“El General Ríos Montt está implicado en algunas de las violaciones de los derechos humanos más egregias cometidas en Hispanoamérica durante el siglo veinte”, dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Claramente, no está calificado para servir como presidente de Guatemala.”

El General Ríos Montt subió al poder a través de un golpe de estado en 1982 y sirvió hasta 1983. Durante su término como presidente, el ejército llevó a cabo una campaña tipo “tierra quemada” de cientos de masacres, decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y, de acuerdo a una comisión de las Naciones Unidas sobre la verdad, de “actos de genocidio”.

Ríos Montt intentó postularse para presidente en dos ocasiones durante la década de los 90 pero su candidatura fue impedida por una provisión de la Constitución de 1985 que prohibía que las personas participantes en golpes de estado se convirtieran en presidente. Recientemente, tanto el tribunal electoral de Guatemala como el Tribunal Supremo reafirmaron la prohibición, dictaminando en contra de la candidatura. Pero el Tribunal Constitucional, la autoridad más alta del sistema jurídico de Guatemala, dictaminó ayer que la prohibición constituconal no era aplicable.

El dictamen del Tribunal contradice directamente sus propias posiciones de años anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, tres de los siete jueces de Tribunal tienen relaciones cercanas con Ríos Montt y su partido.

Ríos Montt es actualmente presidente del congreso y el líder del Frente Republicano de Guatemala, el partido político del actual presidente, Alfonso Portillo.

“Hace veinte anos el General Ríos Montt dirigió un régimen militar que mató a miles de personas”, dijo Vivanco. “Hoy debiera estar siendo enjuiciado, no aspirando a la presidencia.”