LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos


(Human Right Watch, noviembre de 1996)

LA REORGANIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

La nueva estructura

Mientras la administración del Presidente César Gaviria (1990-1994) intentaba una reforma política en Colombia, Estados Unidos estaba convirtiendo en su prioridad en todo el hemisferio la guerra contra las drogas. La estrategia andina, diseñada por la administración del Presidente George Bush (1988-1992), fue concebida para fortalecer las iniciativas antidroga en Suramérica. Concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los "países productores," donde se cultivan y se procesan en forma de cocaína las hojas de coca. En 1990, el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de todas las actividades militares de EE.UU. en Latinoamérica y El Caribe, había declarado que las iniciativas antidroga eran su "prioridad número uno."(65)

De manera a incorporarlo en el esfuerzo antidroga, Estados Unidos aumentó su ayuda a las Fuerzas Armadas de Colombia. En una entrevista telefónica con Human Rights Watch, el Coronel (ret.) James S. Roach, Jr., que entonces era Agregado Militar de Estados Unidos en Colombia y enlace en el país de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (Defense Intelligence Agency, DIA) en Bogotá, dijo: "Había un gran debate en curso [sobre como destinar mejor] el dinero para las operaciones antinarcóticos en Colombia. Estados Unidos estaba buscando la manera de intentar ayudar. Pero si [tú mismo] no estás dispuesto a combatir, tienes que encontrar algo que hacer."(66)

Los oficiales estadounidenses decidieron que podían ayudar en el área de inteligencia. Según el Coronel Roach, en 1990, Estados Unidos formó a un equipo que incluía a representantes de la Misión Militar de la Embajada de Estados Unidos, del Comando Sur de EE.UU., y de la CIA.(67) Un Capitán de la Armada de EE.UU. dirigió el equipo de catorce miembros, que hizo recomendaciones al Ministerio de Defensa de Colombia sobre la reorganización de sus redes de inteligencia militar. Una carta, del 17 de marzo de 1996, del Departamento de Defensa al Senador Patrick J. Leahy (demócrata por Vermont) confirmaba la participación de este Departamento, que se explica como un intento de hacer que las redes de inteligencia militar colombianas sean "más eficaces y efectivas."(68)

En cualquier caso, estas recomendaciones se ofrecieron a pesar de que algunos de los oficiales estadounidenses que formaron el equipo conocían la antigua relación de las Fuerzas Armadas de Colombia con los grupos paramilitares y con los abusos a los derechos humanos. El Coronel Roach dijo: "No intentábamos que se nos asociara con los paramilitares. Pero sabíamos por la prensa colombiana e [incluso] por informes de las Fuerzas Armadas de Colombia que seguían trabajando con paramilitares."(69)

En una entrevista con Human Rights Watch, el ex Ministro de Defensa Rafael Pardo dijo que además de las recomendaciones recibidas de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa solicitó las opiniones de las inteligencias militares británica e israelí. Pardo, que ocupó el puesto tres meses después de iniciada la reorganización, señaló que Colombia prefirió el plan de Estados Unidos por ser él que más coincidía con lo que las Fuerzas Armadas de Colombia quería.(70)

El resultado de este plan fue la Orden 200-05/91, que el Ministerio de Defensa de Colombia emitió en mayo de 1991. Human Rights Watch está haciendo pública por primera vez la Orden 200-05/91. Sin embargo, al contrario de los objetivos de la estrategia andina, la Orden 200-05/91 tiene poco o nada que ver con combatir el narcotráfico. De hecho, la orden, con la marca de "reservado", no menciona las drogas a lo largo de sus dieciséis páginas y apéndices correspondientes. En su lugar, las Fuerzas Armadas de Colombia, "con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EE.UU.," presentó un plan para combatir mejor lo que ellos denominan "la escalada terrorista por parte de la subversión armada."

Como se demuestra en la próxima sección, dedicada a la red de inteligencia de la Armada creada en Barrancabermeja, la Orden 200-05/91 sentó las bases para continuar una asociación ilegal y encubierta entre militares y paramilitares y demuestra que esta asociación fue promovida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas violando el Decreto 1194, que prohíbe dicho contacto. Aunque en la orden no se utiliza el término "paramilitar", el documento diseña un sistema basado en el que desarrollaron MAS y sus jefes militares en el Magdalena Medio.

