La situación de derechos humanos

Durante el año, Colombia vivió muy pocos progresos, más allá de las palabras, en el camino hacia un fin negociado del conflicto prolongado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) enviaron sendas delegaciones a Europa dentro de iniciativas aprobadas por el Gobierno para avanzar en las conversaciones. Sin embargo, en Colombia, las personas que hablaron en favor de la paz y la protección de los civiles fueron eliminadas sin miramientos por todos los bandos. Continuando una tendencia inquietante iniciada en 1999, el promedio de víctimas de la violencia política y las muertes en combate aumentó en el 2000 de 12 a 14 diarias, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Todas las partes en conflicto cometieron habitualmente violaciones al derecho internacional humanitario.

Las fuerzas armadas colombianas siguen implicadas en graves violaciones a los derechos humanos así como en el apoyo a grupos paramilitares considerados responsables de al menos el 78 por ciento de las violaciones registradas en los seis meses posteriores a octubre de 1999. Las tropas del ejército atacaron indiscriminadamente y mataron a civiles, entre ellos seis niños que realizaban un viaje escolar cerca de Pueblo Rico, Antioquia, el 15 de agosto. Según los testigos, los soldados dispararon durante 40 minutos, haciendo caso omiso de los gritos de los acompañantes adultos. El Comandante del Ejército de Colombia, el Gral. Jorge Mora, pareció justificar el ataque en sus declaraciones a los periodistas: "Son los riesgos de esta guerra en la que estamos comprometidos". Otro caso similar se produjo el 18 de junio, cuando tropas pertenecientes al Batallón Rebeiz Pizarro abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a seis adultos y dos niños que regresaban de una fiesta. Todos ellos resultaron heridos.

Seguían existiendo pruebas abundantes, detalladas y constantes de la colaboración directa entre el ejército y los grupos paramilitares. Por ejemplo, los investigadores del gobierno afirmaron que oficiales en el servicio activo y en la reserva asignados a la Tercera Brigada del Ejército en Cali habían establecido y apoyado activamente al Frente Calima. Se consideraba que, en los 12 meses que transcurrieron desde el comienzo de sus operaciones en julio de 1999, el Frente Calima era responsable de al menos 200 asesinatos y el desplazamiento de más de 10.000 personas.

El 18 de febrero, unos 300 hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) organizaron un tribunal irregular en la aldea de El Salado, Bolívar. Durante los dos días siguientes, torturaron, pasaron por el garrote, apuñalaron, decapitaron y dispararon a residentes. Los testigos dijeron a los investigadores que habían amarrado a una niña de seis años a un poste y la habían ahogado con una bolsa de plástico. Se informó de que una mujer había sido violada en grupo. Las autoridades confirmaron posteriormente 36 muertes. Otros 30 residentes habían desaparecido. "Para ellos era como una gran fiesta," dijo un superviviente al New York Times. "Bebían, bailaban y celebraban mientras nos mataban como a cerdos."

Mientras se estaban cometiendo estas atrocidades, la Primera Brigada de la Armada mantuvo retenes de carretera en los alrededores de El Salado que impidieron la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de otros grupos. Treinta minutos después de que los paramilitares se hubieran retirado a salvo con los bienes y los animales saqueados, las tropas de la Armada entraron en la aldea.

Los oficiales implicados en graves abusos siguieron en el servicio activo, y sólo fueron suspendidos en casos excepcionales. Los jueces militares continuaron ignorando generalmente una decisión de 1997 de la Corte Constitucional por la que se ordenaba que todos los casos relacionados con soldados acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueran procesados ante las cortes civiles. Según la oficina en Bogotá de la Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales, continuó desobedeciendo también el dictamen de la Corte Constitucional y transfiriendo "casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a la jurisdicción castrense."

El Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez declaró en julio que los tribunales militares ya habían trasladado 533 casos policiales y militares a la jurisdicción civil, lo que demostraba el cumplimiento del fallo de 1997. Sin embargo, tras revisar la información sobre 103 casos suministrada por el Ministerio a Human Rights Watch, descubrimos que sólo 39 de ellos eran casos que podría considerarse violaciones a los derechos humanos. La mayoría de ellos estaban relacionados con soldados de bajo rango y en ninguno de los casos se aludía a los oficiales superiores que habían ordenado u organizado presuntamente las violaciones a los derechos humanos. En muchos de los 103 casos se juzgaban delitos tales como tráfico de drogas, robo, mentiras y peleas. Docenas de casos relacionados con oficiales de alto rango, que Human Rights Watch lleva siguiendo desde los ochenta, debían haber sido trasladados a las cortes civiles, pero seguían enclaustrados en la jurisdicción castrense.

El Gobierno sostuvo que se habían realizado mejoras importantes en la reducción de los abusos paramilitares, pero los hechos no confirmaban esta afirmación. La actividad paramilitar aumentó y los grupos paramilitares fueron considerados responsables de 93 masacres en los primeros cinco meses del 2000. La mayoría de las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía General contra paramilitares no se ejecutaron debido a la pasividad del Ejército, y los líderes paramilitares siguieron en libertad y cobraron recompensas como si fueran medallas al honor. Cuando se escribió este informe, había 22 órdenes de detención pendientes contra Carlos Castaño, el principal líder paramilitar, por las masacres, asesinatos y secuestros de defensores de los derechos humanos y de una senadora colombiana, entre otros delitos.

El Gobierno afirmó en varias ocasiones que había establecido unidades especiales para la persecución de los paramilitares, pero estos grupos no parecían más que tigres de papel. Uno de ellos, el Centro de Coordinación para la Lucha contra los Grupos de Autodefensa, anunciado a bombo y platillo el 25 de febrero, ni siquiera había celebrado una reunión seis meses más tarde.

Carlos Castaño anunció con frecuencia, públicamente y con bastante antelación, los planes de sus fuerzas, y sin embargo los comandantes del Ejército no movilizaron normalmente a sus tropas para proteger a los civiles, incluso cuando las autoridades locales les informaron de las amenazas. Desde enero, Human Rights Watch ha sabido, por medio de información disponible públicamente, de más de una veintena de amenazas de ataques contra aldeas que después se hicieron realidad. Sólo se tomaron medidas en casos excepcionales para proteger a los civiles y perseguir a los paramilitares cuya presencia en el área era conocida. Las autoridades recibieron además información confiable y detallada sobre la ubicación de las bases paramilitares permanentes, con frecuencia a muy poca distancia de destacamentos militares, y no tomaron ninguna medida contra ellas, lo que contribuyó a una atmósfera de terror.

Castaño, que afirma tener a sus órdenes a 11.200 combatientes armados y entrenados, mantiene muchas bases y retenes permanentes, se desplaza junto con sus tropas con relativa facilidad y emplea computadoras, el Internet, radios, vehículos y helicópteros para elaborar listas negras y coordinar las masacres. En marzo, en una entrevista televisiva de una hora, sin precedentes, Castaño se presentó a sí mismo como "el brazo armado de la clase media."

Los guerrilleros de la oposición armada también cometieron abusos y fueron considerados responsables del 20 por ciento de los asesinatos de civiles registrados en los seis meses posteriores a octubre de 1999. Las FARC recibieron a dignatarios extranjeros, funcionarios de la ONU y multimillonarios de Wall Street en los cinco municipios que les habían sido cedidos para promover las conversaciones de paz, pero continuaron asesinando civiles, ejecutando a soldados capturados y a combatientes del grupo guerrillero rival después de que se hubieran entregado, amenazando y matando a civiles que no querían acceder a sus demandas, tomando rehenes y obligando a miles de colombianos a huir y convertirse en desplazados. Se estima que el grupo mantiene 70 frentes en toda Colombia y cuenta al menos con 17.000 combatientes entrenados, uniformados y armados.

