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V. Ligadura tubaria voluntaria: Un estudio de caso sobre la denegación de acceso a anticonceptivos

Un claro ejemplo de la inaccesibilidad a los anticonceptivos es el hecho de que a muchas mujeres en Argentina se les niega arbitrariamente una de las formas más efectivas de anticoncepción: la ligadura tubaria voluntaria (esterilización quirúrgica femenina)¹¹¹.  El derecho argentino limita el acceso a la ligadura tubaria a situaciones justificadas por una “indicación terapéutica¹¹²”.  Mientras las cortes y los expertos han interpretado esta cláusula de distintas maneras, los médicos y los funcionarios de salud pública muchas veces citan esta disposición legal restrictiva para justificar la denegación del acceso a la ligadura tubaria voluntaria.  Muchos hospitales públicos han diseñado e implementado procedimientos casi insuperables con los que las mujeres deben cumplir para poder obtener una ligadura tubaria, en violación de las interpretaciones autorizadas de los derechos de las mujeres a la salud, a la privacidad, a la no discriminación, y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.  A veinte de las cuarenta y tres mujeres que entrevistó Human Rights Watch se les negó acceso a la ligadura tubaria voluntaria cuando la pidieron por primera vez, y de éstas, catorce no habían podido obtener una ligadura a pesar de sus intentos repetidos.  Una mujer, a la que al principio le denegaron la operación, se la permitieron más tarde por razones médicas, y las últimas cinco pudieron obtenerla sólo tras un gran esfuerzo para encontrar un doctor “amigable” en el sistema de salud público, que estuviera dispuesto a efectuar la operación como si fuera “un favor”. 

A la mayoría de las mujeres con las que conversamos y que habían pedido una ligadura tubaria se les obligó a pasar por procedimientos discriminatorios y arbitrarios—incluyendo el requisito del consentimiento conyugal—como precondición para acceder a este método anticonceptivo a través del sistema de salud pública, mientras que a la mayoría se les negó la operación incluso cuando cumplían con todas las condiciones. Esta situación somete la toma de decisiones de la mujer, en el área más íntima de sus vidas, a la autoridad masculina o a la intervención médica arbitraria.  Por ello constituye una violación del derecho de la mujer a la no discriminación, a la privacidad y a la salud¹¹³.

La ligadura tubaria y la ley

La sistemática denegación del acceso a la ligadura tubaria en el sistema de salud pública se origina en el Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología, y Actividades Auxiliares (de aquí en adelante “ley sobre la profesión médica”) que se remonta a 1967, época de oposición política a todo método anticonceptivo¹¹⁴.  La ley exige una “indicación terapéutica perfectamente determinada”¹¹⁵ y el agotamiento de “todos los recursos conservadores de los órganos reproductores” para poder llevar a cabo legalmente una operación que produzca esterilización¹¹⁶.   Además, algunos expertos legales citan las disposiciones del Código Penal que penalizan la violencia que causa daño permanente a un órgano del cuerpo como relevante a los procedimientos de esterilización¹¹⁷.  Estas leyes de por sí son incompatibles con las obligaciones y compromisos de Argentina bajo los tratados internacionales de derechos humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha aclarado que el derecho al más alto nivel posible de salud—amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales—establece obligaciones legales específicas para que el Estado se “abstenga de limitar el acceso a los anticonceptivos¹¹⁸”.  La ligadura tubaria o esterilización femenina voluntaria es aceptada ampliamente por la ciencia médica y por las entidades internacionales de salud y de derechos humanos como un método anticonceptivo o de control natal¹¹⁹.  De hecho, la OMS ha declarado que la ligadura tubaria es una de las formas anticonceptivas más efectivas, y que es altamente apropiada cuando la mujer ha dado su consentimiento debidamente informado y cuando las condiciones médicas lo permiten¹²⁰.  En 1999, el Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer de la ONU (Comité de la CEDAW) esclareció su postura sobre esterilización en sus comentarios finales al informe periódico de Chile: “El Comité está… preocupado porque es necesario [bajo el derecho chileno] el consentimiento del marido para la esterilización y porque la mujer que desea ser esterilizada debe haber tenido ya cuatro hijos. El Comité considera que esas disposiciones violan los derechos humanos de todas las mujeres¹²¹”.

