Colombia


Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario




(New York: Human Rights Watch, 1998)

III. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR PARTE DEL ESTADO

En esta sección exponemos las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de tres instituciones del Estado: el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y las CONVIVIR.

Muchas organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido repetidas veces recomendaciones detalladas al gobierno de Colombia para mejorar la protección de los derechos humanos y combatir la impunidad. Apoyamos plenamente estas recomendaciones, la mayoría de las cuales aún no han sido adoptadas e implementadas.

 

  Cabe mencionar el hecho de que Colombia no ofrezca condiciones humanas de detención a muchas personas acusadas o condenadas por terrorismo o rebelión.

Cabe mencionar en esta sección nuestra preocupación por el hecho de que Colombia no ofrezca condiciones humanas de detención a muchas personas acusadas o condenadas por terrorismo o rebelión. En general, las condiciones son nefastas, especialmente para las personas que el Estado considera miembros de medio o bajo rango de las organizaciones insurgentes. Mientras que es posible que los líderes encarcelados estén albergados en lugares muy cómodos dentro de centros de máxima seguridad y reciban los alimentos y las medicinas que quieran, los presos de las bases de estas organizaciones viven en bloques de celdas sumamente hacinados donde los actos de violencia son habituales y existe una carencia crónica de alimentos, agua y atención médica.77 Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que administra las prisiones colombianas, 49 por ciento de los reclusos son procesados sin condena. Aunque las prisiones de Colombia tiene capacidad para albergar a unos 32.000 presos, la población carcelaria real es de más de 41.000.78

El Ejército Nacional

    No puedo contar las veces que he sido parado en un retén conjunto del Ejército y los paramilitares. Los soldados están ahí con sus uniformes verdes y los paramilitares con sus uniformes azules. Es como si fueran unidades diferentes dentro del mismo Ejército.

    — Trabajador de ayuda humanitaria, mayo de 1997

El Ejército de Colombia tuvo sus inicios en la guerra de independencia contra España. Legalmente, los 121.000 soldados, 18.000 infantes de marina y 7.300 miembros de la Fuerza Aérea están bajo el mando del presidente electo.79 Sin embargo, en la práctica, los civiles tienen una influencia limitada y las decisiones las toman el comandante de las fuerzas militares y los comandantes de cada cuerpo.

El Ejército está organizado por tareas y cuenta con infantería, caballería, artillería, unidades mecanizadas, ingenieros militares, cuerpos de logística y administrativos e inteligencia militar. Las cinco divisiones de Colombia están subdividas en 24 brigadas, divididas a su vez en 154 batallones, dos Comandos Operativos regionales y 16 unidades antiextorsión y secuestro rural en las que participa personal militar y policial. Además, Colombia tiene tres Brigadas Móviles, unidades especializadas en la lucha contra la guerrilla compuestas por 2.000 soldados profesionales; escuelas militares y una brigada de aviación.80

Todos los varones colombianos tienen que servir un mínimo de 18 meses en las fuerzas armadas, y la mayoría de ellos lo hacen en el Ejército.

El Ejército de Colombia y el derecho internacional humanitario

El Ejército ha impartido a sus oficiales los fundamentos del derecho internacional humanitario y a puesto materiales educativos a disposición de los oficiales, los soldados profesionales y los reclutas. Los oficiales que quieren avanzar en su carrera deben tomar cursos sobre el derecho internacionalhumanitario. El Ejército también recibe cursos de profesionales del CICR, que ha dicho que las fuerzas armadas colombianas han incorporado su plan de estudios al entrenamiento.81

Algunos comandantes intentan hacer hincapié en la importancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de cara a los oficiales de campo y sus hombres. En un memorándum divulgado en 1992 por el brigadier Gen. Agustín Ardila Uribe, el entonces comandante de la Quinta Brigada, se dice a los oficiales que dejen claro ante sus hombres que tienen que observar una “conducta intachable y respetuosa a la dignidad humana reiterando que en ningún procedimiento u operación militar puede sobrepasar el marco constitucional, jurídico, moral o ético.”82

En 1997, el gobierno colombiano forzó el retiro del Gen. Harold Bedoya, cuya hostilidad a los derechos humanos y su asociación durante toda su carrera con el aumento dramático de las operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares son conocidas. “A Bedoya lo sacamos por derechos humanos,” dijo el Presidente Samper a Human Rights Watch en una entrevista.83

A pesar de estas medidas, el Ejército sigue cometiendo graves violaciones, y muestra muy poca voluntad de investigarlas o de castigar a los soldados responsables. En el origen de muchas violaciones se encuentran el hecho de que el Ejército se empeñe constantemente en no distinguir o no querer distinguir entre civiles y combatientes de conformidad con el derecho internacional humanitario. Como señaló la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 1998, el Ejército de Colombia ha declarado públicamente que el 85 por ciento de los “subversivos” a los que tienen que atacar están involucrados en una “guerra política,” no en el combate, y que entre ellos se encuentran organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos. De hecho, según el Ejército de Colombia, sólo 15 por ciento de los llamados subversivos llevan un arma.84

 

  La tendencia del Ejército es hacer que la guerra sea cada vez más clandestina, y encargar el trabajo sucio a los paramilitares.

