Los Lazos que Unen:
Colombia y las relaciones militares-paramilitares

(New York: Human Rights Watch, 2000)

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Human Rights Watch presenta en este documento pruebas detalladas, abundantes y convincentes de los constantes lazos estrechos entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Esta información ha sido recopilada por investigadores del gobierno colombiano y Human Rights Watch. Varias de nuestras fuentes de información, entre ellos testigos presenciales, nos solicitaron que ocultáramos su identidad debido a que sus vidas han sido amenazadas como resultado de su testimonio.

En lugar de adoptar medidas decisivas para cortar los lazos con los paramilitares, las pruebas de Human Rights Watch sugieren claramente que el alto mando militar colombiano aún no ha dado los pasos necesarios para lograr este objetivo. La información de Human Rights Watch implica a brigadas del Ejército Colombiano que operan en las tres ciudades más grandes del país, entre ellas la capital, Bogotá. Si los dirigentes colombianos no pueden o no quieren detener el apoyo de estas unidades a los grupos paramilitares, la resolución gubernamental de poner fin a los abusos a los derechos humanos en unidades que reciben asistencia de seguridad de Estados Unidos ha de ponerse seriamente en entredicho.

En previos informes y documentos de Human Rights Watch se han expuesto en detalle pruebas creíbles y convincentes procedentes de investigaciones oficiales y de otros organismos de la continua relación entre el Ejército y los grupos paramilitares dentro de la Quinta, Séptima, Novena, Décimo Cuarta y Décima Séptima Brigadas.

En conjunto, las pruebas recopiladas hasta ahora por Human Rights Watch relacionan a casi la mitad de las 18 brigadas del Ejército de Colombia (salvo las escuelas militares) con la actividad paramilitar. Estas unidades operan en la zona de las cinco divisiones militares colombianas. En otras palabras, el apoyo militar a la actividad paramilitar es un asunto nacional y cubre áreas donde unidades que reciben o están designadas para recibir ayuda militar estadounidense operan.

Human Rights Watch ha llamado la atención sobre estos hechos a los ministros y funcionarios competentes del gobierno colombiano y les ha instado a que tomen medidas inmediatas para resolver estos problemas continuos de conformidad con las leyes colombianas.

Partiendo de las pruebas adjuntas, Human Rights Watch concluyó que:

  • Tan recientemente como 1999, los investigadores del gobierno colombiano reunieron pruebas de que oficiales del Ejército habían establecido un grupo "paramilitar" utilizando a oficiales militares en activo, retirados o en la reserva, junto con paramilitares contratados, que operaba efectivamente al lado de soldados y en colaboración con ellos. Algunos de los oficiales implicados siguen en servicio activo y en posiciones de mando;

  • En 1997, 1998 y 1999, una investigación exhaustiva realizada por el gobierno colombiano recopiló pruebas convincentes de que oficiales del Ejército colaboraban estrechamente con paramilitares a las órdenes de Carlos Castaño. Compartían inteligencia, planeaban y ejecutaban operaciones conjuntas, suministraban armas y municiones, apoyaban con helicópteros y asistencia médica, y se coordinaban con los paramilitares a diario;

  • Existen pruebas creíbles, obtenidas mediante investigaciones del gobierno colombiano y entrevistas de Human Rights Watch, de que en 1998 y 1999, agentes de inteligencia militar reunieron información sobre colombianos asociados con la protección de los derechos humanos, los organismos oficiales de investigación y los diálogos de paz, que fueron después objeto de amenazas, hostigamientos y ataques por parte del Ejército, a veces con la asistencia de grupos paramilitares y sicarios;

  • Existen pruebas creíbles de que esta alianza entre la inteligencia militar, los grupos paramilitares y los sicarios tiene alcance nacional y capacidad para amenazar a investigadores clave de la Fiscalía General y la Procuraduría;

  • Las brigadas que se citan en este informe — la Tercera, Cuarta y Décimo Tercera — operan en las ciudades más grandes de Colombia, entre ellas la capital. Sus comandantes se consideran entre los más capacitados e inteligentes, y son los principales candidatos para ascensos a puestos superiores de mando de divisiones, el Ejército y las fuerzas conjuntas de Colombia. Si los líderes de Colombia no pueden o no quieren detener el apoyo a los grupos paramilitares dentro de estas unidades, es muy cuestionable que vaya a tener más éxito con unidades menos controladas o que operan en áreas rurales, tales como las que reciben asistencia de seguridad de Estados Unidos en el sur de Colombia;

