, miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia, empresarios, ganaderos, gobernadores, alcaldes y directores de hospitales estatales— quedarán sin castigo y continuarán beneficiándose de las atrocidades cometidas por los paramilitares.

Desde que se produjeron las extradiciones, sólo uno de los jefes paramilitares extraditados —Mancuso— ha hablado con las autoridades judiciales colombianas. Si tendrán o no un buen motivo para hacerlo dependerá, principalmente, de los incentivos que les ofrezca el Departamento de Justiciade los Estados Unidos. Afortunadamente, el Departamento de Justicia cuenta con varias herramientas, como la posibilidad de juzgarlos por hechos de tortura en virtud de la legislación federal de los Estados Unidos, para convencer a los jefes a hablar sobre las atrocidades cometidas y sus cómplices en Colombia. Es fundamental que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos use estas herramientas para asegurar justicia no sólo  por los delitos de narcotráfico, sino también los abusos de los derechos humanos.

Las investigaciones de la “parapolítica”

En los últimos tres años, las instituciones de justicia de Colombia —en especial, su Corte Suprema— han logrado avances sin precedentes en la revelación de la verdad sobre el alcance de la influencia paramilitar y el juzgamiento de sus cómplices y de quienes los han respaldado. Más de 60 miembros del Congreso —casi todos ellos de la coalición del Presidente Uribe— están siendo investigados por su presunta colaboración con los paramilitares; y más de 30 están detenidos. Uno de ellos es el Senador Mario Uribe, primo del Presidente Álvaro Uribe y, quizás, su más importante aliado político desde la década de 1980. También se está investigando a Jorge Noguera, ex director del servicio de inteligencia de Uribe. Decenas de gobernadores y alcaldes también están siendo investigados o se encuentran detenidos. Los mismos jefes paramilitares, en algunos casos, han declarado acerca de sus cómplices.

En una demostración de gran valor, la sala penal de la Corte Suprema de Colombia inició un esfuerzo sistemático en 2005 para revelar la verdad sobre la influencia de los paramilitares en el Congreso colombiano. Las investigaciones no fueron impulsadas por iniciativa del gobierno, sino por una demanda ciudadana presentada ante la Corte, después de que los jefes paramilitares alegaron públicamente que controlaban el 35 por ciento del Congreso. Para evitar que se ejercieran presiones externas sobre los magistrados, la sala penal de la Corte dispuso que todos los magistrados trabajaran conjuntamente en los casos, y que las investigaciones fueran coordinadas por un equipo especializado de magistrados auxiliares que han estado entrevistando activamente a testigos y recabando pruebas. Al mismo tiempo, las investigaciones se han nutrido de revelaciones en los medios de comunicación y estudios de expertos como Claudia López, quien analizó y describió la estrategia mediante la cual los paramilitares manipularon las elecciones parlamentarias de 2002.

Las investigaciones de la Corte también se vieron favorecidas por otras investigaciones penales que llevaba adelante la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, la detención de Rafael García, un funcionario del servicio de inteligencia vinculado con los paramilitares, impulsó a García a comenzar a prestar testimonio contra sus supuestos colaboradores, entre los cuales se encontraban varios políticos y el ex director del servicio de inteligencia Jorge Noguera.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado sus propias investigaciones de diversos gobernadores y otros funcionarios. Y cuando varios congresistas han renunciado, la Corte Suprema (que tiene competencia exclusiva respecto de los miembros en ejercicio del Congreso) ha trasladado las investigaciones que había iniciado a la Fiscalía General de la Nación, la cual ha impulsado los esos procesos a partir de entonces.

El record de la Fiscalía en estos casos es mixto. En algunos casos, la Fiscalía ha logrado avances e incluso en algunos casos los acusados se han acogido a sentencia anticipada. Sin embargo, en otros casos, la Fiscalía a veces ha parecido ser tímida o lenta en sus actuaciones. Por ejemplo, cerró rápidamente la investigación que se estaba realizando sobre la participación de Noguera en fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2002, a pesar de la extensa declaración de García sobre su supuesta participación y la de Noguera en el fraude.

Respuesta del gobierno de Uribe

El gobierno de Uribe dice estar comprometido con revelar la verdad y desmovilizar a los paramilitares, y ha proporcionado financiamiento a la Corte y a la Fiscalía General.  Pero, en reiteradas oportunidades, dicho gobierno ha tomado medidas que podrían atentar contra los avances logrados por estas instituciones.

En especial, las reiteradas agresiones verbales, extrañas acusaciones públicas y las llamadas teléfonicas personales a magistrados de la Corte Suprema por parte del Presidente Uribe y miembros de su gabinete, crean un entorno de intimidación que podría dificultar el accionar de los jueces.