En la práctica, esto supone un rechazo del principio más fundamental del derecho internacional humanitario, la distinción entre civiles y combatientes. Esta actitud no es nueva ni inusual. En un memorándum de 1995 sobre la estrategia del Ejército en la región del Magdalena Medio, el entonces Comandante de la Segunda División, el Gen. Manuel Bonett, dio instrucciones a sus tropas para que concentraran sus tareas de inteligencia en los pueblos y atacaran las “redes de apoyo” civiles dado que los guerrilleros “tienen su recuperación de enfermos y heridos, las armerías, las sastrerías, las cuentas corrientes, los negocios y demás actividades de tipo logístico esenciales para el combate subversivo.” Bonett hacía hincapié en que concentrándose en los civiles “podremos debilitar notoriamente [su] capacidad.”85

En ninguna parte de la carta este oficial, ascendido posteriormente al puesto de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, advierte a sus hombres que estos mismos sastres, banqueros y profesionales de la medicina no son combatientes y por lo tanto están protegidos por el derecho internacional humanitario.

Esta actitud ha provocado, entre otras cosas, las amenazas y ataques reiterados contra funcionarios electos. Por ejemplo, después de que Gloria Cuartas aceptara valerosamente el puesto de alcaldesa de Apartadó, Antioquia, en sustitución de una serie de alcaldes asesinados, los comandantes del Ejército locales la calificaron varias veces de “auxiliadora de la guerrilla,” lo que puso su vida en “peligro inminente,” según sus propias palabras.86

Después de que Cuartas le dijera a los periodistas que las fuerzas armadas favorecían a los grupos paramilitares en su ciudad—una conclusión compartida por muchas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, el comandante de la Décimo Séptima Brigada presentó cargos pordifamación contra Cuartas.87 Cuando le tomaron declaración durante la investigación consiguiente, Cuartas señaló que había advertido varias veces a la Décimo Séptima Brigada sobre las actividades paramilitares en la sección de Pueblo Nuevo de Apartadó. En esa época, las ACCU estaban llevando a cabo una campaña coordinada para empujar hacia el sur y fuera de Urabá al Frentes 5 y 34 de las FARC. Apartadó, que durante décadas había sido un bastión de las FARC, se encontraba entre sus objetivos.88

No obstante, el General Rito Alejo del Río no intentó perseguir a los paramilitares. Cuartas informó que el 21 de agosto, después de visitar Pueblo Nuevo y conversar con un centenar de niños reunidos en una escuela de educación básica, presuntos militares se llevaron al niño de 12 años César Augusto Romero, le mataron y le cortaron la cabeza.89

Hablar no significa tomar partido o negociar o ofrecer apoyo,” señaló Cuartas en una carta al Presidente Samper. “Mi obligación ha sido asegurar que la población civil es respetada como tal, tengan o no simpatías políticas con un bando o el otro en conflicto.”90

Los tipos de violaciones cometidas por el Ejército varían en función de la región y la unidad. Por ejemplo, en el oriente de Colombia, donde los paramilitares son una fuerza débil o todavía no se han implantado totalmente, el Ejército está directamente implicado en el asesinato de civiles y de prisioneros fuera de combate, torturas, y amenazas de muerte. En el resto del país, donde los paramilitares cuentan con una presencia destacada, el Ejército no actúa contra ellos y tolera su actividad, que incluye violaciones atroces del derecho internacional humanitario; suministra información de inteligencia y apoyo logístico a algunos grupos paramilitares para que puedan llevar a cabo operaciones; y promueve activamente y se coordina con paramilitares con los que realiza maniobras conjuntas.

En 1997, de las 185 masacres registradas por las organizaciones de derechos humanos, cuatro fueron cometidas por el Ejército de Colombia. Sin embargo, muchas de las masacres por parte de los paramilitares contaron con la tolerancia o el apoyo del Ejército. También se estima que el Ejército fue responsable de 54 asesinatos selectivos.91

Aunque el gobierno y los líderes militares colombianos niegan que promueven o ni siquiera toleran a los paramilitares, las pruebas abundantes, coherentes y aterradoras (recogidas en decenas de investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso el Departamento de Estado de EE.UU.). Como señaló la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de marzo de 1998, “a menudo testigos afirman que se trató de acciones perpetradas por militares haciéndose pasar por paramilitares, de acciones conjuntas de miembros de la fuerza pública y paramilitares o de acciones de paramilitares que contaron con la complicidad, el apoyo o la aquiescencia de ésta.”92

El empleo y la tolerancia de los paramilitares por parte del Ejército no ha reducido el número total de violaciones registradas en Colombia y su efecto; aunque sí ha permitido que oficiales de alto rango aleguen que los soldados están implicados directamente en menos abusos que en años anteriores. En general, es sorprendente la voluntad del Ejército de hablar de derechos humanos y derecho internacional humanitario mientras tolera y promueve la actividad paramilitar en grandes zonas del país.93

“La tendencia del Ejército es hacer que la guerra sea cada vez más clandestina, y encargar el trabajo sucio a los paramilitares,” nos dijo un investigador de derechos humanos.94

El énfasis del Ejército en el número de bajas a la hora de medir el desempeño de los oficiales ansiosos por obtener un ascenso promueve los abusos
Entrenamiento de los soldados de la Décimo Séptima Brigada en la base militar de Carepa, Antioquia.  
directos por parte de soldados. Los oficiales que no consiguen reunir listas de bajas enemigas se arriesgan a ver sus carreras estancadas o acabadas. Como demuestran los casos que aparecen más adelante, los soldados suelen ejecutar a detenidos y alegar que se trataba de guerrilleros caídos en combate con el fin aumentar el recuento de bajas enemigas de cara a sus superiores.95

“El comandante dá la orden y dice que quiere resultados, bajas,” dijo a Human Rights Watch un ex oficial del Ejército. “Así que cualquiera que se acerque a una patrulla lo matan.” Este oficial también nos dijo que los soldados reciben premios por un número elevado de bajas producidas durante las operaciones, lo que está directamente relacionado con la concesión de medallas.96