  • Como subrayan estos casos, los organismos civiles de investigación de Colombia, especialmente la Fiscalía General, son capaces de realizar investigaciones sofisticadas e implacables. Sin embargo, muchos investigadores asignados a casos que implican al Ejército y los paramilitares se han visto obligados a renunciar o huir de Colombia;

  • Al menos siete de los oficiales mencionados en el informe adjunto se han graduado en la Escuela de las Américas. La formación por si sola, aunque incluya cursos de derechos humanos, no impide los abusos a los derechos humanos. Ha de estar acompañada de acciones claras y decididas por parte del gobierno colombiano para llevar ante la justicia a los miembros del Ejército que hayan cometido abusos a los derechos humanos, obligar al Ejército a cortar sus antiguos lazos con los grupos paramilitares y garantizar que las Fuerzas Militares de Colombia están sometidas al estado de derecho, lo que incluye acatar la decisión de la Corte Constitucional de agosto de 1997 decretando que el personal de las fuerzas de seguridad acusado de cometer crímenes de lesa humanidad sea juzgado en tribunales civiles.

Toda asistencia internacional de seguridad debe estar condicionada a acciones concretas por parte del gobierno colombiano para cortar los lazos a todos los niveles entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares. Los abusos atribuidos directamente a los miembros del Ejército de Colombia han disminuido en los últimos años, pero, durante el mismo período, el número y la escala de los abusos atribuidos a grupos paramilitares con la aquiescencia o el apoyo abierto del Ejército se ha disparado. No se debe suministrar ayuda internacional a los que cometen directamente abusos a los derechos humanos ni a los que contratan efectivamente a otros para que cometan los abusos por ellos.

Entre las medidas que deben exigirse al gobierno colombiano se encuentran las siguientes:

  • diseño y aplicación de un plan integral y público para investigar, perseguir, capturar y llevar ante la justicia a líderes paramilitares, un plan que prevea recursos suficientes y garantice el apoyo político necesario para lograr estos objetivos;

  • disposición de un aumento considerable de fondos para la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, que incluya un incremento del apoyo al programa de protección de testigos, los viajes, el equipo de comunicación, mayor seguridad y mejora de la capacidad para reunir pruebas. El trabajo de la Fiscalía General de Colombia ha contribuido significativamente a la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por delitos graves, tales como los cometidos por las guerrillas colombianas. Sin embargo, los fiscales e investigadores siguen corriendo peligros mortales. Muchos se han visto obligados a salir del país debido a las amenazas contra sus vidas, lo que ha puesto en riesgo el futuro de casos cruciales;

  • establecimiento de la capacidad regional y local de responder a las amenazas de masacres y la violencia planificada, lo que incluye la creación de una fuerza de reacción inmediata para investigar amenazas y asesinatos, y tomar medidas para perseguir y capturar a presuntos responsables con el fin de llevarlos ante la justicia;

Con respecto a la formación estadounidense de militares y policías colombianos, Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a que garantice que:

  • todo asesoramiento o formación de Estados Unidos cuenta con instrucción relativa a la obligación de todos los miembros de las fuerzas militares y de seguridad de respetar el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II. La formación debe incluir situaciones hipotéticas que reflejen la realidad colombiana y debe evaluarse de cerca el entendimiento y aplicación del derecho internacional humanitario por parte de los alumnos. Se debe invitar a especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja a que contribuyan a dicha formación;

  • todos los materiales de formación existentes se revisen en coordinación con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Colombia y un representante de los grupos independientes de derechos humanos, con el fin de garantizar que reflejan los niveles más altos de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;

  • todos los alumnos, independientemente de que tengan rango de oficiales o inferior, reciben instrucción adecuada en materia de derechos humanos.