En docenas de ataques, las FARC emplearon métodos que causaron bajas civiles evitables en violación del derecho internacional humanitario, entre ellos el lanzamiento de cilindros de gas rellenos de explosivos y metralla. Por ejemplo, en un ataque contra Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo, el lanzamiento de estos cilindros por parte de las FARC dejó al pueblo prácticamente en ruinas y provocó numerosas bajas civiles, entre ellas la del alcalde. Los testigos dijeron a los periodistas que algunos de los 21 agentes de policía que murieron fueron ejecutados por las FARC, entre ellos varios que se habían presentado en el hospital local para recibir atención médica.

Tras una visita a la zona de las FARC en junio, Human Rights Watch investigó pruebas que implicaban al grupo en al menos 26 asesinatos dentro del área. Además, la Defensoría denunció 16 casos de personas desaparecidas, que habían sido reclutadas a la fuerza, asesinadas o forzadas a huir por las FARC. Se creía que miles de personas habían huido de la zona y se habían convertido en desplazados forzosos. Las FARC reconocieron públicamente 19 ejecuciones.

En una entrevista con Human Rights Watch en Los Pozos, Caquetá, el comandante de las FARC Simón Trinidad calificó al derecho internacional humanitario de "concepción de clase burguesa."

Las FARC castigaron rara vez a sus miembros por cometer abusos. Por el contrario, en los pocos casos que reconocieron, se demostró que el castigo era poco más que una palmada en la mano y muy pocas veces se extendía a los comandantes que habían ordenado o encubierto los asesinatos. Por ejemplo, los dos guerrilleros que mataron a los estadounidenses Terence Freitas, Lahe'ena'e Gay e Ingrid Washinawatok, el 5 de marzo de 1999, fueron condenados finalmente a cavar 50 metros de trinchera y limpiar el terreno.

Por su parte, los guerrilleros de la UC-ELN, lejos de respetar la libertad de expresión, amenazaron a organizaciones que respaldan los tratados humanitarios destinados a la protección de los civiles, entre ellas los grupos antioqueños Niños Sembrando Semillas de Paz y Conciudadanía. El grupo continuó atentando contra el oleoducto y las torres de alta tensión, e impidió el tránsito por carreteras importantes durante períodos prolongados, lo que hizo que miles de viajeros detenidos se convirtieran en escudos humanos frente al contraataque del Ejército.

En el nordeste de Colombia, donde la UC-ELN intentó ganarse el apoyo del Gobierno para la obtención de un territorio protegido en el que poder operar libremente y celebrar conversaciones sobre el cambio social y la posible paz, la violencia fue especialmente marcada. En los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó, miles de civiles protestaron con la propuesta de retirada del Gobierno, por temor a los abusos de la guerrilla, las represalias de los paramilitares y el agravamiento de la guerra. Al mismo tiempo, la zona estaba siendo controlada cada vez más por el avance de los paramilitares con la tolerancia aparente de las Fuerzas Armadas de Colombia. En un informe de una organización no gubernamental se concluía que más de 3.700 personas de la región se habían convertido en desplazados forzados durante el primer trimestre del 2000, y docenas de personas habían sido asesinadas.

La UC-ELN intentó generar un diálogo similar a los celebrados entre el Gobierno y las FARC, y llegó a negociar la puesta en libertad temporal de los líderes encarcelados para que participaran en las discusiones de julio en Ginebra, Suiza, y en un encuentro celebrado en octubre en San José, Costa Rica. Sin embargo, las conversaciones no parecieron aportar grandes esperanzas y los aproximadamente 1.500 combatientes del grupo se vieron presionados cada vez sobre el terreno por las ofensivas de las Fuerzas Armadas de Colombia, los paramilitares y las unidades rivales de las FARC.

La UC-ELN siguió empleando minas en las zonas cuyo control estaba siendo disputado y alrededor de sus campamentos.