Esta práctica continúa a pesar de que se ha asegurado lo contrario. Menos de un mes después de que el Comandante de las Fuerzas Militares, el General Bonett, dijera a Human Rights Watch que el Ejército había revisado el método paramedir el éxito de una operación y tenía previsto hacer una anotación negativa en el historial de un oficial si se registraban masacres en su jurisdicción, el Gen. Iván Ramírez resumió el trabajo de la Primera División bajo su mando, responsable de la mayor parte del norte de Colombia, con largas listas de personas matadas en combate por sus tropas, que entregó a la prensa. Su revisión del desempeño de la Primera División no contaba con ninguna estimación del caos y el terror generado por los grupos paramilitares tolerados por los soldados al mando de Ramírez y a los que con frecuencia habían ayudado a masacrar y matar civiles.97

La Vigésima Brigada de Inteligencia, que centralizaba el trabajo de inteligencia militar, era una de las más temidas de Colombia debido a su historial de asesinatos planificados hasta su disolución oficial el 19 de mayo de 1998, motivado en parte por las violaciones de los derechos humanos.98 Se considera que la Vigésima Brigada de Inteligencia es responsable, entre otros, del asesinato del líder político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, en 1995, dentro de una aparente conspiración para desestabilizar a los líderes civiles colombianos y provocar un golpe de Estado militar.

El Departamento de Estado de EE.UU. mencionó por primera vez a los escuadrones de la muerte de la Vigésima Brigada de Inteligencia en su informe sobre derechos humanos de 1996. En lugar de mejorar, la situación empeoró al año siguiente, cuando el Departamento de Estado señaló que las autoridades estaban investigando al comandante de la brigada por el asesinato de varios de sus informantes.99

Los investigadores del gobierno creen que un grupo dentro de la Vigésima Brigada de Inteligencia, autodenominado Los Cazadores, estuvo implicado en lasmuertes de estos informantes así como en casos de extorsión y robo de carros.100 Según los artículos de prensa, los investigadores del gobierno creen que uno de los Cazadores, el ex Sargento de infantería Omar de Jesús Berrío Loaiza, contrató al pistolero que asesinó a Gómez. Berrío Loaiza está actualmente detenido junto a tres miembros de la Vigésima Brigada de Inteligencia y tres civiles.101

En noviembre de 1997, cuatro oficiales de inteligencia de la Vigésima Brigada de Inteligencia fueron promovidos para el ascenso, lo que en la práctica ponía fin a sus carreras, y las fuerzas armadas retiraron a un comandante de la Brigada, al parecer por su relación con crímenes de derechos humanos.102 Sin embargo, no tenemos conocimiento de ninguna investigación de los comandantes de la Vigésima Brigada de Inteligencia que dirigieron la unidad mientras acaparaba su historial de homicidios y que puede que hubieran ordenado asesinatos. Ex comandantes de la Vigésima Brigada de Inteligencia el Gen. retirado Álvaro Velandia y el Gen. Iván Ramírez nunca han sido investigados por su relación con presuntas violaciones de los derechos humanos.103

La Vigésima Brigada de Inteligencia también está implicada en la muerte de defensores de los derechos humanos, entre ellos Jesús María Valle, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia “Héctor Abad Gómez,” y Eduardo Umaña, un conocido abogado de derechos humanos.104

Las amenazas de la Vigésima Brigada de Inteligencia contra defensores continuaban hasta que la unidad fue reorganizado y renombrado el Centro de Inteligencia Militar (CIME).105 Después del asesinato de un general retirado y ex ministro de defensa en Santafé de Bogotá, el 12 de mayo de 1998, la Vigésima Brigada de Inteligencia suministró información falsa a la Fiscalía General que relacionaba el crimen con Justicia y Paz, una respetada organización de derechos humanos.106 Al día siguiente, los soldados tomaron las oficinas de la organización y concentraron su registro en la oficina de “Nunca Más,” un proyecto de investigación que recopila información sobre crímenes de lesa humanidad. Los soldados obligaron a los empleados a arrodillarse a punta de pistola para tomarles fotos, un gesto utilizado al parecer para evocar una ejecución sumaria. Durante el registro, los soldados llamaron “guerrilleros” a los empleados y les filmaron a ellos y documentos de la oficina. En un momento dado, los soldados dijeron a los empleados que querían detalles precisos sobre la estructura de la oficina para poder construir posteriormente un modelo a escala, al parecer para planear futuras incursiones. Cuando los defensores de derechos humanos se concentraron en el exterior preocupados, los soldados instalaron una cámara para filmarles, un acto de intimidación.107

Además de organizar escuadrones de la muerte como “Los Cazadores”, el Ejército ha promovido, apoyado, y participado en las acciones paramilitares. Human Rights Watch ha identificado otras unidades concretas con una práctica sistemática de esta actividad. Son la Primera, la Segunda y la Cuarta Divisiones; la Cuarta, la Quinta, la Séptima, la Novena, la Décimo Cuarta y la Décimo SéptimaBrigadas; las Brigadas Móviles No.1 y No.2; los Batallones Barbacoas, Bárbula, Batín No. 6, Bomboná, Cacique Nutibara, Caycedo de Chaparral #17, Héroes de Majagual, Joaquín París, La Popa, Los Guanes, Girardot, Palonegro #50, Rafael Reyes, Ricuarte, Rogelio Correa Campos, y Santander. Estos constituyen más del 75 por ciento del Ejército de Colombia.108

A pesar de que los oficiales de alto rango niegan que las unidades bajo su mando organizan o promueven actividades paramilitares, las pruebas de que dicha actividad es habitual son abrumadoras. Aunque en los casos de operaciones conjuntas del Ejército y los paramilitares los dos comparten la responsabilidad por las violaciones del derecho internacional humanitario, consideramos que ésta debe recaer en la institución del Estado que ha jurado proteger los derechos de los ciudadanos y defender y respetar las leyes, en lugar de desarrollar y apoyar métodos para saltárselas y violarlas.