La información presentada por Human Rights Watch demuestra claramente que el compartimiento de inteligencia sigue siendo el método más generalizado y común de colaboración entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares, con graves consecuencias para los derechos humanos. La inteligencia es por definición una función central de todo ejército, algo que está claro en el caso del Ejército Colombiano. Abordar los problemas que el compartimiento de información plantea se contradice con un enfoque de unidad por unidad. Por lo tanto:

  • en cumplimiento de los objetivos de la Enmienda Leahy, Estados Unidos debe aplicar condiciones de derechos humanos al compartimiento de inteligencia, para garantizar que la información no se comparte con violadores de los derechos humanos ni con los que vayan a transmitirla a grupos paramilitares que violan los derechos humanos;

  • con el objetivo de cumplir la Enmienda Leahy, Estados Unidos debe dejar claro que ayudar e instigar a cualquier grupo paramilitar conducirá a que la unidad implicada no pueda recibir ayuda ni formación estadounidense hasta que no se adopten medidas eficaces para investigar y sancionar las violaciones. Por ejemplo, si se descubre que un batallón particular de la nueva brigada antidroga está abusando directamente o colaborando en el abuso a los derechos humanos, Estados Unidos tomará medidas inmediatas para cesar la asistencia a toda la brigada;

  • todo aumento de la asistencia de seguridad debe conllevar un incremento proporcional del personal civil asignado a la Embajada o el Departamento de Estado para supervisar el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos. Se debe exigir al personal que se celebre frecuentemente reuniones informativas no sólo con fuentes militares y gubernamentales, sino también con grupos independientes de derechos humanos, la Iglesia y organizaciones de ayuda. Estos encuentros han de tener como objetivo la obtención del máximo de información posible sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos;

  • el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado debe contar habitualmente con una relación de las actividades de supervisión en los países en que se aplica la Enmienda Leahy, y está información debe estar disponible para su revisión independiente.

Las "medidas efectivas" establecidas en la Enmienda Leahy deben interpretarse de manera que incluyan, entre otras, la rigurosa aplicación del fallo de agosto de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia, que requiere que los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por personal militar sean investigados y juzgados en cortes civiles. Ni el Ejército ni el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de resolver las disputas jurisdiccionales, han acatado este fallo hasta la fecha.

  • como condición para la asistencia de Estados Unidos, el Gobierno de Colombia debe exigir en primer lugar al Ejército que respete la jurisdicción civil en casos relacionados con acusaciones creíbles de abuso a los derechos humanos por parte de personal militar, entre ellos los casos de oficiales acusados de conspirar para cometer o facilitar asesinatos y masacres de grupos paramilitares. De este modo, el Presidente Pastrana puede garantizar que dichos casos se remiten a las cortes civiles, que están en mejor disposición de investigarlos imparcialmente y garantizar el debido proceso;

  • Estados Unidos debe requerir que el Ejército Colombiano establezca un comité de revisión independiente, compuesto por representantes de alto nivel de la Fiscalía General y la Procuraduría, para evaluar si existen pruebas creíbles de abusos a los derechos humanos contra oficiales y soldados particulares. Si se hallan dichas pruebas creíbles, se debe suspender inmediatamente a la persona implicada y su caso debe ser remitido a las cortes civiles. Si es hallada culpable, se debe retirar permanentemente a dicha persona del servicio en las fuerzas de seguridad;

  • para fortalecer las sanciones a miembros abusivos de las fuerzas de seguridad, Estados Unidos debe llevar a cabo una revisión de todos los visados concedidos a personal militar y asegurar que se revocan los visados y se niega la entrada a Estados Unidos a las personas contra las que existan pruebas creíbles de abuso a los derechos humanos o apoyo a los grupos paramilitares;

  • para fortalecer la responsabilidad, Estados Unidos ha de instar a Colombia a que reforme las normas que gobiernan las investigaciones y los procedimientos disciplinarios de la Procuraduría. La Procuraduría es el organismo oficial que supervisa la conducta de los empleados del gobierno, entre ellos los miembros del Ejército y la Policía, y puede ordenar su sanción o suspensión. Actualmente, sin embargo, los retrasos en las investigaciones han provocado que muchas casos de graves crímenes de derechos humanos tengan que ser archivados debido a los plazos excesivamente breves de la ley de prescripciones. Además, el delito de asesinato no está tipificado como motivo de suspensión. Aunque la Procuraduría halle que un miembro de las fuerzas de seguridad ha cometido un asesinato, el castigo más duro que puede recomendar es una "reprehensión severa," es decir una carta en el historial del acusado;

  • Estados Unidos ha de exigir a Colombia que anule las leyes de prescripciones para las investigaciones de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos.

