La violencia policial siguió escalando en Argentina durante 1999 y muchos casos se saldaron con la impunidad de los responsables. Aunque se iniciaron las investigaciones de un número limitado de casos de presunta brutalidad policial, muy pocos de ellos resultaron en sanciones contra los implicados, debido en parte a la falta de voluntad política y el hecho de que la policía, responsable de las investigaciones, estuvo raramente dispuesta a perseguir activamente a sus propio personal. Igualmente inquietantes fueron las declaraciones de varios funcionarios del Gobierno o candidatos electorales que parecían justificar la brutalidad sin límites para combatir la delincuencia. Las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía coincidieron con el aumento de la violencia delictiva, un incremento en el número de tiroteos con la policía y el período previo a las elecciones a la presidencia del país y las gobernaciones estatales del 24 de octubre, durante cuya campaña los candidatos intentaron con frecuencia captar votos mediante la expresión de su intención de adoptar una "línea dura" contra la delincuencia.

Según la organización local de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 140 personas fueron muertas por la policía en los distritos de la Capital y Gran Buenos Aires durante el primer semestre de 1999, en comparación con las 86 del segundo semestre de 1998. Tan sólo en la ciudad de Buenos Aires, 38 civiles y ocho agentes de policía fueron muertos durante el primer semestre de 1999, mientras que en el Gran Buenos Aires la cifra de muertes alcanzó los 102 y 26, respectivamente. Aunque este aumento se produjo en el contexto de un importante incremento de la violencia delictiva, que incluía el asesinato de agentes de policía, el CELS señaló que el problema de las muertes de policías estaba agravado por la falta de capacitación del personal policial y por el hecho de que estas muertes muy pocas veces se investigaban y saldaban con sanciones a los agentes implicados.

En este contexto, el Vicepresidente Carlos Ruckauf, candidato del gobernante Partido Justicialista a gobernador de Buenos Aires, reclamó un respuesta policial más enérgica frente a los altos niveles de inseguridad pública, y declaró imprudentemente que consideraba necesario "matar a asesinos" o "disparar a delincuentes." El principal candidato independiente a la gobernación de Buenos Aires, Luis Patti, alcalde de Escobar y ex comisario de policía acusado de torturar a presuntos delincuentes a principios de los noventa, propuso el empleo de vigilantes civiles armados para combatir el aumento de la delincuencia, y defendió el uso de la tortura u otros procedimientos policiales irregulares durante los interrogatorios. Durante un programa de televisión emitido en agosto, Patti rechazó las preocupaciones por los derechos humanos de los delincuentes afirmando que "si quieren que se respete sus derechos humanos, deben irse a Costa Rica."

En agosto de 1999, el Ministerio del Interior anunció una nueva resolución que permitía a los agentes de policía disparar a presuntos delincuentes sin identificarse previamente y ordenarles el alto, cuando lo consideraran necesario para proteger sus vidas o las de otras personas, una decisión que quedaba totalmente al criterio del agente involucrado. Dicha iniciativa era peligrosa en vista de la falta de capacitación adecuada del personal policial y el hecho de que supieran que era improbable que su decisión de disparar a matar fuera investigada posteriormente. La resolución no modificaba el requisito vigente de que los agentes fuera de servicio llevaran su arma reglamentaria, una directriz que había contribuido a una cifra desproporcionada de muertes de agentes, presuntos delincuentes y transeúntes inocentes cuando los policías fuera de servicio intervinieron en aparentes delitos.

Un incidente de septiembre de 1999 ilustró muchas de las preocupaciones relacionadas con la conducta policial en Argentina. El 16 de septiembre, un grupo de seis hombres armados tomó a seis rehenes en una sucursal del Banco Nación en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Tres de los secuestradores intentaron salir del edificio con tres rehenes a las 4 de la madrugada, y se dieron a la fuga en el vehículo del director de la sucursal. La policía, que no había bloqueado las carreteras o adoptado otras medidas para prevenir la posible huida, abrió fuego a discreción contra los ocupantes del vehículo, matando a dos rehenes y a uno de los atracadores. Uno de los rehenes, el director de la sucursal, murió a consecuencia de un disparo a quemarropa de un agente de policía después de que el automóvil se hubiera detenido. Un segundo atracador que había sido trasladado a la comisaría local, fue hallado ahorcado en su celda unas doce horas más tarde. Nadie admitió haber dado la orden de disparar y nadie pudo explicar la gran cantidad de errores cometidos por la policía.