Un comandante del Ejército al mando de una base importante dijo a Human Rights Watch que existen bases militares “claramente identificadas como lugares de organización paramilitar, donde los oficiales saben que se apoya a ciertos civiles. Los oficiales destinados allí han sido claramente identificados como promotores de este tipo de trabajo.”109

Un trabajador de ayuda humanitaria que viaja con frecuencia a Urabá fue igual de directo. “No puedo contar las veces que he sido parado en un retén conjunto del Ejército y los paramilitares,” dijo. “Los soldados están ahí con sus uniformes verdes y los paramilitares con sus uniformes azules. Es como si fueran unidades diferentes dentro del mismo Ejército.” Los testigos nos han dicho que, en otras ocasiones, la única manera de diferenciar entre los hombres de camuflaje es que los soldados llevan botas negras del Ejército mientras que los paramilitares prefieren las botas de la marca Brahma, de color amarillo.110

En los departamentos del César y el Norte de Santander, los comandantes del Ejército han organizado y promovido abiertamente los grupos paramilitares y compartido información de inteligencia con ellos. Los residentes de estas regionesnos dijeron que habían visto vehículos paramilitares entrar libremente en las bases y operar junto a vehículos militares en operaciones conjuntas.111

En 1993, la Embajada de EE.UU. informó que el Gen. Carlos Gil Colorado, al que acababa de concedérsele el mando de la Cuarta División, no sólo apoyaba las acciones de grupos paramilitares, sino que había reconocido que les suministraba armamento del Ejército. Colorado nunca fue sancionado y murió en 1994 en una emboscada de las FARC, según se informó.112 Human Rights Watch también recibió informaciones coherentes en todo Colombia que indicaban que los soldados patrullan sin una insignia en la que aparezca su nombre, su unidad o su rango, lo que aumenta la confusión entre las fuerzas.113

 

  Los comandantes del Ejército emplean a informantes que también son paramilitares.

En la región de Urabá, los comandantes del Ejército emplean a informantes que también son paramilitares, como en el caso de El Aracatazo que se expone más adelante. En Colombia, es habitual que los guerrilleros que se entregan cumplan penas de prisión dentro de las bases militares. A cambio de la indulgencia en las sentencias, los ex guerrilleros informan sobre sus antiguos camaradas. Estas personas, también llamadas “Aguías,” han participado en varias ocasiones en operaciones conjuntas del Ejército y los paramilitares.114

“Las violaciones imputables directamente al Ejército han disminuido en esta región, pero los informes sobre el apoyo directo a los paramilitares han aumentado,” dijo a Human Rights Watch un investigador del gobierno de la región del Magdalena Medio. “Los paramilitares hacen el trabajo sucio que les encarga el Ejército.”115

Hasta los miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad fuera del Ejército coinciden en que, como mínimo, el estado mayor del Ejército tiene una política de aceptar y proteger tácitamente los vínculos entre el Ejército y los paramilitares. “Su política no es la mía,” dijo un funcionario muy conocido que quiso mantenerse en el anonimato. “Protegen a estos malos elementos dentro de la institución.”116 Un investigador de gobierno de alto nivel, que tampoco quiso revelar su identidad, se hizo eco de esta opinión. “El Ejército no hace nada contra los paramilitares,” dijo a Human Rights Watch.

Mientras que el apoyo del Ejército a los grupos paramilitares varía según la región, la política de aceptación y protección tácita de los oficiales que colaboran con los paramilitares es casi generalizada. Los oficiales que se atreven a cuestionar la alianza entre el Ejército y los paramilitares son marginados y retirados del servicio rápidamente.

Esto quedó claro en 1996, cuando el Coronel Carlos Alfonso Velásquez, un oficial altamente condecorado que había recibido grandes honores por su persecución de los miembros del cartel de la droga de Cali, informó a sus superiores de que su oficial superior apoyaba a los paramilitares en Urabá. En esa época, Velásquez era el jefe de estado mayor a las órdenes del Gen. Rito Alejo del Río, comandante de la Décimo Séptima Brigada.

“Como mínimo, no existe en el Señor Brigadier General Comandante de la Décimo Séptima Brigada un convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá,” informó Velásquez.117

El Coronel Velásquez también informó de que el General Del Río mantenía una relación con un mayor del Ejército retirado que colaboraba con las ACCU.118 Según Velásquez, este hombre asistió a una fiesta en la Décimo Séptima Brigada para celebrar el ascenso del General Del Río e intentó contactar personalmente varias veces a Velásquez, y en una ocasión le invitó a participar en las ACCU.119

El Coronel Velásquez informó verbalmente de estos hechos a sus superiores y su informe por escrito fue enviado al comandante de la Primer División, el Gen. Iván Ramírez.120 Sin embargo, en lugar de reclamar una investigación seria del presunto apoyo de la Décimo Séptima Brigada a los paramilitares, los informes solicitaban que el Ejército investigara a Velásquez, con la intención aparente de silenciarle. Incluso cuando el General Del Río castigó a Velásquez retirándole de sus tareas diarias de jefe de estado mayor, una investigación del Ejército señaló que Velásquez se reunía con organizaciones de derechos humanos, sindicatos, miembros del partido Unión Patriótica y la Alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, una conducta, que según señalaba, revelaba problemas mentales y “se constituía en hechos que son más que suficientes paradesconfiar de un oficial que... tiene gran amistad con personas e instituciones que se han declarado abiertamente enemigas del Ejército.”121

