"Castaño y sus camaradas paramilitares se encuentran implicados en las atrocidades más horribles cometidas en Colombia en la última década," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Su procesamiento y él de otros destacados líderes paramilitares representaría un avance importante para los derechos humanos."

Castaño, el principal líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha reconocido abiertamente su participación en una serie de asesinatos. En su país penden sobre él más de una docena de órdenes de detención por masacres, asesinatos y secuestros de activistas en el campo de los derechos humanos y de un senador nacional, entre otros crímenes.

En una carta enviada recientemente a la embajadora de los Estados Unidos (Anne Patterson), Castaño prometió cooperar con los requerimientos de las autoridades judiciales estadounidenses. Según informes periodísticos, Castaño declaró que se entregaría voluntariamente para que lo juzguen en los Estados Unidos.

También se ha dictado un auto de procesamiento contra el líder militar de las AUC, Salvatore Mancuso, y contra otro miembro de las AUC, Juan Carlos Sierra Ramírez. Se calcula que las fuerzas de las AUC, responsables de los peores abusos cometidos en el conflicto armado que azota al país , cuentan con 11.000 combatientes armados y entrenados. Las AUC se benefician del apoyo tácito y a veces activo de las Fuerzas Armadas colombianas y mantienen bases y retenes permanentes en el país, movilizando a sus tropas con total libertad.

"El presidente colombiano Álvaro Uribe ha prometido tomar medidas efectivas contra los abusos paramilitares", dijo Vivanco. "Detener a Castaño y facilitar su procesamiento sería una buena manera de demostrar su seriedad en este sentido".