Funcionarios de gobierno en Argentina confirmaron que trabajadores de salud pública niegan el acceso a la ligadura tubaria a las mujeres no por razones físicas ni restricciones económicas, sino porque la ley no reconoce a la ligadura tubaria como un método válido de control de la fertilidad.  “La ley no contempla la ligadura y la vasectomía por no ser métodos aprobados por el ANMAT [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica]”, explicó Inés Martínez, quien es responsable de la coordinación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. “La ley no lo permite, no lo toma como método de anticoncepción¹²²”.

Para adecuarse plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos, la ley sobre la profesión médica debe ser enmendada para permitir el acceso a la esterilización segura y voluntaria cuando existe consentimiento informado.  El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable debe incluir la ligadura tubaria voluntaria y la vasectomía dentro de la gama de métodos anticonceptivos ofrecidos, dado el consentimiento informado y positivo de la persona involucrada. El Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a la siguiente conclusión en el 2000, cuando señaló con respecto a Argentina que “[l]as mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización¹²³”.

Human Rights Watch entrevistó a mujeres en tres provincias—Tucumán, Santa Fe, y Buenos Aires—a quienes se les negó el procedimiento de ligadura tubaria, generalmente porque funcionarios de salud les dijeron que era ilegal o no permitido bajo los procedimientos locales del hospital.  Al mismo tiempo, es importante notar que no todos los hospitales públicos niegan el acceso a este tipo de anticoncepción, y que algunas provincias han aprobado legislación que intenta superar las deficiencias de la ley nacional.  Sin embargo, incluso en los casos en que la ley provincial o municipal facilita los procedimientos de esterilización voluntaria, algunos trabajadores de salud siguen temiendo potenciales consecuencias legales.  Por ejemplo, dos semanas después de que una ley de la provincia de Santa Fe autorizara las esterilizaciones voluntarias en la provincia, Elda Cerrano, funcionaria municipal a cargo de la ejecución del programa de salud reproductiva en Rosario, provincia de Santa Fe, dijo a Human Rights Watch: “El asunto de la ligadura tubaria es un grave problema y lo sigue siendo a pesar de la ley. … [La ley de ejercicio profesional], tienen que cambiarla … . ¿Cómo le exijo yo a mi gente que hagan eso si corren el riesgo de que les deshabiliten? … Hasta ahora era totalmente prohibido.  No está escrito en ningún código cómo proceder¹²⁴”.

Decisiones de la mujer sujetas a la autoridad masculina

Los criterios para que una mujer pueda acceder a la ligadura tubaria varían de un hospital a otro, pero un denominador común mencionado por la mayoría de las mujeres entrevistadas es el requisito del consentimiento conyugal.  “Tenés que tener un permiso del marido” dijo Valentina Rodríguez, de veintidós años¹²⁵.  Micaela Márquez, de veintiocho años, así como diez otras mujeres entrevistadas por Human Rights Watch en tres provincias entregaron testimonios similares: “En mi caso, yo pregunté y me dicen que tenés que tener una cierta edad, y tenés que tener autorización del marido¹²⁶”

El requisito de la autorización del cónyuge para el acceso a la ligadura tubaria atenta contra los compromisos adquiridos por Argentina mediante el CEDAW¹²⁷ y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos¹²⁸, ambos incorporados a la Constitución Argentina de 1994¹²⁹.  El Comité de la CEDAW ha aclarado que: “[l]a decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno…¹³⁰”. El Comité de Derechos Humano ha indicado que se viola el derecho a la privacidad, protegido por el artículo 17 del PIDCP “cuando se exige que el marido dé su autorización para tomar una decisión respecto de la esterilización, [y] cuando se imponen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como tener cierto número de hijos o cierta edad¹³¹”. 

Cuando un hospital demanda la autorización conyugal para entregar algún tipo de servicio de planificación familiar, la mujer soltera a la que se le niegan estos servicios porque no está en capacidad de conseguir un consentimiento conyugal sufre adicionalmente de discriminación basada en su estado civil.  Este fue el caso de Romina Parma, quien intentó obtener una ligadura tubaria en reiteradas ocasiones, tanto antes como después de la separación de su marido, quien la abusaba física y sexualmente. Ella nos dijo: “[Para atarme las trompas] tengo que estar casada, tengo que tener autorización de mi marido.  Pero si vos no estás debidamente casada te lo niegan y te lo niegan.” Parma tuvo once hijos y trece embarazos.  Un doctor de un hospital público de Buenos Aires se negó a realizar el procedimiento por la falta de autorización conyugal, a pesar de las violaciones semanales y a veces diarias que sufría de parte de su conviviente y a pesar de los efectos adversos que otros métodos anticonceptivos tenían sobre su salud: “El DIU me produjo hemorragias grandes”. Parma decidió finalmente irse a vivir sola, porque sentía que ésta era la única manera de no tener más hijos. “Hace seis años que me separé,” dijo Parma “y no tengo marido para no tener hijos”. Ella entiende que lo que le ocurrió es una gran injusticia: “Es ilegal que te aten las trompas. … Pero yo te pregunto: si tenés diez hijos y treinta años, por lo menos tenés para quince hijos más. ¿Es justo eso? … De repente es ilegal, pero si se pudiera firmar un consentimiento, porque es mi vida. No la vida del futuro hijo, pero mi vida, física y mental¹³²”.