No obstante, el informe señalaba que Velásquez contaba con información creíble sobre los vínculos entre los soldados y los paramilitares en Necoclí, otro pueblo de Urabá. En este caso (en el que no se mencionaba a ningún oficial de alto rango), el Ejército presentó cargos formales contra los soldados por “conducta omisiva” para prevenir la actividad paramilitar.122

El Ejército concluyó la investigación recomendando que se sancionara no al General Del Río, que fue ascendido posteriormente, sino al Coronel Velásquez, por cometer actos “contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo.” Velásquez se vio obligado a retirarse el 11 de enero de 1997.123

A pesar de la condena internacional a la relación entre el Ejército y los paramilitares y su responsabilidad por la mayoría de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, ni el propio Ejército ni el gobierno han adoptado las medidas necesarias para romper este vínculo. Como señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en su informe de 1997, “No habían pruebas creíbles de ninguna acción militar sostenida para frenar a los grupos paramilitares. Aunque el Presidente anunció el 11 de diciembre una serie de medidas para combatir a las fuerzas paramilitares, entre ellas una fuerza de tarea encargada de capturar a sus líderes, estas medidas no se habían aplicado a final de año.”124

 

  Los investigadores civiles encargados de los casos relacionados con las fuerzas armadas siguen siendo hostigados y amenazados, y algunos se han visto obligados a dejar sus puestos (o salir del país).

En 1998, incitado por otra serie de masacres, el gobierno juró perseguir agresivamente a los paramilitares, entre ellos Víctor Carranza, comerciante de esmeraldas, ganadero y cacique paramilitar legendario relacionado con cientos de asesinatos políticos en el departamento de Boyacá y en los Llanos Orientales de Colombia. Carranza fue detenido cerca de la medianoche del 24 de febrero de 1998, y está siendo procesado por violar el Decreto 1194, que prohíbe la formaciónde grupos paramilitares.125 Human Rights Watch ha constatado un aumento en el número de intentos por parte del gobierno de enfrentar y detener a miembros de grupos paramilitares, liderados habitualmente por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, que capturó a Carranza, y por la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).126

El Ejército sigue estando implicado en la tortura de detenidos, ya sea por delitos políticos o comunes. Sin embargo, la tortura puede ser especialmente intensa si el detenido está implicado en la muerte de un soldado. Los métodos son rudimentarios: las palizas y el “submarino,” ahogamientos en cubos repletos de agua casi siempre sucia, son los más habituales.127

A pesar de todo, la impunidad sigue siendo la norma para los oficiales que cometen violaciones con o sin la presencia de paramilitares. En general, el gobierno no ha ejercido un mínimo control de sus fuerzas armadas por medio de la investigación y la sanción adecuada de los militares que cometen abusos.

Las fuerzas armadas de Colombia alegan que su tribunales son eficaces y citan los altos índices generales de condenas. Por ejemplo, siendo Comandante de las Fuerzas Militares, el General Bedoya citó un índice de condenas del 47 por ciento para las investigaciones llevadas a cabo por tribunales militares. Sinembargo, no pudo mencionar una sola condena por un crimen de derechos humanos, como una ejecución extrajudicial. De hecho, la mayoría de las condenas decretadas por tribunales militares corresponden a delitos militares, como no cumplir una orden. En los casos de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, muy pocas veces se investigan las denuncias contra oficiales. Tradicionalmente, se han retirado los cargos o se ha absuelto a los pocos oficiales que son sometidos a una investigación oficial.128

Un caso típico es el relacionado con la Red de Inteligencia Naval No. 7 y su responsabilidad por las muertes de decenas de personas en el interior y las cercanías de la ciudad de Barrancabermeja, Santander, entre 1991 y 1993. A pesar de las pruebas abrumadoras que demuestran que el Teniente Coronel Rodrigo Quiñones y siete soldados planearon, ordenaron y contrataron a asesinos a sueldo para que llevaran a cabo estos asesinatos, todos ellos fueron absueltos por un tribunal militar en 1994.129

Dos empleados civiles de la Red de Inteligencia Naval No. 7 fueron las únicas personas condenadas por los delitos. En su decisión sobre el caso, el juez civil admitió su “perplejidad” ante la absolución del tribunal militar, dado que consideraba que las pruebas contra los sindicados “irrefutables.” “Con ello [la absolución] lo único que hacen [las fuerzas armadas] es una apología del delito, que certeza de los hechos y responsabilidad de su autoría se encuentra más que demostrada.”130

Como señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en su informe anual sobre derechos humanos de 1997, “A finales de año, las fuerzas armadas ejercieron su competencia sobre muchos casos relacionados con personal militar acusado de abusos, un sistema que ha establecido un historial casi ininterrumpido de impunidad.”131

Aunque, el 5 de agosto de 1997, la Corte Constitucional de Colombia decidió que los casos relacionados con miembros de las fuerzas armadas acusadosde violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario debían ser procesados por las cortes civiles, el Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales entre las cortes civiles y los tribunales militares, sigue decidiendo en muchos casos a favor de la justicia militar.132 A pesar de que la decisión afecta claramente a los casos pendientes ante los tribunales militares que no han sido cerrados, el Consejo ha alegado que a no ser que se admitan nuevas pruebas, “ninguna autoridad judicial puede desconocer, modificar o cambiar” su decisión jurisdiccional.133