Es más, la comunidad internacional debe instar a Colombia a que promulgue y aplique con rigor leyes para la protección de los derechos humanos, entre ellas leyes que penalicen la desaparición forzada, la detención ilegal y la tortura. Las embajadas extranjeras en Bogotá deben respaldar también la adopción de leyes que reconozcan y apoyen oficialmente el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General.

Los defensores de los derechos humanos constituyen uno de los grupos que corren más peligro en Colombia. La comunidad internacional debe apoyar su trabajo mediante el aumento de la financiación de organizaciones no gubernamentales que soliciten asistencia internacional. Los fondos deben contribuir a fortalecer su capacidad de investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos.

La comunidad internacional debe incrementar la financiación a los desplazados forzados de Colombia, y no sólo a los que puedan verse obligados a abandonar sus hogares por las futuras iniciativas de erradicación de la coca. Actualmente, Colombia es el tercer país del mundo en número de personas desplazadas forzadas. En vista del incumplimiento de la promesa de asistencia oficial, se debe canalizar la ayuda a través de la Iglesia y los grupos independientes de ayuda y derechos humanos, en lugar del gobierno.

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COLOMBIA Y LAS RELACIONES MILITARES-PARAMILITARES

Se ha documentado que casi la mitad de las 18 brigadas del Ejército de Colombia (salvo las escuelas militares) tienen relaciones con la actividad paramilitar

LA TERCERA BRIGADA (con sede en Cali, Valle)

      El Frente Calima y la Tercera Brigada son lo mismo.

      — Investigador del gobierno colombiano

Las entrevistas de los investigadores del gobierno colombiano y Human Rights Watch incluyen información convincente y detallada de que en 1999, la Tercera Brigada del Ejército de Colombia estableció un grupo "paramilitar" en el departamento del Valle del Cauca, en el sur de Colombia. Los investigadores identifican este grupo por el nombre con que se bautizó a si mismo, el Frente Calima, y dijeron a Human Rights Watch que han podido vincular al grupo con oficiales militares en el servicio activo, retirados y en la reserva asignados a la Tercera Brigada, que operan junto con paramilitares contratados entre las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo las órdenes de Carlos Castaño. Según estos investigadores del gobierno, así como de los testimonios de testigos presenciales obtenidos por Human Rights Watch, la Tercera Brigada ha suministrado armas e inteligencia al Frente Calima.

Cuando se produjeron estos hechos, la Tercera Brigada estaba al mando del Brigadier General Jaime Ernesto Canal Albán, que sigue en el mismo puesto.(1)

Nuestra información se basa en entrevistas con los investigadores de la Fiscalía General que prepararon documentos para una investigación oficial en marcha y actualmente bajo reserva; un investigador de una organización independiente; otros investigadores; y "Elías," un ex agente de inteligencia militar que también fue pistolero de un cartel. "Elías" también declaró bajo juramento ante los investigadores de la Fiscalía General. "Elías" dijo a Human Rights Watch y a los investigadores del gobierno que trabajaba para el Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi en Palmira, parte de la Tercera Brigada.(2)

La Tercera Brigada forma parte de la Tercera División del Ejército de Colombia, que cubre una región donde se concentran unidades militares que reciben una gran parte de la asistencia de seguridad de Estados Unidos.(3)

Según el investigador del gobierno entrevistado por Human Rights Watch que ayudó a preparar la investigación oficial, el Frente Calima fue creado en respuesta a un secuestro masivo llevado a cabo por guerrilleros pertenecientes al Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 30 de mayo de 1999, los guerrilleros secuestraron a unos 140 feligreses de la iglesia La María de Cali. Entre los secuestrados había presuntos narcotraficantes sospechosos de dirigir parte del negocio establecido por los líderes encarcelados del cartel de Cali.(4)

Los guerrilleros exigieron rescates para algunos de los rehenes, una grave violación de las leyes humanitarias.(5)