Pardo dijo a Human Rights Watch que esta estructura no estaba concebida para incorporar a grupos ilegales o llevar a cabo actividades ilegales. A pesar de esta salvedad, se convirtió en el programa de eso precisamente: una red secreta que confiaba a los paramilitares no sólo la inteligencia, sino también asesinatos.

La Orden 200-05/91, cuya autenticidad reconoció Pardo, da instrucciones al Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea para que establezcan redes de inteligencia que suministren información de inteligencia y reciban órdenes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.(71) Como se define en la Orden 200-05/91, la tarea de supervisar la reorganización recayó en el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el segundo puesto militar más alto de Colombia (el más alto es el de Comandante de las Fuerzas Armadas). Una vez establecidas las nuevas redes, serían coordinadas por el Departamento "D-2", la división de inteligencia del ejército cuyo cuartel general tenía su sede en Santafé de Bogotá. Todos los pagos por servicios a las diferentes unidades serían desembolsados por el Estado Mayor.

Siguiendo las instrucciones de la Orden 200-05/91, el ejército creó treinta redes divididas equitativamente entre áreas rurales y urbanas. La Armada estableció cuatro redes dentro y en los alrededores de los puertos marítimos y fluviales más importantes. La Fuerza Aérea creó siete redes. Cada red tenía no sólo que suministrar inteligencia y cumplir las órdenes del Estado Mayor, sino también coordinarse estrechamente con otras unidades militares en sus regiones. Cada red fue equipada con personal y administrada por "un oficial en actividad con gran conocimiento del área, del problema existente, facilidad de tomar contacto con personalidades de la zona y para mantener una fachada." A su vez este oficial recibiría asistencia de "un Oficial y/o Suboficial retirado o en servicio activo y con medios tales como fachada, historia ficticia, vehículo y un sistema de comunicaciones preestablecido;... También puede ser un civil con preparación, influencia y digno de confianza."

A las órdenes de este empleado estaban los "agentes de control... civiles o Suboficiales desempleados con cierta experiencia y categoría." A su vez, la Orden 200-05/91 disponía el contrato para cada red de hasta cincuenta "agentes de inteligencia", quienes "deben ser en lo posible Suboficiales retirados, entrenados para manejar informantes, procesar información." La orden insistía en que se debía exigir a los informantes "guardar el mayor grado de compartimentación frente a las personas con las cuales conviven." La Orden 200-05/91 da instrucciones a los comandantes de divisiones y brigadas para que seleccionen "la relación de candidatos, sean civiles o militares en situación de retiro para integrar los cuadros de la red," pero no menciona el Decreto 1194, ni excluye a los paramilitares de las filas de las nuevas redes de inteligencia. Sin embargo, la Orden 200-05/91 sí incluye un aviso urgente: la cadena de mando al completo así como las propias redes deben mantenerse en secreto.

El estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y la organización de la red de inteligencia tanto urbana como rural, se hará en forma cubierta y bajo responsabilidad de los Comandantes de División y Brigadas o sus equivalentes en las otras Fuerzas y de los Comandantes de la Red.

Todos los materiales escritos "se retirarán una vez cumplido el proceso." "Se deben evitar" los contactos o interacción con las instalaciones militares. "No deberán existir o efectuarse contratos de trabajo por escrito con los informantes ni con ningún miembro civil de la red. Todo deberá ser en forma verbal... El manejo de las redes será cubierto y compartimentado dando flexibilidad necesaria para el cubrimiento de los blancos de interés."

La Red de Barrancabermeja

Una de las redes que se creó como resultado de la reorganización tenía su sede en Barrancabermeja y estaba dirigida por la Armada. Barrancabermeja, donde se encuentra la mayor refinería de petróleo de Colombia y un puerto sobre el Río Magdalena, tiene una importancia estratégica tanto para el ejército colombiano como para el ELN. La inteligencia de la Armada, en coordinación con MAS, había estado implicada en asesinatos antes de 1991; como el asesinato del sindicalista Manuel Gustavo Chacón, que un miembro de la Armada mató a tiros el 15 de enero de 1988.(72) Pero la Orden 200-05/91 reavivó la asociación ilegal que databa de 1989. En asociación con MAS, la red de inteligencia de la Armada creada en Barrancabermeja asumió como su objetivo la eliminación no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas, y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de terror.