Algunos agentes de policía involucrados en los hechos atribuyeron el derramamiento de sangre a que no habían recibido entrenamiento sobre cómo reaccionar ante una situación de toma de rehenes. El Gobernador Duhalde, que calificó los hechos de "masacre," suspendió a tres comisarios jefe y disolvió el Grupo Especial de Operaciones (GEO), mientras se investigaba a los 150 agentes implicados. El Ministro de Justicia bonaerense Osvaldo Lorenzo dimitió a consecuencia de los hechos. Acto seguido, el juez instructor declaró públicamente que miembros de la Policía Provincial estaban involucrados en la planificación y ejecución del atraco al banco, y habían suministrado aparentemente planos del interior de la sucursal e información sobre el contenido de la caja fuerte. El caso puso de manifiesto la ineficiencia y falta de capacitación de las fuerzas policiales implicadas, sus ganas excesivas de recurrir a la fuerza letal incluso cuando se podía poner en peligro las vidas de los rehenes y el fracaso de las anteriores iniciativas del Gobernador Duhalde para reestructurar y controlar la Policía Provincial, así como la aparentemente constante implicación de agentes de policía en actividades delictivas.

Continuaron las acusaciones de tortura contra la Policía Federal y la Policía Provincial de Buenos Aires. José Luis Ojeda, que había denunciado la tortura por parte de la Policía Federal en 1996, fue disparado en abril de 1999 por un hombre sin identificar que le advirtió que no siguiera hablando de la tortura, lo que se sumaba a una serie de amenazas y atentados sufridos por Ojeda durante los últimos tres años. En agosto, se abrió la investigación de un grupo de agentes de la Comisaría Primera Provincial de San Martín, acusados de haber torturado a cinco jóvenes, en julio, mediante palizas y ahogamientos. También en agosto, dos testigos que habían declarado en el caso de un ataque de 1996 a la residencia del Senador Eduardo Menem afirmaron que la Policía Provincial en Tigre los había torturado para obligarles a incriminar a ciertos detenidos en el caso. En mayo, tres agentes de la Policía Provincial de la Comisaría Quinta de Beccar fueron detenidos acusados de haber torturado a un grupo de presos a finales de marzo. La fiscal que tramitó la denuncia, María Ema Prada, recibió amenazas de muerte telefónicas. Aunque estas medidas para investigar violaciones a los derechos humanos fueron recibidas con satisfacción, cuando se escribió este informe, no habían conducido a ninguna sanción concreta contra los agentes implicados.

En mayo, en otro golpe a la Policía Provincial de Buenos Aires, un juez federal ordenó la detención de seis ex miembros de este cuerpo acusados de participar en el atentado con bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. Las denuncias del empleo de la fuerza excesiva no se circunscribieron a los presuntos delincuentes: el 6 de septiembre, la Policía Provincial bonaerense disparó balas de goma a un grupo de estudiantes de secundaria en La Plata cuando estaban celebrando el aniversario de la escuela, y detuvo a diez de ellos.

En una rara condena a policías acusados de violaciones a los derechos humanos, el 17 de mayo, la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones en la Plata sentenció a prisión a tres agentes de la Policía Provincial relacionados con la desaparición, el 17 de agosto de 1993, del estudiante de periodismo Miguel Bru, quien, según las declaraciones de los testigos, había muerto a consecuencia de la tortura policial, aunque su cuerpo nunca fue hallado. El Subcomisario Walter Abrigo y el Sargento Justo López fue condenados a cadena perpetua por este delito, y el Comisario Juan Domingo Ojeda y el Agente Ramón Ceresetto a dos años por intentar encubrir la muerte. Sin embargo, Abrigo fue el único que ingresó en prisión, ya que los demás ya habían cumplido largas condenas antes de la sentencia. López fue puesto en libertad a la espera de que se resolviera la apelación, tras haber cumplido más de tres años en prisión preventiva. Uno de los testigos, Jorge Ruarte, fue despedido tres días antes del juicio y llevaba recibiendo amenazas desde diciembre de 1998.