Una y otra vez, los funcionarios del gobierno de Uribe han acusado a la Corte de parcialidad e, incluso, de estar vinculada con actividades delictivas. En reiteradas oportunidades, se ha demostrado posteriormente que sus acusaciones carecían de fundamento. El ejemplo más obvio es el del caso de “Tasmania”, en el cual el Presidente Uribe, sobre la base de una carta firmada por un paramilitar encarcelado conocido como Tasmania, acusó al Magistrado Iván Velásquez, quien coordina al equipo que investiga los casos de la parapolítica, de intentar incriminar a Uribe por asesinato. El paramilitar se retractó posteriormente, y explicó que la carta había formado parte de un montaje por el cual su abogado y otras personas le habían ofrecido varios beneficios a cambio de mentir sobre el Magistrado.

Más recientemente, se permitió que Antonio López, alias “Job”, un socio de Don Berna a quien las fuerzas de seguridad consideraban un delincuente, ingresara al Palacio Presidencial para reunirse con varios funcionarios. Durante la reunión, Job aparentemente entregó a los funcionarios videos y material de audio con el cual al parecer pretendía implicar al Magistrado Velásquez en actividades delictivas.

Sin duda, lo integrantes de la Corte no están por encima de la ley, y en la medida en que uno o varios de ellos participen en actividades delictivas, también deben ser investigados. Sin embargo, las reiteradas acusaciones y ataques personales por parte del gobierno muchas veces parecen ser injustificadas y basadas en información errónea.  Tales ataques lo único que logran es deslegitimar a la corte y debilitar el apoyo del público a su labor. En un país en el cual los jueces e investigadores han sufrido con frecuencia amenazas e incluso han sido asesinados por investigar a los paramilitares, estos ataques también podrían poner en peligro la vida de los magistrados.

Una propuesta lanzada en 2007 por el Presidente Uribe de permitir la excarcelación de los políticos que hubieran colaborado con los paramilitares habría tenido un efecto devastador sobre las investigaciones. Afortunadamente, el Presidente Uribe retiró su propuesta después de que se tornó evidente que se convertiría en un obstáculo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia. Es incierto qué sucedería si cesara la presión relacionada con la ratificación del TLC.

El gobierno de Uribe se opuso recientemente a un proyecto de ley por el cual se habría reformado el Congreso colombiano a fin de reducir la influencia de los paramilitares. Por consiguiente, en la actualidad muchos de los congresistas que están siendo investigados simplemente han sido reemplazados por otras personas de los mismos grupos políticos que supuestamente obtuvieron el puesto mediante la influencia paramilitar. Uno de los argumentos del gobierno para trabar la propuesta fue que si la propuesta se aprobaba, el gobierno perdería su mayoría en el Congreso.

Por último, el gobierno de Uribe recientemente ha propuesto una serie de reformas constitucionales que podrían tener el efecto de retirar la función de investigar a los congresistas de la competencia de la Corte Suprema. Si esa propuesta es aprobada (lo cual es probable, teniendo en cuenta que en la actualidad está siendo tratada por un Congreso que también es objeto de las investigaciones de la Corte), podría tener un efecto devastador sobre las investigaciones de la parapolítica, asegurando la impunidad para los colaboradores de los paramilitares en el sistema político.

Recomendaciones

Al gobierno de Uribe

Acerca del juzgamiento de funcionarios, políticos, líderes empresariales y otras personas que hayan colaborado con los delitos de los paramilitares

• No proponer, y oponerse en forma inequívoca a cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares.
• Retirar la propuesta de reforma a la justicia, en virtud de la cual las investigaciones sobre congresistas en ejercicio serían excluidas de la competencia de la Corte Suprema de Colombia.
• Asegurarse de que los procesos contra supuestos colaboradores de los paramilitares permanezcan bajo el control de los más altos tribunales de Colombia, en vez de tramitarse ante tribunales locales, ya que es más factible que se vea afectada su seguridad e independencia.

Acerca del apoyo para las instituciones judiciales

• Abandonar los ataques verbales y el acoso contra la Corte Suprema y magistrados de la Corte; expresar firme y claramente el apoyo para que se investigue exhaustivamente y juzgue a quienes hayan colaborado con los paramilitares en el sistema político y las fuerzas de seguridad.
• Aumentar sustancialmente los fondos para las actividades de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con el control de la implementación de la Ley de Justicia y Paz.
• Continuar aumentando los fondos para el sistema judicial y la Fiscalía General de la Nación, a fin de poder contratar nuevo personal y garantizar su seguridad.