Tanto las FARC como la UC-ELN continuaron secuestrando a civiles para obtener rescates o concesiones políticas, una violación del derecho internacional humanitario. La policía colombiana estimó que la mitad de los 3.000 secuestros que se realizan todos los años es obra de la guerrilla; el resto se atribuyó a delincuentes comunes. En abril, el comandante de las FARC Jorge Briceño, conocido como el "Mono Jojoy," anunció que todos los colombianos con bienes por un valor superior al millón de dólares debían pagar a las FARC lo que calificó cínicamente de "impuesto de paz" o podrían ser tomados como rehenes. Algunos rehenes, entre ellos dos niños de tres años y nueve años respectivamente, fueron recluidos en una zona reservada para las conversaciones con el Gobierno. Cuando se escribió este informe, tres de los pasajeros secuestrados en un vuelo de la compañía Avianca el 12 de abril de 1999 seguían en manos de la UC-ELN y estaban siendo utilizados como moneda de cambio para obtener concesiones del Gobierno.

El desplazamiento forzado de civiles siguió siendo un problema grave. En un informe publicado en el 2000, Francis Deng, representante del Secretario General de la ONU para los desplazados internos, describió la situación de Colombia como una de las "más graves del mundo... los desplazamientos en Colombia no se deben únicamente al conflicto armado; son también el resultado de una estrategia bélica deliberada."

Según el Comité para los Refugiados de Estados Unidos, había al menos 1,8 millones de personas desplazadas forzosas dentro de Colombia y 105.000 refugiados en Venezuela, Ecuador y Panamá, aunque los gobiernos de estos países no los reconocen como tales. Se estima que, tan sólo en los primeros seis meses del 2000, otros 134.000 colombianos fueron desplazados a la fuerza, sobre todo a causa de las acciones de los paramilitares, seguidas de las de la guerrilla y las Fuerzas Armadas.

Aunque la Ley 387, aprobada en 1997, estipulaba un plan amplio e integral de asistencia a los desplazados forzosos, todavía no se había aplicado y elementos clave de éste, como una red nacional de información, seguían sin tratarse. De hecho, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó en agosto que el Estado no había aplicado la ley y estaba incumpliendo sus obligaciones. Sin embargo, parecía improbable que ni siquiera este fallo inusual despertara la voluntad política necesaria para resolver el problema.

En enero, Panamá concedió protección temporal a 393 colombianos que habían huido de los combates en Juradó, Chocó. La mayoría de ellos regresaron después a Colombia. Los religiosos de Sucumbíos, Ecuador, estimaban que, en los primeros siete meses del 2000, al menos 5.000 colombianos habían cruzado la frontera con Ecuador. No obstante, sólo 120 habían obtenido el estatuto oficial de refugiados y recibido asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el 2000, el gobierno canadiense ofreció la posibilidad de reasentamiento a 500 refugiados de Colombia.

Los periodistas continuaron siendo víctimas de ataques y amenazas por su trabajo. En un incidente particularmente brutal, la reportera de El Espectador Jineth Bedoya fue secuestrada por paramilitares el 25 de mayo cuando se encontraba en La Modelo, la prisión de máxima seguridad de Bogotá. Bedoya fue capturada en el lobby a plena vista de los guardias, drogada, atada, amordazada y trasladada a una ciudad a tres horas de distancia. Allí, cuatro hombres la golpearon, torturaron y violaron, acusándola de simpatizar con la guerrilla. Antes de abandonarla en un basurero de basuras local, los hombres le dijeron que tenían previsto matar a más periodistas.

En febrero, el comandante de las FARC Manuel Marulanda Vélez dijo a los periodistas que habían sido injustos con su grupo y les harían pagar por ello. En ese momento, las FARC tenían como rehén al empresario de los medios de comunicación de 73 años Guillermo "La Chiva" Cortés. Cortés fue rescatado posteriormente. Otros periodistas que escribían con frecuencia sobre la guerra, entre ellos Francisco Santos de El Tiempo y Ignacio Gómez de El Espectador, salieron del país debido a las amenazas.

Los avances del Gobierno en el establecimiento de estructuras jurídicas para la protección de los derechos humanos fueron limitados. El 13 de enero, el Presidente Andrés Pastrana firmó la Convención de Ottawa sobre las minas y prometió deshacerse de unos 50.000 dispositivos instalados en el país. Tras languidecer durante 12 años, se aprobó una propuesta de ley para tipificar como delito la desaparición, la tortura y el desplazamiento forzoso.