El gobierno tampoco ha presionado agresivamente para que se trasladen los casos existentes, un síntoma de su constante pasividad frente a la determinación de las fuerzas armadas de conservar su impunidad. “Describiría el papel del gobierno como ausente en este intento de garantizar la responsabilidad,” dijo a Human Rights Watch un investigador del gobierno.134

Cuando Human Rights Watch le preguntó al General Bonett si los oficiales que no habían intervenido para evitar las masacres paramilitares serían castigados, citó el caso del Gen. Jaime Uscátegui, comandante de la Séptima Brigada durante una serie de masacres paramilitares cometidas en su jurisdicción en 1997. En la masacre de Mapiripán, que se explica en la sección sobre los paramilitares, el General Uscátegui no intervino a pesar de las solicitudes de asistencia reiteradas por parte del Juez de Mapiripán, y está siendo investigado por la Procuraduría.135

El General Bonett nos dijo que, debido a esta “omisión,” el General Uscátegui había sido relevado del mando y se solicitaría su retiro. No obstante, supimos posteriormente que el General Uscátegui no sólo seguía en el servicioactivo, sino que en 1998 fue el segundo oficial al mando de una ofensiva del Ejército en el departamento de Caquetá.136

Según el Ministerio del Interior de Colombia, durante los seis meses que siguieron a la decisión de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura envió a las cortes civiles 141 casos relacionados con oficiales de las fuerzas de seguridad y 33 casos a los tribunales militares.137 Por su parte, el Ministerio de la Defensa afirmó que en el mismo período, los tribunales militares habían trasladado 33 casos a las cortes civiles. La mayoría estaban relacionados con agentes de Policía, no soldados, y ninguno de ellos con un rango superior al de mayor.138

Sin embargo, la jurisdicción civil de Colombia, conocida como el contencioso administrativo, ha concluido constantemente que las fuerzas armadas y especialmente el Ejército era responsable de los daños derivados de violaciones. Por ejemplo, en un caso negociado entre las partes en 1997, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Arauca concluyó que el Ejército era responsable de la muerte de una pareja de granjeros en 1991, en las cercanías de Tame, Arauca. El tribunal concluyó que los soldados les habían asesinado cuando huían atemorizados. Como señalaba el tribunal en su sentencia, los soldados mintieron sobre la presencia de guerrilleros de manera a encubrir su error.139

Los investigadores civiles encargados de los casos relacionados con las fuerzas armadas siguen siendo hostigados y amenazados, y algunos se han visto obligados a dejar sus puestos (o salir del país). “Durante mi investigación, fuí objeto de hostigamientos y evasivas constantes, cuando las fuerzas armadas se negaban a entregarme la documentación que había solicitado o retrasaban lalocalización de un oficial al que quería interrogar,” dijo a Human Rights Watch un investigador de la Procuraduría.140 Otro investigador de un organismo diferente se hizo eco de esta opinión. “Las puertas están cerradas y los oficiales creen que están siendo perseguidos por simpatizantes de la guerrilla ocultos dentro del gobierno.”141


CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO III
77. Defensoría del Pueblo, Cuarto Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia (Santafé de Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1997), pp. 50-51. 78. Informe Especial No. 187, “Gobierno anuncia medidas de emergencia frente a crisis carcelaria,” Oficina de la Presidencia, 20 de marzo de 1998; “Reyerta en la picota: 15 muertos,” El Tiempo, 14 de abril de 1998; y “Renunció Director del Inpec,” El Colombiano, 15 de abril de 1998.

79. The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1997/98 (London: Oxford University Press, 1997), pp. 213-214.

80. Se pueden encontrar los nombres de las unidades en el Internet en http://204.146.46.49/organiza.htm. Para más información sobre las Brigadas Móviles, ver Human Rights Watch/Americas, Estado de Guerra: Violencia Política y Contrainsurgencia en Colombia (Nueva York: Human Rights Watch/Americas, 1993), pp. 65-113.

81. “Normas sobre derechos humanos,” distribuido por el Ejército en 1996; muestra de agenda de la Cuarta Brigada, 26 de junio de 1996; carta a todos los comandantes de divisiones y brigadas del Gen. Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Ejército Nacional, 26 de junio de 1996; y entrevista de Human Rights Watch con el Coronel Guillermo García, Oficina de Derechos Humanos del Ejército, Santafé de Bogotá, 24 de junio de 1996.

82. Memorándum No. 010/BR5-CDO-ODH-743, del Brigadier General Ardila, Quinta Brigada, 1992.

83. Entrevista de Human Rights Watch con el Presidente Ernesto Samper, Santafé de Bogotá, 10 de septiembre de 1997.

84. Comisión de Derechos Humanos, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,” período 54 de sesiones, E/CN.4/1998/16, 1 de marzo de 1998.

85. Carta del Mayor Gen. Manuel José Bonett Locarno a los Comandantes de Brigadas y Batallones dentro de la Segunda División, No. 2554, 24 de julio de 1995.

86. Carta de la Alcaldesa Gloria Cuartas al Presidente Ernesto Samper, 28 de agosto de 1996.

87. Cuartas fue entrevistada por Nelson Freddy Padilla, que publicó un artículo el 26 de agosto de 1996 en la revista Cambio16 con el título “La tierra donde decapitan niños.” Carta al Fiscal Regional del Gen. Rito Alejo del Río Rojas, 28 de agosto de 1996.