Decisiones de la mujer sujetas a veto médico arbitrario

La falta de una reglamentación nacional para interpretar la ley sobre la profesión médica repercute en una práctica arbitraria e inconsistente de la ley que muchas veces da más peso a las opiniones morales de médicos y funcionarios de salud que a las decisiones de las mismas mujeres en el ámbito reproductivo.  Algunos hospitales locales desarrollan procedimientos y establecen requisitos engorrosos y en algunos casos ciertos doctores deniegan el acceso a la ligadura tubaria, aún si las mujeres cumplen con todos los criterios especificados.

Muchos hospitales públicos requieren que la mujer obtenga un permiso previo del servicio social, de planificación familiar, del comité ético del hospital, del asesor legal del hospital o de cualquier combinación de éstos. 

Las mujeres que Human Rights Watch entrevistó y que solicitaron la ligadura tubaria, generalmente lo hicieron dentro del contexto de una cesárea y creían que la operación sólo se podía realizar si la cesárea estaba previamente programada. Una mujer preguntó a su doctor en un hospital público de Buenos Aires si podía someterse a la ligadura tubaria si no estaba embarazada y la respuesta fue que no podía¹³³.  De hecho, en muchos países el período típico en el que se practica este procedimiento, es el post parto inmediato debido a la mayor conveniencia, menor costo, facilidad para realizar la cirugía y uso más eficiente de los recursos de salud cuando la cirugía se practica en este momento en vez de en cualquier otro período.  Cuando la cirugía se practica al mismo tiempo que la cesárea, estas ventajas se duplican¹³⁴.

Romina Redondo, de treinta y dos años, estaba embarazada de su décimo hijo cuando Human Rights Watch habló con ella.  Nos explicó que cuando quedó embarazada con el octavo hijo, había cumplido con todo lo requerido para obtener la ligadura tubaria en el hospital público “Dr. José María Cullen” en la ciudad de Santa Fe.  A última hora, su doctor le denegó la operación de todas maneras:

Cuando quedé embarazada con el octavo hice todos los trámites para tener una ligadura. … Un abogado saca el consentimiento del marido. … Cuando fui para internarme traje los papeles, pero el médico dijo que entre que me prepararan para la cesárea¹³⁵ podrían hacer tres partos más.  Era cuestión de perder el tiempo. … Yo insistía e insistía y me dijeron que tenía que volver a planificación familiar a colocarme el DIU. … Pero no quería yo el DIU¹³⁶.

Tras un embarazo no planificado mientras usaba anticonceptivos hormonales, un parto y otro embarazo no planificado, Redondo estaba intentando reunir todos los papeles para conseguir acceso a la ligadura tubaria en otro hospital público, el “J.B. Iturraspe”, cuando conversamos con ella en septiembre del 2004.  Ella describió un procedimiento engorroso cuyo resultado final—sin importar las consultas y el papeleo sin fin—dependía de su capacidad de convencer al doctor que le realizaría la operación:

Ahora hice los trámites en otro hospital.  Tengo que ir otra vez para que me den los papeles. … La asistenta social me dijo que tengo que insistir e insistir porque hay médicos que no quieren hacerlo. … Al empezar fuimos a hablar con el director [del hospital] … después mi marido tenía que firmar, y la tenía que llevar [la firma] al abogado. … Luego por planificación familiar.  Sacás turno en la madrugada para turno ese mismo día. … Hablé con el jefe [de planificación familiar], me dio un papelito para ir a la asistenta social.  … Nos juntamos un grupo de mujeres [que queremos ligarnos las trompas], y nos dijo de negociar con los médicos, y nos dio turno para el ginecólogo.  Me hizo preguntas y te dan un papelito para que firme el marido y dos testigos.  Ahora me falta pedir el papel de consentimiento de que pueda hacerlo, de allí tengo que sacar turno para que me pongan en mis papeles que pueden hacerme la ligadura¹³⁷.