El conflicto político se extendió a las 168 prisiones de Colombia. En diciembre de 1999, un grupo paramilitar irrumpió a través de un muro en la Modelo de Bogotá y mató a once presos. Cuatro meses después, los paramilitares atacaron a un bloque de celdas de la modelo que albergada a delincuentes comunes. Después de un día de combates, las autoridades hicieron un recuento de 32 muertos, entre ellos un preso desmembrado, y docenas de heridos. El hacinamiento continuó siendo un problema grave.

La defensa de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios, los investigadores del Gobierno y los periodistas siguieron siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos durante el año. Cuatro defensores de los derechos humanos fueron asesinados y tres desaparecidos durante los primeros diez meses del 2000.

Las amenazas fueron especialmente graves en la ciudad de Barrancabermeja, un centro de refinerías de petróleo que había albergado durante mucho tiempo un efervescente y amplio movimiento de derechos humanos. El 11 de julio, Elizabeth Cañas — cuyos esposo e hijo fueron capturados en 1998 por los paramilitares y siguen en paradero desconocido — fue muerta por disparos en Barrancabermeja. Cañas era miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Colombia (ASFADDES). En septiembre, docenas de defensores de los derechos humanos y sindicalistas habían recibido amenazas de muerte. Casi todas ellas parecían obra de los grupos paramilitares, que juraron "tomar tinto" en los barrios controlados por la guerrilla antes de final de año.

Ángel Quintero y Claudia Patricia Monsalve, miembros también de la ASFADDES, fueron desaparecidos en Medellín, Antioquia, el 6 de octubre. El 2 de marzo, el activista indígena Jairo Bedoya Hoyos, miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que trabajaba en asuntos de derechos humanos, fue también desaparecido.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) recibió más de una docena de amenazas de muerte telefónicas en agosto y septiembre. Sus miembros aparecieron en una lista negra divulgada en Barrancabermeja en septiembre. Un sindicalista que aparecía en otra lista fue asesinado en julio, un abogado quedó en estado crítico después de un atentado y otro abogado huyó de Colombia.

Demetrio Playonero, desplazado y líder de derechos humanos, fue asesinado, al parecer por paramilitares, el 31 de marzo. Tras dispararle en la cabeza delante de su mujer en su finca de las afueras de Yondó, Antioquia, los pistoleros desayunaron y robaron el ganado de la finca. En mayo, Jesús Ramiro Zapata, el único miembro que quedaba del Comité de Derechos Humanos de Segovia, fue muerto cerca de Segovia.

La fiscal del Gobierno Margarita María Pulgarín Trujillo, parte de un equipo de que estaba investigando casos que relacionaban a los paramilitares con el Ejército y los narcotraficantes de la región, fue asesinada en Medellín el 3 de abril, al parecer debido a su trabajo. Varios de sus colegas ya habían huido de Colombia a causa de las amenazas de muerte de una banda de sicarios conocida como La Terraza, ligada estrechamente a Carlos Castaño. Aunque varios miembros de La Terraza habían muerto o estaban detenidos en octubre del 2000, el grupo seguía activo y podía sembrar el terror entre las personas que amenazaba.

Los grupos civiles, entre ellos las organizaciones de derechos humanos, también sufrieron los ataques de las FARC, que en octubre del 2000 los calificaron de "sicarios [de las Fuerzas Armadas de Colombia]." En una declaración explicando porque no asistieron a un encuentro por la paz, al que habían sido invitadas, celebrado en octubre del 2000 en San José, Costa Rica, y patrocinado por una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos, por la paz y comunitarias, las FARC desestimaron la iniciativa por estar organizada por "los enemigos de Colombia y su pueblo." Con estas actitudes, los guerrilleros contribuyeron a un clima general de miedo e intolerancia que puso en peligro a los defensores de los derechos humanos.

