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I.  Resumen

La creciente epidemia de VIH/SIDA en la República Dominicana se desarrolla en el marco de una arraigada desigualdad entre hombres y mujeres y de elevados niveles de conductas de alto riesgo, como el poco uso de preservativos, la multiplicidad de parejas sexuales, y la iniciación sexual temprana.  Esta situación ha puesto a la mujer en mayor riesgo de infección de VIH y ha multiplicado las consecuencias para las mujeres en términos de violaciones de derechos humanos relacionadas al VIH en el trabajo y en el sistema de salud pública.

El gobierno de la República Dominicana ha adoptado medidas para enfrentar la crisis de VIH/SIDA en el país, como la creación en el 2002 de un organismo multisectorial, el Consejo Presidencial del SIDA, COPRESIDA, encargado de coordinar y monitorear los esfuerzos de los sectores público y privado para prevenir la propagación del VIH/SIDA.  El gobierno también ha implementado un programa nacional para reducir la transmisión vertical del VIH y ha buscado financiamiento internacional para programas de tratamiento del SIDA de largo plazo.  Ciertamente, estas medidas constituyen necesarios avances positivos y van en la dirección correcta.  Por ello, el gobierno debe ser elogiado. 

Sin embargo, el gobierno no ha sabido tomar en serio el vínculo—bien establecido y analizado en la literatura internacional sobre salud pública y derechos humanos—entre la diseminación de la enfermedad y la arraigada desigualdad sexual, la violencia contra la mujer, y otros sesgos sociales que de distintas maneras limitan la autonomía y los derechos de las mujeres.  Consecuentemente, las políticas, programas y planes de VIH/SIDA que la República Dominicana ha diseñado e implementado en algunas áreas no han podido enfrentar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres y en otras áreas hasta han contribuido a estas violaciones. 

Este informe se centra en las dos áreas que Human Rights Watch considera vitales, pues necesitan la más pronta reforma.  La primera es la discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo, en particular a través de pruebas de VIH involuntarias administradas a mujeres que trabajan y que buscan empleo.  Nuestra investigación demuestra que las mujeres que buscaron empleo en la industria del turismo o en las zonas francas—los dos principales empleadores de mujeres—son obligadas a someterse a pruebas de VIH como condición para acceder al empleo, violándose así su derecho a la no discriminación en el acceso al empleo y en el lugar de trabajo.  Ninguno de los mecanismos gubernamentales diseñados para hacer respetar los derechos laborales ha tratado de manera adecuada este abuso, permitiéndose así que los empleadores den curso a sus abusos con impunidad.

Human Rights Watch detectó también graves deficiencias en la administraciónde servicios públicos de salud a las mujeresCuando las mujeres usan los servicios públicos de salud, especialmente los centros de cuidado prenatal, reciben consejería extremadamente insuficiente previa y posteriormente a la prueba de VIH, y corren el riesgo de que resultados confidenciales de la prueba sean divulgados.  Además sufren un trato abusivo por parte del personal de salud, incluyendo el retraso o la negación de algunos procedimientos médicos.  Algunas mujeres son objeto de presiones para ser esterilizadas. 

La divulgación rutinaria de resultados confidenciales de pruebas de VIH, sumada al hecho de que a las mujeres se les ofrecen pruebas y consejería VIH de forma más frecuente que a los hombres, alimenta la percepción de que las mujeres son las culpables de la presencia del VIH en las uniones estables.  Como resultado de ello, sin importar cuál fue la fuente de la infección, muchas mujeres que dan positivo en la prueba de VIH están sujetas al ostracismo, la violencia o el abandono por parte de sus parejas estables o de sus familias.  Además, en la República Dominicana las normas culturales suponen que la mujer—y no necesariamente el hombre—debe ser fiel y que ella es responsable en última instancia incluso de la infidelidad de su marido.