"Elías dijo a Human Rights Watch que, en respuesta, oficiales de la Tercera Brigada en el servicio activo y la reserva formaron el Frente Calima, con la asistencia de Carlos Castaño. Los oficiales en activo suministraron inteligencia y apoyo logístico. Los ex oficiales del Ejército asumieron algunos de los puestos de mando. Las tropas estaban integradas principalmente por paramilitares procedentes del norte de Colombia. Los hombres fueron alojados inicialmente en fincas pertenecientes a presuntos narcotraficantes, que también aportaron recursos para equiparlos y alimentarlos.(6)

La conexión entre los narcotraficantes y los grupos paramilitares no es una novedad y ha estado bien documentada en los informes de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá desde al menos 1990.(7)

"Elías" dijo a Human Rights Watch que durante su empleo como agente de inteligencia, fue testigo de las estrechas relaciones entre los narcotraficantes, los paramilitares y el Ejército. Entre otras prácticas ilegales, "Elías" dijo que los soldados del Batallón Cordazzi se dedicaban a vender en el mercado negro armas y municiones requisadas a la guerrilla. Dijo que el dinero que obtenían se lo embolsaban o lo utilizaban para financiar actividades ilegales. "Elías" dijo que le pagaban en función de las operaciones que generara su información, un salario financiado en parte con las ventas ilegales de armas por parte del batallón.(8)

"Elías" dijo que también trabajaba para narcotraficantes locales y era guardaespaldas en el finca de un narcotraficante que solía invitar a soldados de la Tercera Brigada y paramilitares. En la entrevista, dijo que la diferencia entre narcotraficantes, paramilitares y el Ejército de Colombia era prácticamente inexistente. Dijo a Human Rights Watch que sus servicios eran valiosos porque mantenía estrechos lazos con el Ejército y podía hacer de agente de inteligencia para los tres grupos. "El salario era de $800 al mes si trabajaba con [los paramilitares] sin ir a las maniobras y de $1,300 si me desplazaba al terreno, dijo "Elías" a Human Rights Watch.(9)

En julio, funcionarios locales y la Defensoría regional empezaron a recibir denuncias de residentes locales sobre la aparición del Frente Calima. Durante el fin de semana del 11 de agosto, se informó de que hombres armados habían matado a cuatro campesinos cerca de Tuluá.(10)

De acuerdo con las informaciones de prensa, el grupo, que según se estimaba contaba con al menos 150 hombres con uniformes de tipo militar, llevaba AK-47, M-60, granadas y lo último en equipo de telecomunicaciones. A pesar de las abundantes denuncias de su presencia, se movieron con toda libertad durante semanas.(11)

En agosto, "Elías" declaró ante los investigadores de la Fiscalía General en Bogotá sobre su contacto con el Frente Calima. Los investigadores dijeron a Human Rights Watch que habían corroborado su testimonio durante las semanas siguientes, cuando se fueron produciendo los asesinatos y masacres que según advirtió habían sido planeados por el Frente Calima en coordinación con oficiales de la Tercera Brigada.(12)

Posteriormente, se hicieron públicas las alegaciones de una conexión entre el Frente Calima y la Tercera Brigada cuando el ELN denunció la complicidad del Ejército en una declaración emitida por un grupo de rehenes de La María.(13)

En octubre de 1999, Human Rights Watch entrevistó a un investigador independiente que pudo confirmar la existencia del Frente Calima y ofrecer información adicional.(14)

El 5 de agosto, los primeros centenares de desplazados comenzaron a llegar a los pueblos de Tuluá, San Pedro y Buga. Muchos contaron historias similares a la que Alejandro Trejos manifestó a un reportero del diario caleño El País. Los hombres armados habían bloqueado los caminos y Trejos , su mujer y sus dos hijos huyeron por un sendero. "[Los hombres armados] me dijeron que nos teníamos que ir, porque se iba a formar una guerra tremenda, y que regresara cuando todo terminara."(15)

El 7 de agosto, hombres armados capturaron a Noralba Gaviria Piedrahíta, una líder comunitaria, a la que ataron y llevaron a los alrededores de Ceylán, cerca de Bugalagrande, donde la ejecutaron.(16)

El 22 de septiembre, las autoridades descubrieron los cuerpos mutilados y descuartizados de siete hombres cerca de Tuluá, ejecutados al parecer por el Frente Calima por sus presuntos vínculos con la guerrilla.(17)

