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 Perú Eventos del 2006 La búsqueda de la justicia en los casos de abusos cometidos en el pasado continúa siendo una principal preocupación en relación con los derechos humanos en el Perú. Si bien las autoridades han logrado algunos avances en el enjuiciamiento de los autores de abusos cometidos durante el conflicto armado de 20 años (1980–2000), la mayoría de responsables continúa evadiendo a la justicia. Las investigaciones de masacres y “desapariciones” por parte de fuerzas gubernamentales han sido retrasadas por falta de cooperación militar e insuficiente financiamiento. Continúan ocurriendo casos de tortura y brutalidad policíaca. Las víctimas y los testigos en casos de tortura son vulnerables a la intimidación y la represalia. Los periodistas que informan sobre la corrupción en ciudades de las provincias del Perú enfrentan acoso y ataques físicos, aparentemente instigados por autoridades locales. Enfrentar el pasado En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación informó que los insurgentes izquierdistas y las fuerzas gubernamentales habían cometido graves abusos durante las décadas de los años 80 y 90. El Perú ha logrado significativos progresos en el enjuiciamiento de ex miembros de los grupos insurgentes por sus crímenes anteriores. Después de anular en el año 2003 las sentencias de más de 700 prisioneros condenados sin el debido proceso por delitos cometidos según la ley antiterrorista del Perú, el estado ha realizado nuevos juicios que han dado como resultado la condena de más de 450 personas por asesinatos, ataques con explosivos y otros delitos violentos. En octubre de 2006, la Sala Penal Nacional sentenció a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, un grupo armado conocido por sus atrocidades, y a su compañera, Elena Iparraguirre, a prisión perpetua. La Corte los consideró responsables por la masacre en 1983 de 69 campesinos en Lucanamarca y por numerosos asesinatos y ataques con coches-bomba. Otros nueve líderes de Sendero Luminoso recibieron sentencias menores de prisión. El Perú también ha logrado algunos avances al llevar ante la justicia a los responsables de abusos cometidos por agentes estatales durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990–2000). Más de 50 presuntos miembros del Grupo Colina, un escuadrón especializado de oficiales militares y de inteligencia que fue creado en 1991 para “eliminar” a sospechosos de terrorismo, están en juicio en Lima. La oficina del procurador ad-hoc, creada por el mismo Fujimori antes de abandonar el país y apoyada desde el principio por el ex Presidente Toledo, ha jugado un papel vital en estas investigaciones. En conjunto, más de 1,780 personas implicadas en abusos y corrupción durante este periodo están enfrentando juicios. Sobre la base de las pruebas recolectadas por el procurador ad-hoc, se han formulado numerosas denuncias contra el mismo Fujimori desde que abandonó el cargo y estableció su residencia en Japón en el año 2000. En noviembre del 2005 Fujimori dejó el Japón y llegó inesperadamente a Santiago de Chile, con la intención evidente de retornar a la política en el Perú. Hasta octubre del 2006 la Corte Suprema de Justicia Chilena aún estaba considerando el pedido del gobierno peruano para que sea extraditado al Perú. Existen pruebas más que suficientes para justificar la extradición de Fujimori por las muertes de 25 personas en dos masacres en 1991 y 1992 atribuidas al Grupo Colina (los casos Barrios Altos y La Cantuta). También, hay abundantes pruebas que sustentan otras acusaciones por actos de corrupción. En Mayo del 2006 una sala de la Corte Suprema otorgó a Fujimori la libertad condicional, pero le prohibió salir del país. Se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema Chilena de su veredicto final sobre el pedido de extradición en el año 2007. Comparados con el historial de la procuraduría ad-hoc, los avances en el procesamiento penal de ex personal militar y policial por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la primera década del conflicto armado han sido mucho más modestos. Hasta julio del 2006 los jueces habían iniciado acciones legales en al menos 37 casos y por lo menos otros 188 aun se encontraban en evaluación preliminar por parte de los fiscales, pero sólo había un grupo pequeño de condenas, y sólo una de ellas involucraba a un comandante. En marzo del 2006 un juzgado de Lima sentenció a un coronel de la policía a 16 años de prisión y a tres oficiales de menor rango a 15 años por la “desaparición” en octubre de 1990 del estudiante Ernesto Castillo Páez—la primera sentencia en el Perú por una desaparición forzada. El nuevo presidente del Perú, Alan García Pérez, quien asumió el cargo en julio de 2006, gobernó en un periodo anterior durante la segunda mitad de la década de los años 80, en la época más crítica de la violencia política del país. Durante su primera presidencia los asesinatos y “desapariciones” eran muy frecuentes y permanecían completamente impunes. Fiscales han examinado la posible responsabilidad del Presidente García por la masacre de 1986 en El Frontón, una cárcel de máxima seguridad—lpor la cual la Comisión de la Verdad lo consideró políticamente responsable—lpero no se ha presentado ninguna denuncia penal en su contra. Las investigaciones actualmente pendientes en los juzgados incluyen este caso y dos masacres del ejército que ocurrieron durante el primer periodo de García en la presidencia, en las cuales muchos soldados afrontan denuncias penales. En septiembre de 2006 el gobierno aprobó un decreto comprometiendo al estado a cubrir los gastos legales de los militares y policías acusados en casos de derechos