Marianella Casillas, de treinta y siete años y madre de seis, explicó a Human Rights Watch que también se le denegó el acceso a la ligadura tubaria en el hospital público local Dr. José María Cullen de Santa Fe durante su sexto embarazo, en contra de la recomendación de su ginecólogo: “Ahora no puedo quedar más embarazada porque tengo hipertensión. … También las pastillas me hacen mucha tensión alta. … El DIU me lo rechazó el organismo, y después no hay ningún método. … Yo quiero hacerme ligar las trompas. … La ginecóloga me lo recetó directamente, que lo hicieran al mismo tiempo [cuando di a luz].  Pero no lo hicieron¹³⁸”.

Varias mujeres dijeron a Human Rights Watch que los doctores trataban de reinterpretar sus deseos expresos, denegándoles el acceso a la ligadura tubaria argumentando que las mujeres podrían cambiar de opinión en el futuro. “Dicen que si lo haces muy joven puedes cambiar la opinión y tienen que revertirlo.  Es como que están a favor de que tengás más hijos”, notó Yanina Carlotto, de cuarenta y seis años¹³⁹.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 20 por ciento de las mujeres que se esterilizan a una edad temprana lamentan la decisión posteriormente¹⁴⁰.  Sin embargo, la OMS no recomienda la postergación de la ligadura tubaria en mujeres jóvenes que estén médicamente aptas, mientras sí advierte que todas las mujeres deben ser adecuadamente orientadas sobre el carácter irreversible de la esterilización y sobre la existencia de métodos anticonceptivos alternativos¹⁴¹. 

Más bien, Human Rights Watch entrevistó a mujeres que enfrentaron preguntas respecto a potenciales futuros maridos o parejas a una edad reproductiva bastante avanzada. “El doctor me preguntó… si no me iba a separar y juntarme otra vez [con otro],” recuerda Marina Padilla, de cuarenta y un años, quien tenía treinta y nueve cuando solicitó la ligadura tubaria durante su séptimo mes de embarazo en el hospital público “J.B. Iturraspe” de la ciudad de Santa Fe¹⁴².  Marcela Espinosa, de treinta y dos años, reflejó el sentimiento de muchas de las entrevistadas por Human Rights Watch cuando dijo: “Si yo no quiero tener más [hijos], y si yo pido [la ligadura], nadie me puede decir: ‘que pasa si tenés otro marido’¹⁴³”.

En algunos casos, las mujeres que entrevistamos lograron convencer a un médico del sistema de salud pública para que les permitiera el acceso a la ligadura tubaria como un “favor” personal.  Andrea González, de cuarenta y seis, había solicitado la ligadura tubaria después del nacimiento de su tercer hijo, pero el doctor le denegó la operación en el hospital público “Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán”.  Tras el nacimiento de su séptimo hijo, otro doctor le dijo a González que “la ayudaría”. “Se puso los guantes, no me dijo nada.  Supongo que hizo algo… Después no me embaracé más”, González recordó¹⁴⁴.  No obstante la respuesta positiva a los ruegos de González, persiste el hecho de que no se le permitió tomar decisiones independientes respecto a su propia salud reproductiva.

El dinero supera la necesidad médica: Acceso disponible en clínicas privadas

Aunque la ley de la profesión médica se aplica tanto a la práctica privada como pública de la medicina, su práctica aparentemente tiene mayor fuerza en el sector público que en el privado.  Un asistente legal de la provincia de Santa Fe explicó: “Aquí se tienen dos opciones. Si vos tenés la plata, te vas al instituto privado y el mismo médico que lo hace allá [la ligadura tubaria] es el que te lo está negando en lo público… En realidad se permite una situación discriminatoria¹⁴⁵”.

Marisa Rossi, de treinta y seis años, quien trabajó como enfermera en sistema de salud privado durante años, confirmó que las mujeres tenían acceso a la ligadura tubaria si lo deseaban y si podían pagar por ella:

Si vos querés, te lo hacen.  Vos decidís.  Porque en lo privado vos decidís lo que querés hacer. … Ponen una patología que no existe [en tus papeles, para no poner ligadura tubaria].   Y más si tenés muchos hijos, allí te lo ofrecen, dicen: ‘Dejáte de joder.’… Si vos tenés para pagar, te hacen lo que vos querés¹⁴⁶.

