El desplazamiento forzado de civiles está prohibido conforme al artículo 17 del Protocolo II. A no ser que así lo exijan la seguridad de la población civil o razones militares imperiosas, se prohíbe el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto. Cabe señalar que el desplazamiento forzado suele producirse como resultado de otras violaciones, tales como los asesinatos y las amenazas.

Hasta donde sabe Human Rights Watch, no existen cifras precisas sobre el nivel de desplazamiento forzado de la Zona. Está claro, sin embargo, que el control de la Zona por parte de las FARC-EP ha generado cierto desplazamiento forzado. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), un grupo independiente de derechos humanos con sede en Bogotá, al menos 3.700 personas salieron de la Zona en 1999.⁷³

Algunos huyeron debido a amenazas concretas contra ellos. Otros huyeron por temor a que sus hijos fueran reclutados por las FARC-EP o a ser atacados porque las FARC-EP les acusó de estar relacionados con los paramilitares.⁷⁴ Una fuente informada establecida en la ciudad de San Vicente calculaba que unas 300 personas habían huido del área desde el establecimiento de la Zona debido a las amenazas o al miedo.⁷⁵ La Defensoría ha documentado varios casos de desplazamiento, entre ellos el de Bogdan Bujalski, sacerdote de La Julia, La Uribe, que se vio obligado a huir el 12 de septiembre de 1999, por orden de las FARC-EP.⁷⁶

X. CONCLUSION

Human Rights Watch apoya las negociaciones de paz destinadas a poner fin a la violencia política y a las violaciones al derecho internacional humanitario en Colombia. Pero creemos también que es necesaria una acción inmediata de todas las partes del conflicto armado para acabar con los gravísimos abusos que se detallan en esta carta. Sin la atención debida a las normas del derecho internacional humanitario, será aún más difícil establecer la confianza necesaria entre las partes para poner fin al largo y sangriento conflicto en Colombia.