Situación de los derechos humanos

El gobierno del ex paracaidista Hugo Chávez Frías, cómodamente respaldado por el 59% de los votos en las elecciones generales del 30 de julio, fracasó en el intento de responder con eficacia a las arraigadas prácticas de violación a los derechos humanos en Venezuela, en particular, los endémicos abusos policiales y las espeluznantes condiciones penitenciarias. El Gobierno introdujo un ambicioso plan de reformas penitenciarias, pero la atención prestada al hacinamiento de la población reclusa no se tradujo en una disminución importante de la violencia en las prisiones. Las muertes a manos de la policía de presuntos delincuentes aumentaron desde 1999, y algunas de las propuestas oficiales para luchar contra los delitos violentos despertaron serias preocupaciones relativas a los derechos humanos.

La constitución implantada en 1999 contiene cuarenta y dos artículos referentes a la protección de los derechos humanos; entre ellos, algunos de los preceptos más avanzados del hemisferio. Sin embargo, en la constitución también se amplían generosamente los poderes de la Presidencia, y se realza el papel político de las Fuerzas Armadas. La destitución en pleno de los miembros de la judicatura, la retórica revolucionaria de Chávez y sus choques verbales con la prensa crítica levantaban dudas sobre el respeto de su gobierno por el Estado de Derecho y su tolerancia a las críticas. Por primera vez en muchos años, la libertad de expresión figuraban en Venezuela entre los problemas relativos a los derechos humanos.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los sindicatos también fueron víctimas de presiones este año. En decisiones separadas de junio y agosto, la Corte Suprema determinó que las organizaciones no gubernamentales receptoras de fondos extranjeros quedan excluidas de "la sociedad civil" y, en consecuencia, privadas del derecho a participar en la designación de candidatos a la Corte Suprema, al cargo de Defensor del Pueblo y a otros puestos de relevancia. La independencia sindical quedó en cuestión a principios de septiembre, cuando el presidente Chávez criticó con dureza al líder de la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV), y anunció sus planes para la creación de un movimiento paralelo de trabajadores, dominado por el partido en el poder.

Tras la avalancha de agua y lodo acaecida en diciembre de 1999 en la costa caribeña, que costó la vida al menos a 20.000 personas, efectivos armados protagonizaron en el estado de Vargas una ola de violencia contra presuntos saquedores. El respetado grupo no gubernamental de defensa de los derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció que paracaidistas del ejército, efectivos de la policía política (Dirección de Servicios de Inteligencia Policial, DISIP) y miembros de la Guardia Nacional perpetraron ejecuciones.

El asunto se convirtió en el primer test importante sobre derechos humanos para el gobierno de Chávez. En un principio, Chávez desacreditó los informes por "irresponsables" y "superficiales", pero las evidencias pronto le obligaron, a él y a altos cargos de su gobierno, a reconocer la seriedad de la situación. En enero, la oficina del Defensor del Pueblo del estado de Vargas anunció que más de sesenta personas habían sido ejecutadas y sus cuerpos, al parecer, enterrados junto con los restos de las víctimas de la avalancha. En enero, PROVEA interpuso recursos de hábeas corpus en representación de cuatro víctimas que habían "desaparecido" tras ser detenidas en el estado de Vargas: Roberto Javier Hernández Paz, Marco Antonio Monasterio Pérez, José Francisco Rivas y Oscar José Blanco Romero. Roberto Hernández "desapareció" el 23 de diciembre, tras ser detenido en su domicilio por efectivos de la DISIP que no mostraron orden judicial. Según los testimonios recogidos por PROVEA y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, su tío oyó un disparo y los gritos de Hernández implorando a los agentes que no lo mataran. Fue trasladado, herido, en un camión. Un juez local resolvió que puesto que el director de la DISIP negaba el arresto, al juzgado no le constaba ninguna evidencia sobre la que proceder. El juzgado, sin embargo, sí confirmó las detenciones de Monasterio y Blanco, el 21 de diciembre, por tropas paracaidistas que los condujeron, ese mismo día, a la DISIP. La DISIP, sin embargo, declaró carecer de cualquier registro donde constara haber recibido a los dos detenidos. El cuerpo de otra de las víctimas, Luis Rafael Bastardo, fue exhumado en marzo en un cementerio; presentaba varios disparos de bala.

Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de efectivos policiales o militares continuaron siendo un problema de envergadura en otras partes de Venezuela. El Ministerio del Interior declaró en julio que, durante la primera mitad del año, más de quinientos sospechosos habían muerto en enfrentamientos armados con miembros de la policía. Sin embargo, según grupos de defensa de los derechos humanos, la policía a menudo fingió la existencia de un delito violento para perpetrar la ejecución de un sospechoso desarmado o bajo custodia policial. Apoyándose en parte en informaciones periodísticas, PROVEA aseguró conocer setenta y seis casos de violaciones del derecho a la vida durante dicho periodo de tiempo. Esa cifra supone un incremento de casi un 50% sobre 1999.

La presión ejercida por la Oficina del Defensor del Pueblo y los grupos defensores de los derechos humanos impidió que prosperaran las propuestas políticas de implantar "juicios rápidos". En el mes de febrero, el entonces gobernador del Distrito Federal, Hernán Grüber Odreman, propuso reactivar la infamante ley de vagancia denominada Ley sobre Vagos y Maleantes, que había sido declarada inconstitucional en 1997. Esa ley otorgaba a la policía la potestad de practicar detenciones en la calle cuando el delincuente era sorprendido en delito flagrante o era, simplemente, sospechoso de vagancia y enviarlo a la cárcel, sin juicio, por un periodo de hasta cinco años. A principios de marzo, Dávila anunció sus planes de implantar en cuatro sectores de Caracas puntos de control donde ininterrumpidamente equipos de jueces, fiscales, abogados defensores y representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo celebrarían juicios penales de diez minutos de duración. El inspector general de Tribunales, René Molina, advirtió que los jueces que participaran en aquellos procedimientos estarían quebrantando la ley.

El legislativo provisional aprobó en julio la introducción de varias enmiendas al Código Procesal Penal autorizando de nuevo a la policía a practicar detenciones cuando existen indicios suficientes para sospechar de la implicación de un individuo en la comisión de un delito. Con anterioridad a la introducción de estas enmiendas, la policía sólo podía practicar detenciones por mandato judicial o en caso de sorprender al delincuente en delito flagrante (durante la comisión del delito). Las enmiendas facultaban a los jueces para alargar la detención durante seis días antes de decidir la inculpación del detenido o su puesta en libertad. Este tipo de preceptos, en el pasado, concedieron a la policía la oportunidad de forzar la confesión de los detenidos.

Las condiciones en las cárceles siguieron siendo inhumanas y de extremada violencia. Por ejemplo, entre octubre de 1999 y marzo del año 2000 los medios de comunicación informaron de 169 muertes en prisión. En fechas anteriores la violencia carcelaria había empujado a la creación de una comisión interinstitucional que contaba con representantes del Gobierno, el Congreso y las organizaciones no gubernamentales. La comisión halló las prisiones El Rodeo y Yare bajo completo control de los reclusos, que incluso disponían de las llaves de sus celdas. En El Rodeo, donde cuarenta y un internos fueron asesinados entre octubre de 1999 y marzo del 2000, sólo cuatro funcionarios custodiaban a 1.800 presos.

Los trabajos de la comisión y la entrada en vigor del nuevo código procesal penal llevaron a la puesta en libertad de miles de presos. Un funcionario del Ministerio de Justicia declaró en octubre de 1999 que las medidas habían beneficiado a 2.526 presos. Según las cifras reunidas por PROVEA, a finales de 1999 la población reclusa había descendido a 15.227 presos desde los 24.833 que había en septiembre de 1998 y el porcentaje de presos a la espera de juicio, del 64% al 52%. Sin embargo, según PROVEA, las medidas se aplicaron sin criterios claros de selección y de coordinación institucional. Funcionarios de justicia reconocieron que se habían cometido numerosos errores en la concesión de libertades. Como consecuencia de ello, los políticos atribuyeron al nuevo código progresista el aumento de la violencia delictiva en el país; reconocidos especialistas aseguraron, sin embargo, que el fallo no radicó en el código sino en la puesta en práctica de las medidas que en él se establecen. El presidente Chávez anunció en marzo un plan de seguridad nacional que reserva aproximadamente nueve millones de dólares americanos a reconstrucción y reequipamiento de instalaciones penitenciarias. La Unión Europea firmó con el Ministerio de Justicia un acuerdo de cooperación también para emprender mejoras penitenciarias.