El hecho de que existe discriminación económica de facto no pasó desapercibido para las mujeres que solicitaron y se les negó la ligadura tubaria.  A Laura Passaglia, una mujer de treinta y dos años que había tenido nueve embarazos, una corte de la provincia de Buenos Aires le denegó el acceso a la ligadura tubaria en el 2004¹⁴⁷.  Ella dijo: “Con plata sí [puedes obtener una ligadura tubaria], pero ¿los que no tenemos? Tengo vecinos que ni siquiera tienen para calzarse¹⁴⁸”.  Nora Casas, de treinta y cuatro años, reiteró este malestar: “Si vos tenés plata te lo hace el médico. … Mientras tienes el dinero te lo hace a cualquier edad”¹⁴⁹.  

De hecho, muchas de las mujeres entrevistadas citaron precisamente las dificultades financieras como la principal razón para querer hacerse la operación. “Me gustaría hacerlo porque ya tengo cuarenta años, tengo siete hijos y la situación económica no da”, dijo Marina Padilla. “Le dije al doctor: ‘La situación está cada vez peor, le acaban de despedir a mi marido.  Cada vez se pone más difícil. Además ya son muchos [mis hijos]’¹⁵⁰”.

El requisito de la autorización judicial

La ley argentina no exige específicamente que se tenga autorización judicial para la ligadura tubaria.  Sin embargo, muchos médicos, funcionarios de gobierno, representantes de ONGs y mujeres individuales creían que éste es un requisito legal o de facto, o veían las disposiciones legales como suficientemente ambiguas como para obligar la autorización jurídica para evitar una acción legal en contra suya.  “[N]adie ha hecho una ligadura de trompas sin pedir autorización del juez”, indicó Inés Martínez, responsable de coordinación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable¹⁵¹.  “Algunos [médicos] que lo harían tienen miedo de ir presos”, explicó Paola Bergallo, profesora universitaria con experiencia en derecho de salud reproductiva¹⁵².  A pesar de ello, Human Rights Watch no supo de ningún médico que haya perdido su licencia o haya cumplido pena de prisión por realizar una ligadura tubaria.

Si bien Human Rights Watch entrevistó a mujeres que obtuvieron la ligadura tubaria sin autorización judicial, también nos encontramos con mujeres que habían recurrido a una corte para conseguir una autorización judicial para su operación.  Algunas de ellas vieron su petición denegada o dieron a luz antes de que su recurso sea considerado o apelado.

Gisela Oporto, de treinta y siete años, contó a Human Rights Watch que solicitó una autorización judicial para la ligadura tubaria luego de que durante su último embarazo sufriera graves problemas de salud, pero dio a luz antes de que su caso fuera resuelto. Consecuentemente, ella no se realizó la operación.

Oporto comenzó a sufrir de hipertensión durante su primer embarazo no planificado y sus médicos del hospital público Gobernador Domingo Mercante de la provincia de Buenos Aires le recomendaron no tomar píldoras anticonceptivas: “[Los médicos] no me querían dar pastillas.  Dicen que tengo que usar preservativas pero… mi marido dice que no siento nada”.  Oporto terminó con dos embarazos no planificados más y luego comenzó a usar píldoras anticonceptivas para evitar otro embarazo que pusiera en riesgo su salud:

Cuando estuve embarazada con la tercera, me agarró un estado depresivo fuerte. … Estuve muy mal, casi muero con el último embarazo. … Empecé a devolver y a sangrar la herida [de las cesáreas anteriores] y no podía respirar. … Después de que la tuve, la doctora me dio pastillas pero me alteraban los nervios. … Menstruaba tres o cuatro veces al mes¹⁵³.

Oporto decidió no tomar más pastillas anticonceptivas.  Después de seis años, Oporto volvió a quedar embarazada, nuevamente sin planificación.

Supuestamente [el parto] tenía que ser cesárea,¹⁵⁴ así que decidí tener la ligadura. … Estuvimos averiguando.  Tenés que tener plata.  En la clínica privada te lo hacen, depende, entre 600 y 800 pesos [US$ 202-269.36], más los días que estás, [suma] hasta 2,500 pesos [US$ 841.75]. ... Averigüé también en el hospital público. … La médica dijo que sin autorización del juez no lo haría.

