publications

índice  |  proximo>>

I. Resumen

Cuando el Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías se enfrentó a un golpe de Estado en abril de 2002, los defensores de la democracia en Venezuela y en el extranjero condenaron rotundamente el atentado contra el orden constitucional del país.  Hoy en día Venezuela se enfrenta a otra crisis constitucional que podría afectar seriamente a su ya frágil democracia.  Esta vez, sin embargo, la amenaza proviene del propio gobierno. 

Desde el año pasado, el Presidente Chávez y sus aliados han venido adoptando medidas para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, a través de medios que violan los principios fundamentales de la Constitución venezolana y el derecho internacional de los derechos humanos. 

La más flagrante de estas medidas es una ley aprobada el mes pasado que amplía el número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32 magistrados.  La Asamblea Nacional designará por mayoría simple a los nuevos magistrados.  Con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), la coalición gobernante podrá usar su escasa mayoría en la Asamblea para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el Tribunal Supremo.  También tendrá potestad para anular las designaciones de magistrados actualmente en ejercicio.  En definitiva, esta Ley le permitirá al gobierno y a su coalición en la Asamblea Nacional copar y purgar el control del Tribunal Supremo.

La toma política del Tribunal Supremo agravará aún más la falta de independencia judicial que ya han causado algunas medidas adoptadas por el propio Tribunal.  El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran número de jueces sin estabilidad en el cargo; ha despedido a jueces que han decidido controvertidos casos políticos y ha permitido el cierre del segundo máximo tribunal de justicia contencioso administrativa del país al no resolver los recursos legales presentados por sus magistrados destituidos.  Privar a los jueces del derecho a la estabilidad en el cargo y permitir que sean destituidos sumariamente o que se les impida ejercer las garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa, viola los principios fundamentales de la Constitución venezolana y del derecho internacional de los derechos humanos.

En mayo del presente año Human Rights Watch realizó una investigación en Venezuela, en la cual entrevistó a jueces y magistrados en ejercicio y en retiro, funcionarios del sistema judicial, abogados, legisladores, periodistas y observadores extranjeros, sobre las implicaciones legales y prácticas de estas medidas, así como sobre las justificaciones que pudieran existir para adoptarlas. 

El Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y un diputado, partidario del Presidente Chávez, intentaron aplacar nuestras preocupaciones por la disminución de la independencia judicial insistiendo en que quienes ejercen autoridad sobre los jueces y magistrados demostrarían moderación y respeto por el Estado de Derecho.  Sin embargo, dichas garantías son irrelevantes, pues un Estado de Derecho que depende de la buena voluntad y del autocontrol de quienes ostentan el poder no es en realidad un Estado de Derecho. 

Varios de los funcionarios entrevistados subrayaron la necesidad de entender la actitud de los opositores al Presidente Chávez, muchos de los cuales — según ellos — no están dispuestos a entrar en una negociación y diálogo sustantivo ni someterse al Estado de Derecho.  Insistieron en que los jueces e incluso los magistrados del Tribunal Supremo deciden los casos en función de sus convicciones políticas, en lugar de los mandatos de la ley.  Citaron como ejemplos el hecho de que el Tribunal Supremo no hubiera condenado a los responsables del golpe de 2002 y que los jueces de tribunales inferiores no se hubieran ocupado de las actividades, supuestamente ilegales, llevadas a cabo durante de la huelga general de 2003, que costó al país miles de millones de dólares en ingresos por ventas de petróleo y provocó enormes daños a la economía. 

Es cierto que algunos sectores de la oposición han desconocido el Estado de Derecho en sus esfuerzos por derrocar al Presidente Chávez, como también que algunos jueces de la oposición permitan que sus convicciones políticas interfieran con su aplicación de la ley, pero en lugar de adoptar medidas para fortalecer el Estado de Derecho, los aliados y los simpatizantes de Chávez se han dedicado a manipular el sistema a favor de sus propios intereses.

Hemos presenciado maniobras similares en otras partes de la región.  Por ejemplo, durante los noventa, los Presidentes Carlos Menem, en Argentina, y Alberto Fujimori, en Perú, reconstituyeron los sistemas judiciales al servicio de sus propios intereses.  Esos cambios les permitieron influir sobre las decisiones de los tribunales y contribuyeron a un ambiente de ilegalidad que facilitaron las prácticas corruptas por las que se siguen causas penales actualmente contra ambos ex mandatarios.