Al Fiscal General de la Nación

• Investigar y juzgar en forma rigurosa a todos los oficiales militares, policías y funcionarios de los servicios de inteligencia, así como a políticos y empresarios, contra quienes exista suficiente evidencia de que han colaborado con los grupos paramilitares.
• Asegurarse de que los fiscales, durante el proceso de Justicia y Paz, soliciten a los paramilitares que reiteren bajo juramento todas las declaraciones en las cuales hayan identificado a otra persona como colaborador o por haber participado en actividades delictivas, así como todas las declaraciones en las cuales admitan haber cometido un delito.
• Asegurarse de que todas las confesiones efectuadas por paramilitares, en las cuales estos impliquen a cómplices, sean objeto de investigaciones exhaustivas.
• Revisar los motivos para cerrar el caso contra el ex director de inteligencia, Noguera, por fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2002, a fin de determinar si el caso debe reabrirse.
• Asumir el control directo del juzgamiento de Noguera por todos los delitos relacionados con su cargo como director del DAS, según lo exigen diversas decisiones judiciales, a fin de evitar otras impugnaciones procesales y demoras en el caso.

Al Departamento de Justicia de los Estados Unidos

• Generar incentivos jurídicos significativos para que los líderes paramilitares revelen información completa acerca de las atrocidades que cometieron e identifiquen a todos los funcionarios colombianos que puedan haber facilitado sus actividades delictivas;
• Analizar todas las vías posibles para que los jefes paramilitares sean juzgados no sólo por sus delitos de narcotráfico, sino también por los abusos de derechos humanos que han cometido en Colombia, incluida, específicamente, la comisión de hechos de tortura, que constituye un delito conforme al derecho federal (párr. 2340A del título 18 del Código de los Estados Unidos), susceptible de acción judicial en Estados Unidos, aun cuando hayan sido cometidos en el exterior por ciudadanos extranjeros;
• Garantizar que los fiscales federales a cargo de estos casos se familiaricen plenamente con la inmensa cantidad de pruebas relevantes que los investigadores policiales, fiscales y jueces de Colombia han recabado durante los últimos años en relación con los delitos de los paramilitares; y
• Colaborar activamente con las iniciativas de los funcionarios judiciales colombianos que investigan las redes paramilitares en Colombia, compartiendo información relevante siempre que sea posible y permitiéndoles el acceso a los líderes paramilitares bajo la custodia de los Estados Unidos.

Al Congreso de los Estados Unidos

• Continuar postergando la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que Colombia demuestre resultados concretos y sostenidos en la reducción de la impunidad por asesinatos de sindicalistas y la desarticulación de las mafias paramilitares responsables de muchos de los asesinatos. Esto significa que Colombia debe demostrar resultados significativos en la investigación y el juzgamiento no sólo de los líderes paramilitares, sino también de sus cómplices en el sistema político y las fuerzas militares que les ayudaron a garantizar su impunidad.
• Proporcionar una mayor asistencia financiera y expresar públicamente su apoyo a las instituciones judiciales de Colombia, especialmente a la Corte Suprema, así como a la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación, en la investigación de los cómplices de los paramilitares.

Al Fiscal de la Corte Penal Internacional

• Monitorear la implementación de la Ley de Justicia y Paz y, en un sentido más amplio, el proceso de investigación y juzgamiento de los cómplices de los paramilitares.
• Monitorear el juzgamiento de líderes paramilitares que han sido extraditados a los Estados Unidos, a fin de asegurar que sean juzgados por sus delitos relacionados con los derechos humanos, no sólo por sus delitos de narcotráfico.

A la comunidad internacional

Respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares en el sistema político e instar a que se realice una investigación rigurosa y exhaustiva de las atrocidades cometidas por los paramilitares y de su colaboración con las fuerzas de seguridad pública.

Rechazar públicamente los ataques del gobierno de Uribe contra la Corte Suprema y sus magistrados.

Brindar apoyo financiero a las instituciones de justicia de Colombia, incluida la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría de Pueblo.

Apoyar públicamente y brindar apoyo financiero a organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en la búsqueda de la justicia por los crímenes de los paramilitares y sus cómplices. 

II. Antecedentes: Paramilitares, impunidad, y la Ley de Justicia y Paz

Durante las últimas tres décadas, grupos paramilitares aliados con poderosas élites políticas, militares y económicas han devastado gran parte de Colombia con masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de miles de civiles, defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes locales.  Han forzado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y se han apropiado de las tierras de las víctimas para sí o para sus cómplices.¹ Si bien alegaban que su objetivo era luchar contra las guerrillas de izquierda de las FARC y el ELN, los paramilitares y sus cómplices han acumulado inmensas fortunas provenientes del tráfico de drogas, la apropiación de tierras y varias otras actividades delictivas.

En el transcurso de los años, Human Rights Watch ha documentado en reiteradas oportunidades un patrón en virtud del cual los paramilitares han contado con la colaboración, el apoyo y la tolerancia de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad colombianas, un hecho que ha llevado a que muchos se refieran a los paramilitares como una “sexta división” del Ejército.² Recientemente ha quedado de manifiesto que una gran cantidad de políticos colaboraron con los paramilitares, manipulando elecciones a través de la intimidación a los votantes y el fraude, e incluso a través de las muertes de opositores políticos. Empresarios y terratenientes han recurrido a los paramilitares para asegurar y proteger sus intereses económicos, beneficiándose así de los desplazamientos de civiles y otras actividades llevadas a cabo por los paramilitares.