Las iniciativas gubernamentales para la protección de los activistas amenazados continuaron siendo lentas, inadecuadas y con frecuencia irrelevantes. A pesar de que los organismos oficiales suministraron vidrios antibala a las oficinas amenazadas y distribuyeron chalecos antibala, los defensores siguieron muriendo a manos de sicarios experimentados que gozaron con frecuencia de impunidad. Los casos relacionados con el asesinato de defensores de los derechos humanos-entre ellos el asesinato en 1996 de Josué Giraldo Cardona; los asesinatos en 1997 de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado; los asesinatos en 1998 de Jesús Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza; y los asesinatos en 1999 de Julio González y Everardo de Jesús Puerta-seguían en la fase de investigación o sólo se había identificado a detenido a los autores materiales de los crímenes. En todos los casos, las personas que habían planeado y pagado por los asesinatos continuaban en libertad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia continuaron acusando a los investigadores y los organismos del Gobierno y a las organizaciones no gubernamentales de estar infiltradas por guerrilleros y cuestionaron la legitimidad de las investigaciones. El Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia mantenía en su página web oficial un texto en el que se acusaba directamente a Human Rights Watch y a un funcionario de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos de formar parte de una "extraña y vergonzosa alianza" con un cartel del narcotráfico. Tras la publicación en febrero del 2000 del informe de Human Rights Watch, "Los lazos que unen: Colombia y las relaciones militares-paramilitares," el Gral. Fernando Tapias, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y el General Mora, se hicieron eco de esta retórica al sugerir que Human Rights Watch estaba en la nómina de los narcotraficantes.

El papel de la comunidad internacional

La oficina en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emprendió una labor incalculable de visitas a regiones azotadas por la guerra y de presiones a las autoridades del gobierno colombiano para la adopción de docenas de recomendaciones presentadas por relatores de la ONU y otros grupos, que seguían sin atenderse. En la presentación del devastador informe anual de la oficina, Mary Robinson señaló que la situación se había deteriorado significativamente. "El tener que hacer un comentario como éste es triste y da que pensar en su propia visita a Bogotá en octubre de 1998", según palabras de Mary Robinson.

En el informe se prestaba especial atención a las pruebas constantes de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. La oficina señaló que las "investigaciones disciplinarias y judiciales revelan la persistencia de vínculos directos entre algunos miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares" y dijo que las iniciativas gubernamentales para romper dichos vínculos eran prácticamente inexistentes.

Sin embargo, el mensaje de la declaración de la Comisión de Derechos Humanos en abril, inusualmente leve y redactada por la Unión Europea y adoptada por consenso, fue más débil. En la declaración se recibía con satisfacción la disposición constante del Gobierno de Colombia a cooperar con la oficina permanente de la Alta Comisionada, y se ignoraban los informes de la oficina que señalaban lo contrario. A pesar de que el gobierno colombiano aceptó permitir que la oficina siguiera operando hasta abril del 2002, el personal de la ONU señaló una disminución marcada de la voluntad de cooperar de los funcionarios colombianos.

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, se hizo de eco de estas preocupaciones en julio, cuando expresó su profunda preocupación por los derechos humanos en Colombia, especialmente la alta incidencia de secuestros y masacres de civiles.

El ACNUR continuó extendiendo su presencia en Colombia y abrió tres oficinas de campo en 1999 y el 2000 en Barrancabermeja, Apartadó y Puerto Asís.

El carácter del conflicto colombiano cambió con la entrada de Estados Unidos como importante inversor. La infusión de 1.300 millones de dólares en ayuda inmediata, sobre todo militar, estaba destinada a cubrir sólo una parte del Plan Colombia, una propuesta multinacional de asistencia al país por valor de 7.500 millones de dólares; sin embargo, cuando se escribió este informe, se habían recibido muy pocas contribuciones adicionales para la ayuda prevista.

En respuesta, las FARC anunciaron la entrega de recompensas por la captura de pilotos de aviones de combate, aumentaron los ataques contra helicópteros y aeronaves, y empezaron supuestamente a armar a los residentes rurales del sur de Colombia para resistirse a la fumigación de cosechas para la producción de droga, el objetivo principal de la iniciativa estadounidense. Los guerrilleros emplearon principalmente rifles y lanzagranadas, y afirmaron haber derribado al menos un helicóptero de la Policía Nacional en abril. En septiembre, un vocero de las FARC declaró "objetivo legítimo" de las operaciones de la guerrilla al personal militar de Estados Unidos.