88. Entrevistas de Human Rights Watch en Apartadó, Antioquia, 4-6 de julio de 1996.

89. Nelson Freddy Padilla, “La tierra donde decapitan niños,” Cambio16, 26 de agosto de 1996, pp. 24-25.

90. Se retiraron finalmente todos los cargos contra Cuartas por falta de pruebas. Carta de la Alcaldesa Gloria Cuartas al Presidente Ernesto Samper, 28 de agosto de 1996.

91. Justicia y Paz y CINEP, Noche y Niebla: Balance 1997, pp. 2 y 6.

92. Comisión de Derechos Humanos, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,” período 54 de sesiones, E/CN.4/1998/16, 1 de marzo de 1998.

93. Entrevistas de Human Rights Watch con investigadores del gobierno, Santafé de Bogotá, 1-3 de diciembre de 1997.

94. Ibid.

95. Entrevista de Human Rights Watch con el Coronel retirado Carlos Velásquez, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1997.

96. Entrevista de Human Rights Watch con ex oficial de Ejército, Santafé de Bogotá, 12 de noviembre de 1995.

97. Tony Pérez Mier, “Balance de I División del Ejército,” El Tiempo, 23 de diciembre de 1997; y entrevista de Human Rights Watch con el General Bonett, Santafé de Bogotá, 12 de diciembre de 1997.

98. Informe Especial No. 339, “Comandantes del Ejército ordenan desmonte de la Brigada XX,” Oficina de la Presidencia, 20 de mayo de 1998.

99. Departamento de Estado de EE.UU., “Colombia Report on Human Rights Practices for 1997,” (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1998), p. 454. El informe también está disponible en http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report /colombia.html; y “‘Poda’ en servicio de inteligencia,” El Tiempo, 21 de noviembre de 1997.

100. El caso Gómez sigue complicado y puede que nunca se resuelva totalmente. Las investigaciones están en marcha en la Fiscalía General y la Procuraduría. Entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Embajada de EE.UU., Santafé de Bogotá, 2 de diciembre de 1997; entrevista de Human Rights Watch con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Santafé de Bogotá, 4 de diciembre de 1997; y “‘Cazadores’ de inteligencia,” El Tiempo, 2 de noviembre de 1997.

101. Comunicado de prensa de la Fiscalía General, “Otros cinco acusados por crimen de Álvaro Gómez Hurtado,” 2 de marzo de 1998; y “‘El cazador’,” El Tiempo, 3 de marzo de 1998.

102. Laura Brooks, “Army Unit Investigated in Colombia,” Washington Post, 10 de mayo de 1998.

103. Velandia fue llamado a calificar servicios en 1995 y Ramírez fue llamado a calificar servicios en 1998, ambos por problemas de derechos humanos. En Mayo de 1998, los EE.UU. revocaron la visa de Ramírez a los Estados Unidos, presuntamente por sus nexos históricos con el narcotráfico, paramilitares y violaciones de derechos humanos. El Washington Post también informó que Ramírez había sido un informante pagado por la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU., algo que el general negó. Douglas Farah y Laura Brooks, “Colombian Army's Third in Command Allegedly Led Two Lives, General Reportedly Served as a Key CIA Informant While Maintaining Ties to Death Squads Financed by Drug Traffickers,” Washington Post, 11 de agosto de 1998; y Douglas Farah, “Colombian Official Denies CIA Link, Resigning General Says He Was Not a PaidInformant,” Washington Post, 12 de agosto de 1998.

104. Entrevista de Human Rights Watch con Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General, Santafé de Bogotá, 7 de mayo de 1998.

105. “Revolcón militar,” Semana, 24 de agosto de 1998.

106. “A calificar servicios,” Semana, 25 de mayo de 1998.

107. Declaración Pública, Justicia y Paz, 19 de mayo de 1998.

108. Esta lista está basada en entrevistas de Human Rights Watch en toda Colombia en 1995, 1996 y 1997. Se puede obtener una lista de las unidades militares colombianas en la página Web del Ministerio de la Defensa de Colombia, http://www.mindefensa.gov.co/mdnffmm.htm.

109. Nos habló con la condición de que no reveláramos su identidad.

110. Entrevistas de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá y Antioquia, 1-14 de mayo de 1997.

111. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Aguachica y Ábrego, Cesar, 14-15 de abril de 1995. Para más información, ver Human Rights Watch/Americas, Las redes de asesinos de Colombia, pp. 42-60.

112. Memorándum al Jefe Adjunto de la Misión, John B. Craig, de Thomas Hamilton, Sección Política, Embajada de EE.UU. en Santafé de Bogotá, 17 de noviembre de 1993.

113. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Calamar, San José de Guaviare, Guaviare, 5 de mayo de 1997; y entrevistas de Human Rights Watch con trabajadores sociales, Barrancabermeja, Santander, 8 de abril de 1995.

114. Esta práctica está autorizada en virtud de la Ley 81, aprobada en 1983, que permite al Ejército mantener a estas personas recluidas en los cuarteles. En febrero de 1997, la revista Alternativa publicó una carta del ex miembro de las FARC Ángel Augusto Trujillo en la que afirmaba que después de entregarse al Ejército en 1994, los soldados le enviaron a trabajar con los paramilitares en los departamentos del Cesar y del Norte de Santander. Trujillo también afirmaba que cuando trabajaba para la Vigésima Brigada de Inteligencia, había participado en el secuestro de José Ricardo Sáenz, el hermano del comandante de las FARC Alfonso Cano. Trujillo se retractó posteriormente en una conferencia de prensa patrocinada por el Ejército. Equipo de Alternativa, “‘Ejército secuestró al hermano de Cano’,” Alternativa, No. 6, enero-febrero de 1997, pp. 18-19; “Pille el detalle,” Alternativa,No. 7, febrero-marzo de 1997, pp. 14-15.