humanos. Hasta ahora, la falta de cooperación de las fuerzas armadas ha impedido un avance más rápido de estas investigaciones. Los pasados Ministros de Defensa consistentemente han incumplido en brindar la información necesaria a los fiscales y jueces para identificar a los hombres que estaban estacionados en las bases rurales contrainsurgentes durante el conflicto y que son potenciales testigos claves. Tampoco han ayudado a identificar a los militares conocidos solamente por sus alias, a la vez que han negado que existan registros oficiales de esta información. La investigación actualmente en curso sobre la presunta responsabilidad del ex candidato presidencial Ollanta Humala por la tortura y “desaparición” de civiles mientras estaba sirviendo en la base contrasubversiva de Madre Mía en 1992 ejemplifica esta falta de cooperación militar. En agosto de 2006 un juzgado de Lima acusó a Humala de la “desaparición” y asesinato de dos personas y de la golpiza a un tercero, y prohibió su salida del país. El fiscal no pudo obtener del ex ministro de defensa una lista de los hombres acantonados en la base en su momento, y el juez a cargo de la investigación tuvo que reiterar la solicitud. Su resultado no era conocido al momento de redactar este informe. La falta de los sucesivos gobiernos de brindar suficientes recursos para estas investigaciones ha hecho difícil para los fiscales procesar estos casos con la celeridad necesaria. El fiscal especial en Ayacucho, quien es responsable de investigar cerca de 200 casos, tiene insuficiente personal y equipos. En otros distritos los fiscales tienen que lidiar con complejos casos de derechos humanos junto a su carga regular de trabajo, todo esto sin asistencia adicional. Tortura y brutalidad policíaca La tortura y la brutalidad policial siguen siendo un problema. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), una ONG de derechos humanos que ha seguido el tema durante muchos años, documentó 11 de tales quejas en los primeros seis meses de 2006. Protección de testigos Las víctimas que presentan denuncias de tortura ante las cortes, así como sus familiares, son a veces atacadas e intimidadas. En abril de 2006, por ejemplo, Juan Fidel Zamudio Bocángel, una víctima de una golpiza policial cuyo caso estaba siendo juzgado, fue interceptado en la calle por hombres que trataron de introducirlo a la fuerza dentro de un automóvil, según se informa. El logró liberarse, pero uno de sus atacantes extrajo un arma y le disparó en la espalda cuando huía. Aunque sobrevivió, la bala le perforó un pulmón. Ataques a periodistas Los periodistas que publican abusos de funcionarios de los gobiernos locales son vulnerables a la intimidación y el ataque, y en algunos casos han sido asesinados. En dos casos, autoridades municipales han sido acusados de ser responsables de asesinatos de periodistas. Durante 2005 y 2006 las cortes hicieron algunos avances en resolver los asesinatos de periodistas. En diciembre del 2005 una corte en Ancash sentenció al alcalde de Yungay, Amaro León, y a dos cómplices, a 17 años de prisión por el asesinato en el año 2004 del periodista radial Antonio de la Torre Echeandía luego de que éste hubiera transmitido acusaciones contra funcionarios ediles locales. Sin embargo, los acusados apelaron y en julio de 2006 la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema absolvió y liberó a León y a los otros dos acusados. Según los grupos locales de derechos humanos, la sala de la Corte Suprema desestimó una gran cantidad de pruebas que los incriminaban a los tres. Defensores de los derechos humanos Las organizaciones de derechos humanos del Perú son frecuentemente criticadas y acusadas de estar parcializadas en su trabajo legal a nombre de las víctimas. En septiembre de 2006 el Vicepresidente Luis Giampetri, cuyo presunto papel en la masacre de la prisión El Frontón también ha sido investigado por los fiscales, convocó a una reunión de la comisión de inteligencia del congreso peruano (que él mismo preside) para examinar el trabajo del Instituto de Defensa Legal (IDL). Los abogados del IDL, una respetada organización de derechos humanos que se especializa en asuntos de justicia, representan a los familiares de una de las víctimas de El Frontón. Giampetri afirmó que el IDL estaba interfiriendo en los juicios que afectan a los militares y que dañaba la moral de las fuerzas armadas. En noviembre del 2006, el congreso del Perú aprobó el primer borrador de un proyecto de ley que permitiría al gobierno “supervisar” las actividades de las ONGs peruanas que reciben fondos extranjeros. El proyecto, que planteaba una gran amenaza para la independencia de las ONGs de derechos humanos del país, estuvo a punto de ser finalmente aprobado, pero fue devuelto para mayor debate luego que grupos de la sociedad civil expresaron sus fuertes protestas. Actores internacionales importantes En abril de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú “identificar, juzgar y sancionar” a los responsables de la tortura y muerte de Bernabé Baldeón García, un campesino que murió luego de ser torturado por una patrulla del ejército en 1990. En julio de 2006 el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió sus observaciones finales sobre el informe periódico del Perú sobre la implementación de la Convención de la ONU Contra la Tortura. El Comité hizo notar que se siguen recibiendo demandas por tortura. Asimismo, expresó su preocupación porque las víctimas o testigos que buscan compensación ante las cortes son a veces amenazados e intimidados, y urgió al Perú a establecer un adecuado mecanismo para protegerlos.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
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