Hasta hace muy poco, no sólo los paramilitares, sino también sus cómplices, han logrado evadir sistemáticamente la investigación, el juzgamiento y la sanción. Después de que la Fiscalía General de la Nación estableció en 1995 una Unidad de Derechos Humanos especial para investigar y juzgar delitos relacionados con los derechos humanos, la unidad realizó avances significativos en una gran variedad de casos importantes que involucraban a personal del Ejército y de la Policía, paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, como Human Rights Watch documentó en ese momento, mucho de esos casos quedaron paralizados o se cerraron luego de que en 2001 se designara al Fiscal General Luis Camilo Osorio, quien depuró a la fiscalía de varios funcionarios que habían trabajado en casos con fuertes implicancias para los derechos humanos y envió un claro mensaje a los que quedaban de que no se verían con buenos ojos los esfuerzos por procesar las violaciones de derechos humanos cometidas por oficiales del Ejército.³

En septiembre de 2002, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones y pedidos de extradición contra dos importantes líderes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y un narcotraficante a quien se consideraba aliado de los mencionados líderes, Juan Carlos “El Tuso” Sierra. El año anterior, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había incluido a la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.⁴ En forma inesperada, los jefes que habían gozado de total impunidad se encontraron con que había algo a lo cual debían temer.⁵

Castaño, en ese entonces el principal líder de las AUC, y otros comenzaron casi de inmediato una negociación por la “paz” con el gobierno de Uribe, con la esperanza de poder obtener un trato que les permitiera impedir la extradición y evitar largas penas de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico.⁶

El 21 de junio de 2005, el Congreso colombiano aprobó una ley que otorgaba a los líderes paramilitares prácticamente todo lo que ellos exigían. Como Human Rights Watch describió en su informe Las apariencias engañan de 2005, la ley colombiana N° 975 de 2005 (conocida como la “Ley de Justicia y Paz”), redactada por el gobierno de Uribe y aprobada por el Congreso colombiano, estaba plagada de graves errores.⁷ A cambio de la supuesta desmovilización de sus grupos, la ley ofrecía a los jefes paramilitares responsables de las atrocidades más aberrantes penas reducidas de prisión de entre 5 y 8 años (que podrían reducirse aún más, a menos de 3 años), burdamente desproporcionadas en relación con los delitos cometidos. Los paramilitares no estarían obligados a confesar plenamente sus delitos y, si no cumplían con su compromiso de dejar de participar en actividades delictivas y devolver los bienes obtenidos de manera ilícita, sufrirían pocas consecuencias. La ley también redujo drásticamente el período de investigación de los delitos paramilitares por parte de los fiscales, y preveía tan sólo 60 días para que estos verificaran lo que los paramilitares decidieran contar.⁸

La ley ni si quiera se aplicaba a todos los paramilitares, sino solamente a aquellos que solicitan su amparo, por lo general, porque ya se encontraban bajo investigación o habían sido condenados por delitos graves. El gobierno colombiano informó que 31.671 paramilitares se “desmovilizaron” entre 2003 y 2006.⁹ Pero esto significa solamente que estas personas participaron en ceremonias de “desmovilización” en las cuales muchos de ellos entregaban sus armas y se comprometían a abandonar sus agrupaciones y a dejar de participar en actividades delictivas. El gobierno nunca estableció un procedimiento significativo para determinar si estas personas eran efectivamente paramilitares, y no personas contratadas o invitadas para hacerse pasar por tales. Nunca los sometió a un interrogatorio serio sobre su participación en actividades delictivas ni sobre las atrocidades de las cuales podrían haber sido testigos. Si no estaban siendo investigados, el gobierno simplemente les otorgó indultos por su participación en el grupo y les permitió ingresar en programas de reinserción patrocinados por el gobierno.¹⁰

En los meses previos a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, muchas personas, tanto de Colombia como del exterior, incluidos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios senadores de los Estados Unidos pertenecientes a ambas corrientes partidarias y organizaciones no gubernamentales, señalaron graves deficiencias en la ley. Los representantes de Human Rights Watch se reunieron en reiteradas oportunidades con el Presidente Uribe y funcionarios colombianos de alto rango para analizar las inquietudes de dicha organización. Sin embargo, estas fueron abordadas solamente con cambios formales, no de fondo. Si la ley hubiera sido implementada tal como fue aprobada, prácticamente no habría contribuido a ayudar a revelar la verdad sobre las atrocidades y los cómplices de los paramilitares, mucho menos contribuir a la rendición de cuentas.

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