En una entrevista con Human Rights Watch, el ex agente de inteligencia Saulo Segura Palacios describió la red y su funcionamiento dentro y en los alrededores de Barrancabermeja. Segura, un ex suboficial de la armada, dijo que lo reclutó el Capitán de la Armada Juan Carlos Alvarez Gutiérrez, en octubre de 1991. El Teniente Coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas, jefe de la Inteligencia de la Armada, había puesto a Alvarez al mando de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. Segura era propietario de una tienda de ropa, y dijo que su cometido principal era dar cobertura a la red alquilando oficinas, comprando muebles, y cobrando cheques.(73)

Alvarez encargó a Carlos David López, un suboficial en activo de la Armada, los asuntos cotidianos de la red. Por su parte, López dirigía a tres agentes de control; entre ellos Ancizar Castaño Buitrago y el ex miembro de la Armada Miguel Durán. Controlaban al menos a siete agentes de inteligencia, como Milton Martínez Plata, y supervisaban a docenas de informantes y sicarios, que recibían órdenes para seguir y atacar a objetivos en toda la zona. En una carta de López a la Fiscalía, confesó su participación y corroboró la versión de Segura.(74)

Según Segura, Alvarez y Quiñones identificaban los objetivos, que incluían a miembros y líderes de la Unión Sindical Obrera (USO), del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre, del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y de la UP.(75) Eran los mismos grupos que aparecían en una lista negra puesta en circulación por el Comando "Ariel Otero", un grupo paramilitar, en enero de 1992, en la que juraba que vengaría cada acción guerrillera asesinando a alguien.(76)

Segura dijo que los miembros operativos de la red y los sicarios también coordinaban sus actividades con el Batallón de Infantería Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja.(77) Según otro testigo, el oficial en la reserva Felipe Gómez, el comandante del Batallón Nueva Granada, el Coronel Hurtado, y el Mayor Lee (sólo se conoce el apellido) identificaban objetivos adicionales.(78) Según cuatro testigos, que finalmente confesaron ante las autoridades, Quiñones era el oficial encargado de evaluar la información de inteligencia y tomar la decisión sobre cómo reaccionar.(79) Carlos Vergara Amaya, un testigo que había sido sicario, dijo a los fiscales:

Al Coronel Rodrigo Quiñonez (sic) se le mantenía al tanto de los operativos... se corrige, se le mantenía al tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a lo que se investigaba, él se comunicaba con el Capitán Juan Carlos Alvarez, alias "El Ingeniero", dándole el visto bueno si sirve o no sirve el operativo, o sea matar a la gente o no. Después el Capitán Juan Carlos Alvarez se comunicaba directamente con Carlos David López y Miguel Durán, el cual nos hacía a nosotros del conocimiento de la respuesta o si no por teléfono se utilizaban las siguientes claves : "Hay unos motores fundidos -- necesito que los reparen, los tengo en tal sitio" y daban la dirección, "lleven buenos mecánicos y buena herramienta," mecánicos significa sicarios, buena herramienta significa buen armamento y motores significaban las víctimas.(80)

Siguiendo el modelo descrito en la Orden 200-05/91, había pocas órdenes o contratos escritos; la mayoría de las operaciones se pactaban verbalmente. Segura dijo a los fiscales que, aunque los informantes sabían que estaban trabajando para la Armada, no podían comprometer laboral o jurídicamente al Ministerio de Defensa."(81)

Sin embargo, un empleado de la red, Felipe Gómez, que decidió colaborar con las autoridades civiles a cambio de una reducción de sentencia, dijo a la Fiscalía que había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas. Gómez, un oficial en la reserva y ex soldado, dijo que una de sus tareas era ayudar a equipar, dirigir y promover a los paramilitares en la región. Gómez dijo a las autoridades que era responsable de organizar paramilitares en las ciudades de San Rafael Chucurí, Las Montoyas, Campo Capote, Bocas del Carare, Puerto Gaitán, y La Ganadera. Gómez dijo que recibió armamento y equipo de la Armada, que incluían rifles de percusión, rifles M-16, rifles Galil, revólveres, pistolas, metralletas, granadas de fragmentación, textos de instrucción militar, y radios de dos vías de alta frecuencia para comunicarse con la Armada y el Ejército. Gómez dijo que otro empleado de la red, el sicario Alexander Trujillo, se jactaba de tener un arsenal autorizado por la Armada; que incluía revólveres, pistolas, granadas, rifles, ametralladoras, chalecos anti balas, y munición abundante.(82)