Tras un debate acalorado y su aprobación en el Congreso, el paquete de ayuda a Colombia ha sido el programa de asistencia militar a un país latinoamericano más importante de la historia. El plan incluía 519,2 millones de dólares para las Fuerzas Armadas de Colombia, la mayoría de los cuales estaban destinados a la compra de helicópteros UH-60 Black Hawk y UH-1H Huey, apoyo logístico, inteligencia y formación; 116 millones de dólares para la Policía Nacional de Colombia; 68,5 millones para el desarrollo alternativo, la sustitución de cosechas y la asistencia a los campesinos que se pudieran ver obligados a abandonar sus tierras; 58 millones para la aplicación de la ley y la reforma judicial; 51 millones para programas de derechos humanos y 37,5 millones para programas en beneficio de los desplazados forzosos.

Entre los que apoyaron activamente la ayuda se encontraban Occidental Petroleum, que cuenta con importantes operaciones petrolíferas en zonas en conflicto de Colombia; Lockheed Martin, fabricante del avión radar P-3 Orion empleado para la vigilancia del contrabando de drogas e incluido en el paquete de ayuda; la empresa Textron con sede en Texas, que fabricará los helicópteros UH-1H Huey; y United Technologies, cuya filial en Connecticut, Sikorsky, fabricará los helicópteros UH-60 Black Hawk.

Aunque el paquete contaba con estrictas condiciones de derechos humanos, el 22 de agosto, el Presidente Clinton aplicó una excepción a todas ellas salvo una por razones de seguridad nacional. El plan de ayuda siguió su curso a pesar de que los funcionarios estadounidenses habían reconocido que las fuerzas que estaban financiando mantenían estrechos vínculos con los paramilitares, habían cometido abusos, no habían suspendido o procesado a los oficiales implicados en los mismos y se habían negado a someter los casos de violaciones a los derechos humanos a la jurisdicción civil. "No se retrasa el objetivo principal para lograr un objetivo menor," dijo un vocero de la oficina del asesor de la Casa Blanca y Zar de las Drogas, el Gral. (retirado) Barry McCaffrey.

Human Rights Watch protestó la excepción y la certificación única emitida por el Departamento de Estado después de que el Presidente Pastrana firmara una directiva basada en la entrada en vigor de un nuevo Código Penal Militar. Junto con Amnistía Internacional y la Washington Office on Latin America, Human Rights Watch alegó que la directiva sólo cumplía parcialmente las leyes estadounidenses, por lo que tendría que haber conducido a una denegación de la certificación.

La persistencia de los abusos a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia se puso de manifiesto en septiembre, cuando Estados Unidos suspendió la ayuda y el entrenamiento de las XIIª y XXIVª Brigadas del Ejército. Ambas habían superado el proceso de selección realizado por funcionarios estadounidenses conforme a la Enmienda Leahy, que prohíbe la financiación de unidades de las fuerzas de seguridad extranjeras acusadas creíblemente de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Los vecinos de Colombia también expresaron una seria preocupación por que el plan estadounidense pudiera hacer que el cultivo de la coca y el narcotráfico cruzaran la frontera de Colombia, generar nuevos flujos de refugiados y provocar la extensión de los combates. Durante una visita a Colombia, el Presidente de Ecuador Gustavo Noboa pidió al parecer al Presidente Pastrana que informara a su gobierno de todas las operaciones militares en el sur de Colombia, para que las fuerzas armadas ecuatorianas pudieran prepararse para las repercusiones. Los líderes brasileños criticaron abiertamente la ayuda y empezaron a reforzar su frontera con Colombia.

