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Perú — Presidente de la Comisión de Verdad recibe amenazas de muerte
(Washington, 6 de octubre de 2005) — Las autoridades peruanas deben ofrecer inmediatamente protección al presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación del país, señaló hoy Human Rights Watch. Salomón Lerner, el presidente de la Comisión, ha recibido recientemente amenazas de muerte y mensajes electrónicos con insultos antisemitas.

El gobierno peruano debe responder con firmeza a estas amenazas despiadadas antes de que Lerner u otro defensor de los derechos humanos sufra algún daño.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


Human Rights Watch dijo que el gobierno peruano debería emprender inmediatamente también una investigación exhaustiva para descubrir a los responsables de las amenazas.

"El gobierno peruano debe responder con firmeza a estas amenazas despiadadas antes de que Lerner u otro defensor de los derechos humanos sufra algún daño", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "También debe hallar rápidamente y llevar ante la justicia a las personas responsables de las amenazas", agregó.

Lerner dijo al periódico peruano Peru21 que, hace unos días, cuando estaba fuera del país, un interlocutor anónimo llamó a su oficina de la Universidad Católica en Lima y le dijo a su secretaria que Lerner debería "considerarse muerto".

Durante las últimas semanas, Lerner también ha recibido mensajes electrónicos insultantes y groseramente antisemitas, los cuales lo acusaban de atacar a las Fuerzas Armadas peruanas. Otros miembros de la Comisión también han recibido mensajes insultantes. La mayoría han sido redactados por una persona que se autodenomina "Pachacútec", el nombre de un emperador inca.

El 28 de agosto de 2003, la Comisión de Verdad de Perú publicó su informe sobre violaciones de los derechos humanos durante los 20 años de conflicto armado. Este año, en el segundo aniversario de la publicación del informe, la Comisión fue objeto de fuertes ataques en la prensa por parte de oficiales retirados del ejército y políticos.

El número de ex oficiales del ejército y la policía enjuiciados por violaciones de los derechos humanos aumentó vertiginosamente el año pasado, debido sobre todo a la cuidadosa recopilación de pruebas por parte de la Comisión. Según el último recuento, se habían formulado cargos contra 378 individuos, entre ellos 273 del ejército.

Lerner y otros comisionados se enfrentan ahora a nueve demandas judiciales presentadas por oficiales militares y un civil por haber tergiversado presuntamente los hechos y formulado acusaciones infundadas contra ellos.

Human Rights Watch instó al gobierno peruano a que emita una declaración pública de respaldo a la Comisión y renueve su compromiso de implementar plenamente las recomendaciones de la Comisión.

En una entrevista publicada ayer en Peru21, Lerner comentó: "En nuestro informe condenamos la subversión. Pero sí decimos que dentro de las FF.AA. hubo personas que aplicaron una mala comprensión de lo que era la estrategia de combate, y creyeron que era lícito, moral, pagar costos 'marginales' para combatir el terrorismo, que era el que murieran inocentes. Eso es inaceptable".


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