La mayoría de estas armas están expresamente prohibidas para el uso civil y están clasificadas dentro del "uso privativo de las FFMM". Las armas consideradas de defensa, como las pistolas del calibre 38 mm., deben tener la licencia adecuada del Ministerio de Defensa. Sin embargo, los paramilitares utilizan habitualmente tanto las armas prohibidas como las restringidas. Según la ley, cuando estas armas se encuentran en manos de civiles, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de requisarlas, comprobar si tienen la licencia adecuada, y detener a los civiles para que sean investigados y procesados judicialmente si las armas son ilegales. Sin embargo, en el caso de la Red de Inteligencia de la Armada 07, la ley fue claramente burlada.(83)

Los paramilitares fueron con Gómez a áreas de asentamiento para pedir colaboración, e informaron a los residentes de que eran un grupo legal apoyado por el gobierno. Gómez dijo que el Capitán Alvarez le dio órdenes especiales de que convenciera a los ganaderos locales para que dejaran de pagar "el impuesto de guerra" a la guerrilla, y que en su lugar pagaran a cada paramilitar un sueldo mensual, un propuesta que, según él, fue aceptada. Otros pagos provenían directamente del Batallón Nueva Granada, en el que los paramilitares tenían derecho a suministros, como artículos de aseo.(84)

Al parecer, Gómez pagó un alto precio por su participación. Dijo a las autoridades que atacantes desconocidos habían disparado contra su mujer cuatro veces. Dos de sus hermanos fueron asesinados, y Gómez solicitó la protección del Fiscal de la Nación a cambio de su confesión.(85) A pesar de varias indagaciones, Human Rights Watch no ha podido determinar el paradero de Gómez, López o Vergara, tres de los testigos que declararon sobre la red de la Inteligencia de la Armada en Barrancabermeja.

Durante 1991 y 1992, los paramilitares también patrullaron, junto a soldados del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la región vecina del Chucurí, deteniendo y asesinando a sospechosos y amenazando a los que acusaban de albergar simpatías por la guerrilla. Los granjeros que se resistían a unirse a las patrullas corrían el riesgo de ser considerados partidarios de la guerrilla. Las familias pagaron a los paramilitares un "impuesto de guerra," un dinero que con frecuencia regreso a manos del ejército a cambio de armas.(86)

En 1992, Blanca Cecilia Valero, una miembro de CREDHOS, y la secretaría de Jorge Gómez Lizarazo (sin relación con Felipe), su presidente, fue una de las primeras víctimas de la red. El 28 de enero, Jorge Gómez escribió un artículo de opinión en el New York Times titulado "Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana, armas estadounidenses). En este artículo, que circuló extensamente en Colombia, Gómez escribió, "La violencia va a continuar hasta que se entienda totalmente y se enfrente la complicidad entre el Ejército y la Policía."(87) Al día siguiente, Valero fue asesinada a tiros delante de la oficina de CREDHOS.(88) Dos policías presenciaron el asesinato desde el otro lado de la calle y no hicieron ningún intento de perseguir a los atacantes, que portaban armas automáticas y conducían una motocicleta.(89) Desde entonces, Gómez ha tenido que dejar de permanecer en Colombia.

Durante los cinco meses siguientes, decenas de personas más fueron asesinadas en la región, como el vicepresidente y tesorero del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre, miembros de la USO, y campesinos locales.(90) En su confesión, López relacionó a la red con veintiséis asesinatos y cuatro masacres, con veinte víctimas más, ocurridos durante ese periodo.(91)

La racha de asesinatos llamó la atención de Ismael Jaimes, editor y propietario de La Opinión, un periódico local. Jaimes se convirtió en un objetivo a causa de su trabajo. Carlos David López diría más tarde a las autoridades que Jaimes era un objetivo porque "publicaba en su periódico columnas acusando siempre a las fuerzas de seguridad y de inteligencia del estado." López dijo a los fiscales que, el 6 de mayo, un sicario de la Armada asesinó a Jaimes cuando, como cada día, dejaba a uno de sus hijos en la escuela.(92)

Los objetivos no eran sólo los que informaban sobre la asociación militar-paramilitares. También se amenazaba a las autoridades civiles que intentaban investigar o arrestar a presuntos paramilitares. El 29 de marzo, un equipo combinado del DAS, la policía, y las autoridades judiciales se desplazó en helicóptero al vecino El Carmen de Chucurí para arrestar a veinticinco presuntos paramilitares. En lugar de colaborar con la comisión oficial, los oficiales militares instaron a los residentes locales a que impidieran los arrestos. Finalmente, sólo se puso bajo custodia a un sospechoso.(93)