Nuestra investigación muestra que las normas nacionales sobre consejería y pruebas de VIH se implementan de una manera tal que no se da a la mujer información completa sobre sus derechos y opciones.  Descubrimos varios casos en que los médicos y otros trabajadores del área de la salud tomaban decisiones importantes sobre la vida y salud de la paciente sin consultarle.  De esta manera se priva a la mujer de la posibilidad de dar su consentimiento informado para las pruebas y tratamiento posterior y se pierde una herramienta importante para la prevención al no dar a las mujeres el apoyo que necesitan para poder protegerse a sí mismas, a sus parejas sexuales y a sus hijos de la infección del VIH en el futuro.  El resultado neto es la perpetuación de las violaciones de los derechos de las mujeres.

Un proyecto de ley, que estaba a la espera de presentación al Congreso de la República Dominicana al momento de escribirse este informe, ofrecería a todas las mujeres embarazadas consejería sobre VIH y ordenaría la administración general de pruebas de VIH a menos que la mujer se rehúse explícitamente (lo que a veces se llama “prueba con opción de declinar” o “pruebas ‘opt-out’”).  Aunque el actual proyecto de ley es menos draconiano que una versión anterior, que establecía pruebas obligatorias para las mujeres embarazadas, su aplicación tendría de todos modos consecuencias adversas.  Dadas las fallas generalizadas en la consejería VIH documentadas en este informe, la administración de las “prueba con opción de declinar” podría, en la práctica, ser indistinguible de una política de pruebas obligatorias en un sentido importante: muchas mujeres no tendrían la oportunidad de tomar una decisión verdaderamente informada con respecto a si quieren ser sometidas a la prueba.  En la ausencia de un esfuerzo serio por parte del gobierno de la República Dominicana para garantizar consejería incluyente y de calidad pre y post prueba, la propuesta reforma podría resultar en violaciones al derecho al consentimiento informado.  Además, dadas las difundidas violaciones a la confidencialidad de la prueba documentadas en este informe, es probable que el nuevo régimen no contribuiría a superar la discriminación y el abuso sufridos por las mujeres viviendo con VIH.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ONUSIDA, y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han resaltado sistemáticamente la importancia de la voluntariedad, la calidad de la consejería, el consentimiento informado y la confidencialidad de las pruebas y la atención del VIH como partes esenciales de las estrategias de prevención, especialmente en las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Este enfoque enfatiza la existencia de una presunción en el derecho internacional de derechos humanos a favor de sistemas que protejan rigurosamente el derecho a la privacidad a través de mecanismos de confidencialidad y consentimiento informado.  Antes de pasar una ley que invalide explícita o implícitamente estas presunciones, el gobierno de la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar, apelando a evidencia científica concreta, el por qué son necesarias y convenientes tales limitaciones de los derechos.  En todo caso, el gobierno tiene la obligación urgente, frente las mujeres, de garantizar la vital consejería pre y post prueba para todas las personas que se sometan a la misma, además de medidas de confidencialidad rigurosas adoptando una política de tolerancia cero hacia las violaciones a la confidencialidad. 

La República Dominicana ha ratificado tratados internacionales que requieren que el gobierno proteja los derechos humanos a la privacidad, a la integridad física, al más alto nivel posible de salud, a la no discriminación en el acceso a empleo y en el lugar de trabajo y la no discriminación por razones de salud, tales como el ser VIH-positivo.  Estos tratados incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

Este informe se basa en entrevistas a mujeres viviendo con VIH realizadas en enero del 2004 en Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata en la República Dominicana.  Además, Human Rights Watch encuestó brevemente a algunas mujeres y hombres que trabajan en la industria hotelera y en fábricas de las zonas francas en Puerto Plata y Playa Dorada en la costa norte.  También nos entrevistamos con funcionarios gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), trabajadores públicos del sector salud y actores relevantes del sector privado.  Todos los nombres y datos personales de las mujeres viviendo con VIH han sido alterados para proteger su privacidad.  Por esta misma razón, algunos datos de otras personas entrevistadas han sido mantenidos en reserva si era necesario. 


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