La Corte Penal Internacional ayudará a romper esta lógica mortal, puesto que representa el compromiso mundial de que, haga lo que haga un líder sin escrúpulos para socavar su sistema nacional de justicia, la CPI estará fuera de su alcance y dispuesta a procesar sus actos de violencia y frenar sus planes de salir impune.
El Estatuto de Roma, que establece la CPI, es un avance enorme para la causa de los derechos humanos. Y su nacimiento se ha producido en un momento critico. Rotas nuestras promesas de "Nunca Más!" en Bosnia, Ruanda, Camboya e Irak, tras matanzas y atrocidades en innumerables países alrededor del mundo, se ha establecido finalmente un tribunal dispuesto a procesar y condenar a los autores de estos crímenes en cualquier parte del mundo.
Sin embargo, a pesar de ser esta una ocasión de triunfo y celebración, no es momento para la complacencia. Existe una necesidad urgente de poner fin a las atrocidades de hoy en día y, si es posible, prevenir los asesinos del futuro; de garantizar que la Corte mantenga los máximos estándares de imparcialidad y justicia; de elegir a un fiscal y magistrados de integridad intachable; y de derribar los nuevos obstáculos que amenazan el funcionamiento de la corte, como los interpuestos por el Gobierno de Estados Unidos.
Si el gobierno de Bush lograra su objetivo, haría pedazos el Estatuto de Roma y lo sustituiría por su propia versión--lo que podríamos llamar el Tratado de Washington. El Estatuto de Roma refleja una visión de la justicia universal, mientras que el Tratado de Washington refleja la visión de que la justicia es aplicable a todos, excepto a la superpotencia. El Estatuto de Roma contempla un orden mundial mantenido por tropas que operan bajo normas internacionales. El Tratado de Washington no se guía por las normas internacionales aplicables. El Estatuto de Roma reconoce la necesidad de un tribunal independiente como último recurso cuando fallen los sistemas nacionales de justicia, mientras que el Tratado de Washington considera infalible el sistema de justicia de la superpotencia.
Estas visiones contradictorias se ponen claramente de manifiesto en la actual disputa sobre los acuerdos del artículo 98. El artículo 98 del Estatuto de Roma reconoce la posibilidad de acuerdos para resolver conflictos surgidos en lo referente a las obligaciones entre los Estados Partes. Cuando un gobierno que envía a su ciudadano a otro Estado y el gobierno que lo recibe comparten el deseo de juzgarle, el artículo 98 les permite ordenar sus competencias y decidir qué proceso nacional tiene preferencia. Pero para que el artículo 98 se mantenga fiel al espíritu del Estatuto de Roma, hay que respetar el principio fundamental de que la supervisión de los procesos nacionales por parte de la CPI es esencial para evitar la impunidad. Es decir, que ningún inculpado por la CPI debe ser entregado en virtud del artículo 98 a un gobierno que no reconozca la obligación fundamental de la Corte de evitar falsas investigaciones o procesos.
En contraste, el Tratado de Washington permitiría acuerdos de impunidad. Permitiría la entrega de un inculpado por la CPI a sus autoridades nacionales a cambio de una mera promesa de investigar y procesar, que la CPI no podría comprobar. Esto nos devolvería al régimen legal que nos trajo a Augusto Pinochet, Idi Amin y Pol Pot. La premisa básica en la que se fundamenta la CPI es la de desconfiar de promesas nacionales de llevar a los criminales ante la justicia cuando éstas no puedan ser corroboradas.
No se deben confundir los acuerdos de impunidad del Tratado de Washington con el artículo 98 del Estatuto de Roma. Acordar la entrega de cualquier acusado por la CPI a un gobierno que no reconozca el papel crítico de vigilancia de la CPI, constituye una violación peligrosa del Estatuto de Roma.
Esta disputa no está basada en el hecho improbable de que soldados estadounidenses sean juzgados por la Corte. Lo que está en peligro es la propia legitimidad de la CPI. Como sabe perfectamente el gobierno de Bush, un tribunal que exima a la superpotencia del mundo corre el riesgo de perder su legitimidad. Este es el objetivo de ciertos extremistas en Washington, que intentan ejercer el poder militar sin precedentes de Estados Unidos sin las limitaciones incómodas del derecho internacional-o por lo menos del derecho internacional según la interpretación de todos los demás.
Nadie pretende que sea fácil resistir la presión de una superpotencia. Las amenazas y las presiones pueden ser intensas. La tentación de aceptar compromisos desprovistos de principios es considerable. Pero el reto de acabar con la impunidad también era grande. Hoy nos encontramos a las puertas de una nueva era en la aplicación internacional de la ley gracias a que tantos países del mundo se han unido en las defensa de estos principios. Lo que hubiera sido difícil para un sólo país, es un triunfo para muchos países que han actuado en conjunto.
Hace falta una acción colectiva similar para derribar los nuevos obstáculos a la consecución y la legitimidad de la CPI. En una época en que el Gobierno de Estados Unidos hace el papel de suplicante y está buscando apoyo mundial para sus planes militares, el resto de los países de la comunidad internacional deben insistir, como mínimo, en que cualquier acción militar se realice al amparo de normas internacionales de protección de derechos humanos de aplicación independiente.
Distinguidos Delegados, los que han sufrido crímenes horribles llevan demasiado tiempo esperando a que el imperio de la ley caiga sobre sus atacantes. Sus esperanzas están volcadas en el Estatuto de Roma, al que ustedes y sus gobierno han dedicado mucho tiempo y esfuerzo. En este momento de triunfo, no debemos permitir que el Estatuto de Roma vuelva a ser redactado en los términos que dicta el Tratado de Washington.
