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Bolivia debe investigar los asesinatos en Pando


Es necesaria una investigación imparcial para asegurar que los crímenes sean juzgados

(Washington, DC, 17 de septiembre de 2008) – Bolivia debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del asesinato de, al menos 15 civiles durante el enfrentamiento ocurrido en la provincia de Pando, señaló hoy Human Rights Watch.

“Es sumamente importante que se lleve a cabo una investigación independiente y objetiva para garantizar que los responsables de los asesinatos sean juzgados.”

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch




Tanto el partido gobernante como la oposición ofrecen versiones contradictorias del enfrentamiento que tuvo lugar en la noche del 11 de septiembre de 2008. El gobierno central afirma que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, planeó y autorizó la masacre de los partidarios del Presidente Evo Morales. Fernández declara no haber tenido ningún tipo de intervención en los asesinatos, y se refirió a ellos como un conflicto entre grupos civiles.  
 
“Es sumamente importante que se lleve a cabo una investigación independiente y objetiva para garantizar que los responsables de los asesinatos sean juzgados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.  
 
La noche de los enfrentamientos, un grupo de partidarios del presidente que viajaban para asistir a una asamblea en la población del Porvenir fueron detenidos en un corte de carretera dispuesto por partidarios de la oposición. Posteriormente, se produjo un enfrentamiento violento en el cual 15 personas fueron asesinadas y 37 resultaron heridas, según una investigación preliminar del gobierno. La investigación ha revelado que más de 100 personas aún se encuentran desaparecidas. En un incidente no relacionado en la localidad vecina de Filadelfia, tres estudiantes fueron asesinados y la alcaldía fue incendiada y reducida a cenizas.  
 
El 16 de septiembre, la Cámara de Diputados de Bolivia creó una comisión especial integrada por miembros del partido gobernante y la oposición para investigar el incidente ocurrido en Pando.  
 
“La investigación es un paso en el sentido correcto”, señaló Vivanco. “La conformación de la comisión especial es un acontecimiento positivo. Pero, en última instancia, la investigación debe resultar en la identificación y el juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos esa noche”.  
 
Los hechos de violencia tienen su origen en un conflicto que subsiste entre el Presidente Morales y los prefectos de cinco regiones de Bolivia vinculado con el reparto del gobierno y el control de los recursos naturales.  
 
No sólo en la región de Pando se han producido enfrentamientos. En Santa Cruz, grupos de manifestantes tomaron el control de distintas delegaciones del gobierno, medios de comunicación y la sede de una organización de derechos humanos local.  
 
En el período inmediatamente posterior a los hechos de violencia, el gobierno federal declaró el estado de emergencia y envió al Ejército boliviano a Pando para restablecer el orden. Desde entonces, el Ejército ha detenido, al menos a 11 personas por incitación a la violencia, así como a Fernández, el prefecto de Pando.  
 
“El gobierno debería transmitir órdenes claras a las fuerzas de seguridad de que las medidas tendientes a restablecer el orden deben ser acordes con las garantías internacionales de derechos humanos”, afirmó Vivanco. “Los prefectos deben denunciar públicamente el uso de violencia por parte de los manifestantes e informar a la policía para que esta proteja a la población civil de ambos bandos cuando se produzcan enfrentamientos”.
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