Mientras las protestas contra las medidas de austeridad inundaban el país, el Presidente Fernando de la Rúa, del Partido Radical, declaró el estado de emergencia el día 19 de diciembre de 2001. Al no poder reunir el nivel de apoyo político y social necesario para liderar un gobierno de unidad nacional, De la Rúa renunció al cargo al día siguiente. El Presidente del Senado, Ramón Puerta, tomó las riendas del país brevemente hasta que la Asamblea Legislativa eligió como presidente al peronista Adolfo Rodríguez Saá. Tras siete días en el poder, Rodríguez Saá perdió el apoyo de su partido y renunció al cargo. Tras otro breve interregno, el Congreso eligió al peronista Eduardo Duhalde para encabezar un gobierno de "salvación nacional." En julio de 2002, mientras la economía caía en picada y continuaban los episodios de violencia en las calles, Duhalde decidió convocar a elecciones presidenciales para marzo de 2003.
Siete personas murieron, la mayoría de ellas por disparos, durante las protestas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y las calles adyacentes durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001. La policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, algunos armados con palos, que arrojaban piedras y bombas incendiarias, rompían cristales de entidades bancarias y tiendas y prendían fuegos. Al menos otras 16 personas murieron en todo el país como consecuencia de enfrentamientos violentos y episodios de saqueo.
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Las prácticas de tortura continuaron representando un problema grave en el país.
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En la madrugada del 29 de diciembre, Juan de Díos Velaztiqui, un sargento de policía que trabajaba como guardia de seguridad privada cuando no se encontraba de servicio, mató a tiros a tres jóvenes, Cristián Gómez, Maximiliano Tasca y Adrián Matassa, en el café de una gasolinera de Buenos Aires. Los jóvenes estaban mirando las noticias en la televisión del bar y se mofaron de una escena en la que los manifestantes golpeaban a un policía, lo que provocó al parecer que el guardia sacara su pistola y les disparara a quemarropa. Velaztiqui fue detenido y acusado de homicidio.
Los disparos de la policía contra dos manifestantes en junio provocaron la renuncia del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y del director y el subdirector de la policía provincial. El 26 de junio, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes veinteañeros, recibieron sendos disparos de escopeta a quemarropa en una estación de tren durante una protesta de trabajadores desempleados, en el puente Pueyrredón del suburbio de Avellaneda. Al menos otras dos personas resultaron heridas. En julio, se formularon cargos por homicidio contra un inspector y un agente de la policía provincial de Buenos Aires, y otros cuatro fueron acusados de intentar encubrir los crímenes.
La crisis económica trajo consigo un fuerte aumento en los casos de delincuencia violenta, robos y secuestros. Muchos agentes policiales perdieron la vida en enfrentamientos armados. La policía mató tanto a presuntos delincuentes como a ciudadanos inocentes en momentos de confusión ocurridos en barrios pobres de la provincia de Buenos Aires. Las informaciones de prensa sugirieron que, en varios de estos casos, la policía no respetó las normas internacionales sobre el empleo de la fuerza letal y manipuló las pruebas para evitar responder ante la justicia.
Las prácticas de tortura, que continuaron representando un problema grave en el país, afectaron principalmente a presuntos delincuentes detenidos por miembros de la policía y a presos detenidos en diversas instituciones penitenciarias. En agosto, un funcionario judicial del Tribunal de Casación de Buenos Aires informó a un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, de marzo de 2000 a julio de 2002, el tribunal había registrado 1.236 denuncias de tortura tan sólo en la provincia de Buenos Aires. La información procedía de un banco de datos creado en marzo de 2000 para hacer un seguimiento de las denuncias de tortura y malos tratos. También se produjo un fuerte aumento en los casos de presuntos malos tratos a menores detenidos por la policía. El número de denuncias registradas por la división de menores de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se multiplicó por dos en menos de un año, pasando de 738 casos en mayo de 2001 a 1.516 en abril de 2002.