115. Entrevista de Human Rights Watch con un investigador del gobierno, Barrancabermeja, Santander, 28 de junio de 1996.

116. Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de las fuerzas de seguridad, Santafé de Bogotá, septiembre de 1997.

117. Informe al Gen. Manuel José Bonett del Coronel Carlos Alfonso Velásquez, Carepa, Antioquia, 31 de mayo de 1996.

118. El nombre del Mayor retirado Guillermo Visbal Lazcano aparecía en una lista publicada por la Procuraduría de oficiales del Ejército pertenecientes a Muerte a Secuestradores (MAS), un grupo paramilitar que operaba en las región del Magdalena Medio. La Procuraduría consideraba a Visbal, que en aquel entonces servía en el Batallón Bomboná, autor intelectual de la muerte de Jaime Nevado, un miembro del consejo municipal de Puerto Berrío, Antioquia, el 22 de julio de 1982. El terrorismo de Estado en Colombia (Bruselas: Ediciones NCOS, 1992), p. 369.

119. Informe al Gen. Manuel José Bonett del Coronel Carlos Alfonso Velásquez, Carepa, Antioquia, 31 de mayo de 1996.

120. Cuando estaba al mando de la Vigésima Brigada de Inteligencia, el General Ramírez estuvo implicado en al menos dos ejecuciones extrajudiciales, entre ellas el asesinato de Óscar William Calvo, Secretario General del Partido Comunista, en 1985. La zona de operación de la Primera División, bajo el mando del general Ramírez, se convirtió en un bastión de los paramilitares a mediados de los noventas. Entrevista de Human Rights Watch con el Coronel retirado Carlos Velásquez, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1997; y El terrorismo de Estado en Colombia (Bruselas: Ediciones NCOS, 1992), pp. 269-270.

121. Nelson Freddy Padilla, “Enredo de Sables,” Cambio16, 13 de enero de 1997, pp. 20-23.

122. Ibid.

123. “Hay omisión en lucha contra paramilitares,” El Tiempo, 10 de enero de 1997.

124. Departamento de Estado de EE.UU., “Colombia Report on Human Rights Practices for 1997,” p. 453. (Traducción de HRW.)

125. Según las informaciones aparecidas en prensa, el caso contra Carranza está basado sobre todo en el testimonio de ex pistoleros que pertenecían a los grupos paramilitares que él organizó y que, además, llevaron a creer a los funcionarios estadounidenses que Carranza está directamente relacionado con envíos de cocaína a Europa y Estados Unidos. “Carranza, a responder por ‘paras’,” El Tiempo, 20 de febrero de 1998; “A rendir cuentas,” Semana, 2-9 de marzo de 1998; y testimonio del embajador Rand Beers, Asuntos Internacionales sobre Narcóticos, Departamento de Estado, ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de los Representantes, Washington, D.C., 27 de febrero de 1998.

126. Por ejemplo, en marzo, agentes del DAS mataron a tiros a Jaime Matiz Benítez, conocido como “El 120,” un líder de la llamada Contraguerrilla Llanera. Según las informaciones aparecidas en prensa, Matiz había salido de las AUC tras ser criticado por liderar un ataque mortal contra una comisión judicial del gobierno, en las cercanías de San Carlos de Guaroa, en octubre de 1997. La comisión había estado confiscando los bienes de narcotraficantes condenados cuando fue atacada por más de un centenar de paramilitares fuertemente armados. Once de los miembros de la comisión fueron asesinados. “La contabilidad secreta del abatido ‘120',” El Tiempo, 21 de marzo de 1998.

127. Entrevistas de Human Rights Watch con trabajadores humanitarios, Santafé de Bogotá, 3 de diciembre de 1997.

128. Entrevista de Human Rights Watch con el Gen. Harold Bedoya, Santafé de Bogotá, 6 de marzo de 1997; y “Defensa de la justicia penal militar,” El Tiempo, 25 de febrero de 1997.

129. Human Rights Watch/Americas, Las redes de asesinos de Colombia, pp. 40-41.

130. Sentencia de la Corte Regional No. 1953, Cúcuta, 24 de febrero de 1998.

131. Departamento de Estado de EE.UU., “Colombia Report on Human Rights Practices for 1997,” p. 452. (Traducción de HRW.)

132. Decisión de la Corte Constitucional C-358/97.

133. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Santafé de Bogotá, 4 de diciembre de 1997.

134. Entrevistas de Human Rights Watch con investigadores del gobierno, Santafé de Bogotá, 6 de marzo de 1997.

135. Entrevista con Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General, 7 de mayo de 1998.

136. Entrevista de Human Rights Watch con el General Bonett, Santafé de Bogotá, 12 de diciembre de 1997; y entrevista de Human Rights Watch con Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General, 7 de mayo de 1998.

137. Comité de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de Impulso en los casos de Los Uvos, Caloto y Villatina, Santafé de Bogotá, 12 de febrero de 1998.

138. Fuerzas Militares de Colombia, Tribunal Superior Militar, “Procesos enviados justicia ordinaria - observancia pronunciamiento Corte Constitucional,” Santafé de Bogotá, 28 de enero de 1998.

139. Se ordenó que el Estado pagara a las familias el equivalente a 79.000 dólares EE.UU. en oro. “Nación debe pagar $79 millones por dos muertes,” El Tiempo, 21 de junio de 1997.

140. Entrevista de Human Rights Watch con investigador del gobierno, Santafé de Bogotá, 25 de junio de 1996.

141. Entrevista de Human Rights Watch con investigador del gobierno, Santafé de Bogotá, 1 de diciembre de 1997.


CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO III
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