Los asesinatos continuaron en Barrancabermeja. López dijo que, el 28 de junio, un sicario de la armada asesinó a Julio César Berrío, un miembro de CREDHOS, cuando salía de una heladería. Un mes más tarde, miembros operativos de la Armada mataron a tiros a otra miembro de CREDHOS cuando se instalaba en el Restaurante La Shanon, junto al presidente del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre y un miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Todos ellos fueron asesinados.(94)

Según Segura, un grupo de sicarios dirigidos por José Alirio Ulloa también participó en los operativos de la red. Dijo a los fiscales que Ulloa hizo trabajos tanto para la Armada como para el Ejército. Entre los sicarios se encontraban también Gerardo Alvarez, Diego López, y los cuatro hermanos Castaño, Luis, Rafael, Eliecer, y Hugo.(95) Sus nombres aparecían como informantes en la nómina de la Armada. López dijo a las autoridades:

Este grupo era pagado en un principio de la siguiente manera, se sobrevaloraba el pago de información, es decir, si había una buena información legal, por ejemplo ubicación de un grupo de subversivos en el área de Barranca, se facturaban 700.000 pesos, pero realmente se le pagaba al informante 100.000 pesos, los otros 600.000 pesos los utilizaban para cancelar a un grupo de sicarios.(96)

Según Segura, "Le pagaban a un grupo de sicarios para cometer sus hechos, y esta gente para justificar eso como gastos reservados de la controloría lo pasaban como agentes informantes."(97)

Mientras que la red de inteligencia de la Armada tenía como objetivo presuntos enemigos, las unidades de inteligencia del Ejército, en connivencia con MAS, estaban amenazando a los residentes de un albergue creado para las familias forzadas a huir a causa de la violencia en las áreas rurales. Esta conexión siniestra se puso de manifiesto el 16 de mayo de 1992, cuando Elvia María Córdoba, que se había hecho pasar por una persona desplazada, confesó ante los organizadores del Albergue Campesino que MAS le había encargado que reuniese información sobre los residentes en el albergue. Varios meses antes, miembros de MAS entraron por la fuerza en el albergue y amenazaron a punta de arma a las familias residentes. Según Córdoba, MAS había coordinado la acción con la Décimocuarta Brigada, que les proporcionó un vehículo para desplazarse desde Puerto Berrío, donde está la Brigada, hasta el albergue. Dos días después de su salida del albergue, el cadáver de Córdoba fue encontrado en un basurero en las afueras de la ciudad. Como resultado de su confesión, se cerró temporalmente el albergue para salvaguardar la seguridad de sus empleados y huéspedes.(98)

Human Rights Watch también reunió pruebas que demuestran que las fuerzas armadas operan en otras áreas de manera muy similar a como lo hacían en Barrancabermeja. "Lucas," un agente de control al que entrevistamos en el departamento de Putumayo en 1992, nos dijo que el ejército lo había contratado para reunir información, proteger instalaciones estratégicas, y hacer los trabajos ilícitos que le ordenaban. "Lucas," un ex soldado profesional, se consideraba a sí mismo un especialista en inteligencia y portaba un revólver del ejército del calibre 3,8 mm.. Los residentes locales añadieron que "Lucas" también trabajaba con la rama local de MAS, llamada Los Masetos.(99) Lucas dijo que uno de los "trabajos ilegales" que el comandante militar local le había encargado era asesinar a Adalberto Narváez, un médico local y candidato a la alcaldía:

El Mayor Jairo Solano me lo dijo a mí y a otro tipo, Juan [un agente de control]. Preguntó si conocíamos a Don Adalberto, el médico. El Mayor Solano dijo, "Este tipo le entrega medicinas a la guerrilla. Los cura. Les está ayudando. Hay que matarlo."(100)

En Putumayo, la comunicación entre la policía, el ejército, y los Masetos era constante y fluida. La alianza también era pública. Los residentes locales nos dijeron que hasta la policía se refería a Los Masetos como "la ley" y describieron a los miembros de MAS como "empleados del cuartel general de MAS en Puerto Boyacá." Como en Barrancabermeja, donde los sicarios de la Armada también participaron en robos, la red clandestina del Ejército no sólo garantizó a los paramilitares que pudieran portar armas ilegales sin temer el arresto, sino que también pudieran amenazar, intimidar, aterrorizar, y hasta asesinar a civiles para sus propios fines.(101)

