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Carta al Presidente Chávez Washington, D.C., 4 de diciembre de 2000
Su Excelencia Presidente Hugo Chávez
De mi más alta consideración:
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de expresar mi
profunda preocupación por el referendum sindical que se acaba de
celebrar el domingo 3 de diciembre del presente año. Dicho referendum
propuso la suspensión inmediata en sus funciones de las actuales
directivas de las confederaciones, federaciones y centrales sindicales
del país, y su reemplazo mediante nuevas elecciones a celebrarse en un
lapso de 180 días. Propuso además la suspensión durante este lapso de
todas las atribuciones de las directivas sindicales, poniendo fin, en la
práctica, a la negociación colectiva. La aprobación de una medida de
esta naturaleza por voto popular significa la intromisión del Estado en
un asunto que compete exclusivamente a los propios miembros de los
sindicatos. Viola, entre otras normas, el Convenio sobre la Libertad
Sindical y la Protección de Sindicación (Convenio No. 87 de la
Organización Internacional del Trabajo, del cual Venezuela es un Estado
Parte), que en su artículo 3 establece:
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho
de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir
libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus
actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades
públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar
este derecho o entorpecer su ejercicio legal.(1)
El Convenio establece que no compete al Estado intervenir en los asuntos
internos de los sindicatos, ni en la elección y reemplazo de sus
dirigentes. Medidas de esta naturaleza despiertan legítimas sospechas
que el Gobierno pretende destruir o debilitar los sindicatos opositores
e imponer un sindicato oficialista.
Resulta preocupante que una consulta popular llevada a cabo con
propósitos que violan tratados internacionales ratificados por
Venezuela, haya sido aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia el 29
de noviembre, al rechazar la acción de amparo constitucional interpuesta
por varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos. El
tribunal, por las condiciones de su formación y su estatus provisional
no ofrece garantías de una vista imparcial de un tema tan importante
como los derechos de asociación y sindicalización. El fallo se dictó,
además, sin escuchar los argumentos de los querellantes en el sentido de
que la convocatoria a la consulta violaba la Constitución y las normas
internacionales. Dicho fallo ha sorprendido no solamente a los
dirigentes sindicales afectados por la política impulsada por su
Gobierno, sino a las máximas autoridades encargadas de la protección de
los derechos humanos, tales como el Fiscal General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo.
Medidas como las propuestas en la consulta representan un peligro para
la libertad de asociación en la región. Insisto encarecidamente y
respetuosamente a S.E. que desista de esta política que arriesga
erosionar seriamente los derechos civiles de los venezolanos, y que, en
todo caso, se quite cualquier medida de fuerza para obligar a las
directivas sindicales a abandonar sus puestos.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. las manifestaciones de mi
mayor consideración y estima.
/f/
José Miguel Vivanco
Cc: Defensoría del Pueblo
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