En diciembre de 1999, las tropas del primer batallón del Ejército de Colombia entrenado por Estados Unidos concluyeron su formación y fueron desplegadas. Un segundo batallón empezó el entrenamiento en agosto. Las leyes de Estados Unidos disponían el despliegue en Colombia de un máximo de 500 efectivos estadounidenses y 300 personas contratadas en cualquier momento, salvo en caso de emergencia. Pero como reflejo de la tendencia mundial a "subcontratar" la guerra, algunos analistas estimaban un millar de profesionales relacionados con Estados Unidos estaban presentes en Colombia en todo momento, entre ellos oficiales retirados de las fuerzas especiales estadounidenses trabajando para empresas civiles tales como DynCorp Inc. y Military Professional Resources Inc. (MPRI), contratadas por los Departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos.

El departamento de Putumayo, situado en la frontera de Colombia con Ecuador y centro del cultivo del 50 por ciento de la cosecha ilegal de coca de Colombia, sería el primer objetivo de la estrategia estadounidense, cuya finalidad fundamental era una campaña en el sur de Colombia para erradicar las plantaciones de coca, destruir los laboratorios de cocaína e interrumpir las rutas de suministro y envío. Los funcionarios de Estados Unidos reconocieron que una posible consecuencia de la estrategia sería el desplazamiento forzoso y propusieron el establecimiento de campamentos "temporales" controlados por el Gobierno para distribuir asistencia. Sin embargo, los grupos que trabajan con los desplazados internos criticaron la iniciativa y alegaron que con esta estrategia se corría el riesgo de fomentar el conflicto, convertir a civiles inocentes en objetivos y aumentar sustancialmente el desplazamiento interno en Colombia.

La posibilidad de nuevas violaciones a los derechos humanos quedo clara cuando se puso en marcha la estrategia estadounidense. Los paramilitares se hicieron prácticamente con el control de los centros urbanos de Putumayo, tales como Puerto Asís, donde los combatientes armados paseaban con sus armas en el cinto sin ninguna interferencia del Ejército o de la Policía. En septiembre y octubre, una campaña de ataques iniciada por las FARC había dejado a los residentes sin alimentos, gasolina, medicinas ni servicio telefónico, y el combate encarnizado entre la guerrilla y los paramilitares se agravó mientras las tropas gubernamentales permanecían en sus bases.

Los líderes europeos se mostraron profundamente escépticos con la concentración de tropas militares estadounidenses en Colombia, mientras la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros apoyaban las negociaciones con la guerrilla y un mayor respeto a los derechos humanos. Aunque el Presidente Pastrana pidió una contribución de 1.500 millones de dólares a la UE, en una cumbre de donantes con la participación de 26 países celebrada en Madrid, recibió muy poco apoyo. El único país de la UE que aportó fondos fue España, con una contribución de 100 millones de dólares. El periódico francés Le Monde calificó la reunión de "derrota aplastante para la diplomacia colombiana."

Antes del encuentro, 150 delegados, que representaban a organizaciones no gubernamentales, académicos, ecologistas y grupos de derechos humanos colombianos e internacionales, se reunieron en Madrid y apelaron a la comunidad internacional para que financiara iniciativas de paz, no a las Fuerzas Armadas de Colombia. La UE quedó persuadida por ese argumento y anunció en octubre que su contribución de 144 millones de dólares al Plan Colombia se destinaría a programas no gubernamentales, económicos y de ayuda humanitaria dedicados a la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico.

La UE denunció públicamente los abusos de todas las partes e instó al gobierno colombiano a que atendiera "las graves violaciones persistentes." Después de su visita a Colombia en septiembre, la ministra británica Mo Mowlam, una de los arquitectos de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte, dijo que el Reino Unido y la mayoría de los países europeos retirarían sus donaciones al Plan Colombia a no ser que se reformaran las fuerzas de seguridad colombianas.

Cinco países — Francia, España, Suiza, Noruega y Cuba — se comprometieron a ayudar al Gobierno de Colombia a negociar con la UC-ELN. No obstante, a pesar de que algunos de estos gobiernos se reunieron con los líderes de la UC-ELN para discutir la posibilidad de iniciar un diálogo, la Unión Europea ejerció una fuerte presión para el cese de los secuestros y la liberación de todos los rehenes. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO