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Conclusiones de la misión a Guatemala
(Nueva York, 30 de agosto de 2002) — Human Rights Watch regresó recientemente de una misión a Guatemala. Durante la visita, los representantes de Human Rights Watch se entrevistaron con el Presidente Alfonso Portillo, ministros del Gobierno y defensores de los derechos humanos, entre otros. En este documento informativo se presentan nuestras conclusiones preliminares y se resumen también algunas de las recomendaciones para enfrentar los problemas de derechos humanos del país.

 

  Los esfuerzos por investigar y castigar abusos del pasado han avanzado muy poco.

Aunque la violencia política en Guatemala ya no se lleva a cabo en general como parte de la política oficial, la impunidad por dichos actos de violencia sigue siendo un problema crónico. Los esfuerzos por investigar y castigar abusos del pasado han avanzado muy poco y los defensores de los derechos humanos que promueven investigaciones han sido objeto de actos de intimidación reiterados. Existe un grave riesgo de que aumente la violencia política en un futuro cercano en Guatemala, ya que no está siendo sancionada.

Amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos guatemaltecos se han visto sometidos a numerosos actos de intimidación en los últimos meses. Aunque algunos de estos incidentes pueden atribuirse a la delincuencia común, muchos otros han sido claramente cometidos con el fin de atemorizar e intimidad a los miembros de la comunidad de derechos humanos. Por ejemplo, se han enviado amenazas de muerte a varias ONG, entre ellas un equipo de antropología forense y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), haciendo referencia a su trabajo en casos de derechos humanos. Las oficinas de varias ONG han sido saqueadas-y los miembros de otras han sido asaltados-por personas que no demostraron ningún interés en robar los objetos valiosos que sería de esperar que se llevaran los delincuentes comunes.

Lo que es aún más grave, el 29 de abril, un miembro de la Fundación Rigoberta Menchú, Guillermo Ovalle de León, murió por disparos en un restaurante cerca de las oficinas de la fundación en Ciudad de Guatemala. Como señalaron miembros de la fundación a HRW, si se tiene en cuenta el tamaño reducido del restaurante, parece un lugar improbable para realizar un robo a mano armada. En julio, dos hombres asaltaron a una de las abogadas de la fundación frente a la misma oficina. La abogada dijo a HRW que los atacantes la habían agarrado por el cuello e insultado, pero que no se llevaron la computadora portátil que llevaba en ese momento.

 

  Las oficinas de varias ONG han sido saqueadas y los miembros de otras han sido asaltados.

La existencia de grupos clandestinos

HRW encontró un consenso general entre funcionarios del Gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, diplomáticos extranjeros y observadores internacionales de que estos actos de intimidación estaban siendo llevados a cabo por grupos clandestinos con posibles conexiones tanto con las fuerzas de seguridad del Estado como con el crimen organizado. Esta conclusión se basa sobre todo en el hecho de que los responsables de estos actos han revelado, en sus amenazas y en sus acciones, que están en posesión del tipo de información detallada con respecto a las identidades y las costumbres de sus víctimas que ha sido tradicionalmente dominio de la inteligencia militar. En una amenaza escrita dirigida a un equipo de antropólogos forenses se incluyeron los nombres de personas que no habían participado en exhumaciones desde mediados de la década del noventa, lo que indicaba que los responsables habían estado recopilando información durante varios años-o al menos tenían acceso a una institución que la había reunido en el pasado.

Muchos creen que el objetivo de los ataques es disuadir las iniciativas en curso para investigar y procesar abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. Sea cual sea el motivo real, han surtido ciertamente este efecto, forzando a miembros de las organizaciones perseguidas a tomar medidas cautelares-entre ellas salir del país-que han socavado su trabajo en casos de derechos humanos.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno de Portillo ha reconocido públicamente la existencia de grupos clandestinos y su posible conexión con ataques a grupos de derechos humanos. Organizó una serie de reuniones entre un Gabinete de Seguridad especial (integrado por los principales ministros del Gobierno y encabezado por el Vicepresidente) y representantes de las ONG que habían sido objeto de hostigamiento. Estas conversaciones no arrojaron ningún resultado concreto, y varios representantes de ONG las rompieron alegando que el Gobierno no estaba tomando medidas serias para investigar y desarticular a los grupos clandestinos.

La responsabilidad de investigar y procesar las amenazas y los ataques recae principalmente en la Fiscalía General, que ha nombrado una fiscal especial, Tatiana Morales, para que se encargue de estos casos. Morales es una fiscal altamente respetada y parece totalmente comprometida con la tarea. Sin embargo, los recursos de que dispone son mínimos. A no ser que le asignen un presupuesto considerablemente mayor y más personal de investigación, es improbable que logre un avance sustancial en la gran cantidad de casos que tiene asignados.

