Los recientes acontecimientos en los tribunales suponen un progreso muy importante para los derechos humanos en Chile que nunca se soñaron antes de la detención de Pinochet. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

La decisión el pasado viernes de un magistrado británico ordenando la extradición de Pinochet a España ha quebrantado las murallas de la impunidad. Mientras se abren nuevas posibilidades para hacer responsables a los violadores de los derechos humanos mediante la acción de la justicia internacional, el procesamiento de Pinochet también ha desencadenado actuaciones judiciales sin precedentes en Chile.

En un nuevo informe publicado hoy por Human Rights Watch se concluye que la detención del ex dictador Augusto Pinochet ha cambiado drásticamente el panorama judicial en Chile y ha obligado a los chilenos a ocuparse más abiertamente de asuntos que hace tiempo estaban abandonados. "Los recientes acontecimientos en los tribunales suponen un progreso muy importante para los derechos humanos en Chile que nunca se soñaron antes de la detención de Pinochet," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Los alarmantes pronósticos de agitación política e inestabilidad no se han materializado. "El apocalipsis que tanto se había anunciado en Chile a no ser que se pusiera en libertad a Pinochet no se ha producido," añadió Vivanco. "De hecho, la democracia chilena se ha beneficiado del procesamiento de Pinochet."

La policía londinense detuvo a Pinochet, el gobernante militar de Chile entre 1973 y 1990, el 16 de octubre de 1998, a petición del magistrado español Baltasar Garzón, en cuyo auto de procesamiento contra Pinochet se incluyen los delitos de genocidio, asesinato y tortura de miles de personas. Los acontecimientos posteriores han reducido los delitos considerados objeto de extradición al de tortura ocurrida después de diciembre de 1988, y conspiración para cometer tortura. Por último, el juez que ordenó la extradición incluyó la tortura sicológica sufrida por los familiares de los desaparecidos como un hecho susceptible de ser probado eventualmente ante las Cortes españoles.

Mientras Chile se prepara para elecciones presidenciales en diciembre de 1999, la detención de Pinochet ha impulsado el debate sobre el legado de derechos humanos del régimen militar. La crisis también ha subrayado los aspectos no democráticos de la Constitución que Chile heredó de la era Pinochet.

En el informe de 53 páginas, "Cuando los tiranos tiemblan: El caso Pinochet," Human Rights Watch describe los acontecimientos alentadores que se han producido en los tribunales chilenos durante el año posterior a la detención de Pinochet. Antes del arresto, los tribunales contuvieron la mayoría de los procesamientos de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno militar mediante la aplicación de la ley de amnistía de 1978.

Sin embargo, la Corte Suprema de Chile ha autorizado recientemente el procesamiento de casos de desapariciones, a pesar de la ley de amnistía, basándose en que dichos casos constituyen delitos continuados. Durante el último año, los tribunales han formulado cargos contra varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas en casos de desapariciones. Un juez chileno que investiga más de 40 querellas criminales contra el General Pinochet se dispone a enviarle un cuestionario que tiene la obligación de contestar. "Aunque la ley de amnistía sigue constituyendo una obstrucción de justicia, los tribunales están finalmente asumiendo sus responsabilidades, al no aplicarla a casos que están fuera de su alcance," dijo Vivanco.

Los representantes de las Fuerzas Armadas están participando en conversaciones con abogados de derechos humanos promovidas por el Ministro de Defensa de Chile con el fin de obtener información, por largo tiempo oculta, sobre el paradero del más de un millar de personas desaparecidas durante el gobierno de Pinochet. El Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma ha ofrecido garantías de que las conversaciones respetarán la autonomía de los tribunales, una condición vital para su legitimación.

Human Rights Watch ha aplaudido la iniciativa española de procesar al General Pinochet por crímenes de lesa humanidad y la cooperación británica. Las actuaciones de España y el Reino Unido han sentado precedentes vitales al establecer la responsabilidad penal individual de ex jefes de Estado por atrocidades cometidas durante su gobierno.

Human Rights Watch insta al gobierno chileno a que:

* Garantice que la ley de amnistía no se emplea para cerrar casos de graves violaciones a los derechos humanos;
* reforme el sistema de justicia militar para limitar su competencia a los delitos propiamente militares;
* habilite a jueces y funcionarios civiles para llevar a cabo investigaciones en instalaciones militares sin impedimentos;
* elimine la representación de las Fuerzas Armadas en la Corte Suprema;
* y coopere con la investigación del tribunal español sobre el caso Pinochet. INFORME — EL CASO PINOCHET ¿DEBIDO PROCESO PARA PINOCHET? REGRESAR