Los torturadores actuaron con casi total impunidad y las víctimas que denunciaron los abusos padecieron con frecuencia represalias. Según las cifras oficiales publicadas en enero por la Fiscalía General, de las 676 denuncias de tortura o malos tratos presentadas en 2000, sólo cuatro llegaron a juicio y ninguna terminó en la condena de los acusados. Durante los primeros seis meses de 2001, de las 271 quejas presentadas a los tribunales, sólo dos llegaron a juicio y una sola terminó en condena.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, adoptó varias medidas importantes para combatir el problema de la tortura y el maltrato en las prisiones. En este sentido creó una secretaría provincial de derechos humanos encargada, entre otras cosas, de combatir tales prácticas. El gobierno provincial propuso también reformas legales para paliar el hacinamiento de presos en cárceles y comisarías. La secretaría de derechos humanos y el viceministro de seguridad de la provincia firmaron una declaración conjunta sobre abusos policiales que fue presentada ante la Suprema Corte Provincial de Buenos Aires en el mes de septiembre.
Las condiciones de los detenidos fueron pésimas debido a la grave situación de hacinamiento en las prisiones y al encierro constante en las comisarías de individuos sospechosos sin condena y a la espera de juicio. Las 36 prisiones de la provincia de Buenos Aires, con capacidad total para 14.000 presos, albergaban a 18.000 reclusos. En agosto, se informó que 7.000 personas, entre ellas algunos menores de edad, estaban detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para menos de 3.000 detenidos. En ciertas ocasiones las condiciones eran verdaderamente atroces. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos, los menores detenidos habían denunciado que tenían que utilizar botellas y bolsas de plástico para orinar y defecar debido a la falta de instalaciones sanitarias adecuadas. Se cerraron varios centros policiales de detención por orden judicial a causa de las malas condiciones reinantes. El CELS informó que, además de propinar puñetazos y porrazos a los detenidos, patearlos y quemarlos con cigarrillos, la policía empleó métodos de tortura habituales durante el régimen militar, como los electrochoques y la asfixia con bolsas de plástico en la cabeza.
Los periodistas fueron víctimas frecuentes de la agresión policial. Periodistas, un grupo no gubernamental defensor de la libertad de prensa, registró 52 ataques contra reporteros, fotógrafos y equipos de televisión entre noviembre de 2001 y julio de 2002. Aunque los estallidos de violencia en muchas de las protestas supusieron un riesgo físico inevitable para los periodistas, hubo varios casos en los que la policía atacó deliberadamente a reporteros y fotógrafos que cubrían las manifestaciones, o los detuvo, insultó y golpeó. El 28 de diciembre de 2001, seis o siete agentes policiales atacaron presuntamente al periodista Alberto Noal cuando cubría una protesta de trabajadores del hospital regional de Río Grande, en la provincia de Tierra de Fuego. Los policías lo derribaron tirándole del pelo, lo esposaron, golpearon, pisotearon y patearon; y uno de ellos le fracturó las costillas con una porra de madera. Noal debió permanecer hospitalizado por tres días. Marcos Díaz Muñoz, corresponsal de América TV en la provincia de Salta, fue golpeado en el estómago con una porra cuando filmaba a un policía aporreando a un manifestante el 20 de junio.
En septiembre, el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes de información se vio amenazado cuando el juez federal Claudio Bonadío ordenó a las compañías telefónicas que le entregaran un listado de las llamadas hechas y recibidas por Thomas Catán, el corresponsal argentino del Financial Times de Londres. El Juez Bonadío estaba investigando las acusaciones de que miembros del Congreso habían pedido sobornos a bancos extranjeros a cambio de paralizar un proyecto de ley para la reinstauración de un sistema de salud para los empleados bancarios, lo que le habría costado a los bancos cientos de millones de dólares al año. En dos artículos publicados en el Financial Times en agosto, Catán describió un encuentro con los embajadores de Estados Unidos y el Reino Unido en el que altos cargos de la banca se habían quejado al parecer de que algunos congresistas les habían pedido dinero. Catán solicitó a la Cámara Judicial que dictara un mandato judicial para salvaguardar sus derechos recogidos en el artículo 43 de la constitución nacional, que protege la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Los magistrados de la Cámara se reunieron y dictaron una resolución reprendiendo al Juez Bonadío por su "grave desprecio por las garantías constitucionales básicas." En octubre, la Cámara Federal ordenó al Juez Bonadío que destruyera el listado de llamadas y declaró que la medida decretada por el juez era una "restricción irrazonable de la libertad de expresión."
