Desde que fue impuesto, por el Presidente Kennedy en 1961 hasta la fecha, el embargo no ha logrado acabar con el gobierno de Castro, ni tampoco ha conseguido moderar su política. Lo que es aún más grave, el embargo ha convertido en enemigos a todos los potenciales aliados de Washington en esta materia. Ha servido para que gobiernos de todo el mundo permanezcan en silencio, incluso cuando Castro encarcela a disidentes pacíficos en condiciones infrahumanas, por actividades que en el continente hoy no se penaliza — como el delito de "propaganda enemiga." La gran mayoría de los Presidentes democráticos de América Latina a los que personalmente hemos solicitado que ejerzan presión, para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, han rechazado nuestra iniciativa, por cuanto no quieren ser vistos como cómplices de las tácticas intimidatorias de Washington. Mientras el embargo siga en pie, los latinoamericanos simpatizarán con La Habana.

¿Dónde ha conducido ésta situación a los disidentes en Cuba? A prisión, donde escasean los alimentos y las medicinas y, en cambio, abundan las golpizas y la incomunicación. El abismo existente entre las políticas de Washington y las del resto del mundo ha significado que los presos políticos cubanos tengan escasos defensores en el extranjero. Un buen ejemplo, lo constituye el caso de Héctor Palacios Ruiz, quien ha intentado fundar un partido político llamado Solidaridad Democrática. Las autoridades cubanas detuvieron a Palacios Ruiz el pasado mes de enero y requisaron sus copias de la Declaración de Viña del Mar. Dicha Declaración, que el Presidente Castro firmó a fines de 1996, comprometía a sus signatarios a respetar y promover la democracia y los derechos civiles y políticos. Palacios Ruiz, que ahora cumple una condena de 18 meses de prisión, cuestionó públicamente la voluntad de Castro de cumplir con los propósitos del mencionado documento.

Cabría suponer que el resto de los firmantes de la Declaración de Viña del Mar — todos los países latinoamericanos, más España y Portugal — tendrían algo que decir en relación al caso de Palacios Ruiz. Sin embargo la distancia con Washington ha garantizado el silencio casi unánime en este asunto, así como en cientos de similares casos de presos de conciencia cubanos. Mientras tanto, Castro sigue siendo el único líder del continente que sistemáticamente deniega las solicitudes del Comité Internacional de la Cruz Roja para realizar sus tareas humanitarias en las prisiones cubanas.

Sanciones proporcionales — por las cuales penas específicas se vinculan a prácticas abusivas concretas, como la violación de las libertades de expresión y asociación — pueden ser un instrumento útil para presionar a ciertos gobiernos a respetar los derechos humanos. Pero el embargo comercial a Cuba no es eso, sino más bien una política indiscriminada destinada a producir un cambio revolucionario. Como se indica con toda claridad en el Decreto de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba de 1996, sólo se levantará el embargo cuando "un gobierno de transición esté en el poder en Cuba," un gobierno que "no incluya a Fidel Castro ni a su hermano Raúl Castro." Por lo tanto, no es de sorprender que Castro tenga muy poco interés en tomar medidas para complacer a Washington. Esta estrategia del todo o nada ha provocado enormes sufrimientos a la población cubana, mientras que la maquinaria represiva de Castro ha permanecido intacta.

Más aún, Estados Unidos mismo demuestra falta de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional al prohibir el uso de dólares en Cuba, lo que en la práctica impide casi todos los viajes de sus ciudadanos a La Habana y, además, constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos.

En consecuencia, ¿Qué puede hacer el gobierno del Presidente Clinton para promover los derechos humanos en Cuba? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Quizás Estados Unidos debería seguir la estrategia de la Unión Europea, adoptada en diciembre de 1996, que condiciona la cooperación económica a mejorías concretas en materia de derechos humanos. Se trata de una iniciativa prometedora, que hasta ahora ha sido eclipsada por la cerrazón de Washington.

A fines de 1998, es probable que Castro celebre su cuadragésimo año en el poder como líder de una pequeña isla de socialismo que desafía a la super potencia capitalista, tan sólo a 150 kilómetros de sus costas. Ha llegado el momento de evaluar el rol que el embargo de los Estados Unidos ha jugado para mantener a Castro en el poder. La actual política norteamericana ha logrado garantizar la solidaridad del mundo entero con la última dictadura del continente; no sólo ha fracasado como solución, sino que se ha convertido, en muchos sentidos, en el problema.

Estados Unidos ha demostrado ser incapaz de promover por si sólo el desarrollo democrático en Cuba. Será imposible el avance mientras el embargo — el mayor obstáculo para la formación de una coalición internacional que eficazmente haga frente al problema de Cuba — siga en pie.