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I.  Los grupos paramilitares: Organizaciones poderosas que pueden fácilmente reponer sus filas

Los grupos paramilitares colombianos encuentran su origen en pequeñas “organizaciones de autodefensa” formadas por terratenientes y empresarios locales para defenderse a si mismos y a su propiedad contra la violencia guerrillera, y en escuadrones de la muerte creados por carteles de la droga en las décadas de 1970 y 1980.   Operando con la tolerancia, y frecuentemente la colusión de unidades militares colombianas, los grupos paramilitares tienen una larga y escalofriante historia de abusos contra civiles que incluye masacres, asesinatos, tortura, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y secuestros.¹  

Financiados mediante el negocio de las drogas, la extorsión y la toma forzada de tierras, los grupos paramilitares han acumulado un considerable poder económico.  Se ha calculado que controlan una enorme porción del comercio de drogas en Colombia,² e ilegalmente poseen vastas extensiones de tierra que han tomado por la fuerza.³ 

Los grupos paramilitares cuentan también con una creciente influencia política en Colombia.  A través de su control territorial, los paramilitares han podido colocar o manipular a muchos políticos locales.  Incluso a nivel nacional, hay políticos que ahora apoyan abiertamente a los grupos paramilitares.⁴

Se ha estimado que las organizaciones paramilitares tienen bajo su mando hasta 23.000 efectivos.⁵  Dada su extraordinaria riqueza y su continua participación en el negocio del narcotráfico, los grupos paramilitares tienen una capacidad inmensa para reponer sus filas y continuar operando aún mientras muchos de sus miembros parecen estar desmovilizándose. 

Verdaderamente desmovilizar y desarticular estas mafias requiere mucho más que simplemente confiar en que los líderes paramilitares entreguen sus armas y tierras y metan a sus tropas en programas de reinserción.  Para que se produzca una desmovilización genuina, es esencial que el gobierno colombiano investigue y ataque la estructura, las fuentes de financiamiento y las históricas fuentes de apoyo político y económico de estos grupos complejos. También es fundamental que el gobierno pida cuentas a los paramilitares y descubra la verdad sobre los graves abusos contra los derechos humanos y el derecho humanitario que estos grupos han cometido.  Y el gobierno tiene que asegurarse de que estos grupos cumplan sus compromisos de cese de hostilidades, entrega de bienes y tierras obtenidos de manera ilícita, cooperación con las autoridades y reparaciones por sus crímenes.