Los acontecimientos en Venezuela son más alarmantes por su posible repercusión sobre la situación política nacional, ya de por sí explosiva.  Las tensiones han ido creciendo durante meses mientras la oposición al Presidente Chávez intentaba convocar un referéndum extraordinario para acabar con su presidencia.  El Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó cientos de miles de firmas en una petición para que se autorizara el referéndum y miles de personas salieron a las calles a protestar, lo cual culminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado que se saldaron con 13 personas muertas, numerosos heridos y cientos de detenidos por la policía. 

La solución pacífica y legítima de la crisis actual dependerá, en gran medida, del sistema judicial del país, pues en última instancia serán los tribunales los que tendrán que determinar la validez de las decisiones del CNE — así como la legalidad de las  acciones de los simpatizantes y opositores a Chávez.  En otras palabras, los tribunales tienen que garantizar que el conflicto político no desemboque en el desconocimiento de la libertad de expresión y asociación, las garantías procesales y otros derechos humanos fundamentales.  Para que cumplan este objetivo con eficacia y credibilidad, es imperativo que los jueces y los magistrados puedan actuar con la independencia e imparcialidad contempladas en la Constitución venezolana y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Principales recomendaciones

El futuro del sistema judicial venezolano ahora está en manos de su máximo tribunal. Para salvaguardar la autonomía del Poder Judicial, el Tribunal Supremo debe anular por inconstitucionales las disposiciones de la ley que permiten copar el Tribunal y someterlo a la agenda política de la coalición gobernante.  Para promover la independencia de los jueces, el Tribunal Supremo debe utilizar su autoridad administrativa para reactivar el programa que genera estabilidad en los cargos y garantiza el ejercicio pleno e inmediato del debido proceso para los jueces que podrían llegar a ser destituidos, especialmente aquellos acusados de mal manejo de casos políticamente sensibles.

La comunidad internacional puede prestar una ayuda valiosa.  El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han apoyado proyectos destinados a mejorar la administración de justicia en Venezuela — desde la capacitación de fiscales e investigadores hasta el desarrollo de infraestructuras judiciales.  Lo que más apremia actualmente es el fortalecimiento de la independencia y la autonomía judiciales.  Sin ellas, otros proyectos sólo podrán ayudar a que opere con más eficiencia un sistema que adolece de graves fallas estructurales.  Para fomentar el progreso donde es más necesario, toda asistencia internacional futura destinada a apoyar el sistema judicial venezolano debe suspenserse y su renovación debe quedar condicionada a que Venezuela adopte medidas inmediatas y concretas para reforzar la independencia de sus jueces y la autonomía de su máximo tribunal. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) también puede desempeñar un papel vital.  La Carta Democrática Interamericana, firmada en el año 2001 por los ministros de relaciones exteriores de 34 Estados, incluido Venezuela, autoriza a la OEA a responder activamente frente a las amenazas contra el orden democrático en sus Estados Miembros.  Este compromiso de defensa de la democracia llevó a la OEA a denunciar el fallido golpe contra el Presidente Chávez en abril de 2002.  Hoy en día, el orden democrático en Venezuela se ve amenazado de manera diferente, ya que la creciente vulnerabilidad del sistema judicial a la manipulación política socava el Estado de Derecho.  A menos que en Venezuela se tomen inmediatamente medidas concretas para revertir el curso, el Secretario General de la OEA debe utilizar la autoridad que le confiere el artículo 18 de la Carta, para adoptar medidas que le permitan evaluar la situación, previo consentimiento del Gobierno venezolano, y buscar una respuesta colectiva de la OEA para enfrentar esta situación.

La mayor responsabilidad por la crisis en el sistema judicial venezolano recae en el Presidente Chávez y su coalición gobernante.  Para impedir que se siga erosionando la separación de los poderes en el país, el Presidente debe dar instrucciones a sus simpatizantes en la Asamblea Nacional para que suspendan inmediatamente la implementación de la nueva ley que pretende copar el Tribunal Supremo de adeptos, y promuevan leyes que modifiquen estas disposiciones que socavan la independencia del sistema judicial.  El Presidente también tiene que estar dispuesto a aceptar la intervención y colaborar con el Secretario General de la OEA, si la organización ofrece vías a Venezuela para enfrentar la crisis que sufre su sistema judicial. 


índice  |  proximo>>junio de 2004