Con la ayuda de una ONG local, Oporto decidió solicitar la autorización judicial.  Nos relató su experiencia con la corte:

La doctora, ella me dio una orden de que corría riesgo mi vida [con otro embarazo] y supuestamente la vida del bebé. … Otro médico dijo lo mismo.  ... [Desde la corte] pidieron las partidas de nacimiento de los hijos y un análisis psicológico ... [y] un resumen de la historia clínica. ... Se lo pedía a la asistenta social. … El juez denegó el pedido, y ya estaba el bebé por nacer. … Se adelantó el parto y teníamos que apelar a la Corte Suprema [de la Provincia.] … Ya no podían hacer [la ligadura] porque ya nació.

La corte dictaminó que no existía ninguna razón “seria” que ameritara que Oporto se sometiera a la ligadura tubaria y además dejó constancia de que ella no pudo probar que le es imposible usar otro método de anticoncepción que no requiera la esterilización¹⁵⁵.  Sin embargo, ni la corte ni los médicos del hospital público especificaron cuáles podrían ser los otros métodos: “Nadie del hospital me dio ninguna información sobre anticoncepción. … Si voy a la ginecóloga y le pido pastillas o inyección, me dice que no puede [dármelos] por la presión alta.  Y por el DIU [dispositivo intrauterino], como soy gorda tienen miedo de que se salga el DIU”.  Oporto concluyó: “Tienen que hacerlo más fácil para las mujeres que deciden hacerse la ligadura, sobre todo cuando corre riesgo su vida¹⁵⁶”.

Laura Passaglia, de treinta y dos años, tuvo una experiencia similar, también en la provincia de Buenos Aires.  Cuando Human Rights Watch entrevistó a Passaglia, ella había tenido nueve embarazos, incluyendo dos abortos naturales y un hijo prematuro que murió al poco tiempo de nacer.  Ella intentó obtener la ligadura tubaria por primera vez cuando sufrió una profunda depresión a raíz de la muerte de ese hijo: “El cuarto fue el bebito que falleció. … Estaba en una etapa que no quería nada, ni los que tenía, ni los que iban a venir. … Preguntaba por allí por ligadura.  Decían que no, que no había ley.  Que con plata sí, pero tenía que sacarle la comida de mis hijos para tener los 1,000-2,000 pesos [US$ 336.70-673.40] que necesitaba [para la ligadura]”.  Después de varios embarazos posteriores, Passaglia consultó nuevamente con su doctor en el hospital público Larcade de la provincia de Buenos Aires sobre la posibilidad de obtener la ligadura tubaria :

Allí yo hablaba con la médica, me dijo que no, que no había ley [que permite la ligadura]. … Dije que ahora voy a morir pero me lo voy a hacer porque además me parecía que era decisión mía. … En el hospital me ponían todas las trabas.  … El jefe del hospital me dijo que era lo mismo que hacerse un aborto.  Estaba embarazada de cuatro meses entonces¹⁵⁷.

Passaglia solicitó la autorización judicial.  Ella informó a Human Rights Watch que el hospital público seguía poniendo trabas para impedir que ella cumpliera con los requisitos de la corte:

Necesitaba el resumen de la historia clínica. … Me daban dos o tres páginas [de la historia].  Me hicieron pagar, pero no me lo dieron [todo]. … Me cobraron 10 pesos [US$ 3.37] y tuve que esperar un mes para que me lo den.  No podés acceder a tu historia clínica así nomás. … El perito dijo que tener muchos hijos no es un riesgo de salud ni nada.  [Pero] era de tener contracciones todo el embarazo, y no tengo ayuda en casa, tenía que salir adelante¹⁵⁸.

La corte que revisó el caso de Passaglia admitió que la evidencia presentada demostraba que ella sufría de hipertensión y reiteradas infecciones urinarias, que los medicamentos que recibía no le ayudaban y que tenía una orden médica de limitar su esfuerzo físico y de no caminar demasiado y que no podía cumplir con esta recomendación debido a sus otros hijos.  Pese a ello, la corte denegó la ligadura tubaria solicitada por Passaglia, basándose en el testimonio de un experto seleccionado por la corte, quien indicó que “no surge la finalidad terapéutica” para realizar la operación, pese a considerar que los problemas de salud relativos a los embarazos de Passaglia eran lo suficientemente serios como para recomendarle que busque ayuda médica¹⁵⁹.

No todas las mujeres que han solicitado autorizaciones judiciales han visto sus peticiones denegadas.  Algunas cortes han solicitado a los hospitales que ejecuten la operación requerida¹⁶⁰.  Sin embargo, persiste el hecho de que el derecho al acceso a la ligadura tubaria voluntaria—método anticonceptivo efectivo y seguro—depende de los cónyuges, los abogados, los doctores, los asistentes sociales y la situación económica personal.