En diciembre de 2001, durante su breve mandato presidencial, Adolfo Rodríguez Saá sometió un proyecto de ley al Congreso para eliminar el delito de desacato a personalidades públicas. A finales de septiembre todavía no se había debatido la propuesta.
Se produjeron algunos avances notables en investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar argentino. En julio, el juez Claudio Bonadío ordenó el arresto domiciliario del ex gobernante militar Leopoldo Galtieri por la desaparición en 1979 y 1980 de 18 miembros de los Montoneros, una organización guerrillera peronista de extrema izquierda, que habían regresado o tenían previsto regresar del exilio.
También se formularon cargos contra el ex jefe del ejército General Cristino Nicolaides y el ex general Carlos Suárez Masón, que ya estaban bajo arresto domiciliario por el robo de bebés de madres secuestradas durante el gobierno militar. El Juez Bonadío también ordenó la detención de unos 40 oficiales de menor rango de la policía y el ejército, muchos de ellos antiguos miembros del notorio Batallón 601 del ejército, responsable de llevar a cabo operaciones de inteligencia en el extranjero. Entre ellos se encontraba el Coronel Alberto Crinigan, un antiguo experto en inteligencia del ejército que seguía en el servicio activo. El periódico Clarín citó a un oficial superior del ejército que afirmó que la detención de Crinigan "no ayuda a pacificar los espíritus." En octubre de 2001, Bonadío se convirtió en el segundo juez federal (el primero había sido Gabriel Cavallo) en anular las leyes de amnistía argentinas (las leyes de punto final y obediencia debida promulgadas en 1986 y 1987, respectivamente) por ser inconstitucionales y violar las normas internacionales.
A finales de septiembre, la Suprema Corte todavía no había emitido un dictamen sobre las apelaciones de dos fallos judiciales federales anulando las leyes de amnistía. Ambas decisiones habían sido confirmadas por unanimidad por la Cámara Federal de Buenos Aires en noviembre de 2001. El futuro del juicio a Galtieri, y a otros acusados, dependía de que la Suprema Corte refrendara la anulación de dichas leyes. En un informe emitido por la Suprema Corte a finales de agosto, el Procurador General Nicolás Becerra recomendó que el tribunal declarara las leyes inconstitucionales. Becerra insistió en la relación entre la violencia actual en Argentina y su legado de violaciones a los derechos humanos: "La violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país debe ser contrarrestada, ciertamente, con mensajes claros de que impera el Estado de Derecho." El Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que había ocupado previamente el cargo en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, volvió a expresar su oposición a la reapertura de casos de derechos humanos y declaró que dichos procedimientos contribuirían a generar o agravar el estado de incertidumbre que reina en las fuerzas armadas.
Tres días antes de su renuncia en diciembre de 2001, el Presidente De la Rúa promulgó un decreto oficializando la negativa de su gobierno a considerar la extradición de argentinos acusados de crímenes de derechos humanos en el extranjero, basándose en la soberanía territorial. No obstante, el gobierno de De la Rúa se preocupó de someter dichos casos a los tribunales nacionales para su posible enjuiciamiento en Argentina. Durante el breve interregno de Adolfo Rodríguez Saá, el recién nombrado ministro de justicia, el prestigioso jurista Alberto Zuppi, anunció que iba a intentar modificar esta política y permitir que los tribunales argentinos consideraran la extradición en cada caso particular. El gobierno de Duhalde, sin embargo, mantuvo en pie el decreto de De la Rúa.
La defensa de los derechos humanos
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La policía mató tanto a presuntos delincuentes como a ciudadanos inocentes en momentos de confusión ocurridos en barrios pobres de la provincia de Buenos Aires.
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Los periodistas, los funcionarios públicos, los abogados y los familiares de víctimas que denunciaron los abusos policiales recibieron numerosas amenazas e intimidaciones. Cerca de las cuatro de la madrugada del 20 de septiembre en La Plata, pistoleros sin identificar abrieron fuego contra la casa de Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Provincial por la Memoria, una organización no gubernamental dedicada a recordar a las víctimas del régimen militar. Según la Comisión, las balas destrozaron los cristales de la puerta de entrada de la casa y entraron en la sala de estar y su dormitorio. Los agentes de policía informaron que los atacantes habían utilizado una escopeta como las que emplean las fuerzas de seguridad. El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, dijo que estaba convencido de que el atentado se había producido por motivos políticos.