La Policía Federal y la Policía Provincial de Buenos Aires no fueron los únicos cuerpos policiales acusados de brutalidad durante 1999. En La Rioja, dos muchachos fueron hallados muertos en celdas de una comisaría de la Policía Provincial. El 29 de marzo, Cristian Leonardo Ruiz, de 19 años, fue hallado ahorcado en su celda de la Dirección de Investigaciones, al parecer se había suicidado utilizando su fular. El abogado de Ruiz alegó que había muerto a consecuencia de la tortura. El abogado mencionó a otros detenidos que declararon que el cuerpo de Ruiz fue hallado con los pies tocando el suelo y las rodillas dobladas; estos detenidos también afirmaron que habían sido torturados con electrochoque y ahogamiento. La autopsia confirmó que Ruiz había sido asfixiado y que las marcas en su cuello no podían haber sido causadas por el fular. Ruiz había trabajado presuntamente para un adversario político del Gobernador de La Rioja Ángel Maza, y su muerte se produjo poco antes de las elecciones internas para la designación de candidatos para 1999.

En junio se informó de un segundo caso, en el que Aldo Francisco Luna, de 22 años, se había ahorcado con su camisa de manga larga en la Comisaría Séptima de La Rioja, aunque la autopsia indicó que había muerto de un ataque al corazón en lugar de por ahorcamiento. Los familiares denunciaron que había sido golpeado durante la detención y los agentes de servicio cuando ocurrieron los hechos fueron arrestados provisionalmente, aunque, cuando se escribió este informe, no se habían adoptado medidas contra ellos.

En la provincia de Tucumán, la policía provincial empleó la violencia excesiva para reprimir las manifestaciones de funcionarios públicos de agosto y septiembre, en protesta por que llevaban varios meses sin recibir sus salarios. Unas 40 personas resultaron heridas en estos incidentes; un hombre murió posteriormente de un ataque cardíaco. Una represión similar de manifestaciones de funcionarios se produjo en Neuquén, cuando los periodistas acusaron a la policía provincial de disparar deliberadamente balas de goma contra ellos cuando estaban cubriendo las protestas en tres ocasiones distintas, en marzo, julio y septiembre.

Las amenazas y la violencia contra periodistas fueron menos generalizadas en 1999 que en el pasado, aunque siguieron ocurriendo incidentes inquietantes. Durante el primer semestre de 1999 se denunciaron varias amenazas y atentados contra periodistas en la provincia de Corrientes, en el contexto de un enfrentamiento político entre el ex gobernador Raúl Romero Feris y el gobierno provincial en funciones. Dos periodistas de Mendoza fueron amenazados por la Policía Provincial en marzo cuando cubrían un juicio relacionado con la muerte de Santiago Bordón, que había sido visto por última vez en manos de la policía; también en marzo, el periodista local Diego Spina fue golpeado y amenazado de muerte cuando cubría la detención del ex alcalde de Morón, Carlos Rousselot, en el Gran Buenos Aires.

En abril, el periodista Eduardo Kimel fue condenado a un año de prisión condicional y una multa de 20.000 dólares en relación con su libro La Masacre de San Patricio-sobre el asesinato en 1976 de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos-después de que el juez Guillermo Rivarola lo demandará por injurias relativas a su papel como juez instructor del caso.

Las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo los regímenes militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 también continuaron en 1999. En una caso ante un tribunal federal relacionado con la desaparición de 2.000 personas en La Plata, un antiguo experto forense de la Policía Provincial de Buenos Aires confirmó por primera vez que las Fuerzas Armadas habían utilizado aviones y helicópteros para arrojar a desaparecidos muertos o drogados al Río de la Plata, el río que bordea Buenos Aires.

En un fallo histórico, el 30 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión de un tribunal inferior de que un ex miembro de la Junta, el Almirante Emilio Massera, tenía que indemnizar con 120.000 dólares a Daniel Tarnapolsky, que había presentado una demanda civil contra él por la desaparición en 1976, durante la dictadura, de sus padres y dos de sus hermanos. La corte ordenó asimismo al Estado que pagara un millón de dólares a Tarnapolsky. Al allanar el camino para acciones civiles similares, la decisión podría posiblemente afectar a otros oficiales de alto rango indultados por el Presidente Carlos Menem o inmunes al juicio penal gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final adoptadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La mayoría de las investigaciones en marcha de las violaciones cometidas en el pasado eran fruto de la actividad constante de organizaciones no gubernamentales tales como las Abuelas de la Plaza de Mayo. En mayo, las Abuelas reclamaron pruebas de ADN obligatorias en el caso de un oficial de la Armada detenido por apropiación ilegal de un hijo de desaparecidos, después de que las Abuelas hubieran localizado al niño en cuestión.