A pesar de las abundantes pruebas de la actividad ilegal, durante todo el verano el Ejército alegó que los asesinatos y los desplazamientos forzados no se habían Aconfirmado. El Mayor General Humberto Cortés Parada, comandante de la Tercera División con sede en Cali, atribuyó las muertes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que según él estaban intentando "generar caos y desinformación."(18)

En Tuluá, donde un estadio comunitario estaba ofreciendo refugio de emergencia, los recursos disponibles fueron rápidamente insuficientes para el número de familias desplazadas. La prensa informó que esa noche, hombres en motocicletas dispararon al aire y gritaron amenazas a los civiles desplazados, a los que acusaron de simpatizantes de la guerrilla.(19)

En septiembre, los funcionarios locales estimaban que al menos 40 personas habían sido asesinadas y había más de 2.000 desplazados forzados.(20)

Tanto "Elías" como los investigadores del gobierno encargados del caso dijeron a Human Rights Watch que habían empezado a recibir amenazas de muerte por esa época.(21)

Aunque los investigadores del gobierno dijeron a Human Rights Watch que habían puesto a "Elías" bajo protección, las amenazas continuaron.(22)

Los investigadores del gobierno encargados del caso y otro observador contratado por las autoridades para asisitir en la investigación dijeron a Human Rights Watch que también habían recibido amenazas.(23)

"Elías" y varios investigadores de la Fiscalía General huyeron posteriormente de Colombia.(24)

Todos coinciden, en palabras de un investigador, en que "el Frente Calima y la Tercera Brigada son lo mismo."(25)

Este tipo de actividades difieren muy poco de casos previos documentados en procedimientos judiciales en Colombia, en los que la Tercera Brigada, los paramilitares y los narcotraficantes se aliaron para atacar a presuntos guerrilleros y civiles y cometer atrocidades. Entre 1988 y 1990, por ejemplo, los narcotraficantes aliados con la Policía y oficiales de la Tercera Brigada perpetraron más de un centenar de asesinatos en lo que se dio a conocer como la masacre de Trujillo. El Presidente Ernesto Samper reconoció el 31 de enero de 1995 el papel del gobierno en estos asesinatos y el encubrimiento de su responsabilidad.(26)

La masacre de Riofrío de 1993 es otra de las atrocidades relacionadas con la Tercera Brigada. El 5 de octubre, 13 miembros de la familia Ladino que vivían en Riofrío, Valle del Cauca, fueron asesinados por una fuerza combinada de soldados de la Tercera Brigada y paramilitares.(27)

Más recientemente, la Tercera Brigada ha estado implicada en la masacre de cinco personas en Monteloro el 8 de noviembre de 1998. Según una investigación independiente, tropas del Batallón de Artillería "Palacé," con sede en Buga, y del Batallón de Contraguerrillas "Numancia" mataron a cinco civiles durante la celebración de la fiesta de quinceañera de la hija del propietario de la casa donde se encontraban. Varios de los testigos han sido asesinados después en circunstancias que sugieren un intento de encubrir el crimen.(28)

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1. Canal aparece en la lista de la Escuela de las Américas como asistente a un curso de orientación para cadetes C-3 del 7 al 21 de noviembre de 1980.

2. El nombre de "Elías" ha sido cambiado por motivos de seguridad. Entrevista de Human Rights Watch con "Elías," 15 de enero del 2000.

3. La división incluye a unidades que operan en el departamento de Putumayo, entre ellas la Vigésimo Cuarta Brigada.

4. El ELN alegó en una declaración que los secuestrados eran personas buscadas por narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, una afirmación que nunca se confirmó. Entrevista de Human Rights Watch con investigador de la Fiscalía General, 14 de enero del 2000; "Los guerrilleros del ELN se tomaron por asalto la iglesia La María; rescatadas 75 personas," El Tiempo, 31 de mayo de 1999; y "ELN says its hostages include people wanted by US for drug trafficking," Agence France Presse, 23 de agosto de 1999.

5. Entrevista de Human Rights Watch con investigador de la Fiscalía General, 14 de enero del 2000.

6. Entrevista de Human Rights Watch con "Elías," 15 de enero del 2000.

7. Por ejemplo, Human Rights Watch obtuvo, mediante una solicitud de desclasificación de información, gran parte de las comunicaciones cablegráficas de la embajada relacionadas con las actividades de Los Tangüeros, un grupo paramilitar dirigido por el ex miembro del cartel de Medellín Fidel Castaño.

8. Entrevista de Human Rights Watch con "Elías," 15 de enero del 2000.

9. Ibíd.

10. "Los habitantes de La Moralia y Monteloro viven en medio de la zozobra," El País (Cali), 3 de agosto de 1999.

11. "Unos 150 hombres de las Autodefensas se tomaron la zona rural: Combate de 'paras' y guerrilla en Tuluá," El País (Cali), 3 de agosto de 1999.

12. Entrevista de Human Rights Watch con investigador de la Fiscalía General, 12 de enero del 2000.

13. "Familiares de los secuestrados rechazaron acusaciones del grupo guerrillero: 'Es absurda la afirmación del ELN'," El País (Cali), 7 de septiembre de 1999.

14. Ya en agosto, la información sobre el Frente Calima también empezó a circular en la prensa. Entrevista de Human Rights Watch con investigador independiente, 2 de octubre de 1999; y "Colombia Death Squad Said To Plot Against Peace," Karl Penhaul, Reuters, 15 de agosto de 1999.

15. "A Tuluá, San Pedro y Buga llegaron huyendo ayer 460 campesinos: Avalancha de desplazados no cesa," El País (Cali), 5 de agosto de 1999.

16. "Una mujer fue asesinada: Cuatro personas están desaparecidas," El País (Cali), 10 de agosto de 1999.

17. "El terror se apoderó la zona montañosa del Centro del Valle: Nuevas masacres," El País (Cali), 25 de septiembre de 1999.

18. "El general Jaime Cortés se refiere a la situación que se vive en el Centro del Valle: 'Existen muchas contradicciones', " El País (Cali), 22 de agosto de 1999.

19. "Por las noches realizan disparos en albergues de Tuluá: Sigue el drama de los desplazados," El País (Cali), 28 de octubre de 1999.

20. "Ya son dos mil los desplazados por la violencia en el Departamento Centro del Valle, albergue del temor," Hans Vargas Pardo, El País (Cali), 25 de septiembre de 1999.

21. Entrevistas de Human Rights Watch, 14 y 19 de enero del 2000.

22. Entrevista de Human Rights Watch con "Elías," 15 de enero del 2000.

23. Entrevista de Human Rights Watch, 29 de septiembre de 1999.

24. Entrevistas de Human Rights Watch, 14 y 19 de enero del 2000.

25. Ibíd.

26. Para ver un resumen de este caso abierto, Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo: Caso 11.007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santafé de Bogotá: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la República de Colombia, agosto de 1995).

27. El General Rafael Hernández, que ocupa al parecer el puesto de agregado militar de Colombia en Chile, era entonces el comandante de la Tercera Brigada. En calidad de presidente del tribunal, absolvió a su subordinado, el Teniente Coronel Luis Becerra Bohórquez, a pesar de las pruebas convincentes que demostraban su culpabilidad. Becerra fue finalmente suspendido del Ejército. No era la primera atrocidad que Becerra cometía como oficial del Ejército. Cuando era jefe de inteligencia de la Décima Brigada, también ayudó a organizar las masacres de 1988 de trabajadores del banano en las fincas "Honduras" y "La Negra" de Antioquia. En octubre de 1998, un tribunal militar convocado para revisar el caso Riofrío dictaminó que Becerra y dos soldados eran culpables del delito de "encubrimiento por favorecimiento", concluyendo fundamentalmente que el único error de los oficiales era haberse protegido informando del incidente como si se tratara de un combate con una unidad de la guerrilla, en lugar de una masacre de civiles desarmados. Sin embargo, la sentencia impuesta era risible — 12 meses de cárcel, menos de un mes por cada víctima. De hecho, Becerra nunca fue encarcelado y fue asesinado por un pistolero sin identificar en un restaurante de Cali el 14 de febrero de 1999. Para ver un resumen del caso, Masacre en Riofrío (Santafé de Bogotá: Comisión de Organizaciones No Gubernamentales).

28. Comunicación de Human Rights Watch con investigador independiente, 4 de febrero del 2000.

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