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Informe 2002
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La Defensa de los Derechos Humanos

En 1998, Cuba reprimió duramente a los defensores internos de los derechos humanos. El Gobierno mantuvo una campaña constante de vigilancia, cortes de teléfonos y otro tipo de intimidaciones. El Gobierno emprendió iniciativas firmes para silenciar a los críticos de derechos humanos, entre ellos cuatro lideres del GTDI, que habían reclamado la puesta en libertad de los presos políticos y se enfrentaban a un juicio por sedición, y Reynaldo Alfaro García, que había denunciado los abusos en las prisiones y recibió una condena de tres años de cárcel por difundir noticias falsas. Los presos que se manifestaron contra los abusos padecieron la violencia física y otros abusos.

El 12 de marzo de 1998, un tribunal de Cienfuegos decretó que cinco miembros del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (PPDH), Israel García Hidalgo, Benito Fojaco Iser, Ángel Nicolás Gonzalo y José Ramón López Filgueira, eran culpables de cometer otras actas contra la seguridad del estado. La policía los había detenido en octubre de 1997. El tribunal sentenció a García Hidalgo y Fojaco Iser a dos años de prisión, mientras que López Filgueira recibió una condena de un año. Tanto Gonzalo, de 69 años, como Sardiñas Delgado, de 66 años, recibieron una condena de un año en correccional sin internamiento.

En diciembre de 1997, la policía cubana detuvo a Daula Carpio Mata, líder del PPDH en Villa Clara, y la encarceló en la Prisión Guamajal. En octubre de 1997, había recibido una sentencia más leve en un correccional por "resistencia," debido a su defensa de un colega en un juicio anterior. Un tribunal de Villa Clara había juzgado también a otros diez miembros del PPDH en octubre de 1997, a los que condenó por asociación para delinquir y desobediencia. A principios de 1998, como aparente represalia por las huelgas de hambre prolongadas que habían atraído la atención de la prensa internacional que cubría la visita del Papa, las autoridades locales encarcelaron a varios activistas que habían recibido previamente condenas sin internamiento.

En febrero de 1998, el Dr. Óscar Elías Bicest González, un líder de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, declaró públicamente su oposición al aborto y a la pena de muerte. A principios de marzo, el director provincial de salud pública despidió al Dr. Bicest González y le notificó que iba a ser expulsado de su casa. Su esposa, la enfermera Elsa Morejón Hernández, perdió su trabajo a los pocos días. El 9 de junio, el doctor envió una carta al Consejo de Estado manifestando su oposición a la pena de muerte. La policía lo detuvo el 9 de julio, y lo recluyeron junto con Rolando Muñoz Yyobre, colega de la fundación, durante dos semanas.

El Gobierno de Cuba prohibió el acceso periódico a sus prisiones por parte de observadores de los derechos humanos y del derecho humanitario nacionales e internacionales. El Gobierno permitió por última vez la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las prisiones cubanas en 1989; que visitaba a los presos recluidos por motivos políticos o delitos contra la seguridad del estado. El Gobierno cubano no ha permitido el regreso de Human Rights Watch a Cuba desde 1995. Cuba nunca permitió la entrada al país del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Cuba.


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