Las Abuelas también desempeñaron un papel destacado en el caso iniciado por el juez Adolfo Bagnasco en relación con más de 200 niños de familias desaparecidas. Este caso había sido presentado por las Abuelas y el CELS basándose en la existencia de un plan sistemático para secuestrar a niños de presas desaparecidas y en que estos casos no se enmarcaban en el Juicio a las Juntas de 1986 (debido a la falta de pruebas suficientes entonces) ni en las leyes posteriores de Obediencia Debida y Punto Final, y constituían en cambio delitos continuos y por lo tanto imprescriptibles. Entre los oficiales implicados en este caso en arresto domiciliario se encontraban el General Jorge Videla, el Almirante Emilio Massera, el General Cristino Nicolaides y el General Reynaldo Bignone; mientras que estaba prevista asimismo la formulación de cargos contra el ex miembro de la Junta, el General Leopoldo Galtierri y el actual Gobernador de Tucumán, el ex General Antonio Domingo Bussi. Tanto Videla como Massera rechazaron los cargos basándose en que ya habían sido juzgados, mientras que Nicolaides afirmó que habría intentado detener el secuestro de niños de haberlo sabido y reconoció la legitimidad de las investigaciones de los dos casos.

La Unión Europea

Los tribunales europeos continuaron formulando cargos contra ex oficiales de las Fuerzas Armadas de Argentina en relación con violaciones cometidas bajo la última dictadura, aunque, cuando se escribió este informe, las autoridades argentinas no habían cooperado con estos esfuerzos, alegando que los tribunales extranjeros carecían de jurisdicción. Es más, el gobierno argentino apoyó totalmente al gobierno chileno en sus intentos de prevenir el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet por el magistrado español Baltasar Garzón. El ex General Guillermo Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército durante la represión, fue citado a declarar ante los tribunales italianos en relación con la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina durante los setenta, entre ellos la hija de la presidenta de las Abuelas, Estela de Carloto. En marzo de 1999, el juez español Garzón acusó a la anterior dictadura de genocidio de miembros de la comunidad judía, basándose en la información aportada por una organización de derechos humanos española, la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos (COSOFAM), en la que se citaban 1.260 víctimas judías incluidas en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Garzón recibió también información de las Abuelas sobre cuatro niños desaparecidos en Argentina en el contexto de sus investigaciones de la "Operación Cóndor."

Se formularon además nuevos cargos contra el Almirante Massera, entre otros, en un caso relacionado con la desaparición de dos monjas francesas en 1977. A finales de marzo, un juez federal argentino acusó al Ministerio de Relaciones Exteriores de no tomar deliberadamente las medidas necesarias para cumplir un petición de extradición de Massera por parte de un tribunal suizo, en relación con la desaparición en 1977 del ciudadano suizo Alexis Jaccard.

La Organización de Estados Americanos

En mayo de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno argentino que esclareciera las circunstancias de la muerte en 1991 de Sergio Schiavini en un tiroteo con la Policía Provincial de Buenos Aires. En 1997, los 15 agentes de policía imputados en el caso, que también se habían encargado de la recolección de pruebas, fueron absueltos en los tribunales argentinos. En marzo, la Comisión Interamericana se hizo cargo del caso de las violaciones al derecho a la libertad de opinión y expresión relacionado con los fallos de la Corte Suprema contra los periodistas Horacio Verbitsky y Tomás Sanz. En septiembre, la comisión recibió una petición relativa al atentado terrorista de 1994 contra la AMIA, en el que murieron 86 personas, pidiendo al Gobierno que explicara la aparente negligencia con respecto a las medidas cautelares y las investigaciones subsiguientes, la cual podría haber constituido una violación del derecho a la vida y a la justicia.

En su primer informe, publicado en abril, el relator especial sobre la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por el número de fallos de la Corte Suprema argentina que limitaban la libertad de expresión, entre ellos el caso del periodista Eduardo Kimel.

En mayo, el gobierno argentino incumplió el plazo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para indemnizar a los familiares de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, desaparecidos por la Policía Provincial de Mendoza en 1990.

Estados Unidos

El Informe sobre prácticas nacionales en materia de derechos humanos en 1998 del Departamento de Estado reflejó de manera fidedigna la situación de los derechos humanos en Argentina.