Al parecer, en lugar de perseguir activamente y arrestar a los sicarios de la Armada, la Policía de Barrancabermeja ha tenido un papel clave al encubrir sus crímenes y garantizar que los miembros operativos pudieran llevar a cabo sus cometidos libremente. Un incidente ocurrido en Barrancabermeja ilustra claramente cómo se produjo la cooperación de las fuerzas de seguridad. El 13 de mayo de 1992, los sicarios José Ulloa y Diego Castaño asesinaron a dos hombres, al parecer siguiendo órdenes del Batallón Nueva Granada. Se emitió una orden de arresto contra ellos, y los dos sospechosos junto con otros dos sicarios de la Armada fueron arrestados en un control de carreteras instalado por la Décimocuarta Brigada. Posteriormente, el General de Brigada Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Décimocuarta Brigada, incluyó la declaración de José Ulloa en su informe:

dijo que tenía que matar a dos personas, siguiendo las órdenes de una unidad del Batallón Nueva Granada para el cual trabajaba, y mostró un carné de oficial que lo identificaba como empleado de la S-2 [sección de inteligencia] de su Unidad Táctica. También dijo que si hubiera sabido que las tropas iban a detenerlo, habrían disparado, porque preferían caer en combate.(102)

El 1 de junio, cuatro hombres fueron entregados a la policía y a las autoridades de inteligencia. Pero en lugar de acusarles de los asesinatos del 13 de mayo, los cuatro desparecieron.(103) Puede que fueran ejecutados para prevenir que contaran más cosas.(104)

En lugar de reducir la violencia, la red de inteligencia de la Armada parece haberla aumentado drásticamente. A finales de 1992, el índice de asesinatos en Barrancabermeja había aumentado un 49 por ciento con relación a las cifras de 1990, un año antes de la reorganización.(105)

Desde 1993, ex miembros de la red de inteligencia de la Armada, incluido Segura, empezaron a testificar contra sus superiores. Según Segura, lo hizo porque sus superiores querían asesinarlo. El hecho de que se indagara cada vez más convenció a Quiñones para que despidiera a algunos de sus agentes y trasladara a Cartagena al comandante de la red, el Capitán Alvarez. También trasladó a Segura a Bahía Solano, en el departamento del Chocó, donde estaba operando otra red de inteligencia de la Armada. Segura dijo a las autoridades que estando allá se negó a cumplir las órdenes de Quiñones de asesinar a cuatro hombres que trabajaban en una cooperativa de pesca local.(106)

"Yo le respondí que en mis investigaciones había logrado establecer que los que me mandaban a 'tumbar' no eran guerrilleros, ni colaboradores de los mismos, ni narcotraficantes, ni traficantes de armas; al contrario eran personas muy queridas en la región porque son de los pocos que están proporcionado trabajo en la zona." Al parecer, a causa de esta declaración, Segura paso de ser ejecutor a convertirse en objetivo.(107)

Unos meses después, Segura recibió dos disparos pero sobrevivió. Las conversaciones entre sicarios, grabadas subrepticiamente y filtradas a la prensa, sugieren claramente que Quiñones ordenó que Segura fuera "desvinculado de la empresa," un código para asesinarlo.(108) Carlos Vergara, un miembro de la banda de sicarios de Ulloa, confesó a las autoridades que se habían prometido 45.000.000 pesos por cabeza, unos 40.000 dólares, a los que asesinaran a los cuatro que habían aceptado testificar.(109)

En febrero de 1994, Segura y López huyeron a Panamá.(110) Segura dijo que estando allí fueron contactados por las autoridades colombianas que les dijeron que se retractaran de su declaración, con la promesa de que estarían en prisión dos meses, y después serían absueltos y puestos en libertad.(111) Ambos se retractaron de sus declaraciones y fueron devueltos a Colombia.(112) Sin embargo, cuando Human Rights Watch entrevistó a Segura, llevaba en prisión dieciséis meses y había confirmado totalmente sus declaración original.

Partiendo sobre todo de los testimonios de Segura y López, junto con los de Vergara y Gómez (que nunca contradijeron sus declaraciones originales), una investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ha vinculado la red con cincuenta y siete asesinatos dentro y en los alrededores de Barrancabermeja.(113) El caso se trasladó entonces al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, que trató el asunto como un único delito y concluyó que los oficiales conspiraron "para formar o colaborar con grupos armados, tipificado y prohíbido por el Decreto 1194."(114)

Desde la cárcel, Segura dijo a los investigadores del gobierno y a Human Rights Watch que pensaba que iban a asesinarlo. El 24 de diciembre de 1995, dentro del pabellón de máxima seguridad de la Prisión Modelo, Segura fue matado a tiros. Su asesinato sigue sin resolverse.

