La situación de derechos humanos

Los nuevos instrumentos internacionales de protección acordados en el año 2000 brindan esperanza a los muchos niños de todo el mundo que son explotados como trabajadores o de los que se abusa como soldados. En mayo se adoptó un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño prohibiendo el empleo de niños en conflictos armados y que en poco tiempo obtuvo las firmas de setenta países. En dicho protocolo, logrado tras seis años de negociaciones, se elevaba de quince a dieciocho años la edad mínima para ser reclutado forzosamente y participar en un conflicto armado. Así mismo, ha entrado en vigor un nuevo Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha logrado la tasa más rápida de ratificación en la historia de la OIT. Este convenio, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, va dirigido contra prácticas tales como la esclavitud infantil, la explotación sexual de menores, la esclavitud por deuda y el tráfico de niños.

A pesar de estas nuevas promesas y de la ratificación prácticamente universal de la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos humanos del niño continúan siendo ampliamente desatendidos y son muchos los países que no ponen en juego la autoridad política necesaria para cumplir sus obligaciones legales hacia los niños.

La violencia contra los niños — frecuentemente ejercida por el propio estado — sigue siendo un tema que los gobiernos están poco dispuestos a abordar. Son incontables los niños que continúan siendo víctimas de violencias que terminan en lesiones físicas, traumas psicológicos, e incluso la muerte. Hay niños de la calle que son sometidos a detenciones arbitrarias y abusos policiales; niños alojados en correccionales u otras instituciones que son maltratados o torturados por el personal; niños en escuelas donde sufren severas palizas a manos de sus profesores; y otros que son víctimas de ejecuciones sumarias y arbitrarias. En muchos casos, el hecho de que los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley no investiguen y persigan de manera rápida y eficaz los casos de abusos da pie a que éstos continúen.

Lo mismo que en el pasado, los niños de la calle siguen sufriendo graves abusos de manos de las autoridades. Un ejemplo notorio es Honduras, donde Casa Alianza ha difundido que entre enero de 1998 y septiembre de 2000 resultaron muertos más de 165 niños de la calle menores de dieciocho años, y que durante ese mismo período fueron un total de 320 los muertos entre los jóvenes de la calle de nueve a veinticuatro años de edad. En treinta y seis de los 320 casos se consideró a la policía y las fuerzas de seguridad responsables de las muertes. Casi tres cuartas partes de los casos continúan sin resolver.

Fue bien acogido el acuerdo del Comité sobre los Derechos del Niño de convertir la violencia de Estado contra los niños en el centro de su jornada de debate anual en septiembre de 2000. El comité invitó a presentar ponencias por escrito y a participar en torno a dos áreas: la violencia de Estado sufrida por los niños en conflicto con la ley y por los niños que viven bajo la custodia del estado, incluyendo los que viven en orfanatos y otras instituciones. Basándose en los debates de los dos grupos de trabajo, el comité recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que pidiera a su Secretaría General que realizara un estudio internacional en profundidad sobre el tema de la violencia contra los niños. El comité recomendó también que dicho estudio fuera tan exhaustivo y prestigioso como el que había realizado Graça Machel en 1996 sobre el Impacto de los Conflictos Armados sobre los niños e incluyera recomendaciones de medidas eficaces para abordar la cuestión de la violencia contra los niños.

A lo largo del año, los gobiernos han empezado a preparar un Período Especial de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Infancia para 2001, programado como seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Infancia de 1990. En dicha cumbre, un número sin precedente de líderes del mundo adoptaron una declaración y un plan de acción destinados fundamentalmente a la mejora de la salud y la educación de los niños. En el Período Especial de Sesiones de 2001 se analizarán los progresos realizados hacia los objetivos fijados en 1990 y se definirán los nuevos compromisos que será preciso contraer para hacer frente a las amenazas y los desafíos que actualmente afectan a los niños.

Entre el 30 de mayo y el 2 de junio, los representantes de los gobiernos celebraron la primera reunión preparatoria del comité previa al Período Especial de Sesiones. Dichos representantes admitieron que muchos de los objetivos fijados en 1990 no se habían alcanzado; que se habían asignado a la infancia recursos insuficientes; y que la persistencia de la pobreza, los conflictos armados y, en particular, la pandemia del SIDA planteaban la continuidad e incluso el aumento de las amenazas para el bienestar y los derechos del niño. Sin embargo, no quedó claro que los gobiernos estuvieran dispuestos a contraer nuevos compromisos para hacer valer todo el conjunto de los derechos del niño e ir más allá del programa de supervivencia y desarrollo que dominó la cumbre de 1990.

Las organizaciones no gubernamentales lucharon en particular por introducir la explotación y la violencia generalizada contra los niños en los programas de los gobiernos e insistieron en que estos últimos aprovecharan el Período Especial de Sesiones para comprometerse a aplicar en su totalidad la Convención sobre los Derechos del Niño. Se constituyó una Junta Ejecutiva de los Derechos del Niño para exigir que cuestiones como la violencia, el trabajo infantil y las actuales formas de esclavitud, la explotación sexual, el tráfico, la justicia juvenil y la protección durante conflictos armados se aborden en los nuevos compromisos que resulten del Período Especial de Sesiones de 2001.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organismo al que se había encargado la elaboración de un borrador de "resultados" para el Período Especial de Sesiones, se mostró reacio a abordar adecuadamente las necesidades de protección de los niños sometidos a riesgo de violencia y explotación. A pesar del compromiso contraído de apoyar la Convención sobre los Derechos del Niño y todo el conjunto de los derechos del niño, los primeros borradores reflejaban un programa tradicional, centrado en la salud, la nutrición, la educación básica y las oportunidades de los adolescentes para participar en, y contribuir a, sus sociedades, pero ignoraban ampliamente el derecho del niño a la protección frente a la explotación, la violencia y los abusos.

Niños soldados

Un nuevo consenso internacional para poner fin al empleo de niños como soldados se alcanzó en enero, cuando los representantes de gobiernos de todo el mundo acordaron un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño estableciendo en dieciocho años la edad mínima para la participación directa en conflictos armados, para el reclutamiento forzoso u obligatorio, y para cualquier reclutamiento o empleo por parte de grupos armados no gubernamentales. La Coalición para Impedir la Utilización de Niños Soldados calculaba que habían aproximadamente 300.000 niños menores de dieciocho años luchando en conflictos armados en todo el mundo.

El nuevo protocolo sobre los niños soldados fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo. A finales de septiembre, había obtenido setenta firmas y tres ratificaciones y parecía encaminado a entrar en vigor a comienzos de 2001.

Este nuevo protocolo representó un gran avance sobre anteriores estándares internacionales que permitían que los niños de quince años fueran reclutados y enviados al combate. También supuso un triunfo significativo de la campaña mundial liderada por la Coalición para Impedir la Utilización de Niños Soldados.

En el plano nacional, se observaron cambios positivos en Colombia y la República Democrática del Congo. En Colombia, el 23 de diciembre de 1999 se firmó la legislación que elevaba la edad mínima de reclutamiento para las fuerzas armadas gubernamentales a los dieciocho años. En ese mismo mes, el ejército colombiano anunció que había dado de baja a su último contingente de 980 soldados menores de dieciocho años. En la República Democrática del Congo, el presidente Kabila firmó un decreto el 9 de junio, por el que se creaba una comisión nacional y un comité interministerial para supervisar el desarme, la desmovilización y la reinserción en la sociedad de los niños soldados.

Sin embargo, estos avances fueron ensombrecidos por el persistente reclutamiento y uso de niños en unos treinta conflictos en todo el mundo. En Colombia, los ejércitos guerrilleros de la oposición y las fuerzas paramilitares a menudo vinculadas al ejército seguían manteniendo por lo menos 5.000 niños en sus filas y los utilizaban como soldados y espías, según datos del UNICEF. En enero de 2000, el comandante Manuel Marulanda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declaró a unos reporteros que las FARC no dejarían de reclutar soldados a partir de los quince años de edad. "Seguirán en nuestras filas", recalcó. También hay informes de que el ejército colombiano continúa utilizando como informadores y espías a guerrilleros capturados que son niños, en lugar de encomendarlos enseguida a las autoridades responsables del bienestar infantil. En Colombia existen entidades para rehabilitar a niños soldados, pero están gravemente infradotadas.

En Sierra Leona, tanto el Frente Unido Revolucionario (RUF) como las fuerzas progubernamentales continuaban reclutando niños a la fuerza, entre ellos niños soldados desmovilizados. El RUF obligaba a los niños a transportar equipo militar y bienes producto del saqueo, así como a entrar en combate. La violación de las jóvenes secuestradas era pura rutina. Unos cuarenta niños soldados desmovilizados procedentes de un campamento de desmovilización en Makeni, fueron presionados por el RUF para que se volvieran a alistar utilizando amenazas, falsas promesas y falsos rumores. Las milicias de defensa civil también volvieron a movilizar a muchísimos niños soldados. Los niños seguían sometidos a todas las formas de violencia, sobre todo por parte del RUF, entre ellas amputaciones, violaciones y secuestros.

En Etiopía, fuentes dignas de crédito informaron de que miles de adolescentes eran reclutados a la fuerza por el ejército nacional, particularmente durante el desarrollo de la ofensiva lanzada contra Eritrea en mayo. Los niños (sobre todo de los grupos étnicos Oromos y Somalí) eran abordados en las escuelas así como apresados en los mercados y las aldeas. Una vez reclutados, los niños eran enviados a campamentos de adiestramiento militar y adoctrinamiento y posteriormente destinados a la lucha.

Etiopía también acusó a Eritrea de utilizar niños soldados e hizo circular listas de niños eritreos a los que Etiopía había tomado como prisioneros de guerra.

En Burundi, niños de doce años luchaban en las fuerzas armadas y servían como espías, vigías, exploradores y porteadores, y contribuían al saqueo de propiedades. Llamados "doriya", estos niños llevaban uniformes militares de desecho y recibían alimentos y partes de los saqueos de manos de los soldados mayores. Los soldados de Burundi también obligaban a los niños a recoger leña y transportar suministros, y utilizaban a las niñas para acarrear agua desde los arroyos o los ríos hasta los campamentos militares. En marzo, tres muchachos resultaron heridos cuando los soldados les obligaron a transportar alimentos, agua y medicamentos a través de una zona conocida por los ataques rebeldes. Las Fuerzas de Liberación Nacional (Front National de Liberation, FNL) de Burundi también reclutaron y utilizaron "doriya" como soldados y colaboradores. A menudo utilizados en un principio como cocineros y ayudantes en general, algunos niños posteriormente tomaron las armas y se convirtieron en combatientes regulares.

En la República Democrática del Congo, los conflictos civiles de los últimos años han estado marcados por un reclutamiento generalizado de niños soldados por parte de las fuerzas del gobierno congolés y los grupos rebeldes, así como por las milicias semiautónomas. Según datos del UNICEF, el número total de niños soldados ascendía a unos 12.000. A pesar del decreto de desmovilización del 9 de junio emitido por el presidente Kabila, no estaba claro hasta qué punto se habían desmovilizado realmente los niños y a comienzos de año Human Rights Watch recibió informes de que muchos niños soldados estaban detenidos en campamentos para prisioneros por desertar de las fuerzas de Kabila.

Los grupos rebeldes de la República Democrática del Congo también continuaban reclutando y utilizando niños soldados con todo el apoyo de sus patrocinadores extranjeros. Merece mención especial el comportamiento de las Fuerzas para la Defensa del Pueblo Ugandés (Ugandan People's Defence Forces, UPDF), grupo que admitió haber adiestrado a miles de soldados, muchos de ellos niños, para el Movimiento de Liberación del Congo (Mouvement pour la Liberation du Congo, MLC), la principal facción rebelde apoyada por Uganda en el noroeste del Congo. En zonas del norte de Kivu que estaban nominalmente controladas por otra facción rebelde con respaldo ugandés, el Rally Congolés para la Democracia-Movimiento de Liberación (Rassemblement Congolais pour la Democratie-Mouvement de Liberation, RCD-ML), las UPDF adiestraron a varios batallones de soldados jóvenes en las ciudades de Beni, Lubero y Bunia durante los seis primeros meses de 2000. En cada una de estas ciudades, el reclutamiento se hizo en gran medida siguiendo criterios técnicos de los caudillos locales leales a Uganda. En los meses de agosto y septiembre, el ala armada del RCD-ML se desintegró como consecuencia de disputas por el liderazgo dentro del movimiento. De un grupo de trescientos amotinados que posteriormente se rindieron a las UPDF, se sabe que casi la mitad eran menores de quince años.

Aunque Africa seguía experimentando el uso más generalizado de niños soldados, éstos también estaban siendo utilizados en otras partes del mundo. Había abundante evidencia de que en Nepal, miembros del grupo armado de la oposición, el Partido Comunista de Nepal, reclutaban niños y niñas de incluso catorce años. Entre junio y agosto, se sabe que al menos treinta niños fueron secuestrados por este grupo, entre ellos varios de catorce años de edad. La organización Profesores Universitarios para los Derechos Humanos (University Teachers for Human Rights) informó en junio de que los Tigres de Liberación de Tamil Eelam de Sri Lanka habían iniciado un nuevo movimiento fuerte de reclutamiento de niños soldados, a pesar de los compromisos contraídos en 1998 con el Representante Especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Olara Otunnu, de no reclutar a ningún menor de diecisiete años. Gran parte del reclutamiento era forzoso; se calculó que solamente el 5% de los reclutamientos eran voluntarios. En un caso en el que muchachas de catorce y quince años y mayores se resistieron, fueron aisladas y llevadas a unas dependencias donde las desnudaron y las violaron.

Algunos organismos regionales y otros gubernamentales están prestando cada vez mayor atención al tema de los niños soldados. En abril, Estados miembros de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (ECOWAS, por sus siglos en inglés) adoptaron resoluciones o declaraciones en las que pedían apoyo para el nuevo protocolo facultativo y en julio hicieron lo mismo la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y la reunión G-8 de ministros de relaciones exteriores celebrada en Okinawa.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) identificó como prioritario el tema de los niños y los conflictos armados durante su cumbre celebrada en Estambul en noviembre de 1999, que fue seguida de un seminario especial intergubernamental/ONG en Varsovia en mayo, y empezó a considerar la idea de una decisión interministerial de la OSCE sobre el tema.

Otra actuación regional bien acogida fue la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño que entró en vigor el 29 de septiembre de 1999 tras ser objeto de quince ratificaciones por parte de Estados miembros de la Organización de Unidad Africana. La Carta Africana es el único tratado regional que prohibe el reclutamiento o el uso de niños en conflictos armados. Establece un estándar más alto que el nuevo protocolo facultativo, ya que fija en dieciocho años la edad mínima para cualquier forma de reclutamiento (ya sea forzosa o "voluntaria") y para cualquier participación en conflictos armados. En el momento de redactar este informe, veintiún Estados miembros habían ratificado la carta.

En julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo un debate especial sobre los niños en los conflictos armados, a título de seguimiento de la resolución 1261 que el Consejo de Seguridad adoptó en 1999. El consejo recibió su primer informe sobre los niños y los conflictos armados de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entre las recomendaciones clave del informe se incluían la ratificación y aplicación del nuevo protocolo facultativo (instando a los gobiernos a declarar por lo menos los dieciocho años edad mínima para el reclutamiento voluntario), una mayor asignación de recursos para la desmovilización y rehabilitación de los niños soldados, y la imposición de sanciones políticas y económicas contra las partes en conflicto que usen y abusen de los niños.

Los miembros del Consejo de Seguridad mantuvieron una reunión informal con representantes de varias ONG sobre el tema de los niños y los conflictos armados y, así mismo, invitaron a participar en la misma a representantes de la Coalición para Impedir la Utilizaci\n de Niños Solados, organizadores de la campaña de armas ligeras de bajo calibre, organizaciones humanitarias y otras entidades afines. Tras su debate formal, el consejo adoptó la Resolución 1314 en la que se condenaba la utilización de niños y se instaba a los Estados miembros a firmar y ratificar el nuevo protocolo, así como a tomar otras medidas para mejorar la protección de los niños en situaciones de conflictos armados.

En septiembre, representantes de 120 gobiernos, organizaciones juveniles, no gubernamentales e internacionales, y otros expertos participaron en la primera conferencia internacional sobre niños afectados por la guerra bajo los auspicios del gobierno de Canadá. Más de cincuenta ministros de relaciones exteriores tomaron parte en la conferencia, que dio lugar a la adopción de un "Programa sobre los Niños Afectados por la Guerra" en el que se exigían mayores esfuerzos para proteger a los niños en situaciones de conflicto armado, el fin de la impunidad para quienes violan los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, y la intensificación de la asistencia humanitaria para los niños afectados por la guerra.

Niños refugiados, inmigrantes y apátridas

Con frecuencia se ignoran los derechos y las necesidades especiales de protección de los niños refugiados, inmigrantes y apátridas. Pertenecientes a los colectivos más vulnerables del mundo, estos niños a menudo se encuentran sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o de explotación, violencia sexual y otros abusos físicos, negación de la educación y atención sanitaria, y otras violaciones de sus derechos humanos básicos.

En centros de detención de inmigrantes en Malasia, Human Rights Watch encontró muchachos separados de sus padres y detenidos con hombres adultos no emparentados con ellos en campamentos donde se les robaba, golpeaba, alimentaba inadecuadamente y negaba atención médica. En estos campamentos de detención de inmigrantes, las muchachas en ocasiones eran solicitadas y utilizadas sexualmente por los guardianes. Niñas incluso de trece años eran separadas de sus padres y detenidas durante largos períodos con muy poco o ningún contacto. Los niños también eran deportados separados de sus padres a la frontera entre Tailandia y Malasia.

El 65% de los 300.000 refugiados de Sierra Leona que hay en Guinea son niños. Los que fueron separados de sus padres durante el viaje a menudo se han refugiado en el seno de familias adoptivas donde algunos son ignorados, sufren abusos sexuales, no reciben alimento, están privados de educación o son explotados trabajando. Algunas niñas refugiadas incluso de doce años trabajan como prostitutas para mantenerse. Por si fueran pocos los riesgos que corren los niños refugiados, algunos de los campamentos están localizados peligrosamente cerca de la frontera, con el resultado de que muchos niños refugiados son vulnerables a incursiones armadas y al reclutamiento forzoso para servir como niños soldados.

El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (Immigration and Naturalization Service, INS) ha continuado deteniendo niños solos durante largos períodos de tiempo antes de deportarles o entregarles a sus familias o a los tutores adecuados. A Human Rights Watch le ha preocupado especialmente que más de un tercio de los niños bajo la custodia del INS-casi 2.000 niños entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999-fueran retenidos en centros de detención juvenil y calabozos de primera instancia. De los casi 1.300 niños retenidos en centros de reclusión durante más de tres días, el 58% esperaban ser transferidos a un centro de acogida o instalación similar simplemente porque el INS carecía de alternativas para ellos. Al no colocar a los niños en el contexto menos restrictivo de acuerdo con sus circunstancias, el INS violaba las normas internacionales, su propio reglamento y los plazos de un mandato judicial.

El derecho internacional garantiza a todos los niños el derecho a registrar su nacimiento y el derecho a la nacionalidad. A los niños de muchas partes del mundo se les han negado estos derechos básicos, lo que afecta a menudo a su acceso a una educación, a servicios sanitarios o a otros beneficios de la ciudadanía.

Los niños nacidos de refugiados rohingya en Malasia con frecuencia eran expulsados de las escuelas primarias cuando no podían acreditar residencia legal. Al no ser reconocidos como naturales de Birmania, estos niños no podían obtener la residencia legal en ningún país. Aunque la constitución de Malasia reconocía la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio, que de otro modo hubieran sido apátridas, no extendía este reconocimiento a los niños rohingya. Muchos de ellos no podían obtener certificados de nacimiento; incluso a los que sí lo conseguían a menudo se les negaba la educación básica y los servicios sanitarios. Los niños mayores y los adultos eran sometidos a extorsión por parte de la policía y no eran protegidos como refugiados por el gobierno de Malasia.

Los niños de residentes bidun que llevaban mucho tiempo en Kuwait sufrían una discriminación similar porque sus padres eran considerados apátridas o con una nacionalidad imposible de transmitir conforme a la ley kuwaití. Denominados "residentes ilegales" a pesar de que sus familias llevaran décadas e incluso generaciones en Kuwait, a los niños bidun con frecuencia se les negaban los certificados de nacimiento y otros documentos oficiales necesarios para asistir a escuelas públicas y privadas o recibir tratamiento médico. CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO SOBRE NIÑOS PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO