El 13 de abril, un alto funcionario del Ministerio Público de Ayacucho recomendó que la fiscal Olazábal fuera destituida debido a la queja interpuesta por el abogado de Alan García. El funcionario concluyó que Olazábal no había sustentado las acusaciones contra el ex-Presidente antes de formalizar la denuncia en su contra. La recomendación disciplinaria se encuentra ahora a la espera de la decisión final que debe adoptar la Fiscal de la Nación, Dra. Nelly Calderón.

"Dada la importancia de investigar y procesar exhaustivamente estos casos hasta sus ultimas consecuencias, el estado debe garantizar la no injerencia de las presiones políticas", señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "Si se sanciona injustificadamente a los funcionarios que investigan casos delicados se pierde la confianza en la justicia y se comprometen las obligaciones jurídicas del Perú en derechos humanos", agregó.

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú concluyó que más 60.000 personas murieron o "desaparecieron" durante el conflicto armado interno que azotó al país durante los ochenta y los noventa. Sin embargo, los avances en el procesamiento de los responsables de estos crímenes han sido decepcionantemente lentos. Los fiscales sólo han progresado significativamente en un puñado de casos.

La Dra. Olazábal se encuentra investigando las masacres en Ayacucho, la región más duramente golpeada por el conflicto, desde su nombramiento en 2003 como fiscal especial para las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas.

En febrero de este año, la fiscal Olazábal formalizó una denuncia ante un tribunal de Ayacucho contra el ex-Presidente Alan García por su presunta responsabilidad penal por omisión en la masacre de 69 campesinos en el pueblo de Accomarca, Ayacucho. La masacre ocurrió en agosto de 1985, menos de tres semanas después que Alan García asumiera su cargo. Olazábal también está investigando la posible responsabilidad del ex-Presidente García en otra masacre en la comunidad de Cayara, en mayo de 1988, en el que murieron 25 campesinos.

Alan García fue Presidente de Perú desde 1985 hasta 1990, y está entre los favoritos en las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año.

Cuando la investigación del caso Accomarca se hizo pública, el abogado defensor del ex Presidente García acusó públicamente a Olazábal de ser "una dirigente roja" y pro-Senderista en su época de estudiante universitaria. Un destacado congresista del partido político de Alan García, el Partido Aprista Peruano, vertió similares acusaciones.

Cabe subrayar que Olazábal también ha realizado investigaciones sobre las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Abrió un proceso penal recientemente contra el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que ahora se encuentra en prisión preventiva, por una conocida masacre cometida en 1983 en Lucanamarca. Su trabajo en la investigación de atrocidades cometidas por ambos bandos en Ayacucho ha sido elogiado por los familiares de víctimas y los grupos de derechos humanos peruanos.

Olazábal recibió aparentemente amenazas de muerte anónimas cuando empezó a investigar las masacres cometidas por el ejército en Ayacucho.

El puesto de fiscal especial para desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas fue creado en 2002 siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión instó a Perú a que llevara a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la ejecución extrajudicial y las desapariciones forzadas de 119 víctimas, y castigar a los responsables.

Cristina Olazábal es una fiscal provisional sin inamovilidad en su cargo. Por lo tanto, si es sancionada disciplinariamente puede ser fácilmente destituida y no simplemente separada de la investigación.