A pesar de las graves sospechas que pesaban sobre el Teniente Coronel Quiñones y otros siete soldados implicados, el 15 de diciembre de 1994, un tribunal militar decidió que debían permanecer en libertad hasta el juicio. En su decisión, Alfonso Ospina Bonilla, juez del Tribunal Superior Militar, utilizó el sistema de encubrimiento y compartimentación, establecido en la Orden 200-05/91, para no implicar a Quiñones, y absolverle de toda responsabilidad. Haciendo increíblemente caso omiso de las pruebas que se le presentaron, Ospina escribió que ya que ni Segura, ni Vergara, ni ningún otro agente de la red había informado sobre contactos directos con Quiñones, "el hecho de que estos últimos individuos en algunos casos... cometan desafueros u otros ilícitos, no hay porque llegar a imputárselos a los superiores."(115) Posteriormente, Quiñones fue absuelto por un tribunal militar y sigue en servicio activo.(116)

Los informes sobre la asociación militar-paramilitares en la región continúan. Cerca de Sabana de Torres, a una hora de Barrancabermeja, los residentes locales entregaron a las autoridades locales la basura que recogieron de un campamento ocupado por las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC) en marzo de 1995. Entre los desechos habían envoltorios de paquetes de raciones del ejército.(117) Al parecer, una vez que las aldeas o individuos han sido identificados como simpatizantes de la guerrilla, el ejército y los paramilitares trabajan conjuntamente para sembrar el terror y forzar a la gente a escapar o enfrentarse a la muerte. Por ejemplo, en Sabana de Torres, los residentes locales informaron que los soldados les dijeron que los paramilitares seguían sus pasos y que matarían a cualquiera que colaborara con la guerrilla. Los paramilitares de la región tienen nombres como "Los Motosierras", " Sombra Negra", y las ACC, que ha adoptado un uniforme con brazaletes rojos. Un testigo entrevistado por Human Rights Watch contó como se hizo realidad la amenaza de los soldados: "Las ACC vinieron unos quince días más tarde preguntando por los guerrilleros. Fue entonces cuando salí, porque quedarme significaba seguro que me matarían."(118)


CAPÍTULO IV
REGRESAR AL PRINCIPIO

65. Chuck Call, Clear and Present Danger: The U.S. Military and the War on Drugs in the Andes (Washington, D.C.: Washington Office on Latin America (WOLA), octubre de 1991), pág. 1.

66. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).

67. Ibíd.

68. Carta del Secretario de Defensa en funciones, Frederick Smith, al Senador Patrick J. Leahy, 11 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).

69. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).

70. Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.

71. Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.

72. El ex miembro de la Armada Pablo Francisco Pérez Cabrera recibió una sentencia de dieciséis años de cárcel por el asesinato. Sin embargo, no se investigó a otros oficiales por este crimen. Posteriormente, desaparecieron otros testigos que al parecer querían testificar. "USO pide garantías para testigos contra la Armada," El Espectador, 6 de enero de 1994.

73. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.

74. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

75. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

76. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."

77. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

78. Carta de Felipe Gómez al Fiscal de la Nación, 29 de noviembre de 1994. Según los grupos locales de derechos humanos, el Mayor Walter Javier Hurtado, al parecer el mismo asignado al Batallón Nueva Granada, se había creado una reputación de ser especialmente agresivo. En 1993, cuando un funcionario del gobierno y miembro de CREDHOS trató de localizar en la base a un detenido, el Mayor Hurtado lo atacó físicamente, acusándolo de estar "trabajando para los bandidos [guerrilleros]." En lugar de reprender a su subalterno, el comandante de la base, el Teniente Coronel Luis García Chávez, también insultó a los trabajadores de derechos humanos, llamándoles "defensores de la guerrilla." CREDHOS S.O.S., julio de 1993.

79. El Teniente Coronel Quiñones ha negado estas acusaciones. Carta del Teniente Coronel Quiñones Cárdenas, el Mayor Jairo Osorio Morales, y el Mayor Rafael Colón Torres a Orlando Vásquez Velásquez, Procurador, 28 de octubre de 1994.