Además, es poco probable que la fiscal especial haga progresos en estos casos sin la cooperación activa de otros organismos gubernamentales. Dado el consenso general de que los grupos clandestinos tienen conexiones con el ejército y la policía nacional, sería especialmente importante que estas instituciones colaboraran activamente con la investigación.

HRW instó a la Fiscalía General a que dedique mayores recursos al trabajo de la fiscal especial encargada de estos casos. También apelamos al presidente Portillo para que sea más contundente en sus denuncias públicas de los ataques contra defensores de los derechos humanos y ordene a todos los funcionarios públicos bajo su autoridad que cooperen con las investigaciones.

Una propuesta de cooperación internacional

Una posible manera de respaldar el trabajo de la fiscal especial en estos casos sería utilizar a expertos en la aplicación de la ley y juristas internacionales para desbloquear la situación mediante la realización de investigaciones, en colaboración con las autoridades nacionales, de los actos de intimidación y la existencia de grupos clandestinos. Dicha comisión o grupo de trabajo podría crearse mediante un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, como el que estableció el Grupo Conjunto que llevó a cabo una investigación similar en El Salvador en 1994.

 

  HRW encontró un consenso general de que estos actos de intimidación estaban siendo llevados a cabo por grupos clandestinos con posibles conexiones tanto con las fuerzas de seguridad del Estado como con el crimen organizado.

HRW discutió esta posibilidad directamente con el presidente Portillo y miembros de su gabinete; así como con el responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), representantes de misiones diplomáticas extranjeras y miembros de la sociedad civil. Nuestros interlocutores internacionales subrayaron que para poder obtener el apoyo de la comunidad internacional, tendría que existir una muestra clara de que el Gobierno guatemalteco estaría dispuesto a otorgar a dicho grupo de trabajo la autoridad más amplia posible y a comprometerse claramente a seguir las recomendaciones del grupo y procesar a las personas identificadas como responsables de abusos.

Principales casos de derechos humanos

HRW está también profundamente preocupado por el hecho constante de que el Estado guatemalteco no procese los abusos a los derechos humanos del pasado. En 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU determinó que más de 200.000 personas habían sido asesinadas durante el conflicto armado del país, la mayoría de ellas mediante ejecuciones extrajudiciales y "actos de genocidio". No obstante, el sistema de justicia guatemalteco sólo se ha ocupado de un pequeño número de estos casos. Y su progreso se ha visto frustrado a cada paso por una variedad de factores, que incluyen la intimidación de testigos y funcionarios judiciales, el uso abusivo de medidas dilatorias por parte de los abogados defensores, y la falta de cooperación del ejército y otras instituciones del Estado en las investigaciones.

Funcionarios del Gobierno y oficiales militares aseguraron unánimemente a HRW que permitirían al sistema de justicia que hiciera su trabajo en estos casos, pero prácticamente todas las demás personas con las que nos reunimos expresaron un profundo escepticismo en que los casos pudieran avanzar frente a personajes poderosos como Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado y actual presidente del Congreso. En este sentido, estos casos constituyen una prueba para medir la fortaleza y la independencia de la judicatura-que se vio severamente debilitada bajo los regímenes militares de los setenta y los ochenta. Si el sistema de justicia guatemalteco no puede investigar las atrocidades más graves cometidas en la historia reciente del país, existen pocos motivos para esperar que pueda impedir la violencia política en el futuro.

Los casos

Entre los casos que HRW ha venido siguiendo se encuentran los siguientes:

  • Genocidio. Veintiuno comunidades indígenas afiliadas a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), y representadas legalmente por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), han presentado cargos contra los tres miembros del Estado Mayor Presidencial de Romeo Lucas García, así como contra los miembros de la Junta Militar y el Estado Mayor Presidencial de Efraín Ríos Montt. En ambos casos se acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos el genocidio, cometidos a principios de los ochenta. Un fiscal especial de la Fiscalía General, Mario Leal, inició la instrucción oficial de los dos casos en 2000 y 2001, respectivamente. El fiscal especial ha tomado declaración a más de un centenar de testigos presénciales y ha obtenido informes detallados de exhumaciones de antropólogos forenses. Se encuentra actualmente en proceso de obtener análisis de expertos que han estudiado el conflicto armado, y tendrá que obtener también información sobre las estructuras de mando del ejército y la participación de los acusados. El fiscal Leal dijo a HRW que espera concluir la instrucción preliminar a principios de 2003. Teniendo en cuenta la magnitud de los presuntos crímenes, y la prominencia de los acusados, estos casos podrían determinar, más que ningún otro, si la judicatura guatemalteca está preparada para poner fin al clima de impunidad que ha reinado desde el punto más álgido del conflicto armado.