Dos días antes, la Comisión había presentado un documento a la Suprema Corte Provincial denunciando abusos policiales, los que fueron comparados con los cometidos durante el período de la dictadura militar. En la mañana del 25 de septiembre, un empleado de la Comisión recibió una llamada amenazante: "guerrilleros hijos de puta, déjense de joder y tengan cuidado porque vamos a reventarlos a todos." Sara Derotier, subsecretaria de derechos humanos del gobierno provincial y también presidenta de la Comisión, dijo a Human Rights Watch que dos vehículos sospechosos habían estado estacionados por la noche frente a su casa de Merlo en junio de 2001, lo que había preocupado a sus vecinos. El departamento de seguridad le asignó protección policial en su domicilio.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
En septiembre, el Comité sobre los Derechos del Niño se reunió para examinar el segundo informe periódico de Argentina sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El gobierno presentó datos estadísticos alarmantes sobre el aumento de la pobreza entre los niños argentinos. En sus observaciones al informe, publicadas en octubre, el Comité expresó su "profunda preocupación" por las denuncias de tortura y brutalidad policial contra menores de edad.
La Organización de Estados Americanos
Tras una oportuna visita a Buenos Aires en julio y en agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que hizo referencia al "profundo impacto de la crisis social y económica en la situación de los derechos humanos en el país". La Comisión aplaudió las garantías dadas por el Presidente Duhalde de que el ejército no volvería a participar en tareas de seguridad pública.
La Unión Europea
El 17 de enero, Suecia solicitó a Argentina la extradición del oficial de la armada Alfredo Astiz, quien había sido detenido a finales de diciembre cumpliendo una orden internacional dictada por un tribunal de Estocolmo. Astiz, conocido popularmente como el "Ángel de la Muerte," había sido un agente encubierto de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA,) un conocido centro de tortura durante el gobierno militar. Suecia llevaba pidiendo su extradición desde 1983, cuando Argentina recuperó la democracia, por la desaparición en enero de 1977 de la ciudadana argentino-sueca Dagmar Hagelin, de 17 años de edad.
El 28 de enero, el gobierno argentino denegó la petición de extradición alegando que constituiría una violación de la soberanía nacional. Astiz quedó en libertad tras haber pasado 32 días en una base naval cercana a la casa de sus padres en Mar del Plata.
El gobierno tenía que decidir a principios de noviembre sobre la petición de Francia de extradición del general chileno retirado Luis Ramírez Pineda, que había sido detenido por orden internacional el 13 de septiembre cuando realizaba una visita privada a Buenos Aires. Ramírez estaba acusado en Francia de la desaparición de Georges Klein Pipper, un psiquiatra de origen francés al que los soldados chilenos se llevaron, el 13 de septiembre de 1973, a la base del Regimiento Tacna, comandada entonces por Ramírez.
Estados Unidos
El 21 de agosto, el Departamento de Estado hizo públicos 4.677 documentos desclasificados sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. Aunque la ex Secretaria de Estado Madeleine Albright había prometido que se publicarían en noviembre de 2000, la desclasificación se vio retrasada por los eventos del 11 de septiembre y por la crisis argentina.
Muchos de los documentos resultaron muy relevantes para los casos que estaban siendo investigados en los tribunales argentinos, especialmente para el caso contra el General Galtieri. En un memorando de la Embajada de Estados Unidos de abril de 1980, en el que se informa de una conversación con oficiales de inteligencia argentinos, se describe como dos agentes del Batallón 601 detuvieron a dos montoneros, Horacio Campiglia y Susana de Binstock, en Brasil con ayuda de las autoridades locales y los internaron secretamente en el centro de detención de Campo de Mayo, de donde desaparecieron. En el memorando también se informa como un delator contribuyó a la detención de otros 12 montoneros que se dirigían en autobús a Argentina desde Brasil, Paraguay y Uruguay. En otro documento, en el que se describía la estructura organizativa del Batallón 601, se podía seguir una cadena de mando que ascendía directamente hasta Galtieri.
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