La libertad de expresión se convirtió en un derecho precario durante este año. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras los beligerantes y repetidos ataques protagonizados por Chávez contra sus críticos, se quejó en marzo ante el presidente del "clima de hostilidad contra la prensa". Chávez había formulado comentarios como "Si me atacan, recibirán plomo de acá; aguanten entonces el plomo parejo" y "Detrás de esa supuesta libertad de expresión lo que hay es una libertad de manipulación". La SIP también mostró su preocupación por el artículo 58 de la constitución de 1999 que establece el derecho a una "información oportuna, veraz e imparcial". A juicio de la SIP, esto podría dejar a discreción del gobierno o de los jueces la decisión de qué información debe ser difundida, sentando las bases para el establecimiento de la censura previa.

Según la legislación actual, los periodistas condenados por difamación pueden ser condenados a penas de privación de libertad e inhabilitados indefinidamente para ejercer la profesión.

Tobías Carrero, un importante empresario con estrechos vínculos con el gobierno de Chávez emprendió acciones penales contra periodistas acusándolos de difamación, en un intento de acallar la prensa crítica. En agosto un juzgado ordenó el arresto domiciliario de Pablo López Ulacio por negarse a comparecer en la audiencia de una causa a raíz de una querella presentada en octubre de 1999 por Carrero, propietario de la empresa Multinacional de Seguros. López era redactor jefe de La Razón, en la que en septiembre de 1999 se acusó a Carrero de beneficiarse del favoritismo del gobierno en la concesión de contratos y en la subasta de emisoras de radio de propiedad pública. En junio del año 2000 se le prohibió a López la publicación de ninguna otra información relativa a la empresa Multinacional de Seguros y se decretó su arresto domiciliario. Otra juez levantó primero la medida y después, en agosto, la volvió a decretar a raíz de una nueva incomparecencia de López ante el juzgado. La prohibición de publicar informaciones relativas a Multinacional de Seguros continuaba vigente en el momento de redactar este informe.

El pasado mes de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales en favor del director de la revista Exceso Ben Amí Fihman y la redactora Faitha Marina Nahmens. Desde 1997 existe contra ellos una causa por difamación por la publicación de un artículo sobre el asesinato de un empresario. Un juez ordenó en febrero su detención para asegurar su comparecencia ante el juzgado a pesar de que el delito habia prescrito según el nuevo código procesal penal.

Defensa de los derechos humanos

El Defensor del Pueblo de Venezuela, institución oficial para velar por los derechos humanos creada bajo la nueva constitución, se constituyó en diciembre bajo la autoridad de Lidia Parra Guillén, abogada y antigua integrante del departamento de derechos humanos de la Fiscalía General. Algunos de sus altos cargos, incluyendo al director general, Juán Navarrete Monasterio, provenían de la comunidad no gubernamental de defensa de los derechos humanos. También se nombró un Defensor del Pueblo en cada uno de los estados de Venezuela. La Oficina del Defensor del Pueblo manifestó opiniones claramente críticas sobre iniciativas contra la delincuencia que estaban respaldadas por el gobierno y que hubieran constituido una violación de los principios del proceso debido, y también acució para que se investigaran las atrocidades del estado de Vargas. Hoover Quintero y Suilvida Rausseo, miembros de la oficina de derechos humanos de la diócesis de Ciudad Guyana, recibieron repetidamente amenazas telefónicas en el mes de abril. Ambos habían denunciado abusos por parte de la Policía Técnica Judicial en Ciudad Guyana.

Papel de la comunidad internacional

En noviembre de 1999, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó sus observaciones finales sobre la aplicación en Venezuela de la Convención de los Derechos del Niño. El Comité expresó su preocupación por "las denuncias de casos en que se ha matado a niños durante operaciones contra la delincuencia". Asimismo, el Comité también mostró preocupación por las denuncias persistentes que dan cuenta de la detención de niños en condiciones que equivalen a un trato cruel, inhumano o degradante y de malos tratos físicos infligidos a niños por la policía y las fuerzas armadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos medió en el acuerdo amistoso entre el gobierno de Venezuela y familiares de las víctimas de una masacre acontecida en la prisión de Catia en 1992. El acuerdo contenía la promesa, por parte del gobierno, de emprender una serie de reformas importantes en las prisiones.