  • El asesinato de Myrna Mack. El autor material del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, Noel de Jesús Beteta, fue condenado por asesinato en 1993, pero el procesamiento de los oficiales del ejército que presuntamente ordenaron el asesinato de Mack se ha postergado durante más de una década debido a las tácticas legales dilatorias de la defensa. Aunque se ha convocado el juicio para el 3 de septiembre, los abogados de la defensa están intentando posponer o debilitar el caso mediante recursos legales altamente dudosos.

  • La masacre de Xamán. La condena de los soldados responsables de una masacre en 1995, en la que fueron asesinadas once personas, fue anulada por la Corte Suprema basándose en que se habían cometido errores procesales en el juicio. Aunque se ha ordenado la celebración de un nuevo juicio, las pruebas clave en el caso se han perdido o manipulado.

  • La masacre de Dos Erres. Los abogados de la defensa han logrado posponer indefinidamente el juicio de este caso, relacionado con el asesinato de más de 160 personas en 1982, presentando docenas de recursos dilatorios. Casi todas estas peticiones han sido rechazadas por la corte por ser "notoriamente infundadas".

  • El asesinato del Obispo Gerardi. Cuatro personas fueron condenadas el año pasado por el asesinato en 1998 del Obispo Juan Gerardi Conedera, pero una apelación cuya audiencia está prevista para las próximas semanas podría revertir el fallo de la corte. Los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (que se ha personado como parte acusadora en el caso) han planteado serias dudas sobre la imparcialidad de los jueces que revisarán la apelación.

El reto para la Fiscalía General

La responsabilidad de lograr avances en estos casos reside principalmente en la Fiscalía General. HRW se reunió con los principales fiscales de la Fiscalía que explicaron cómo su trabajo en estos y otros casos se ha visto seriamente afectado por el escaso presupuesto que el Congreso les asigna cada año.

HRW está totalmente de acuerdo en que la Fiscalía General merece un presupuesto significativamente mayor teniendo en cuenta tanto la importancia como la dificultad de su labor. Sin embargo, en la entrevista con los fiscales, también insistimos en que la carencia presupuestaria actual no debería ser excusa para permitir que languidezcan casos importantes. Y les instamos a que concentraran sus recursos limitados en los casos prioritarios relacionados con importantes violaciones a los derechos humanos.

El papel de otras instituciones del Gobierno

Otras instituciones del Estado comparten parte de la culpa por la falta de progreso en los casos de derechos humanos. El Congreso de Guatemala no ha asignado a la Fiscalía General los recursos que necesita para funcionar. Las cortes (incluidas la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad) no han resuelto habitualmente las apelaciones y los recursos judiciales de manera expedita y han permitido por lo tanto que los abogados defensores practiquen maniobras legales abusivamente dilatorias. La policía no ha ofrecido medidas de protección adecuadas a testigos y funcionarios involucrados en casos delicados. Y, según los fiscales, el ejército no ha cooperado plenamente con las investigaciones de abusos cometidos por los que siguen en sus filas o sus ex miembros.

El presidente Portillo dio un paso importante para frenar la impunidad cuando reconoció la responsabilidad del Estado guatemalteco por las violaciones a los derechos humanos en casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. HRW le instó a que reconozca ahora la importancia de los casos que se están abriendo camino en las cortes guatemaltecas y que ordene a todos los funcionarios dentro del poder ejecutivo que cooperen plenamente con los fiscales encargados de estos casos.

Propuesta de compensación para ex patrulleros civiles

HRW también estaba preocupado por la propuesta de ofrecer compensación a ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las milicias civiles que fueron responsables de violaciones generalizadas y atroces a los derechos humanos durante la década de los ochenta. En julio, ex miembros de las PAC ocuparon un aeropuerto nacional y tomaron a civiles como rehenes en el departamento del Petén para exigir una compensación monetaria del Gobierno. El presidente Portillo respondió a sus acciones elogiándoles públicamente por ser "héroes" nacionales y anunciando la intención de su Gobierno de cumplir sus demandas. En las semanas siguientes, se empezaron a formar asociaciones de ex miembros de las PAC en todo el país, recopilando listas de las personas que se beneficiarían del programa propuesto por el Gobierno.

HRW cree que cualquier programa de compensación colectiva a las PAC como grupo sería totalmente inaceptable, teniendo en cuenta que fueron una parte integral de la estrategia contrainsurgente que conllevó violaciones masivas a los derechos humanos, entre ellas masacres y actos de genocidio. Trasladamos directamente nuestras objeciones al presidente Portillo y a su secretario de análisis estratégico, Edgar Gutiérrez. Tanto el presidente como el Sr. Gutiérrez nos aseguraron que no buscarían una compensación monetaria para ex miembros de las PAC. En cambio, tenían previsto poner en marcha un proyecto de desarrollo con el objetivo más amplio de beneficiar a las comunidades afectadas por el conflicto armado, que beneficiaría por igual tanto a los miembros como a los no miembros de las asociaciones de PAC.

HRW aplaudió este compromiso, pero subrayó la importancia de asegurarse de que dicho programa no pudiera malinterpretarse como una forma de compensación a ex miembros de la PAC, ni contribuir de modo alguno al resurgimiento de estas estructuras paramilitares en las áreas rurales.

El papel del Gobierno de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos está suministrando actualmente asistencia-mediante USAID-a las iniciativas locales para investigar y procesar abusos del pasado, apoyando el trabajo de los equipos forenses que exhuman fosas clandestinas, así como a las ONG involucradas en los procesamientos de casos de derechos humanos. Durante su período en el cargo, que terminó recientemente, la embajadora en Guatemala Prudence Bushnell intervino ante el Gobierno en varias ocasiones para presionar por el aumento de la protección a los defensores de los derechos humanos.

Desde 1990, el Congreso de Estados Unidos ha mantenido una prohibición de los programas de Educación y la Formación Militar Internacional (International Military Education and Training, IMET) y Financiamiento a Fuerzas Armadas Extranjeras (Foreign Military Financing, FMF) para Guatemala. La prohibición se modificó después de la firma de los acuerdos de paz para permitir la formación en cursos expandidos de IMET en las áreas especificas de control civil del ejercito, reforma a la justicia militar y respeto por los derechos humanos. Según fuentes de la embajada, el año pasado se impartió entrenamiento no letal a unidades antinarcóticos de la policía nacional, médicos militares estadounidenses y guatemaltecos impartieron cursos prácticos en bases militares, y abogados del ejército de Estados Unidos participaron en un proyecto de justicia militar destinado a reformar el código militar guatemalteco.

En los últimos meses, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado las visas de ex altos oficiales del ejército, entre ellos el ex general Francisco Ortega Menaldo, quien dirigió la unidad de inteligencia militar, conocida como el "D-2"( y nombrada anteriormente el "G-2"), implicada en numerosas violaciones a los derechos humanos. Estas visas fueron revocadas de conformidad con una sección de la ley que autoriza la adopción de medidas contra las personas de las que se sabe que permitieron o conspiraron en el tráfico de narcóticos ilegales.

HRW insta al Gobierno de Estados Unidos a que continúe apoyando a la comunidad de derechos humanos de Guatemala, mantenga sus restricciones sobre la asistencia militar al ejército guatemalteco y presione al Gobierno guatemalteco para que cumpla las disposiciones del acuerdo de paz en lo relativo al sometimiento de las fuerzas armadas a un mayor control civil.

Otros asuntos

En sus reuniones con funcionarios del Gobierno, HRW trató otros asuntos que incluyen los siguientes:

  • La pena de muerte. HRW aplaudió el reciente anunció del presidente Portillo de que suspendería la aplicación de la pena de muerte durante su presidencia. También le instamos a que presionara al Congreso para que apruebe la legislación necesaria para la abolición de la pena capital.

  • La Corte Penal Internacional. HRW instó al Congreso a que ratifique el Estatuto de Roma para el establecimiento de la CPI.

  • El caso Mack ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. HRW instó al Gobierno guatemalteco a que cese su empleo de tácticas dilatorias para retrasar el examen del caso Mack por parte de la Corte Interamericana.

  • MINUGUA. HRW discutió con funcionarios del Gobierno y diplomáticos extranjeros la posibilidad de extender el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas (cuyo vencimiento está previsto para finales de 2003). Dado el clima actual de inseguridad en Guatemala y la debilidad de las instituciones del Estado para frenar la violencia política, la presencia continuada de observadores internacionales puede ser necesaria para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos del país.

DETENER EL HOSTIGAMIENTO Y LOS ATAQUES CONTRA LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS (13 de junio de 2002)
INFORME ANUAL 2002 — CAPÍTULO SOBRE GUATEMALA
DETENER LA VIOLENCIA Y LA INTIMIDACIÓN CONTRA PROMOTORES DE DERECHOS (1 de mayo de 2002)
INFORME 2002 — DEL HOGAR A LA FÁBRICA
PROTEGA A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (3 de octubre de 2001)
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