La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional
El Trabajo de Human Rights Watch

El papel de la comunidad internacional

Un juez español y el Reino Unido hicieron avances históricos hacia el establecimiento de las responsabilidad por crímenes de lesa humanidad en octubre, cuando la policía británica detuvo al ex dictador chileno, general Augusto Pinochet Ugarte, cuando viajó a Londres para recibir tratamiento médico. El juez español Baltasar Garzón solicitó la detención de Pinochet por el presunto asesinato de docenas de ciudadanos españoles y chilenos durante los 17 años en que Pinochet y el ejército gobernaron Chile, una época de violaciones atroces y generalizadas del derecho a la vida, la libertad y la integridad física, que incluye unos 3.000 asesinatos y "desapariciones". La detención fue el resultado de una investigación por parte de jueces españoles de la llamada Operación Cóndor, en la que los dictadores militares de Chile, Argentina y Uruguay cooperaron en los asesinatos de izquierdistas durante los setentas. El Gobierno chileno protestó oficialmente la detención de Pinochet basándose en que estaba viajando con pasaporte diplomático y que era senador vitalicio, a pesar de que el general había viajado a Londres por motivos personales. Se informó que Pinochet había intentado viajar a Francia pero le negaron el visado.

Estados Unidos

Lamentablemente, cuando se escribió este informe, se había informado que la administración Clinton no había suministrado información útil procedente de los archivos de las agencias del Gobierno al juez Garzón, limitando la información entregada a la prensa y otros documentos públicos. Era bastante probable que el apoyo de Washington a la dictadura de Pinochet durante los setentas hubiera generado un gran número de documentos en los archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Defensa que podrían ayudar a enjuiciar a Pinochet.

En octubre, la administración Clinton publicó extractos con muchas partes tachadas de una investigación por parte del Inspector General de la CIA sobre las actividades de los escuadrones de la muerte en Honduras en los ochentas. El informe del Inspector General había sido encargado en 1995 por el entonces director de la CIA, John Deutch, tras las informaciones aparecidas en la prensa sobre las conexiones de la CIA con una unidad militar secreta de inteligencia, el Batallón 3-16, responsable de numerosas "desapariciones". En las partes no tachadas del informe, la agencia reconocía haber "informado de acciones inadecuadas" de la CIA a otras agencias del gobierno federal, así como al Congreso. En las partes del informe publicadas no se trataban los principales aspectos de la complicidad estadounidense con las atrocidades cometidas por el Batallón 3-16: el apoyo prolongado de Estados Unidos a la unidad por medio de fondos y capacitación de la CIA, incluso cuando participó en atrocidades, y las visitas de un agente estadounidense pagado por la CIA a un centro de detención clandestina del Batallón 3-16 donde estaban recluidos "desaparecidos". En su lugar, en el informe de la agencia se negaba que sus agentes "hubieran autorizado o estuvieran directamente involucrados en violaciones de los derechos humanos..." Y sin mencionar la presencia de un agente de la CIA en un centro de detención del 3-16, el informe negaba "que ningún empleado de la CIA estuviera presente durante sesiones de interrogatorio hostil o tortura en Honduras."

La política estadounidense de enfrentamiento constante con Cuba recibió cada vez más ataques procedentes de todos los rincones del planeta. En octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con un margen histórico una resolución no vinculante pidiendo una finalización de los casi 40 años de bloqueo estadounidense contra Cuba, con las únicas objeciones de Estados Unidos e Israel. El número de países en contra de la política estadounidense sobre Cuba en la Asamblea General ha aumentado constantemente en los últimos años. El bloqueo de Washington sobre Cuba también fue denunciado por el papa Juan Pablo II y, en términos inusualmente contundentes, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy. La política de Washington fue ampliamente considerada no solamente ineficaz para lograr su objetivo político--derrocar al gobierno de Castro--sino también contraproducente con respeto a las condiciones de los derechos humanos. Es más, el carácter indiscriminado de las sanciones provocó que la totalidad de la población pagara un precio en términos de salud y bienestar por la animosidad de Estados Unidos contra su gobierno.

Un sector cada vez más amplio de la sociedad estadounidense manifestó su oposición al bloqueo en 1998, e incluyó a líderes empresariales y juntas editoriales de los periódicos más importantes del país. En octubre, se informó que políticos conservadores tales como Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger y el senador republicano John Warner habían pedido a Clinton que nombrara una comisión independiente para reexaminar la política estadounidense hacia Cuba. Antes de esa iniciativa--cuyo resultado no estaba claro cuando se escribió este informe--el liderazgo republicano en el Congreso seguía impermeable a los llamamientos crecientes por una revisión de la política con Cuba. Desde el decreto de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (también conocida como Helms-Burton) en 1996, que codificó el bloqueo, el Poder Ejecutivo ya no contaba con la libertad de modificar o levantar el embargo. Los únicos acontecimientos que podrían poner fin al bloqueo eran una revolución en Cuba o la aprobación de nueva legislación por parte del Congreso de Estados Unidos controlados por los republicanos.

Como en años anteriores, el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado ofreció una descripción fidedigna y detallada de los problemas y prácticas de derechos humanos en la región, que careció en su mayoría de la tendencia ideológica que había marcado los informes de las anteriores administraciones. Sin embargo, estos informes influyeron aparentemente muy poco en las políticas estadounidenses en la región, que dieron muy poca prioridad a los asuntos de derechos humanos.

La política de Washington con Colombia--el país más alarmante de la región en materia de derechos humanos--se vio repentinamente debilitada con la llegada de un nuevo embajador estadounidense, que guardó un completo silencio en relación con los asuntos de derechos humanos. Esta política envió el mensaje equivocado al ejército colombiano: aunque los funcionarios estadounidenses plantearan los asuntos de derechos humanos en privado, era improbable que los oficiales militares se los tomaran en serio si no se trataban también públicamente. Mientras tanto, la presión del Pentágono y el Congreso en apoyo de las iniciativas antidroga colombianas, independientemente de las violaciones de los derechos humanos asociadas a éstas, socavó varias señales positivas procedentes de la administración, como la negativa en mayo del visado al general colombiano Iván Ramírez y el informe altamente crítico en materia de derechos humanos del Departamento de Estado.