80. Testimonio de Carlos Alberto Vergara Amaya ante la Fiscalía, 11 de febrero de 1994.

81. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

82. Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994.

83. Tras la prohibición de armar a paramilitares de 1989, el Decreto 2535, puesto en vigor el 17 de diciembre de 1993, añadió mayores detalles a las restricciones al armamento en Colombia; que ya eran estrictas. El Decreto 2535 mencionaba las armas específicas restringidas exclusivamente para el uso militar: como pistolas de un calibre superior a 3,5 mm., rifles semiautomáticos por encima del calibre 2,2 mm., todas las armas automáticas, las armas que tras su fabricación se habían modificado para aumentar su poder, y accesorios como silenciadores y lentes infrarrojos. Andrés Soto, Paulina Zuleta, y Paula Peña, Las armas de fuego ligeras en Colombia: alcances, diversidad y control (Santafé de Bogotá: Centro de Estudios Internacionales, enero-marzo, 1994), págs 18-20.

84. Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994; y su testimonio ante el Fiscal de la Nación, 8 de febrero de 1995.

85. Ibíd.

86. Para un resumen de la colaboración militar-paramilitares en la región ver, Justicia y Paz, El proyecto paramilitar en la región del Chucurí (Santafé de Bogotá: Justicia y Paz, agosto de 1992).

87. Jorge Gómez Lizarazo, "Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana, armas estadounidenses), New York Times, 28 de enero de 1992. (Traducción de HRW).

88. El año anterior, los miembros de CREDHOS Álvaro Bustos Castro y Humberto Hernández fueron asesinados en circunstancias que sugieren la participación de las fuerzas de seguridad. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."

89. "Los derechos humanos en el Magdalena Medio de Colombia," Reporte de Derechos Humanos, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Vol. 1, No. 3, abril de 1992.

90. Ibíd.

91. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

92. Ibíd.

93. Entrevista de Human Rights Watch con "Enrique," un miembro del equipo, Santafé de Bogotá, 13 de junio de 1992.

94. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

95. Según Segura, Gerardo Alvarez y los hermanos Castaño se encontraban entre los perpetradores de la masacre de La Rochela, en enero de 1989. Segura dijo a Human Rights Watch que los hermanos Castaño habían sido antes paramilitares, y que se jactaban de haber recibido entrenamiento de instructores extranjeros. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.

96. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

97. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.

98. Entrevista de Human Rights Watch en Barrancabermeja, 6 de junio de 1992.

99. Entrevistas de Human Rights Watch en Orito, Putumayo, junio de 1992.

100. El asesinato nunca se llevó a cabo, y Narváez ganó las elecciones y descubrió el complot después de tomar posesión. "Lucas" fue asesinado posteriormente en circunstancias que siguen sin aclararse.

101. Entrevistas de Human Rights Watch en Putumayo, junio de 1992.

102. Esta cita está basada en las notas que Human Rights Watch tomó de una copia del informe que nos mostró el General Gutiérrez, titulado Informe No. 3728BR14-B2-263, "Asunto: Informe desaparición personas," dirigido al comandante de la Segunda División, con fecha del 2 de junio de 1992.

103. Ibíd.

104. Según López, la esposa de Ulloa presentó una demanda civil acusando al estado de la muerte de su esposo a manos del ejército. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

105. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."

106. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.

107. Ibíd.

108. "Los casetes de la red," La Prensa, 5 de enero de 1994.

109. Testimonio de Carlos Alberto Vergara ante la Fiscalía, 11 de febrero de 1994.

110. "Salen del país ex militares de la Armada," El Tiempo, 15 de febrero de 1994.

111. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.

112. Declaraciones de Saulo Segura, 1 de julio de 1994, y de Carlos David López, 4 de julio de 1994, ante el Consul en Panamá, Jaime Santos Rodríguez.

113. "Inteligencia de la Armada habría permitido asesinatos," El Tiempo, 4 de agosto de 1994.

114. Entrevista de Human Rights Watch, 11 de julio de 1996.

115. Decisión de Alfonso Espina Bonilla, Tribunal Superior Militar, 15 de diciembre de 1994.

116. Entrevista de Human Rights Watch con la Fiscalía, Santafé de Bogotá, 9 de julio 1996.

117. Entrevistas de Human Rights Watch en Sabana de Torres, 9 de abril de 1995.

118. Ibíd.


CAPÍTULO IV
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