Es mucho más probable que el sistema de procuración y administración de justicia mexicano procese a una víctima de tortura que envíe a prisión al torturador. Así no se hace justicia sino injusticia. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

"Es mucho más probable que el sistema de procuración y administración de justicia mexicano procese a una víctima de tortura que envíe a prisión al torturador", dijo el Dr. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Así no se hace justicia sino injusticia".

Basado en un estudio de casos ocurridos en cinco estados mexicanos, el informe es el resultado de dos años de investigación. En él se examinan incidentes de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y posteriormente se analizan los procesos judiciales que se abren en contra de las víctimas o sobre estos abusos violentos. El informe analiza casos del sur pobre y rural de Oaxaca, de la región central industrializada de Jalisco y Morelos y de la zona norte de Tamaulipas y Baja California, que colindan con Estados Unidos. Demostrando la variedad de circunstancias en las que se producen violaciones de derechos humanos en México, el documento incluye casos que se produjeron en el contexto de contrainsurgencia, drogas y delincuencia común.

A pesar de contar con un sistema formal de protección de derechos humanos bien desarrollado, el Gobierno mexicano no ha logrado disminuir, mucho menos resolver, los problemas de derechos humanos graves y aparentemente endémicos. El informe titulado: Abuso y desamparo: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México concluye que, frente a esta realidad profundamente inquietante, el Gobierno ha optado por tratar los problemas de derechos humanos como un asunto que debe ser manejado políticamente, combatido invocando estadísticas superficiales o enfrentada con reformas o iniciativas insuficientes.

El informe destaca como positivo que el Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo admita que se cometen violaciones de derechos humanos en México, y que haya instado en términos generales a que se preste mayor atención a este tema. Asimismo, califica como avance que se haya tomado bajo el mando del Presidente Zedillo y su predecesor iniciativas importantes en la materia, como son la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, el establecimiento de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura en 1991, reformas judiciales que daban más protección a los derechos humanos en 1990 y 1993 y el reciente reconocimiento de la jurisdicción compulsiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el informe también indica que frente a casos específicos de violaciones de derechos humanos, las autoridades tienen tendencia a cerrar filas y desmentir incluso la existencia de abusos bien documentados, en lugar de insistir en que se imparta justicia a los responsables. Al mismo tiempo, agentes del Ministerio Público son alentados a usar evidencia obtenida a través de violaciones de derechos humanos porque no son regularmente procesados y sancionados por hacerlo — sus jefes ni siquiera les llaman la atención y los jueces no rechazan éstos.

Tanto en los hechos como en el derecho, el sistema de procuración e impartición de justicia de México es fundamentalmente ambiguo en relación a las pruebas obtenidas durante o después de violaciones de los derechos humanos, en el curso de detenciones o cateos ilegales y tortura u otras formas de coacción. La Constitución y leyes de México podrían ser interpretadas en favor de la inadmisibilidad de pruebas obtenidas a través de violaciones de derechos humanos, exigiendo además que se procese a los servidores públicos que aceptan tales pruebas. Sin embargo, las leyes en este sentido son vagas, y los tribunales muchas veces dictan sentencias aceptando evidencias impugnadas.

El informe insta al Gobierno de México a desarrollar mecanismos eficaces para excluir del proceso penal evidencia ilegal por haber sido obtenida a través de coacción o prefabricación. Asimismo, el informe recomienda que el Gobierno establezca un sistema eficaz de fiscalización de los servidores públicos, incluyendo policías, agentes del Ministerio Público y jueces. Human Rights Watch hace un llamamiento al Congreso mexicano a que juegue un papel más activo en la promoción de los derechos humanos, e insta a Estados Unidos, la Unión Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas a que se involucren más en temas de derechos humanos en México.